abusos policiales

Jaguares en una selva de impunidad. De Claudia D. Ramírez

Ninguna cifra sobre lo que hizo la policía importa tras la desaparición de la agente Carla Ayala, en diciembre de 2017. Ni si el decomiso de drogas superó lo de otros años, o el decomiso de armas, ni su efectividad en operativos, ni si bajaron las extorsiones. Nada. El 2017 cerró para la entidad policial, ya cuestionada por claras dudas sobre ejecuciones extrajudiciales, con el escándalo en una de sus unidades élite, el Grupo de Reacción Policial (GRP).

Claudia D. Ramírez / Subjefa de Información de LA PRENSA GRÁFICAClaudia D. Ramírez, 18 febrero 2018 / La Prensa Gráfica

Esta unidad gozó durante mucho tiempo de un buen nombre, eran los que llegaba a poner orden, los tácticos, lo mejor de lo mejor en el interior de la corporación.

Pero una fiesta que estuvo absolutamente fuera de control en las instalaciones que albergaban a esta unidad, donde hubo mucho licor, violencia y la violación y posterior desaparición de una de sus agentes, dejó todo ese buen nombre convertido en añicos.

LPGTodavía no puedo comprender cómo algo como eso ocurrió en una de las unidades élite más importantes del país. Pero es aún peor que más de 50 días después no haya resultados claros en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, y de su agresor, también un agente policial.

Esta semana, que fue presentada la nueva Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) –cuyos agentes serán conocidos como jaguares–, que busca sustituir al GRP, vale la pena recordar que muy poco se recuperará de la confianza en la Policía si no hay una investigación seria sobre lo ocurrido aquella noche de diciembre en el GRP. No importa cuántas unidades nuevas creen, ni cuántas veces cambien nombres. Lo único que les devolverá un poco de respeto y confianza por parte de la población será que resuelvan qué pasó con Carla Ayala y su atacante y que lleven ante las autoridades a los responsables de su agresión y desaparición.

A estas alturas, como mínimo, el jefe del GRP debería estar procesado porque la celebración que propició el ataque contra Ayala ocurrió bajo el aval del jefe, quien también permitió el consumo de alcohol.

Presentar a la UTEP sin mostrar avances en la investigación del caso y sin tener aún ninguna detención envía un mal mensaje a la población, que en medio de la violencia que vive el país, aspira a poder confiar su seguridad en la Policía.

De momento, el mensaje que recibimos es que la PNC tampoco está exenta de este virus de impunidad que nos mantiene afectados como sociedad y que hace que no respetemos las reglas porque sabemos de antemano que no recibiremos castigo. Si no, basta ver el comportamiento de las pandillas sobre los homicidios y extorsiones o, peor aún, nuestro comportamiento a la hora de conducir, donde constantemente irrespetamos las leyes, lo que se traduce en epidémicos números de accidentes de tránsito.

El director de la PNC, Howard Cotto, ha prometido que el 15 de marzo terminará la evaluación del personal del GRP. A partir de allí, decidirá hacia a dónde destinará a la mayoría de sus agentes. Ojalá para entonces, la investigación de este penoso caso también tenga avances. Eso no solo le dará un poco de sentido de justicia al país, sino que, al identificar y condenar a los agentes que cometieron y encubrieron delitos, hablaremos más de los buenos resultados de la PNC y de los buenos elementos que seguramente hay en su interior. Por ahora, este escándalo los tiene con la moral baja a ellos y a nosotros. Urge resolverlo.

Civil. De Christian Villalta

La noción de los abusos de autoridad en aras de la seguridad pública ha sido fácil de digerir por la ciudadanía.

CRISTIAN VILLALTA

Christian Villalta, director de El Gráfico

Christian Villalta, 27 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Mucho del mejor periodismo que hay en el país valientemente ha denunciado ejecuciones, intimidación y violaciones al debido proceso; nadie se ha sorprendido. Las reacciones a esa terrible verdad sobre nuestra Policía oscilan entre una disimulada indignación y un nada disimulado entusiasmo.

Esa apatía sobre el tema, y ni qué decir de la fruición con la que muchos compatriotas leen sobre las ejecuciones y los vejámenes es mérito comunicacional del Estado, que a través de sus sucesivos administradores vendió a la violencia como panacea para la violencia.

