“Esperamos colaboración de la FGR en tema de probidad”: magistrado Rodolfo González

La Sala de lo Constitucional estudia varias demandas presentadas contra polémicas iniciativas.

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9 enero 2016 / EDH

diario hoyEn la entrevista televisiva Frente a Frente de este viernes 8 de enero, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, discutió algunos de los temas principales de país y comentó algunos de los procesos principales que en este momento se están conociendo en este tribunal.

Adicionalmente, se pronunció sobre la elección del nuevo Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, de quien mostró optimismo por su experiencia en la institución que ahora dirige.

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González expresó que si bien la Corte Suprema de Justicia no puede ordenar que la Fiscalía actúe en temas clave como probidad, sí espera la colaboración de esta y considera que Corte Plena ha dado suficientes indicios de enriquecimiento ilícito para que el Ministerio Público investigue, especialmente en los dos temas que le competen en este tipo de casos: el inicio de la acción penal y la extinción de dominio.

Sobre Ley de Probidad

El Magistrado González también afirmó que la Sala ha recibido demandas de inconstitucionalidad a la recientemente aprobada Ley de Probidad, que fue sancionada el pasado 23 de diciembre y viene a sustituir la Ley de Enriquecimiento ilícito que data de 1959.

Lo que los demandantes alegan es que la nueva ley le quita fuerza a la sección de probidad de la CSJ, entorpece sus funciones y atenta contra el artículo 240 de la Constitución, por lo que solicitan que se elimine del ordenamiento jurídico del país.

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Ante esto, el Magistrado González señaló que estos procesos de inconstitucionalidad entrarán en discusión en las sesiones de la próxima semana y recordó que “en toda democracia, la Constitución está encima de todas las leyes”. Por eso, afirmó que estudiarán si se ha violado el 240 de la Carta Magna y agregó que analizarán si la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción o la inhibe.

“Cuando se hace una ley para desarrollar las funciones de una institución, uno parte de la idea que esa ley va a facilitar su trabajo”, dijo González, quien recordó el decreto 743 de junio de 2011 (que buscaba dificultar el trabajo de la Sala de lo Constitucional al exigir unanimidad en las decisiones de inconstitucionalidad) como precedente de un decreto expulsado del orden jurídico por entorpecer el control constitucional del país.

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“Este precedente puede servir para examinar cualquier ley que atribuya funciones a un ente público: ¿lo hace para facilitar su trabajo o para entorpecerlo? Si es para el segundo caso, esta ley es prácticamente inconstitucional”, puntualizó González.

Esta ley fue aprobada en la última sesión legislativa de 2015 y se da en el marco de una renovada sección de probidad, la cual está investigando alrededor de una treintena de casos de posible enriquecimiento ilícito, incluyendo altos funcionarios actuales y recientes.

“En toda democracia, la Constitución está encima de todas las leyes”

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