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Comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional

Comunicado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 24 junio 2015

Ante declaraciones difundidas en diversos medios de comunicación por altos funcionarios del Gobierno, por algunos diputados de la Asamblea Legislativa y por dirigentes del partido oficial, sobre recientes resoluciones adoptadas por la Sala de lo Constitucional, se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Mandato de la Sala de lo Constitucional.

La Constitución faculta a la Sala a declarar inconstitucional cualquier ley por contener disposiciones contrarias a la Constitución o por haber sido aprobada en contra de los procedimientos establecidos por ella misma, y lo puede hacer a petición de cualquier ciudadano. (art. 183). También faculta a la Sala a amparar a cualquier persona por violación a sus derechos constitucionales, provenientes de actos de las autoridades públicas, y puede hacerlo a petición de la persona agraviada. (art. 247). La Sala, por lo tanto, no actúa por cuenta propia, sino a petición de los ciudadanos y de las personas agraviadas en sus derechos.

2. Medida cautelar sobre los $900 millones.

Se ha acusado a la Sala de frenar deliberadamente la emisión de bonos por $900 millones, atribuyéndole responsabilidad a los 4 Magistrados del incremento de la violencia delincuencial y entorpecimiento a los programas sociales y de seguridad pública. Asimismo, se señala a los Magistrados como parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno.

El demandante en este caso afirmó que la Asamblea Legislativa sometió a votación el Decreto Legislativo sobre la emisión de bonos por $900 millones, sin alcanzar los votos necesarios para su aprobación; más tarde, durante la misma sesión plenaria, se sometió nuevamente a votación; ésta vez alcanzando los 56 votos requeridos. Sin embargo, el artículo 153 establece que: “Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses.” También argumentó que en la segunda votación, sometida ese mismo día, la mayoría de los votos se logró con un diputado suplente, todo lo cual para él, es inconstitucional.

Resolución de la Sala: Al examinar la demanda y comprobar que cumplía los requisitos legales, se admitió a trámite, únicamente para enjuiciar el proceso constitucional de formación de ley, y no para enjuiciar la conveniencia o no de la emisión de los bonos de la deuda pública ni para enjuiciar el destino de los fondos. Se decretó además, una medida cautelar consistente en que el Gobierno debía abstenerse de continuar con el proceso de colocación de los bonos de la deuda pública en el mercado nacional e internacional, a fin de evitar la adquisición de la deuda, pagadera hasta por 30 años, sin sujetarse a las exigencias y requisitos constitucionales; y para evitar que la ejecución de la autorización de contraer deuda pública se produzca sin que previamente esta Sala haya definido en una sentencia definitiva su constitucionalidad. Por ello se decretó la medida cautelar que durará mientras se tramita el proceso a fin de garantizar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria, todo ello por razones de seguridad jurídica. La Sala, por lo tanto, no ha inhabilitado al gobierno para que contraiga nuevas deudas públicas para combatir la delincuencia y atender los programas sociales en favor de la población.

3. Publicación de la lista de deudores del fisco.

Se ha señalado que la Sala ha adoptado una medida cautelar en la cual ha prohibido al Gobierno publicar la lista de deudores al fisco, favoreciendo con ello a los evasores de impuestos y a las grandes empresas. En el caso de la publicación de la lista de los deudores del Estado, la Sala recibió cuatro demandas de inconstitucionalidad, en las cuales se alega que el artículo 277-A del Código Tributario viola la Constitución.

El citado artículo establece que: “La Dirección General de Impuestos Internos divulgará extractos de las resoluciones de tasación de tributos y multas, así como las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los impuestos internos y de aduanas y los fallos de lo contencioso administrativo sobre esta materia.” El art. 277 del Código Tributario prescribe que: “La Administración Tributaria divulgará a través de los distintos medios de comunicación, los nombres de los sujetos pasivos que posean deudas firmes, líquidas y exigibles”.