LPGLos funcionarios, desde Francisco Flores hasta Sánchez Cerén, fueron construyendo esa narrativa en cámara lenta, y en la medida que la realidad fue arrojando más agentes y soldados asesinados, el discurso se fue simplificando, admitiendo menos palabras, hasta reducir conceptos como hábeas corpus, presunción de inocencia o término de la detención a meros eufemismos.

Si en nuestro país aún quedan demócratas, este curso de la historia no puede considerarse sino una derrota. Apenas un cuarto de siglo después del informe de la Comisión de la Verdad, que estableció con meridiana precisión el rol jugado por los cuerpos de seguridad en la instalación del terror como política del régimen militar, no se percibe en nuestra sociedad una preocupación por la garantía irrestricta a los derechos humanos.

Todo el siglo pasado, generaciones de salvadoreños nos resignamos a un modo de vida al margen de los principios del Estado de derecho. Los acuerdos de paz marcan el reconocimiento nacional de ese estatus natural como uno anómalo y perverso, y la necesidad de reandar la historia. Y en ese proceso se decide acabar con el dominio militar y crear una Policía que no se pareciera en nada a “la Policía”.

Por eso es que de los ocho códigos de conducta de los agentes establecidos como obligatorios en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, dos tienen que ver con el respeto a los detenidos y la prohibición de la tortura. Por eso, en el acto mismo de su fundación, se le ordena actuar “con estricto apego a los derechos humanos”.

Hace 10 meses, el vicepresidente de la República, cuyas declaraciones en materia de seguridad nunca deben tomarse a la ligera toda vez que es el “kingpin” anticrimen de esta administración, decía al hablar de las Fuerzas Especializadas de El Salvador: “Ojalá, primero Dios, y por el bien de la patria, en un futuro no se cuestione la estrategia, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora con el apoyo del país de seguro habremos comprometido el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Como él, muchos otros funcionarios aluden a unos deberes crípticos, a “hacer lo que hay que hacer”, a una tarea que se asume con pesadumbre. Es una manera hipócrita de referirse a la militarización de la seguridad pública y al debilitamiento de las garantías constitucionales al que los ciudadanos estamos expuestos cuando las fuerzas élite entran al campo de acción.

Los familiares del personal de seguridad asesinado en cumplimiento de su deber merecen todo nuestro respeto y solidaridad, así como un acompañamiento del Estado que vaya más allá de los dobleces del Dios, Unión, Libertad. Mas la reflexión a la que los salvadoreños estamos obligados hoy no es solo a que estamos perdiendo policías como efectivos de una guerra no declarada; estamos perdiendo a la Policía.

Si con la justificación de una cruzada antipandillas aceptamos que los agentes actúen al margen de la ley habremos perdido todos, y la Policía Nacional Civil lo habrá perdido todo.

 

Cimientos podridos. De Roberto Valencia

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Roberto Valencia, 24 marzo 2017 / EL FARO

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿…?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

Reprobados en derechos humanos. De Mario Vega

Deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia, lo estamos convirtiendo en dos.

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 24 marzo 2017 / EDH

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer recientemente su informe sobre los derechos humanos de 2016. En relación a El Salvador, el informe recopila informaciones que reflejan el poco aprecio que a la vida humana se le da en nuestro país. El informe habla tanto del irrespeto a los derechos humanos que hacen los miembros de pandillas como los miembros de las fuerzas de seguridad. En relación a los primeros, el informe dice: “Los principales problemas de derechos humanos se derivan de la extorsión generalizada y otros delitos en comunidades pobres de todo el país”. Más adelante añaden: “Cada pandilla tiene su propio territorio controlado. Los miembros de las pandillas no permiten que las personas que viven en una zona controlada por otra pandilla entren en su territorio, incluso cuando viajan en transporte público. Las pandillas obligan a las personas a presentar tarjetas de identificación (que contienen sus direcciones) para determinar adónde viven. Si los miembros de una pandilla descubren que una persona vive en el territorio de una pandilla rival, esa persona podría ser asesinada, golpeada o impedida de entrar en el territorio”.

