mediadores

El Salvador arremete contra funcionarios que trataron de consolidar una tregua con las pandillas. The New York Times

 Raul Mijango, a former lawmaker who was among the Salvadoran officials who negotiated a gang truce, was arrested this month. Credit Jose Cabezas/Reuters

Raúl Mijango, exparlamentario, fue uno de los mediadores de la tregua. Mijango fue arrestado junto a 19 funcionarios por su papel en facilitar el acuerdo entre las pandillas. Credit Jose Cabezas/Reuters

 

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, 21 mayo 2016 / THE NEW YORK TIMES/español

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SAN SALVADOR — El fiscal general de El Salvador empezó a detener a algunos funcionarios artífices de una tregua entre pandillas que, hace pocos años, fue una de las estrategias más relevantes para reducir los alarmantes indices de violencia en el país.

La tregua, pactada por las pandillas más importantes de El Salvador con apoyo del gobierno, fue reconocida internacionalmente y redujo los devastadores indices de homicidios del país a menos de la mitad en 2012 y 2013.

Pero el papel del gobierno en el proceso levantó una intensa polémica en el país y el gobierno actual ha optado por un cambio de rumbo en su política de seguridad: una campaña sin cuartel contra las pandillas.

El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ordenó el arresto de uno de los principales mediadores de la tregua y casi una veintena de miembros de las fuerzas de seguridad que la desarrollaron.

Pero su objetivo apunta hacia más arriba, hacia los altos funcionarios del gobierno anterior.

Según los documentos de la acusación elaborados por la fiscalía, el principal arquitecto de la tregua fue David Munguía Payés, general del ejército, ministro de Justicia y Seguridad durante la administración del Presidente Mauricio Funes y actual ministro de Defensa. Por ahora, permanece en el puesto.

Y el fiscal general tiene en su mira al general Munguía Payés. Meléndez, que ha sido elegido por la Asamblea Nacional, está preparado para pedirle a los diputados que le retiren la inmunidad al ministro de Defensa.

“Vamos a hacer los procesamientos, no solo del ministro sino de quien sea”, dijo Meléndez a The New York Times en entrevista.

Añadió que otra persona que podría ser imputada es Ricardo Perdomo, responsable del sistema de supervisión de bancos de El Salvador y director de inteligencia durante la tregua.

El ejército patrulla las calles en Humvees y la jefatura policial ha dado libertad a los agentes para disparar, siempre y cuando sea necesario, en caso de encontrarse con pandilleros. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

El plan de Meléndez esboza un escenario de enfrentamiento con el Presidente Salvador Sánchez Cerén, que ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo al ministro Munguía Payés.

Sanchez Cerén, que fue comandante guerrillero y ejerció como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, rechazó de manera tajante la tregua con las pandillas desde que asumió el cargo hace dos años.

Su gobierno ha optado por una política de mano dura que aún está por demostrar su efectividad.

El Salvador se ha convertido en el país más violento del mundo sin guerra declarada. Hay más de 20 homicidios al día en un país de poco más de 6 millones de habitantes, en un contexto de guerra entre las pandillas y las fuerzas de seguridad. Las pandillas han asesinado a casi 100 policías y militares en el ultimo año.

A medida que el saldo de muerte aumenta, el gobierno endurece su estrategia. El ejército patrulla las calles en Humvees y la jefatura policial ha dado libertad a los agentes para disparar, siempre y cuando sea necesario, en caso de encontrarse con pandilleros. Les han prometido cobertura legal en caso de que la justicia trate de actuar.

Por su parte, las pandillas devuelven el golpe. Un pandillero que se identifica como “Santiago” y ejerce como portavoz del Barrio 18-sureños dice que en este momento cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno está rota.

Durante los casi 18 meses que duró la tregua entre el Barrio 18, sureños y revolucionarios, y la Mara Salvatrucha, el índice de homicidios cayó de una media de 15 al día hasta cinco. Hubo días en los que no se registró ni un solo asesinato.

Como parte del acuerdo, el gobierno transfirió a los líderes de las pandillas de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, más conocida como “Zacatraz”, a prisiones normales desde donde podían coordinar con sus lugartenientes en las calles.

Las pandillas hicieron tres entregas públicas de armas y se abrieron programas de empleo en 10 municipalidades financiadas por organismos internacionales.

El Fiscal General Douglas Meléndez Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Pero ahora uno de los mediadores de la tregua, el exparlamentario Raúl Mijango, que también fue guerrillero, ha sido encarcelado junto a 19 funcionarios por su papel en facilitar el acuerdo entre las pandillas. Dos más están negociando las condiciones de su entrega, entre ellos quien fuera el director de centros penales de El Salvador, Nelson Rauda.

Pero Munguía Payés, que fue negociador por parte del ejército durante los acuerdos de paz con la guerrilla al final de la guerra civil que sufrió el país, juega un papel crucial en el gobierno. Es garantía de relaciones estables con el ejército.