Resolución de la Sala: al examinarse las demandas y comprobar que cumplían los requisitos legales para ser admitidas a trámite, se procedió a su admisión. Sin embargo, no obstante que los demandantes solicitaron que se decretaran medidas cautelares consistentes en ordenar que se prohibiera la publicación de la lista de los deudores del fisco, la Sala rechazó dichas solicitudes. Por lo tanto, no es cierto que la Sala haya prohibido la publicación de los nombres de las personas que adeudan tributos al Estado, tal como falsamente se ha difundido.

4. Compra de medicamentos para los hospitales públicos.

Se ha mencionado que la Sala ha prohibido la compra directa de medicamentos, afectando diversas especialidades médicas, entre ellas: psiquiatría, nefrología y enfermedades crónicas, y que dicha resolución afectaría el 85% de abastecimiento de medicamentos a los hospitales.

Resolución de la Sala: en sentencia del 10 de abril del presente año se declaró inconstitucional el artículo 72 letra k) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), vigente al momento de la sentencia, que autorizaba, para todos los casos, la adquisición de medicamentos para el sistema de salud pública por el mecanismo de contratación directa. Al respecto, el art. 234 de la Constitución establece que: “Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley”.

La Sala aclaró en su sentencia que dicha decisión “no implica una proscripción del mecanismo de contratación directa de medicamentos por parte de la administración pública,” cuando se vea comprometido el interés público, como en los casos de “epidemias, calamidad pública, desastres naturales o desabastecimientos repentinos.” La Sala afirmó que en estos casos “la contratación directa estaría justificada para medicamentos concretos y ámbitos temporales específicos, hasta que el sistema de salud pública o institución perjudicada recobre el funcionamiento y abastecimiento normal o regular.” En razón de lo anterior, no es cierto lo que se ha afirmado, ya que mediante la sentencia se ha habilitado al Gobierno para realizar contrataciones directas de medicamentos en los casos excepcionales previstos, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley.

5. Sentencias tributarias.

Se ha acusado a la Sala de anular leyes sobre la recaudación de impuestos, obstruyendo la capacidad de ejecución de los programas sociales y de seguridad del Gobierno.

A. La ley del Fondo FONAT (Ley especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito): El hecho generador de este impuesto era la propiedad, posesión o legítima tenencia de un vehículo automotor y el ingreso al territorio nacional de un vehículo con placas extranjeras; y la finalidad esencial del impuesto era entregar una prestación económica a las víctimas de accidentes de tránsito. El impuesto recaudado se distribuiría así: 35% para el Ministerio de Salud; y 65% para el FONAT, del cual se destinaría un 25% para comprar chatarra; 7% para el Consejo Nacional de Seguridad Vial; 3% para contratación de seguros del FONAT; y el resto para el pago de las indemnizaciones a las víctimas.

Resolución de la Sala: El impuesto se declaró inconstitucional porque violaba el principio de capacidad económica del contribuyente, ya que el ser propietario de un vehículo no define necesariamente la capacidad económica del contribuyente; y porque la determinación del monto del impuesto no era fijado por la ley, tal como lo ordena la Constitución, sino que lo determinaba el Órgano Ejecutivo por la vía reglamentaria, violándose el principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como se ha sostenido en reiterada jurisprudencia de este tribunal.

B. El impuesto de $0.04 a las llamadas telefónicas del extranjero: El impuesto consistía en el cobro de $0.04 centavos por minuto a las llamadas telefónicas provenientes del extranjero.

Resolución de la Sala: Se declaró inconstitucional dicho impuesto porque: i) el acto que generaba la obligación de pagarlo era el consumo de un servicio de enlace telefónico que ya estaba gravado con el impuesto del IVA y se cobraba dos veces una sola manifestación de capacidad económica; y ii) la duración de una llamada telefónica no es criterio para medir la capacidad económica.