En relación a las fuerzas de seguridad, el informe afirma: “Durante el año no hubo informes verificados de que el gobierno o sus agentes hubieran cometido asesinatos por motivos políticos. Sin embargo, hubo reportes de involucramiento de las fuerzas de seguridad en asesinatos ilegales. A partir de octubre, el Fiscal General estaba investigando 53 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. Uno ocurrió en 2013, ninguno en 2014, 11 en 2015 y 41 en 2016. La Fiscalía anunció también la formación de un Grupo Especial contra la Impunidad, dedicado a investigar este tipo de delitos. Hasta marzo, la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había recibido 12 denuncias de presuntos asesinatos ilegales cometidos por agentes de seguridad, militares y otros funcionarios públicos, y encontró pruebas sustanciales en dos casos. En septiembre, la PDDH declaró que tenía conocimiento de aproximadamente 50 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. De enero a julio, la Oficina de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que 12 oficiales de la PNC fueron acusados de homicidio. Todos, menos uno de los presuntos homicidios, fueron cometidos mientras los oficiales acusados estaban de servicio”.

Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos las personas se inclinan a reconocer como tales los cometidos por las pandillas, en tanto que los cometidos por las fuerzas de seguridad se consideran como justificados, a pesar que los niveles de crueldad y arbitrariedad utilizados son similares. Por la misma razón, se acusa sin mayor reflexión de aliados o de miembros de pandillas a las personas, organizaciones e iglesias que señalan los abusos de las autoridades. Esta vez, el señalamiento lo hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, del cual nadie sensato afirmará ser un aliado de las pandillas. Más bien, deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia lo estamos convirtiendo en dos. En la medida que la población resulta víctima de uno u otro bando, la desesperanza aumenta y eso es muy peligroso para el país. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza, estamos aún a tiempo para reaccionar.

Carta a la fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 7 marzo 2017 / EDH

Estimados fiscales:
Lo que comenzó como “caso Daniel”, se convirtió rápido en el “caso PNC Altavista”, cuando la Unidad de Control de la PNC se dio cuenta que el arresto de Daniel Alemán fue arbitrario y que los agentes, en vez de reconocer su error, trataron de encubrirlo con otro más grave, sembrándole al detenido una libra de marihuana. Entonces, ya cometieron un delito. Esto se hizo evidente cuando dos de los agentes involucrados fueron detenidos, luego de que Asuntos Internos encontró las evidencias de que los traficantes de droga eran ellos mismos.

Era el momento para liberar a Daniel. Pero diario hoyel director de la PNC, en vez de rectificar el caso ante la fiscalía, se inventó otro: Dijo en televisión que ahora lo iban acusar de extorsión. Cotto no sólo dio información falsa (porque esta investigación de extorsión nunca involucró a Daniel Alemán), sino nuevamente violó la ley: Mandó a dos policías a Mariona a “imputar” a Daniel del nuevo “delito”. Pero ojo: Ustedes saben que no es la PNC que tiene derecho de meterse a un penal para “imputar” a un detenido que ya está a las ordenes del juez. Sólo ustedes, los fiscales, tienen esta facultad. Pero fueron dos policías, quienes nunca se identificaron y mantenían sus caras cubiertas. Un procedimiento nulo.

20170218_1623402-copyLo que hicieron no es intimar sino intimidar. A partir de este momento, ya no es el “caso PNC Altavista”, ahora es el “caso Howard Cotto”. Es más, sus colegas fiscales en Soyapango y también en la central de Santa Elena, no tenían rastro de este nuevo delito y de ninguna acusación adicional contra Daniel Alemán.

Pero luego, por arte de magia, apareció un fiscal presentando a otro juez un nuevo requerimiento contra Daniel, acusándolo de haber participado en extorsiones. Resulta que este segundo requerimiento contra Daniel tiene aun más errores e inconsistencias que el primero. Todo basado en información falsa de la PNC.

Uno se pregunta: ¿Manda Howard Cotto también en la fiscalía? ¿Se presta la fiscalía a cubrirle las espaldas a la policía cuando trata de encubrir sus errores con otros peores que ya son delitos y evidencias manipuladas? ¿No pasan estas acusaciones por el filtro de una investigación propia de la fiscalía?

Todavía hay tiempo para que ustedes, los fiscales, hagan su trabajo investigativo y dejen de desgastarse cubriendo los errores de la PNC. Si no, este caso al final se va a convertir en el “caso FGR”, sea por negligencia o por complicidad con los abusos policiales. Es tiempo que la FGR retire las acusaciones a Daniel y comience a investigar a la PNC.