Aunque las dos administraciones han discrepado de manera significativa sobre las pandillas, las dos nacieron del mismo partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que surge de la alianza de fuerzas guerrilleras de cara a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

“Para construir su política actual, el gobierno tiene que descalificar la política que se ejecutó antes”, dijo Paolo Luers, periodista y exguerrillero que también fue uno de los mediadores de la tregua junto a Raúl Mijango y el Obispo Fabio Colindres. Luers no ha sido arrestado ni acusado. “La tregua fue promovida por personas que no pertenecen al FMLN y el FMLN tiene parte de razón cuando dice que ese no es su niño”, explica Luers.

“Es algo político”, dijo Adam Blackwell, que fue el embajador de la Organización de Estados Americanos que coordinó el comité que garantizaba la tregua y los programas contra la violencia paralelos. “No hay ninguna lógica racional detrás de esas decisiones”.

Para Blackwell, el fiscal general “juega en la arena política: más policía, menos crimen, hay que eliminar la plaga, y cuanto más matemos, mejor. Desafortunadamente eso es más popular que una estrategia basada en la construcción de centros comunitarios, la policía de proximidad y la disuasión”.

Ataúdes afuera de una fábrica en Jucuapa, El Salvador, un país donde ocurren más de 20 homicidios al día. Una tregua entre las pandillas había logrado disminuir la tasa de homicidios durante 18 meses entre 2012 y 2013. Credit Jose Cabezas/Reuters

Cuando Mijango, el mediador principal, apareció ante un juez este mes vestido de blanco, con el mismo traje que llevan los pandilleros en prisión, dijo que “lo que hubo fue un proceso de paz” y añadió: “Me duele que se juzgue a quienes solo trataron de contribuir a la solución de un problema, del mayor que tiene el país”.

El fiscal general lo ve de otro modo.

La acusación contra los detenidos dice que la tregua fue una “trama” que permitió a las pandillas reorganizarse y rearmarse “para convertir en objetivos a la población civil, a los policías y a los soldados”.

El caso del fiscal general plantea el delito de “asociación ilícita” con miembros de las pandillas. Parte de acusaciones de que los funcionarios facilitaron la entrada de teléfonos en las prisiones y que permitieron que los pandilleros mantuvieran reuniones al aprobar traslados.

El plan del fiscal, en sus propias palabras, es poner presión sobre los acusados para que declaren quienes les dieron las órdenes.

Pero algunas de las personas detenidas no eran más que funcionarios que cumplían órdenes.

Roberto Castillo Díaz era un agente encubierto de los servicios de inteligencia que acompañó a los mediadores mientras se reunían con los pandilleros en el interior de los centros penales. Fue también la persona encargada de recoger alrededor de 500 armas que las pandillas entregaron durante el proceso de paz.

En un informe a sus superiores, Castillo escribió que su misión encubierta tenía el apoyo del presidente y de todo el gabinete. En una entrevista, un miembro del gobierno que no está autorizado a hablar de esto con la prensa confirmó que hubo una operación de inteligencia apoyada por la policía, el ministerio de Seguridad y el presidente de la república.

Desde su detención y la publicación de su identidad en la prensa local, la esposa e hijas de Castillo han tenido que ocultarse por miedo a perder la vida. La Mara Salvatrucha controla el barrio en el que trabajan, como explicó Rosa Lidia Quintero, su esposa, y nadie en el barrio sabía que su marido era agente de la inteligencia policial.

Visiblemente afectada, acusa al gobierno de traición: “¿Cómo puede el Estado dejar sin protección a alguien a quien se le ha encomendado una misión encubierta?”

Adam Blackwell: “La OEA tenía un acuerdo con el gobierno para la Tregua, firmado por el gobierno”

En lo que ya se conoce como ‘Caso Tregua’, la Fiscalía ha girado órdenes de detención contra 21 personas, incluido el mediático mediador Raúl Mijango. Su amigo Adam el faroBlackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA entre 2010 y 2015 y el extranjero más involucrado en la Tregua, está convencido de que el propósito de estas acusaciones “es más político que jurídico”, algo así como una advertencia contra quienes quieran apostar al diálogo para resolver el problema de pandillas que carcome la sociedad salvadoreña.

Adam Blackwell se desempeñó entre 2010 y 2015 como exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Foto José Cabezas (AFP).

Adam Blackwell se desempeñó entre 2010 y 2015 como exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Foto José Cabezas (AFP).

Roberto Valencia, 20 mayo 2016 / EL FARO

Adam Blackwell es el canadiense alto, rubio y zarco que durante los meses más intensos del proceso que la sociedad salvadoreña terminó llamando la Tregua aparecía junto a Raúl Mijango, Fabio Colindres, Borromeo Henríquez, David Munguía Payés, Carlos Mojica Lechuga… “Soy uno de los arquitectos del proceso”, admite sin pudor ahora que está alejado de las ataduras diplomáticas, en calidad de exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por si alguien aún tenía dudas sobre el involucramiento del primer gobierno del FMLN, Blackwell las despeja todas: la Presidencia de la República contempló el diálogo con las pandillas como opción antes incluso de que Munguía Payés fuera nombrado ministro de Seguridad; y estuvo al tanto de cada paso que se dio para incentivar el cese de hostilidades entre la Mara Salvatrucha y las dos facciones de la 18. Blackwell revela incluso una información hasta ahora desconocida, como que la OEA no se sumó al proceso semanas o meses después de los traslados de los máximos líderes desde el Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, sino que el organismo llevaba meses involucrado, a petición del propio expresidente Mauricio Funes.