C. La retención del 1 % de la renta: Se trata de un impuesto cuyo hecho generador es la obtención de rentas obtenidas o brutas en el ejercicio de imposición. La base imponible sería sobre el monto de la renta bruta con el 1%.

Resolución de la Sala: El Pago Mínimo del 1 % del Impuesto sobre la Renta se declaró inconstitucional porque el monto exigido como tributo se aplicaba a todos los ingresos obtenidos, sin considerar de ningún modo los costos de producción invertidos o gastos de operación realizados para generar dichos ingresos. En los tres casos anteriores se violaban los principios de equidad tributaria y capacidad económica, contenidos en el artículo 131 ordinal 6° de la Constitución. La Asamblea puede en estos casos, así como en otros de carácter tributario decididos por la Sala, decretar los impuestos respectivos, siempre que se respete la Constitución y los criterios jurisprudenciales.

6. Asesores y eficacia en la depuración de casos

Se ha señalado falsamente que la Sala tiene 70 asesores y 2,000 procesos en mora. La Sala no tiene ningún asesor. Existen colaboradores jurídicos –como en todos los tribunales del país– que prestan sus servicios al tribunal y lo apoyan en las tareas administrativas: investigar sobre diversos temas constitucionales, asistir en las audiencias públicas de la Sala, redactar proyectos de resoluciones, revisar constantemente la jurisprudencia nacional y extranjera, entre tantas tareas. Todos los colaboradores jurídicos nombrados a partir del 2009 por los actuales magistrados, se sometieron a un riguroso proceso de selección (análisis de hojas de vida, exámenes escritos y entrevistas) y se utilizó el mérito como presupuesto para su nombramiento.

Por otro lado, los procesos en trámite (inconstitucionalidades, amparos y hábeas corpus) son aproximadamente 1,100, cuya mayoría corresponden a los años 2013, 2014 y el primer semestre del 2015. Cabe resaltar que el último año –2014– ingresaron 1,664 procesos constitucionales. La Sala resuelve un promedio de 1,421 procesos al año. En documento anexo se amplía el trabajo jurisdiccional de la Sala, con lo cual se desmienten los señalamientos mencionados.

San Salvador, 24 de junio 2015.

Sala suspende desalojo en terreno de Ciudad Mujer

Admitió el amparo de dos residentes en la comunidad Rutilio Grande, de San Martín.

La comunidad Rutilio Grande está ubicada en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro, San Martín, en un terreno propiedad de Ciudad Mujer. Foto EDH / Archivo

La comunidad Rutilio Grande está ubicada en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro, San Martín, en un terreno propiedad de Ciudad Mujer. Foto EDH / Archivo


Nota EDH, 24 junio 2015

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer suspender “inmediata y provisionalmente” el desalojo de las familias que habitan en un predio ubicado en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro”, en la comunidad Rutilio Grande, en San Martín, al oriente de San Salvador.

Así lo dispuso la Sala al admitir la demanda de amparo interpuesta por dos ciudadanos residentes en la comunidad, por la supuesta violación a sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso. Ellos argumentaron ante la Sala que el juzgado Primero de Paz de San Martín emitió una sentencia en la cual los declaraba invasores; sin embargo, aseguran que a pesar de vivir en dicho lugar no fueron demandados en el referido proceso y nunca tuvieron posibilidad de participar en el mismo, ni de ser escuchados.

Los demandantes son parte de las 248 familias que, según las autoridades, habrían usurpado un terreno que pertenece a Ciudad Mujer, y que debían abandonar el terreno porque el juez determinó que los pobladores estaban “invadiendo” la propiedad de esa institución.

La resolución del tribunal autorizaba a Ciudad Mujer, que vela por los derechos de las mujeres y niños, para que pidiera a la Policía Nacional Civil que hiciera efectivo el desalojo de las familias que habitan en la comunidad Rutilio Grande de San Martín.

Las familias están asentadas en un terreno que tiene una extensión de 50,332 metros cuadrados y que se encuentra atrás del complejo Ciudad Mujer del municipio.