Saludos,

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(más…)

Carta a la embajadora Jean Manes: Gracias a usted, podemos seguir durmiendo. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 29 julio 2016 / EDH

Dear Madam Ambassador:
En los últimos meses, recibimos señales interesantes de Washington: en el Senado, en el Congreso y en el Departamento de Estado expresaron preocupación por la corrupción y la impunidad en El Salvador, por la militarización de seguridad, por abusos policiales, por comandos de exterminio. Y en este contexto, tenía mucho sentido que el gobierno de Estados Unidos recomendaba la creación de una CICIES en nuestro país.

Me pregunto: ¿Qué habrá cambiado, para que usted, la nueva embajadora, ahora nos diga en televisión que no necesitamos ninguna CICIES, que Estados Unidos confía en las instituciones salvadoreñas – y que por lo tanto, nosotros también podemos confiar en la labor de la Fiscalía General, de la Policía Nacional Civil y el gobierno?

diario hoyEl gobierno no ha cambiado. El ministerio de Seguridad ha cambiado: se fue un ministro militante del PC, y vino otro militante de las FPL. La dirección de la PNC ha cambiado: un militante del partido gobernante sustituyó otro. Donde sí hubo cambio fue en la Fiscalía General de la República: Vino un nuevo fiscal, pero en los casos emblemáticos, contra los ex presidentes de la República bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y en el caso de El Chaparral, no se ve avances. Y hubo un cambio en la embajada de Estados Unidos. Vino usted. De paso sea dicho: Aunque no he tenido el gusto de saludarla, bienvenida, Madam Ambassador…

De repente Estados Unidos, por voz de la embajadora nueva, nos dice: No se preocupen, pueden confiar en su gobierno, en su fiscal general, en su policía. No es necesario desestabilizar al gobierno exigiendo una Comisión internacional e independiente, confíen en sus instituciones. Están en buenas manos, porque la embajadora se reúne semanalmente con el Fiscal General, y frecuentemente con el gabinete de Seguridad de Salvador Sánchez Cerén y con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Sigan durmiendo tranquilos.

No tiene idea, embajadora, cuánto me gustaría creerle; cuánto nos encantaría poder tener confianza en nuestras instituciones, en nuestros fiscales, en nuestros policías, en nuestros ministros y nuestro presidente…

Para recuperar esta confianza (porque la verdad es que la hemos perdido hace ratos), por favor díganos: ¿Qué es lo que realmente ha cambiado que justifique tener confianza? Ya que usted se reúne con tanta frecuencia con nuestras autoridades, usted debe saber.

¿Se terminó la impunidad?

¿Ya no hay corrupción ni impunidad? ¿Cómo, cuándo? ¿En qué casos concretos se rompió la impunidad? ¿Está preso Mauricio Funes y no nos dimos cuenta?

¿Ya no hay corrupción en los juzgados? Bueno, se han sustituido a unos jueces, ¿pero cuántos faltan?

¿Ya no hay abusos policiales? Bueno, se ha investigado una masacre, o más bien la muerte de una persona dentro de una masacre de nueve. Pero el jefe de la PNC sigue insistiendo que los miembros de su cuerpo élite actuaron correcto. Por tanto, van a seguir actuando igual…

¿Todos los casos de abusos policiales y de exterminio señalados en diferentes documentos oficiales de Washington se han satisfactoriamente investigados y resueltos? ¿Usted tiene garantías que no se van a repetir?

Quisiéramos ver un informe oficial de la embajada sobre todos estos casos. Luego pídanos confiar en nuestras instituciones.

Sincerely Yours,

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Shootings Further Divide a Nation Torn Over Race. The New York Times

 A spray-painted mural on a building on Foster Drive in Baton Rouge, La., on Thursday, where Alton Sterling was shot to death by a police officer two days earlier. Credit William Widmer for The New York Times

A spray-painted mural on a building on Foster Drive in Baton Rouge, La., on Thursday, where Alton Sterling was shot to death by a police officer two days earlier. Credit William Widmer for The New York Times

NEW YORK TOMES NYTFirst came the cellphone video of an African-American man being fatally shot by a Louisiana police officer, and the astonishing live feed of a Minnesota woman narrating the police killing of her African-American boyfriend during a traffic stop. Then came the horrific live television coverage of police officers being gunned down by a sniper at a march protesting the police shootings.