Dice: “Yo no he llegado a El Salvador cada dos o tres semanas sin un acuerdo. Es imposible poner en marcha un asunto tan complejo como la Tregua sin que el gobierno sea un participante integral de un asunto de esta naturaleza”.

Pero el grueso de estas revelaciones resultarán novedosas solo para los que todavía creen la versión de que la Tregua fue un estricto arreglo entre pandilleros, y que la Administración Funes se limitó a permitir el ingreso a las cárceles de unos mediadores para que lo incentivaran.

Lo que a Blackwell más le interesa explicitar ahora es su disconformidad con las acusaciones de tipo “político” con las que la Fiscalía ha procesado a 21 personas en el ‘Caso Tregua’, incluido el histriónico Raúl Mijango. “Cuando hay un conflicto y se quiere resolver, ya sea el de Colombia, en Medio Oriente o en África, siempre hay una forma para proteger a los mediadores, para que no puedan ser juzgados ni siquiera en el futuro”, dice.

Blackwell tiene 56 años que serán 57 el próximo 11 de junio, una exitosa carrera diplomática, y vivió en primerísima fila el proceso. A finales del año pasado publicó If the War on Drugs is Over …Now What?, un libro en el que la Tregua tiene una importancia medular, y cuya versión en español está previsto que se publique en las próximas semanas. Un párrafo que hoy suena premonitorio dice así: “Mi participación y, por extensión, la de la OEA recibió el respaldo de un acuerdo formal que firmamos con el gobierno de El Salvador en 2012. Este acuerdo principalmente nos daba inmunidad política y legal para manejar una operación de este tipo. Desafortunadamente, ni monseñor Colindres ni Raúl Mijango están cubiertos por esta inmunidad. Espero que ningún fiscal general demasiado entusiasta decida enjuiciarlos”.

Sigue pendiente de El Salvador, ¿verdad?
Sigo en contacto con mis amigos salvadoreños, sí.

¿Cómo se ve desde la distancia lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad pública?
Extraño. Un día me toca escuchar presentaciones del padre Boyle [el sacerdote estadounidense Greg Boyle, referente en Los Ángeles en cuanto a programas de inserción de pandilleros] sobre cómo reducir la violencia y no criminalizar a la juventud; y otro día me toca imprimir el requerimiento fiscal de 130 páginas con las acusaciones contra Mijango y las otras 20 personas que trataron de implementar en El Salvador un modelo similar al del padre Boyle. Esto es parte de mi tristeza: saber que hay modelos mundialmente aceptados, pero que en El Salvador no son bien vistos por la polarización, la politiquería… En lugar de impulsar un modelo profesional de resolución de conflictos, algo aplicado con éxito múltiples veces en múltiples lugares, la Fiscalía está encarcelando a los mediadores.

¿¡La Tregua es una réplica de modelos exitosos en otros países!?
Por supuesto, y lo digo porque yo soy uno de los arquitectos del proceso. Durante mi gestión como secretario de Seguridad Multidimensional, la OEA evaluó el sistema de seguridad de El Salvador, con consultas en Colombia, en México, en Estados Unidos… hasta en Inglaterra, en lugares que han tenido que luchar contra bandas criminales. Parte de la Tregua fue documentar, crear procesos paralelos, involucrar a alcaldes, crear un comité técnico con fondos de la Unión Europea… y en todo eso estuvo la OEA. Le gente no sabe de una cena que tuvimos con el nuncio vaticano, Luigi Pezzuto, en la que se habló de la obligación moral de la Iglesia católica de ayudar a facilitar procesos de esta naturaleza. Nadie se acuerda ya de todo esto, y es triste.

El gobierno actual parece más atrincherado que nunca en el manodurismo para afrontar el problema de las maras.
¡Y eso es…! Mire, yo empecé a interesarme de lleno en el país en junio de 2011, cuando San Salvador acogió la Asamblea General de la OEA, bajo el lema ‘Seguridad Ciudadana en las Américas’, y el país acababa de ser nombrado por Naciones Unidas como el más violento del mundo, con una tasa de 69 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cinco años más tarde, El Salvador es de nuevo el país más violento del mundo, pero ahora con una tasa de más de 100. No sé qué más tenemos que demostrar. Las estrategias de represión, ya sea en la guerra contra las drogas o contra las pandillas, no funcionan. ¿Cuántos años El Salvador ha estado con tácticas represivas o la situación no solo no mejora, sino que empeora?

En una entrada que publicó en su blog tras la detención de Mijango, usted llama proceso de paz a la Tregua. Muy pocos en El Salvador se atreverían hoy a decir algo así.
Siempre hablé de un proceso de pacificación. Siempre. Un proceso que buscaba, primero, frenar el crecimiento de las pandillas, y por eso uno de los puntos que se acordó con los líderes fue respetar las escuelas y frenar el reclutamiento. Segundo, se buscaba mejorar las condiciones de los privados de libertad, pero no lujos ni fiestas, sino respetar las normas mínimas internacionales en los centros penales. El tercer punto era un trato digno a las víctimas. Y el cuarto pilar era la reinserción-reintegración, con un involucramiento de los municipios. El proceso no fue una improvisación, sino algo muy meditado.