En su resolución, la Sala considera que “la demanda cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la jurisprudencia y la legislación procesal aplicable”.

También ordena que en un plazo de 24 horas, el juez Primero de Paz de San Martín informe si son ciertos los hechos que se le atribuyen en la demanda. Asimismo, que proporcione el lugar donde pueda ser notificado el representante de la Fiscalía General de la República, como representante del Estado, ya que, de acuerdo con lo relatado en la demanda, “podría configurarse como tercero beneficiado con la omisión reclamada”.

El 18 de mayo pasado, la Fiscalía realizó una inspección en el lugar y encontró 248 champas construidas con plásticos, madera y cartón. Además, determinó que en la zona había habido tala de árboles por parte de las familias que ahí residían. Esto es parte de lo valorado por el juzgado de San Martín para ordenar el desalojo.

Esta demanda admitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la segunda de su tipo en dos semanas.

Por orden del juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, las 87 familias que residen en la Finca El Espino, de ese municipio, debían abandonar el inmueble.

Sin embargo, la Sala admitió un amparo que presentaron 18 afectados y ordenó suspender el desalojo.

Los demandantes alegaron que se les había violado su derecho de audiencia y legítima defensa durante el proceso judicial que se llevó a cabo en el juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán.

Como en el caso de San Martín, expusieron que en la sentencia se les declaraba invasores, pero ellos no fueron demandados y nunca tuvieron posibilidad de participar en el mismo, ni de ser escuchados.

Sala de lo Constitucional teme atentado por campaña en contra

Magistrado Blanco la comparó con la que se desarrolló antes del asesinato de jesuitas en 1989.

El viernes y el lunes anterior, sindicatos afines al oficialismo han llegado a protestar y presionar frente al Palacio de Justicia por la decisión de la Sala de lo Constitucional de congelar la emisión de más deuda mientras estudia si su aprobación fue legal. Foto EDH / archivo

El viernes y el lunes anterior, sindicatos afines al oficialismo han llegado a protestar y presionar frente al Palacio de Justicia por la decisión de la Sala de lo Constitucional de congelar la emisión de más deuda mientras estudia si su aprobación fue legal. Foto EDH / archivo

Nota EDH, 24 junio 2015

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, comparó la actual campaña del gobierno contra él y sus colegas con la que se desplegó para instigar el asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989. Por lo mismo, consideró que la misma puede propiciar atentados contra ellos.

“Con estas instigaciones de parte del Gobierno a través de los diferentes medios de comunicación, es fácil comprender que cualquier fanático pueda asumir una autorización para que puedan atentar contra la vida o integridad física de los magistrados”, declaró Blanco.

En diferentes actos públicos, entrevistas y en espacios pagados en radio y televisión, el Presidente Salvador Sánchez Cerén, funcionarios y altos dirigentes del partido oficial han fustigado a la Sala por fallos que ha emitido que les son adversos, entre ellos el congelamiento de deuda por $900 millones de dólares cuya aprobación en la Asamblea Legislativa fue cuestionada por un ciudadano.

Sánchez Cerén llegó incluso a decirle a los magistrados Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo González que “tendrían que asumir los costos” por el aumento de la violencia en el país, pues aseguró que pretendía destinar parte del dinero a la Policía Nacional Civil.

Pero el magistrado Blanco advirtió que señalamientos de ese tipo solo aumentan la vulnerablidad de la Sala.

Recordó que las acusaciones expresadas por los actuales funcionarios de gobierno son similares a las de noviembre de 1989, cuando en medio de la ofensiva guerrillera del FMLN “Hasta el tope”, “altos funcionarios del gobierno utilizaron a un medio de comunicación para instigar al pueblo para que mataran a los jesuitas por estar entregando al país a los comunistas”.

El magistrado tiene conocimiento pleno del acontecimiento, pues fue fiscal y luego acusador particular de la Compañía de Jesús contra varios militares que fueron juzgados y condenados por el múltiple crimen en septiembre de 1991.

