El Salvador arremete contra funcionarios que trataron de consolidar una tregua con las pandillas. The New York Times

 Raul Mijango, a former lawmaker who was among the Salvadoran officials who negotiated a gang truce, was arrested this month. Credit Jose Cabezas/Reuters

Raúl Mijango, exparlamentario, fue uno de los mediadores de la tregua. Mijango fue arrestado junto a 19 funcionarios por su papel en facilitar el acuerdo entre las pandillas. Credit Jose Cabezas/Reuters

 

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, 21 mayo 2016 / THE NEW YORK TIMES/español

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SAN SALVADOR — El fiscal general de El Salvador empezó a detener a algunos funcionarios artífices de una tregua entre pandillas que, hace pocos años, fue una de las estrategias más relevantes para reducir los alarmantes indices de violencia en el país.

La tregua, pactada por las pandillas más importantes de El Salvador con apoyo del gobierno, fue reconocida internacionalmente y redujo los devastadores indices de homicidios del país a menos de la mitad en 2012 y 2013.

Pero el papel del gobierno en el proceso levantó una intensa polémica en el país y el gobierno actual ha optado por un cambio de rumbo en su política de seguridad: una campaña sin cuartel contra las pandillas.

El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ordenó el arresto de uno de los principales mediadores de la tregua y casi una veintena de miembros de las fuerzas de seguridad que la desarrollaron.

Pero su objetivo apunta hacia más arriba, hacia los altos funcionarios del gobierno anterior.

Según los documentos de la acusación elaborados por la fiscalía, el principal arquitecto de la tregua fue David Munguía Payés, general del ejército, ministro de Justicia y Seguridad durante la administración del Presidente Mauricio Funes y actual ministro de Defensa. Por ahora, permanece en el puesto.

Y el fiscal general tiene en su mira al general Munguía Payés. Meléndez, que ha sido elegido por la Asamblea Nacional, está preparado para pedirle a los diputados que le retiren la inmunidad al ministro de Defensa.

“Vamos a hacer los procesamientos, no solo del ministro sino de quien sea”, dijo Meléndez a The New York Times en entrevista.

Añadió que otra persona que podría ser imputada es Ricardo Perdomo, responsable del sistema de supervisión de bancos de El Salvador y director de inteligencia durante la tregua.

El ejército patrulla las calles en Humvees y la jefatura policial ha dado libertad a los agentes para disparar, siempre y cuando sea necesario, en caso de encontrarse con pandilleros. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

El plan de Meléndez esboza un escenario de enfrentamiento con el Presidente Salvador Sánchez Cerén, que ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo al ministro Munguía Payés.

Sanchez Cerén, que fue comandante guerrillero y ejerció como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, rechazó de manera tajante la tregua con las pandillas desde que asumió el cargo hace dos años.

Su gobierno ha optado por una política de mano dura que aún está por demostrar su efectividad.

El Salvador se ha convertido en el país más violento del mundo sin guerra declarada. Hay más de 20 homicidios al día en un país de poco más de 6 millones de habitantes, en un contexto de guerra entre las pandillas y las fuerzas de seguridad. Las pandillas han asesinado a casi 100 policías y militares en el ultimo año.

A medida que el saldo de muerte aumenta, el gobierno endurece su estrategia. El ejército patrulla las calles en Humvees y la jefatura policial ha dado libertad a los agentes para disparar, siempre y cuando sea necesario, en caso de encontrarse con pandilleros. Les han prometido cobertura legal en caso de que la justicia trate de actuar.

Por su parte, las pandillas devuelven el golpe. Un pandillero que se identifica como “Santiago” y ejerce como portavoz del Barrio 18-sureños dice que en este momento cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno está rota.

Durante los casi 18 meses que duró la tregua entre el Barrio 18, sureños y revolucionarios, y la Mara Salvatrucha, el índice de homicidios cayó de una media de 15 al día hasta cinco. Hubo días en los que no se registró ni un solo asesinato.

Como parte del acuerdo, el gobierno transfirió a los líderes de las pandillas de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, más conocida como “Zacatraz”, a prisiones normales desde donde podían coordinar con sus lugartenientes en las calles.

Las pandillas hicieron tres entregas públicas de armas y se abrieron programas de empleo en 10 municipalidades financiadas por organismos internacionales.