¿Por qué hubo tanto ruido alrededor de la Tregua?
Nosotros hicimos reuniones con los alcaldes, con representantes de la sociedad civil, en comunidades, con… y todo muy bien, muy feliz, con insumos excelentes, pero luego parecía como que en El Salvador solo hay blanco o negro. En vez de celebrar que estábamos sacando de circulación cien armas de los pandilleros, empezaban a decir que eran pocas, o que no servían… Yo creo que había intereses en que el proceso no avanzara.

La sociedad, en términos generales, ha celebrado la detención de Mijango.
Cuando hay un conflicto y se quiere resolver, ya sea el de Colombia, en Medio Oriente o en África, siempre hay una forma para proteger a los mediadores, para que no puedan ser juzgados ni siquiera en el futuro. Si un mediador habla con las FARC, es evidente que está hablando con un grupo criminal, con delitos atroces, pero si se quiere superar el conflicto, los mediadores, desde mi punto de vista, siempre deben estar protegidos, salvo acusaciones bien concretas con pruebas concretas de delitos cometidos al margen del papel de mediador.

¿Le sorprende que no haya sido detenido el general Munguía Payés?
O los 11 alcaldes, porque también ellos participaron; o las distintas iglesias que se sumaron; o las personas de las comunidades; o… ¿Por qué estos 21? ¿Por qué no 10 o 55? ¿Por qué no yo?

¿Por qué no el expresidente Mauricio Funes?
Yo no entiendo el propósito de las acusaciones. ¿Qué quiere probar el fiscal general, que había 21 personas que trabajaban en este proceso? ¿Que se se cometían ilícitos en los centros penitenciarios? Evaluaciones del sistema penitenciario las han hecho la Cruz Roja, Estados Unidos, la OEA… e ilícitos en los centros ha habido desde antes de la Tregua, y seguramente los sigue habiendo hoy. ¿Por qué enjuiciar a estas personas? ¿Por qué a Nelson Rauda y no a Rodil Hernández? ¿Por qué no al exdirector de la PNC? No entiendo. Yo creo que el propósito de estas acusaciones es más político que jurídico.

Vayamos a las raíces: ¿cómo se involucró la OEA en el proceso? ¿Quién lo invitó a usted?
Yo empecé a llegar a El Salvador desde junio de 2011, porque durante la Asamblea de la OEA el presidente Funes se mostró muy preocupado por la situación de violencia. No es cierto que intervenimos cuando el proceso ya estaba en marcha.

Adam Blackwell junto al mediador Fabio Colindres, en los momentos previos a una de las tres entregas de armas de parte de pandilleros, la celebrada el 27 de mayo de 2013 en la plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Foto José Cabezas (AFP).

Adam Blackwell junto al mediador Fabio Colindres, en los momentos previos a una de las tres entregas de armas de parte de pandilleros, la del 27 de mayo de 2013 en la plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Foto José Cabezas (AFP).

Para entonces Munguía Payés ni siquiera era ministro de Seguridad Pública.
Todavía estaba Manuel Melgar. Durante la asamblea pedimos al gobierno que nos permitiera hacer una evaluación exhaustiva del sistema nacional de seguridad, para conocer mejor lo que estaba ocurriendo, el porqué de tanto homicidio. Fueron cuatro o cinco meses, y el día que yo viajaba a El Salvador para presentar el informe cambiaron de ministro.

En noviembre de 2011.
Exacto. Hasta que entró Munguía Payés, el Gabinete de Seguridad lo lideraba Hato Hasbún, y él me pidió que no presentara el informe aquella vez, precisamente por el cambio de autoridades. Yo regresé en enero de 2012, si mal no recuerdo, a presentar el documento, que básicamente decía que era necesario buscar alternativas innovadoras, diferentes a las políticas tradicionales de represión que ya habían demostrado que no servían y que tenían las cárceles arriba del 300 % de hacinamiento.

Yo creía que la OEA había sido invitada después de que el gobierno sacó a los líderes de las pandillas de Zacatraz.
No. En enero de 2012 me reuní con el ministro Munguía Payés y con monseñor Colindres. Y en esa época viajaba al país cada dos semanas. Yo sentí que ya había una preocupación para buscar alternativas a los modelos tradicionales, y en febrero supe que se estaban buscando entendimientos entre los líderes de las maras en el penal de Zacatecoluca. ¿Cuándo El Faro lo destapó todo?

El 14 de marzo de 2012.
Esa publicación, lamentablemente, no ayudó. El problema en El Salvador, como decía antes, es que todo es negro o blanco, sin grises, y no se deja trabajar al gobierno porque hay demasiada falta de confianza en las autoridades.