And suddenly, the panoply of fears and resentments that have made this a foreboding summer had been brought into sharp relief.

Police accountability and racial bias have been at the center of the civic debate since August 2014, when a black teenager was killed by a white officer in Ferguson, Mo., a suburb of St. Louis. Mass murders in Newtown, Conn.; Charleston, S.C.; Orlando, Fla., and too many other locales have revived gun violence as a social issue and national shame. Both black anger at police killings and the boiling frustrations of some whites who feel they are ceding their long-held place in society have been constant undercurrents in politics since January and the Iowa presidential caucuses.

Now, in the space of three days, the killings of two black men by Louisiana and Minnesota police officers and the retaliatory murders of five Dallas officers, this time by a black Army veteran, have coalesced all those concerns into a single expression of national angst. In the midst of one of the most consequential presidential campaigns in memory, those convulsive events raised the prospect of still deeper divides in a country already torn by racial and ideological animus.

Since the Thursday night sniper attack the national conversation has swung between bitterness and despair over seemingly unbridgeable gulfs in society. The New York Post’s front page blared “CIVIL WAR.” The Drudge Report warned in a headline that “Black Lives Kill.” Some Minnesota protesters on Thursday night chanted, “Kill the police.”

Police officers and sociologists alike say that racial tension is approaching a point last seen during the street riots that swept urban American in the late 1960s when disturbances erupted in places like the Los Angeles neighborhood of Watts and Detroit and Newark, during summers of deep discontent.

“Even in the 1960s and 1970s, when there was a lot of tension around policing and civil rights and the antiwar movement, we’d never seen anything like what happened in Dallas,” said Darrel W. Stephens, the executive director of the Major Cities Chiefs Association and an instructor at the Public Safety Leadership Program in the School of Education at Johns Hopkins University.

Mr. Stephens and other police officials said that departments were increasingly schooling officers in ways to avoid and defuse violent encounters with minorities. But other experts said the parade of cellphone videos depicting shootings of black men have only reinforced African-Americans’ conviction that little has changed in six decades.

“There is a constant bombardment of images of brutality against African-Americans, and not just brutality, but state-sponsored brutality,” said Paul Butler, a former federal prosecutor and a law professor at Georgetown University Law Center. This week’s videos, he said, were particularly devastating. “It’s visceral,” he said. “It hits you in the gut. It’s emotional and graphic, so it makes you feel worse.”

There are some parallels today to the 1960s. Those riots were largely touched off by violent encounters between blacks and the police. Scholars say and statistics show that attacks on police officers became an increasingly frequent African-American response to decades of inequality and mistreatment at that time.

The Kerner Commission, established by President Lyndon B. Johnson, reported in 1968 that “Our nation is moving toward two societies, one black, one white — separate but unequal.” And a white backlash became a driving force in the presidential campaign that year that saw a tough-talking Republican, Richard M. Nixon, end eight years of Democratic rule.

Whether this week’s violence presages a repeat of that history is, of course, an unknown, as the nation’s first black president nears the end of two terms in office and the two political parties move toward their national conventions this month.

But racial tensions are clearly rising. A June survey by the Pew Research Center found that only 46 percent of whites surveyed thought that race relations were generally good, a sharp drop from the 66 percent who held that opinion in June 2009, shortly after Mr. Obama took office. For blacks, the corresponding decline — to 34 percent last month from 59 percent in 2009 — was even steeper.

The same Pew survey found that about three-quarters of African-Americans thought that blacks in their communities were treated less fairly by the police than were whites; a bare 35 percent of whites felt the same.

In the hours after the Dallas ambush, stunned officials and civic leaders pleaded for citizens to repair the rips in the nation’s social fabric.

“Our profession is hurting,” said the Dallas police chief, David O. Brown, who is African-American. “Dallas officers are hurting. We are heartbroken. There are no words to describe the atrocity that occurred to our city. All I know is that this must stop, this divisiveness between our police and our citizens.”

The Rev. Bryan Carter echoed him at a Friday memorial service for the fallen officers, saying: “We refuse to hate each other. We commit to pray together.”

How the Dallas Shooting Unfolded:
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President Obama, speaking on Friday from Warsaw, where he was attending a two-day NATO summit meeting, said of the police, “Today is a wrenching reminder of the sacrifices they make for us.” He called the attack a “vicious, calculated and despicable attack on law enforcement.”