“Igual sensación (que con la instigación del asesinato de los jesuitas en 1989) siento cuando funcionarios de alto nivel del gobierno instigan a través de los medios de comunicación prácticamente para que provoquen atentados en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo cual es sumamente grave, sumamente delicado”, enfatizó el juez constitucional.

Sindicatos afines al oficialismo han promovido una serie de protestas frente al Palacio de Justicia. El viernes pasado y ayer lunes, el Frente Social Sindical Salvadoreño, acompañado de otras organizaciones afines al partido del gobierno FMLN, marcharon y protestaron frente al edificio de la CSJ por la admisión de la demanda en contra del procedimiento legislativo que llevó a la aprobación de la millonaria deuda pública.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, denunció la semana anterior que estas manifestaciones son organizadas por la Secretaría de Transparencia.

“Les están diciendo (a los sindicalistas) que no tienen suficientes recursos para pagarles los salarios y que salgan a marchar en contra del sector privado y de la Sala de lo Constitucional”, agregó.

El Secretario de Transparencia del Gobierno, Marcos Rodríguez, ha admitido que se ha reunido con los dirigentes sindicales, pero se justificó diciendo que era para explicarles las implicaciones de no contar con esos fondos por la decisión de la Sala.

Desmiente acusaciones

Sin embargo, el magistrado Blanco desmintió a los funcionarios que aseguran que la Sala de lo Constitucional, con la suspensión de la emisión de los títulos valores por 900 millones de dólares, estaba “amarrando económicamente” al gobierno y además los responsabilizaba de una escalada de la violencia criminal.

Blanco explicó que no es cierto que la Sala esté en contra de la emisión de esa deuda, sino que un ciudadano presentó un recurso o demanda de inconstitucionalidad contra el procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa para aprobar esa decisión.

La Sala determinó que la demanda cumplía los requisitos y por mandato constitucional tiene que darle trámite y estudiarla. En seguida ordenó que se congelara la emisión de los fondos hasta determinar si el procedimiento violó o no violó la Constitución y las leyes secundarias.

En ese sentido, Blanco señaló que “no nos parece correcto que se difundan mentiras frente a la población. Esa población que de buena fe puede escucharle y obviamente por ser la figura del presidente de la República y las de los demás señores funcionarios”.

Además indicó que “los funcionarios del gobierno deberán ser mucho más cuidadosos de las afirmaciones que hacen a la población, a la gente, porque hay una dosis de credibilidad que los funcionarios deben tener ante la población que los representa”.

Estudian proceso de aprobación, no la deuda

Tanto el presidente Sánchez Cerén como algunos de sus funcionarios han señalado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de ser los responsables de detener las inversiones, de la inseguridad jurídica y de favorecer a la criminalidad por haber suspendido la emisión de deuda.

En ese sentido, Blanco fue claro en señalar que como jueces no pueden entrar a valorar si el gobierno debe endeudarse más o no con préstamos internacionales, sino que lo que hace la Sala en este momento es analizar si el procedimiento de aprobación de los 900 millones de dólares se hizo dentro de lo que señala la Constitución o no.

“No es acorde a la realidad, el hecho de que los funcionarios estén afirmando de que la Sala esté negando los dineros necesarios para el combate de la delincuencia y otros programas sociales”, dijo Blanco.

“Estamos únicamente enjuiciando la forma, que es distinto a enjuiciar el fondo, que significaría decidir si debe o no endeudarse con 900 millones de dólares”, remarcó.

En ese sentido, Blanco recalcó que tampoco es antojadizo el hecho de que la Sala de lo Constitucional estudie el procedimiento legislativo.

Trajo a cuenta el artículo 183 de la Constitución que faculta a la referida Sala de la Corte Suprema de Justicia de poder establecer si el procedimiento usado para la aprobación de leyes o decretos, es constitucional o inconstitucional, pero no solo del fondo o contenido de los mismos, sino que también de la forma como se aprobaron.