Usted dice: “Dejar trabajar al gobierno”.
Las conversaciones entre los pandilleros fueron muy complicadas. La gente no sabe ni aprecia lo difícil que es juntar en una misma sala a los líderes de dos pandillas que se odian. El ambiente era de odio, más que palpable. Y tratar de plasmar en un papel los cuatro o cinco puntos en los que podían ponerse de acuerdo, y buscar una forma para que ellos pudieran comunicar esos acuerdos a las clicas en la calle, eso fue muy complicado, muy complicado. Yo admito y acepto la culpa de que no teníamos una estrategia comunicacional, ni siquiera hubo una sola voz…

El cuadro que usted dibuja involucra de lleno al gobierno en la Tregua, pero a día de hoy el expresidente Funes aún niega su responsabilidad.
Pero ya hay las pruebas suficientes. Yo, como representante de la OEA, no viajaba en secreto a El Salvador, y lo hice múltiples veces. Yo asumo y entiendo perfectamente la responsabilidad de un funcionario profesional de explicar claramente, sin duplicidades, sin confusión, lo que estaba pasando…

Algo que en este caso no se hizo.
Es una de las más grandes lecciones aprendidas de este proceso de El Salvador, y es algo que están tratando de mejorarlo en Colombia: definir un plan comunicacional, pensarlo bien, nombrar a una sola persona para hablar por el grupo, para evitar confusiones. Eso no lo hicimos en El Salvador, y nos generó problemas. Y admito que también es mi error, pero es completamente inentendible para mí que el gobierno de Funes no lo asumiera, porque era una oportunidad de demostrar liderazgo, de ser un estadista, de tratar de resolver problemas que han consumido 15 o 20 por ciento del PIB del país en los últimos 20 o 25 años.

Hubo unos meses, en la primera mitad de 2013, en los que sí parecía que el expresidente Funes iba a hacerse cargo.
Pero la culpa de lo que sucedió no es solo del presidente Funes. Yo nunca entendí por qué en el gobierno había ministros a favor y ministros en contra, ni por qué en la Iglesia católica había una división tan brutal. No entiendo por qué algo tan importante para el país terminó convertido en un tema de egos. Perdimos una gran oportunidad para el país, Funes perdió una gran oportunidad de ser visto como un estadista, y el país perdió la oportunidad de salir de un conflicto interno brutal; todo por falta de liderazgo, de un estadista.

El gobierno era parte del proceso.
La OEA tenía un acuerdo con el gobierno para ese proceso, firmado por el gobierno. Yo no he llegado a El Salvador cada dos o tres semanas sin un acuerdo. Es imposible poner en marcha un asunto tan complejo como la Tregua sin que el gobierno sea un participante integral de un asunto de esta naturaleza.

Lo irónico o lo trágico, según se mire, es que FMLN y ARENA negociaron en secreto votos con los pandilleros en el tramo final de la Tregua.
Los mareros, sus familias y su entorno son casi el 10 % de la población. Antes, durante y después de la Tregua son votantes que los partidos quieren, y se han convertido en un actor, por supuesto. Los partidos han entrado en conversaciones, ya es imposible que lo nieguen.

Actores que participaron en la Tregua, como Óscar Ortiz o David Munguía Payés, son parte de la actual estrategia manodurista.
Sé que en El Salvador resulta difícil, pero hay que separar la politiquería de la práctica. Yo recuerdo muy bien la primera reunión con los 11 alcaldes de la iniciativa ‘Municipios libres de violencia’; ese encuentro, para el que apartamos una hora, duró tres, porque todos los alcaldes querían exponer sus propuestas para abordar el fenómeno, con ideas excelentes. Como ocurrió en Los Ángeles, en Medellín o en Ciudad Juárez, donde los municipios tomaron el control, con alcaldes involucrados. En aquellas reuniones, el alcalde Óscar Ortiz tenía en Santa Tecla uno de los modelos de trabajo con las pandillas más integrales.

Adam Blackwell junto al mediador Raúl Mijango, en una visita a la residencial Altavista de Ilopango, el 13 de julio de 2013. Foto José Cabezas (AFP).

Adam Blackwell junto al mediador Raúl Mijango, en una visita a la residencial Altavista de Ilopango, el 13 de julio de 2013. Foto José Cabezas (AFP).

Hoy está al frente de Gabinete de Seguridad que rechaza cualquier tipo de diálogo.
Lo único que yo puedo asumir es que, políticamente, en El Salvador se ganan más votos diciendo que enviarás a más policías, a más soldados. Ofrecer represión da votos, y eso es parte del problema, porque son indicadores del pasado. En lugar de medir cuántas casas comunales se han abierto o cuánto se invierte en víctimas o cuántas casas se construyen, aún se utilizan los indicadores de capturas, de encarcelados, de…

La versión actual del manodurismo incluye ejecuciones extrajudiciales que se cometen con impunidad.
El Salvador tiene que decidir qué tipo de país quiere ser. Es un país muy lindo, con personas muy trabajadoras, con espíritu empresarial, pero con un serio conflicto interno, y alguien tendrá que decidir, con liderazgo, poner fin al combate. Es inaceptable, inaceptable, que un ministro hable de batallones de limpieza social para referirse a los policías [el 20 de abril de 2015 el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún, dijo que la Fuerza Armada estaba adiestrando a 200 hombres para crear un “batallón de limpieza” contra las maras], y por supuesto que esas cosas no pasan desapercibidas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La última: ¿siente que mereció la pena involucrarse en la Tregua?
Yo soy optimista. Quiero a El Salvador, y creo que con un nivel de seriedad, un buen liderazgo y el apoyo de la comunidad internacional, sería posible volver a conversar con las pandillas y hallar una forma de parar la violencia.

