EL CONFLICTO SALVADOREÑO: “Mi marido ha trabajado por un país que ahora nos hace esto”/El País

La violencia que azota a El Salvador no sólo cobra víctimas entre pandillas; en el último año y medio, 85 policías han sido asesinados.

Una redada policial en San Salvador en 2004. Miguel Gener

Una redada policial en San Salvador en 2004. Miguel Gener

Jacobo García/El País

Jacobo García/El País

Jacobo García, 19 mayo 2016 / EL PAIS

La vida de Rosi se rompió en pedazos cuando el 4 de mayo encontró el rostro de su marido en la portada de un periódico salvadoreño. El policía Roberto Castillo apareció en los noticieros y diarios de todo el país con el mismo formato que muchos de los delincuentes que había ayudado a detener: frente en alto, rostro serio, ojos clavados en la cámara.

Después de años de trabajo como agente del servicio de inteligencia, la Fiscalía General de la República de El Salvador, en el marco de su investigación contra la tregua entre pandillas, puso al descubierto su identidad. La justicia le atribuye haber introducido objetos ilícitos en las prisiones durante la negociación con las maras que entre marzo de 2012 y junio de 2013 que logró reducir la violencia un 60% en uno de los países más violentos del mundo.

Revelar su identidad podría haber sido un tema menor si su casa, su tienda y su vida no estuvieran rodeadas de pandilleros, mismos que durante años se dedicó a perseguir y encarcelar. Así que no pasaron ni 12 horas para que la noticia se regara por el pueblo en el que vive, a media hora en carro desde la capital; y con la noticia, las amenazas. La pequeña tienda de comestibles que sostiene a la familia está incrustada en uno de los bastiones de la Mara Salvatrucha (MS-13), un pequeño municipio de casas de cemento y lámina rodeado de un espectacular paisaje verde.

Durante años convivieron con el miedo sin saltarse el protocolo: pagaban la extorsión, entregaban tarjetas telefónicas cuando se lo exigían y guardaban silencio cada vez que subía la cuota. Hasta ahí, todo normal en un municipio controlado por pandillas. Pero todo cambió a primeros de mayo, cuando la Fiscalía comenzó un proceso de persecución hacia todo lo que huela a tregua.

“Desde que se conoció su rostro, tuvimos que dejar la tienda y nuestra casa”, explica Rosi al borde de las lágrimas. “Aquí, en la puerta de al lado, ahora hay madres, hermanos de pandilleros que saben que mi marido es policía y que quieren matarnos”, añade. En el último año y medio, 85 policías han sido asesinados por los pandilleros, que pusieron a los uniformados en el punto de mira tras la escalada represiva desatada por el Estado desde inicios de 2015.

“Él comenzó de buena fe en este proceso de paz. Al principio no estaba muy convencido, pero poco a poco fue entendiendo que cualquier solución a la violencia pasa por un diálogo con esta gente que él detestaba”, explica desde el interior de una tienda de comestibles que tiene más propiedades de reclusorio que de expendio de chucherías. Una enorme reja cubre la parte frontal y junto a un mostrador de cemento se abre una pequeña ventana desde la que despacha refrescos, maquinillas de afeitar, bolsas de patatas o recargas para móvil.

La tregua entre pandillas logró reducir la violencia en el país centroamericano de 14 a 6 muertos diarios gracias a la intervención de un grupo de mediadores, que logró beneficios carcelarios para ellos. Durante 15 meses Castillo fue el hombre encargado de entrevistarse en las cárceles con los líderes tatuados, así como de recibir casi 500 armas a las pandillas, en tres entregas distintas, como señal de involucramiento en el proceso.

Ahora la Fiscalía lo acusa de introducir durante este tiempo en las prisiones productos teléfonos celulares o comida rápida de una determinada marca de pollo, la favorita de los salvadoreños. Hace dos semanas, el fiscal general ordenó la detención de la mayoría de negociadores, policías y miembros de la sociedad civil que participaron en el proceso de paz; en total, 21 ordenes de captura (incluida la del director general de Centros Penales), de las que 18 ya se han ejecutado, y otros 3 funcionarios están en busca y captura.

Desde entonces Rosi y sus hijos se mueven por casas de amigos y familiares. Duermen con una botella vacía junto a la puerta a modo de alarma rudimentaria por si vienen a por ella. Con un sueldo de policía de 1.100 dólares congelado y alejados de la tienda familiar, lo más probable es que sus hijas tendrán que dejar de estudiar. “Mi esposo ha trabajado incondicionalmente para un país que ahora nos hace esto”, explica.

El fiscal general Douglas Meléndez, enemigo de la tregua y responsable de difundir la identidad de Castillo sin conceder ninguna protección adicional, no ve problema alguno: “No podemos responsabilizarnos por situaciones de estas”. “Estamos procesando a personas que se corrompieron, y si él estaba cumpliendo una orden, es eso lo que queremos saber y deberían colaborar”, añade. El fiscal aspira a que una declaración de Castillo permita el procesamiento de más colaboradores de la tregua, pero hasta ahora el fiscal se ha encontrado con una lealtad a prueba de bombas entre los negociadores de la tregua, y “nadie ha querido colaborar”, explica. Hasta ahora.

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