El demandante que interpuso el recurso de inconstitucionalidad pidió que se suspendiera la emisión de los bonos mientras se estudiaba la petición.

Blanco explicó que decidieron congelar la emisión de los referidos títulos valores para evitar una situación más complicada en el futuro, en caso hipotético de que el procedimiento fuera declarado inconstitucional.

“Es preferible detener por unos días la vigencia de este decreto y no resultar con una sentencia declarando inconstitucional, por ejemplo, cuando ya hay compromisos adquiridos y hay clientes de estas letras del tesoro, cuando el dinero está en marcha, que es mucho más complicado”, dijo Blanco.

La demanda recuerda que el artículo 143 de la Carta Magna señala que cuando un decreto de ley fuere desechado o no fuera ratificado por los diputados, no podrá ser propuesto de nuevo hasta dentro de seis meses.

La noche de la votación, a finales de abril, el decreto no alcanzó los 56 votos necesarios, sino que solo 55, por la abstención de la diputada Sandra Salgado.

Posterior e inexplicablemente, Salgado se retiró y entró un diputado suplente en su lugar, el decreto fue sometido de nuevo a votación del pleno y en esta ocasión obtuvo los 56 votos. Pero este procedimiento vulnera el artículo 148 de la Constitución, según plantea el demandante.

No protegen a evasores

También, Blanco desmintió los señalamientos del presidente Sánchez Cerén, de otros funcionarios del gobierno y diputados oficialistas al acusar a la Sala de lo Constitucional de proteger a supuestos evasores de impuestos.

“Me parece impertinente esta afirmación del Presidente (Sánchez Cerén) al asegurar que hemos prohibido la publicación de la lista de los deudores al fisco. Hay mecanismos legales para el cobro del dinero a los deudores. La Fiscalía debe realizar las acciones legales que corresponden para cobrarles a los deudores”, dijo Blanco.

El magistrado aseguró que en ningún momento la Sala ha prohibido la publicación de los nombres de los supuestos deudores al admitir la demanda en contra del Ministerio de Hacienda.

Fusades pide que cesen ataques contra la Sala Constitucional

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y el embajador de Alemania, Heinrich Haupt, pidieron ayer que “cesen los atentados contra la independencia de la Sala de lo Constitucional, ya que ello debilita el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en el país”, tras salir en defensa de los cuatro magistrados constitucionalistas.

Además, Fusades demandó de todos los sectores que sean respetuosos de la división de poderes y de su independencia por ser “una obligación constitucional fundamental para la vigencia real del Estado de derecho, democrático, republicano y representativo”.

Fusades advierte de la necesidad de discutir en el futuro una nueva ley procesal constitucional, pero que sea desde una perspectiva técnica y académica, no como estrategia para limitar la independencia de la Sala de lo Constitucional.

“Las discusiones legislativas deben hacerse desde enfoques técnicos, con la intención de aprobar leyes que contribuyan al desarrollo y al bienestar del país y no como mecanismos para socavar la independencia judicial y el Estado de derecho en El Salvador”, señala Fusades.

Enumera una serie de ataques en contra del Tribunal Constitucionalista como el decreto legislativo que pretendía obligar a los magistrados de la referida Sala a decidir los procesos de inconstitucionalidad con los votos de los cinco magistrados.

La intención de los diputados de separar al Fiscal General de intervenir en el procedimiento de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los diputados puedan desaforarlos directamente.

La denuncia del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en contra de la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia en el 2012.

A lo anterior se le suman las declaraciones subidas de tono del Presidente Salvador Sánchez Cerén en contra de los magistrados de la referida Sala por su desacuerdo con varias sentencias que no les ha favorecido entre mayo y junio.

La última se produjo el sábado anterior, cuando Sánchez Cerén arremetió contra los magistrados constitucionalistas por haber suspendido la emisión de bonos por 900 millones de dólares que según el gobierno servirían para el combate del crimen y reforzar los programas de asistencia social.