¿No ve una solución que no pase por el diálogo con las pandillas?
Pueden matar a todos los pandilleros. Si ese es el tipo de país y la reputación en el mundo entero que los salvadoreños quieren para su país, pues adelante, pero no creo que esa sea la solución. Cuando hablamos de los pandilleros, estamos hablando de la juventud salvadoreña, de personas, de seres humanos. Y la idea es reducir los daños, la idea construir una sociedad mejor.

The military solution: El Salvador’s new plan to combat gang violence is insane

Alex Izaguirre/ Fusion

Alex Izaguirre/ Fusion

Tim Rogers, Fusion's senior editor for Latin America

Tim Rogers, Fusion’s senior editor for Latin America

Tim Rogers, 20 mayo 2016 / FUSION

El Salvador is one of the most violent and murderous countries in the world. And now its government has devised a truly mad plan to combat the problem—by targeting people who have tried to broker peace.

The Central American government last month passed a new law that criminalizes any attempt to “solicit, offer, promote, formulate or negotiate” a truce with the gangs. The crime is punishable by up to 15 years in prison.

This month the government took its crackdown on peacemakers a step further by issuing arrest warrants for 21 people who were responsible for spearheading the 2012 gang truce.

fusion“The government is trying to set an example so that no one contemplates dialogue anymore,” Paolo Luers, one of the only gang-truce mediators to not get arrested this month, told me in a phone interview from San Salvador. “The government considers the gang issue to be primarily a military problem that has to be resolved by force. So they are trying to disqualify all other alternative solutions. The whole thing is absurd.”

The government won’t comment on the case, other than to say that their investigation is ongoing.

Former gang truce mediator Paolo Luers says the crackdown on the negotiators is a witch hunt intended to discredit any alternative to war.

Former gang truce mediator Paolo Luers says the crackdown on the negotiators is a witch hunt intended to discredit any alternative to war.

The 15-month gang truce, which fell apart in May 2013, led to a dramatic but temporary drop in the country’s murder rate. Critics complained that the process was rife with corruption and impunity, and argued that the truce helped strengthened the gangs’ control over the streets by empowering its leadership behind bars.

Graph shows how the monthly murder rate dropped during the 15-month gang truce.

Graph shows how the monthly murder rate dropped during the 15-month gang truce.

Now the government is opting for a military solution while cutting off any possibility for a future ceasefire. In the past two weeks, the government has arrested former police commissioners, prison wardens and chief mediator Raul Mijango for their roles brokering the 2012 gang truce. Mijango was arrested on May 3 and then paraded before a judge in his underwear, as if he too were a gangbanger.

Former gang whisperer Raul Mijango has spent the past two weeks in jail for his role in the 2012 gang truce

Former gang whisperer Raul Mijango has spent the past two weeks in jail for his role in the 2012 gang truce

The criminalization of the failed gang truce appears to mark El Salvador’s irreversible commitment to a military campaign against the MS-13 and Barrio 18. And if that’s the case, the U.S. should brace itself for a new tidal wave of Central American refugees arriving on the Texas border in the months and years ahead.

The swell has already started. Salvadorans fleeing violence are arriving on the U.S. southern border in record numbers. More undocumented Salvadorans have been apprehended in the U.S. during the first half of this year than in all of 2015.
Government numbers show Salvadorans are already coming in massive numbers this year.

Government numbers show Salvadorans are already coming in massive numbers this year.

U.S. border patrol numbers show that nearly 10 Salvadorans are apprehended in the U.S. for every 1 Mexican. That’s an amazing discrepancy, especially considering that El Salvador is a lot farther away than Mexico and has a population that’s 20 times smaller. What’s even more disconcerting is that those people could be the frontrunners in what could soon become a much larger exodus.

El Salvador’s government defends its “extraordinary security measures” as an early success. They point to public opinion polls and a recent drop in the murder rate as proof that the iron-fisted policy is working.

The gangs, which are extremely violent and run massive extortion rings across the country, are wildly unpopular in El Salvador, where many citizens applaud the government’s guns-blazing approach to dealing with the problem.

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Government propaganda

The gangs, however, say they have declared a unilateral ceasefire and that’s the real reason the murder rate is dropping.

“The homicide numbers from the past weeks show that we are men of our word,” reads the gangs’ last joint communique. “Since we made the decision to suspend all offensive actions, the blood quota has dropped from 24 deaths per day to 11. And most of the dead have been on the side of the gangs since the government, far from suspending its death squad operations of extermination, has only increased.”