El Fiscal General Douglas Meléndez Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Pero ahora uno de los mediadores de la tregua, el exparlamentario Raúl Mijango, que también fue guerrillero, ha sido encarcelado junto a 19 funcionarios por su papel en facilitar el acuerdo entre las pandillas. Dos más están negociando las condiciones de su entrega, entre ellos quien fuera el director de centros penales de El Salvador, Nelson Rauda.

Pero Munguía Payés, que fue negociador por parte del ejército durante los acuerdos de paz con la guerrilla al final de la guerra civil que sufrió el país, juega un papel crucial en el gobierno. Es garantía de relaciones estables con el ejército.

Aunque las dos administraciones han discrepado de manera significativa sobre las pandillas, las dos nacieron del mismo partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que surge de la alianza de fuerzas guerrilleras de cara a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

“Para construir su política actual, el gobierno tiene que descalificar la política que se ejecutó antes”, dijo Paolo Luers, periodista y exguerrillero que también fue uno de los mediadores de la tregua junto a Raúl Mijango y el Obispo Fabio Colindres. Luers no ha sido arrestado ni acusado. “La tregua fue promovida por personas que no pertenecen al FMLN y el FMLN tiene parte de razón cuando dice que ese no es su niño”, explica Luers.

“Es algo político”, dijo Adam Blackwell, que fue el embajador de la Organización de Estados Americanos que coordinó el comité que garantizaba la tregua y los programas contra la violencia paralelos. “No hay ninguna lógica racional detrás de esas decisiones”.

Para Blackwell, el fiscal general “juega en la arena política: más policía, menos crimen, hay que eliminar la plaga, y cuanto más matemos, mejor. Desafortunadamente eso es más popular que una estrategia basada en la construcción de centros comunitarios, la policía de proximidad y la disuasión”.

Ataúdes afuera de una fábrica en Jucuapa, El Salvador, un país donde ocurren más de 20 homicidios al día. Una tregua entre las pandillas había logrado disminuir la tasa de homicidios durante 18 meses entre 2012 y 2013. Credit Jose Cabezas/Reuters

Cuando Mijango, el mediador principal, apareció ante un juez este mes vestido de blanco, con el mismo traje que llevan los pandilleros en prisión, dijo que “lo que hubo fue un proceso de paz” y añadió: “Me duele que se juzgue a quienes solo trataron de contribuir a la solución de un problema, del mayor que tiene el país”.

El fiscal general lo ve de otro modo.

La acusación contra los detenidos dice que la tregua fue una “trama” que permitió a las pandillas reorganizarse y rearmarse “para convertir en objetivos a la población civil, a los policías y a los soldados”.

El caso del fiscal general plantea el delito de “asociación ilícita” con miembros de las pandillas. Parte de acusaciones de que los funcionarios facilitaron la entrada de teléfonos en las prisiones y que permitieron que los pandilleros mantuvieran reuniones al aprobar traslados.

El plan del fiscal, en sus propias palabras, es poner presión sobre los acusados para que declaren quienes les dieron las órdenes.

Pero algunas de las personas detenidas no eran más que funcionarios que cumplían órdenes.

Roberto Castillo Díaz era un agente encubierto de los servicios de inteligencia que acompañó a los mediadores mientras se reunían con los pandilleros en el interior de los centros penales. Fue también la persona encargada de recoger alrededor de 500 armas que las pandillas entregaron durante el proceso de paz.

En un informe a sus superiores, Castillo escribió que su misión encubierta tenía el apoyo del presidente y de todo el gabinete. En una entrevista, un miembro del gobierno que no está autorizado a hablar de esto con la prensa confirmó que hubo una operación de inteligencia apoyada por la policía, el ministerio de Seguridad y el presidente de la república.

Desde su detención y la publicación de su identidad en la prensa local, la esposa e hijas de Castillo han tenido que ocultarse por miedo a perder la vida. La Mara Salvatrucha controla el barrio en el que trabajan, como explicó Rosa Lidia Quintero, su esposa, y nadie en el barrio sabía que su marido era agente de la inteligencia policial.

Visiblemente afectada, acusa al gobierno de traición: “¿Cómo puede el Estado dejar sin protección a alguien a quien se le ha encomendado una misión encubierta?”

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