“El discurso pronunciado por el Presidente Sánchez Cerén en los actos del 1 de mayo pasado, las posteriores declaraciones públicas de ministros y diputados del partido oficial, así como las fuertes declaraciones del Presidente de la República a inicios de este mes, son absolutamente inaceptables”, señala Fusades en su escrito.

Lo que preocupa, según Fusades, es que las inconformidades expresadas por las sentencias pronunciadas por los magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional y las fuertes declaraciones no van “en contra de los argumentos de las sentencias, sino que en contra de los magistrados, y son verdaderos atentados en contra de su independencia”.

Alemania respalda a Sala

En la misma sintonía se pronunció el embajador de Alemania en el país, Heinrich Haupt, al señalar que se deben acatar las resoluciones.

Vea la noticia: Sala admite demanda por aprobación de $900 millones en bonos

“La Sala es un pilar de la democracia y del Estado de Derecho en el país. Los fallos deben acatarse y respetarse aunque no sean del agrado de todos.

El diplomático pidió que cesen los ataques contra los magistrados y desvirtuó que el gobierno no tenga recursos para la seguridad. “El país si tiene fondos para la seguridad… ahí el gobierno tiene $22 millones de cooperación financiera alemana que tampoco fueron implementados”, dijo.

Sala admite demanda por aprobación de deuda de $900 millones

El tribunal constitucionalista le prohibe al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva hacer cualquier trámite relacionado con estos bonos debido a fallas en la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Nota El Diario de Hoy, 11 junio 2015

La Sala de lo Constitucionalidad admitió esta tarde la demanda de inconstitucionalidad contra la emisión de títulos valores de crédito por $ 900 millones.

En el dictamen, el tribunal constitucionalista le prohibe al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva hacer cualquier trámite relacionado con estos bonos debido a fallas en la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La advertencia deberá respetarse mientras dure el trámite del proceso de inconstitucionalidad, señala la Sala a través de un comunicado.

La Sala sostiene que el demandante justificó una supuesta violación constitucional al procedimiento del decreto debido a que inicialmente se había votado el decreto, pero al no lograr la aprobación fue enviado al archivo, luego dos horas después se llevó a una nueva votación y fue aprobado. Según el demandante, el decreto aprobado “contraviene los artículos 131 ordinal 4°, 143 y 148 inciso 2° de la Constitución, pues se vulneró la exigencia constitucional según la cual el proyecto de ley desechado o no ratificado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses.

La resolución contó con la aprobación de cuatro de los cinco magistrados de la Sala, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.

Sala de lo Constitucional: Pese a las amenazas, no nos van a doblegar

Magistrados de Sala Constitucional denunciaron ataques en su contra por sus fallos, en un foro en la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Armando Pineda, Sidney Blanco y Rodolfo González, miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Fotos EDH / Omar Carbonero

Magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Armando Pineda, Sidney Blanco y Rodolfo González, miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Fotos EDH / Omar Carbonero

Nota EDH, 3 junio 2015

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defendieron sus sentencias y resoluciones judiciales, algunas de las cuales les han ocasionado ataques verbales y hasta amenazas. Sin embargo, ayer reiteraron que nada “los doblegará” y que continuarán emitiendo fallos ajustados a la Constitución y en beneficio de los ciudadanos que acuden a la Sala al sentirse vejados por los grupos de poder.

Los magistrados de la Sala, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, participaron anoche en una ponencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado, en la que expusieron las diversas sentencias que han pronunciado desde 2009 cuando fueron elegidos por la Asamblea Legislativa.

En la actividad también participó el presidente de la Sala y de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, quien fue nombrado en el cargo en agosto de 2014, quien también defendió las resoluciones emitidas por la Sala.