The government on Monday released its first nationwide Top 100 Most Wanted list. Three days later it updated the list showing three suspected gangsters were killed "while committing crimes."

The government on Monday released its first nationwide Top 100 Most Wanted list. Three days later it updated the list showing three suspected gangsters were killed “while committing crimes.”

Despite the continued crackdown, incarcerated gang leaders are allegedly sticking to their unilateral ceasefire in hopes of avoiding an all-out war with the government.

“The gangs’ position is: The government invited us to war, and we didn’t accept,” Luers says.

How long that remains their position is anyone’s guess.

El Salvador arrests negotiators of gang truce in new get-tough policy. The Guardian

Psychologists, teachers, senior police officers and prison wardens are among 16 held for role in brokering a 2012 deal that led to sharp drop in homicides.

A member of a combined army-police unit secures a school in Soyapango before their deployment to deal with gang violence El Salvador last month. Photograph: Jose Cabezas/Reuters

A member of a combined army-police unit secures a school in Soyapango before their deployment to deal with gang violence El Salvador last month. Photograph: Jose Cabezas/Reuters

La tregua y la mediación. De Adam Blackwell

Embajador Adam Blackwell, de nacionalidad canadiense, ha sido Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, y en esta función ha acmpañado y monitoreado la tregua en El Salvador.

El fiscal general de El Salvador ha emitido órdenes de arresto contra 21 de las personas involucradas en el proceso de tregua y la paz de pandillas en El Salvador desarrollado en el 2013. Los cargos son en su mayoría por asociación ilícita y contrabando en las cárceles. Entre los acusados se encuentran entre otros; el mediador clave Raúl Mijango, el ex director del Sistema Penitenciario y otros representantes de los servicios de policía y el sistema carcelario.

En escenarios complejos y altamente emocionales como éste, es fácil distraerse por la política, opiniones y personalidades. En realidad sólo hay un asunto; ¿cómo podemos proteger a los individuos, que con razón o sin ella, han asistido en el desarrollo  de enfoques alternativos para tratar de resolver un problema de largo tiempo: la violencia de las bandas [maras]  en El Salvador. Uno de los principios básicos de la mediación de conflictos en cualquier parte del mundo es la protección de los mediadores de cargos retroactivos. La mediación no es fácil, por definición, está tratando con personajes que han cometido actos violentos, como siempre he dicho que no estábamos tratando de llegar al cielo, simplemente evitar ir al infierno.

Me gustaría que pudiéramos encontrar algo de calma en la tormenta para darnos cuenta de que las 21 personas en esta lista, sólo son culpables de tratar de hacer algo diferente y que no hay futuro en la litigación del pasado.

Observador político: ¿Cuál es el escándalo: Izalco o San Blas? De Paolo Luers

paoloPaolo Luers, 3 marzo 2016 / EDH-Observadores

Las escenas del strip tease en el penal de Izalco pueden ser de muy mal gusto, pero ojo: La disco móvil y el show de bailarinas no matan. Podemos todos estar de acuerdo que este tipo de eventos no son admisibles en una cárcel, pero no podemos darnos el lujo de indignarnos más de este video que de los 25 homicidios que ahora tenemos todos los días, cuando en septiembre del 2012 (una posible fecha de la grabación del video) tuvimos 158 homicidios (o sea, 5.1 al día); y en agosto del 2013 (la otra posible fecha de la fiesta de Izalco) tuvimos 242, o sea 8.06 al día.

Y estos números no fueron flor de un día ni de 1 ó 2 meses, sino representan el promedio de estos años. Los 24 meses del 2012-13 mostraron un promedio diario de 7 homicidios. Esto no le quita nada a lo asqueroso de un show strip tease en un penal, ante cientos de hombres sedientes de sexo – pero pone el problema en su justa dimensión. El país no diario hoyestá en una crisis de seguridad al borde de caer en una crisis humanitaria debido a unas muchachas desnudas bailando en el penal, tampoco debido a la tregua (de la cual esta fiesta nunca fue parte) – sino debido al fracaso de todas las políticas de seguridad ‘post-tregua’ de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

Está bien que hechos como la fiesta de Izalco haya sido denunciada y que sea investigada. Es obvio que ahí se violaron el buen gusto y la ética. La fiscalía debe determinar si además se violaron leyes. Pero otra cosa es usar la indignación sobre estas chocantes imágenes para desacreditar el trabajo de los mediadores y su intento de convertir una tregua entre pandillas en un genuino proceso de reducción de violencia, con participación de la sociedad civil, el sector privado, los liderazgos comunales, las iglesias, alcaldías y el servicios públicos del Estado en las comunidades. La intención (y ahí se unen voceros del FMLN con otros de la oposición) es vetar que ante el evidente fracaso total de la guerra frontal contra las pandillas surjan alternativas que incluyen el diálogo y la inserción. Para esta intención, los videos de Izalco son un regalo de Dios – o mas bien de las entrañas del aparato de inteligencia que los filtró. Y no serán los últimos.

