Descifrando el estado de emergencia. De Jorge Daboub

La verdadera emergencia del país comenzó cuando los gobiernos empezaron a presentar presupuestos mentirosos, a gastar en medidas populistas, a derrochar recursos públicos y a apropiarse de las pensiones de los salvadoreños.

jorge-daboubJorge Daboub, 19 octubre 2016 / LPG

“El sabio puede cambiar de opinión; el necio, nunca”. (Immanuel Kant)

Forzado por la crisis de iliquidez que estrangula las finanzas públicas, el presidente de la república declaró recientemente una emergencia nacional; pero sin aclarar qué significa tal declaratoria y sin asumir ni la más mínima dosis de responsabilidad.

la prensa graficaEs a todas luces claro que el impreciso pronunciamiento presidencial lo único que buscaba era embaucar a los partidos políticos para negociar con ellos una salida al coyuntural problema de caja del Estado. A cambio, ofrece un “después seguimos platicando de lo demás”, cuando “lo demás” es la verdadera causa de los problemas.

La verdadera emergencia del país comenzó cuando los gobiernos empezaron a presentar presupuestos mentirosos, a gastar en medidas populistas, a derrochar recursos públicos y a apropiarse de las pensiones de los salvadoreños. La situación se recrudeció cuando el gobierno anterior comenzó a ahuyentar la inversión privada, a atacar a la Sala de lo Constitucional, a hacer pactos clandestinos con la delincuencia, a dividir a la sociedad generando el odio de clases, a tomarse las instituciones del Estado para concentrar poder y a derrochar el dinero público. El actual gobierno lo que ha hecho es intensificar la crisis.

Sin embargo, con suficiente tiempo, centros de pensamiento, gremiales empresariales, movimientos sociales, universidades y analistas independientes advirtieron que de seguir por esa ruta la economía se estancaría y las arcas del Estado se vaciarían. Todos hicieron oportunas y atinadas recomendaciones, las cuales los dos últimos gobiernos han venido refutando con diatribas y falsas acusaciones, y más recientemente con especulaciones sobre supuestas conspiraciones en su contra.

Si el gobierno hubiera adoptado las propuestas que oportunamente se le hicieron, la economía estaría creciendo a tasas más altas y las finanzas públicas gozarían de una estabilidad aceptable. El problema del país no es por falta de recursos, ni por falta de acuerdos, sino por falta de una visión correcta.

Las dos administraciones de izquierda son los que más recursos han tenido en la historia de El Salvador. Desde 2009 han aprobado seis reformas tributarias en siete años, en virtud de las cuales se han creado 22 nuevos impuestos que les han generado el doble de ingresos de lo que se recaudaba antes.

Además de eso, a través de créditos han recibido el doble de préstamos que los gobiernos anteriores, generando una gigantesca deuda pública que tendrán que pagar las presentes y futuras generaciones de salvadoreños. Los famosos $1,200 millones que afirman necesitar con urgencia es solo el costo de la realidad que ya los alcanzó.

El origen real de los quebrantos financieros del Estado ha sido la necia insistencia del FMLN de imponer en El Salvador –contra toda evidencia histórica– el fallido socialismo del Siglo XXI, modelo cuya implementación requiere de millonarias erogaciones en clientelismo político, la compra de voluntades y el populismo de Estado. Es la ceguera ideológica de los excomandantes lo que ha drenado los millonarios recursos que el erario público ha recibido en los últimos años.

En consecuencia, la solución a la “crisis” fiscal y a los problemas económicos del país no se basa en acuerdos entre los partidos políticos, pues no es “la polarización” su verdadera causa, como se quiere hacer creer. No olvidemos que para el FMLN las negociaciones y los consensos políticos son solo una táctica para ganar tiempo y conseguir más recursos con qué financiar su trasnochado proyecto político. Eso ya lo han demostrado hasta la saciedad.

La salida a la crisis fiscal consiste en que se aplique la lógica económica en la administración del Estado y que el país retome el rumbo de la democracia. Esto significa evitar que los recursos públicos se malgasten en aumentar la burocracia estatal con correligionarios del partido, en compra de voluntades, en movilización de gente para mítines y manifestaciones callejeras, en políticas públicas sin ninguna rentabilidad social y en publicidad y propaganda ideológica, entre otros derroches.

También requiere que se frenen los ataques contra la Sala de lo Constitucional, que se haga respetar la Constitución y apostarle al crecimiento económico y la generación de empleo. ¡Ah! y que el presidente de la república y sus compas de partido abandonen su mala praxis de mentirle a la población y de manejar el doble discurso, para que se pueda generar la confianza y la estabilidad política que el país necesita.

En medio de esta “coyuntura” los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil deben concentrarse más en convencer –presionar, si es necesario– al FMLN de la irracionalidad financiera de su modelo económico, y no perder el tiempo en coloquios que al final terminarán haciendo parecer a los buenos como malos y a los malos como buenos.

Debemos ver la evidencia aplastante de los hechos: la persistencia del FMLN de implantar en El Salvador el socialismo le está costando al país desempleo, inseguridad, pobreza, escasez, corrupción, fuga de inversiones, crisis fiscal e incertidumbre en el futuro para nuestros jóvenes. Si no se le frena, el FMLN seguirá hundiendo al país en un abismo financiero y destruyendo de la democracia. Recordemos que los malos triunfan cuando los buenos no hacen o cuando lo que hacen los buenos no está a la altura de las circunstancias.

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