Los primeros cuatro magistrados, durante estos seis años que llevan en la Sala, han sido blanco de ataques, intentos de destitución y de amenazas a su integridad física, según han denunciado reiteradamente, y ayer no fue la excepción.

“Nuestro compromiso de seguir trabajando por este país y de seguir aceptando las críticas, bienvenidas sean las criticas, pero no las difamaciones, ni mucho menos las últimas amenazas encubiertas que se han lanzado públicamente contra la Sala. Es inaceptable, pero tampoco eso nos va a doblegar, tenemos un compromiso de país y cada vez ese compromiso de país es mayor, porque vemos el interés de la gente (de acudir a la Sala)”, manifestó Florentín Meléndez casi al cierre de su exposición.

Pero ya antes, Belarmino Jaime había externado su desacuerdo con las críticas sin sentido, aunque de antemano sabe que en las diferentes sentencias que como Sala han pronunciado siempre hay gente en favor de la sentencia y gente que las adversa.

“Eso no nos extraña, en litigios siempre hay una parte que pierde y otra que gana, tampoco nos incomoda las críticas, lo que sí no estamos de acuerdo es en esas críticas que simplemente se hacen sin base, que se hacen simplemente con sesgo político”, externó Jaime.

Los más recientes ataques contra los cuatro magistrados de la Sala han salido de los dirigentes del partido FMLN y del mismo Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien el 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo, arremetió contra ellos.

“Ya es tiempo que digamos basta, no pueden ser cuatro personas las que decidan el destino de nuestro país”, manifestó Sánchez Cerén ante cientos de simpatizantes de su partido.

Jaime recordó a esos sectores que mantienen una actitud adversa contra la Sala, especialmente al sector político y a la Asamblea Legislativa, que seguirán emitiendo sentencias apegadas a las leyes del país hasta que culmine el periodo para el que fueron nombrados en 2009.

“Como el periodo es de nueve años terminaremos hasta el 2018. Algún as personas del poder político tendrán que aguantarnos por tres años más”, dijo Jaime, lo que arrancó el aplauso de los asistentes, entre ellos destacados abogados, estudiantes de derecho y alguno que otro político que llegó a escuchar la ponencia.

Los magistrados hicieron un repaso de las innumerables sentencias y resoluciones que han emitido como la Ley de Tratado de Libre Comercio, en la que solo dos artículos fueron declarados ilegales. Recordaron la inconstitucionalidad del general David Munguía Payés como titular de Seguridad Pública, el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, el desbloqueo de la listas abiertas en el sistema electoral y el voto cruzado, entre otras, que han causado controversia.

Inclusive en este tema recordaron los magistrados que están por emitir una resolución sobre el cumplimiento o no por parte de la Asamblea Legislativa a la orden de la Sala en cuanto a legislar para el conteo de las marcas y votos. (Ver nota aparte).

Pero también recordaron resoluciones como en la ley de pensiones, en la cual declaró ilegal el pago de intereses por utilizar los fondos de los pensionados, y una resolución favorable a 400 familias de Rosario de Mora que reclamaban el acceso al agua, entre otros fallos.

“Hay un buen ánimo todavía, después de seis años, a veces sentimos que acabamos de llegar, estamos tan entusiasmados por continuar construyendo este estado democrático”, manifestó Edward Sidney Blanco, tras exponer todas las resoluciones en materia de seguridad pública y de derechos sociales que la Sala ha dictado.

Por su parte, Rodolfo González explicó que debido a las diferentes sentencias, se ha evidenciado “el desesperado intento de control por parte de la Asamblea Legislativa hacia la Sala” y trajo a cuenta el polémico decreto aprobado por los legisladores en 2011, con el cual pretendían frenar a la Sala de lo Constitucional pero que no tuvo éxito.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, se centró en explicar todo el proceso que lleva el análisis de las demandas que interponen los ciudadanos ante ese tribunal constitucional. Explicó que todo es tratado con base en la Constitución y a la ley de Procedimientos Constitucionales, que norman el quehacer de la Sala.