NADA QUE VER CON LA TREGUA

observadorMe consta que los mediadores y sus equipos de trabajo no tuvieron nada que ver con hechos como la fiesta nudista en Izalco y otras que se dieron en muchos penales antes, durante y después de la tregua, debido a la corrupción existente en Centro Penales, y debido al oportunismo con el cual todos los gobierno (de Flores hasta el actual) han buscado canjear ciertos beneficios para los pandilleros presos contra cortos períodos de calma y, sobre todo, contra apoyo electoral.

Los mediadores de la tregua, monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango, y sus colaboradores trabajaron de manera diferente. Quiero explicar dos diferencias de fondo: 1) Fueron los primeros que entraron en diálogo con los cabecillas no buscando réditos electorales ni reducciones coyunturales de la violencia, sino buscando romper la escalada de violencia y abrir caminos a la reinserción; 2) no ofrecieron nada a los reos que no les corresponda por ley y por decencia de un sistema democrático. Más bien los retaron que, antes de pedir algo, muestren su voluntad de conducir sus pandillas a abandonar la violencia.

Concesiones a los reos como fiestas con bailarinas desnudas nunca fueron parte del concepto de la tregua. O sea, no fueron parte de los cambios en los penales que los mediadores gestionaron ante el gobierno para crear un clima mas favorable para la tregua.

Los equipos de mediación propusimos y conseguimos cambios como:

-reunificación de los internos con sus familias, sobre todo sus hijos, que muchos de ellos no los habían podido ver por años;
-esto incluyó también más oportunidades de visitas conyugales. Que esto fue aprovechado para meter prostitutas, no es extraño dado el grado de corrupción en centros penales.
-acceso a noticias, periódicos, libros. En este contexto se gestionó la instalación de plasmas, más o menos 1 por cada 200 reos, para entretenimiento e información.
-actividades culturales; formación de grupos de música, teatro, danza, pintura. Yo sé que muchos dirán: ¡DANZA, miren los videos! Pero no: hubo (y espero que sigan existiendo) grupos serios de danza artística en varios penales;
-mejoramiento de la asistencia de salud; mejor salubridad en los penales (agua, basura, limpieza, reparaciones de sistemas de desagua, ventilación, etc.)
-mas proyectos productivos en los penales;
-acceso de los medios a los penales.

¿Esto ha desnaturalizado el carácter de la pena y convertido las cárceles en hoteles? De ninguna manera. Cualquiera que ha visitado los penales, en su extrema situación de hacinamiento y abandono, puede testificar que la vida en ellas por nada es envidiable. Sigue siendo un infierno. Invito a los religiosos, embajadores, empresarios, periodistas que han podido visitar los penales durante la tregua que digan en público lo que vieron y olieron. No se callen ante la campaña de mentiras.

Todas estas medidas arriba mencionadas juntas definitivamente aportaron a la creación de un clima más favorable para el diálogo, para la gestión de acuerdos tendientes a reducir la violencia en los penales, en las escuelas, en el transporte público, etc. El resultado: tasas de homicidios que ya no subieron de un promedio de 7 al día; ausencia total (por casi 2 años) de asesinatos de policías, soldados, custodios y sus respectivas familias – cosas que hoy vemos casi diarios; recuperación de la paz en muchos centros escolares y suspensión del reclutamiento forzoso de alumnos. Inicio de pláticas y experimentos locales de reducción de extorsiones.

EL DESMONTAJE DE LA TREGUA

Todo esto empezó a revertirse cuando en junio del 2013 el gobierno de Funes une fuerzas con el fiscal general Martínez para desmontar todos los mecanismos de la mediación que eran indispensables para mantener sostenible la tregua. Y esto no fue culpa de orgías en los penales u otros excesos que se pueden haber dado durante la tregua, igual como se dieron antes y después de ella. El nuevo auge de violencia que se comenzó a gestionar a finales del 2013 y que culmina en el 2015/16, no es culpa de la tregua, sino de la forma torpe e irresponsable en que la boicotearon y desmontaron Ricardo Perdomo, Luis Martínez, Benito Lara, Hato Hasbún, Mauricio Landaverde y Howard Cotto – para sustituirla con la declaración de una guerra frontal de la cual ninguno de estos señores tiene idea como ganarla. No es culpa de los mediadores, que pueden haber cometido errores, pero que nunca fomentaron actos de violencia, ni dentro de los penales ni en los barrios – es culpa de políticos del FMLN y también de ARENA que quisieron ganar elecciones prometiendo mano dura y satanizando la tregua.

Así que, cada cosa en su dimensión. Investiguen el escándalo de Izalco o cualquier otro abuso en el sistema penitenciario. Si hay delitos, castíguenlos. Pero no usen estos escándalos y el morbo que despiertan para desviar la atención de los verdaderos escándalos en Seguridad Pública: la tensión interna en la PNC; los operativos de exterminio contra sospechosos de ser miembros o colaboradores de las pandillas, como por ejemplo la masacre de San Blas; la pésima situación humanitaria y de hacinamiento en las bartolinas y los penales; la militarización de la operatividad de la PNC; las deficiencia de investigación en PNC y FGR; los obsoletos conceptos de redadas; la falta de liderazgo de Casa Presidencial, donde el presidente delega las cosas más importantes a sus asesores más ineptos…