In a presidential race in which racial and ethnic divisions have become an issue, both Hillary Clinton and Donald J. Trump canceled political events on Friday. Mr. Trump called the events in Texas “an attack on our country.”

“It is a coordinated, premeditated assault on the men and women who keep us safe,” Mr. Trump said in a statement. “We must restore law and order.”

Mrs. Clinton wrote on Twitter on Friday, “I mourn for the officers shot while doing their sacred duty to protect peaceful protesters, for their families and all who serve with them.”

But on social media, there were salutes to the sniper, blame of the news media for dividing the nation, charges that black protesters had spread hysteria, calls for love, fear of civil war and laments that the country is headed toward an unbridgeable divide.

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Some activists said their movement would press on, demanding that the police be accountable. Aislinn Sol, a Black Lives Matter organizer in Chicago, said, “The disproportionate state-sponsored violence against African-Americans has not changed,” adding, “What we have seen is a change in the response.”

In interviews, a number of police officials said that they believed the only lasting solution to the violence and division was to end the glaring inequalities that fuel them, but that they saw little hope for that.

“We’re the most heavily armed violent society in the history of Western civilization and we dump this duty on 25-year-olds” in police departments, Ed Flynn, the police chief in Milwaukee, said in an interview before Thursday’s killings. “The problem for American policing is we’re learning the hard way that our political establishment finds it far easier to develop a constituency at the expense of our police than to solve these social problems.”

Perhaps it was Attorney General Loretta E. Lynch who captured the day’s mood. “This has been a week of profound grief and heartbreaking loss,” she said on Friday. “After the events of this week, Americans across our country are feeling a sense of helplessness, of uncertainty and of fear.”

“We must reject the easy impulses of bitterness and rancor,” she added, “and embrace the difficult work — but the important work, the vital work — of finding a path forward together.”

Here’s what we know about the shootings
in Dallas, Baton Rouge and Minnesota »

Dallas Police Chief David Brown, a Reformer, Becomes Face of Nation’s Shock

 Police Chief David O. Brown of Dallas at a prayer vigil on Friday.

Police Chief David O. Brown of Dallas at a prayer vigil on Friday.

After the killings in Dallas, David O. Brown, the city’s police chief, became the face of the nation’s shock.

NEW YORK TOMES NYTAt multiple news conferences, he sorted through a jumble of reports, some of them wrong, as he narrated the standoff between his officers and the gunman. But he also offered simple, emotional words: “We’re hurting,” he said on Friday morning, in a moment of shared public grief.

His appearances may also have evoked a more personal grief. Just weeks after Chief Brown became the leader of the Dallas Police Department in 2010, his own son fatally shot a police officer and another man before being killed in a confrontation with the police.

“My family has not only lost a son, but a fellow police officer and a private citizen lost their lives at the hands of our son,” he said in a statement at the time. “That hurts so deeply I cannot adequately express the sadness I feel inside my heart.”

Since taking over the Dallas department, one of the nation’s largest, Chief Brown, 55, has earned a national reputation as a progressive leader whose top priority is improving relations and reducing distrust between the police department and the city’s minority residents. His efforts began long before 2014, when the fatal police shooting of Michael Brown in Ferguson, Mo., and the chokehold death of Eric Garner in New York made such initiatives a necessity for many police chiefs.

Chief Brown “has been doing this before he had to,” said Chuck Wexler, director of the Police Executive Research Forum, a law enforcement policy group. “He recognized what happened, what is going on in the country.”

Chief Brown, who is African-American and a fourth-generation Dallas native, joined the city’s police force in 1983. In a panel discussion with Mr. Wexler’s group in 2014, he said that his 30 years on the force as well as stories told by his grandparents had taught him how, in some neighborhoods, police abuses are remembered for decades.

In Dallas, he has invited public scrutiny as police chiefs in few other cities have. While other departments often try to delay the public identification of officers involved in shootings, his department often releases the names.

Chief Brown’s main push has been geared toward reducing the use of force by officers in encounters with citizens. And he has had some success. Still, though the overall number of police shootings appears to have dropped substantially on his watch, the circumstances of some — including the fatal shooting of a mentally-ill man holding a screwdriver last year — have continued to draw criticism.

Chief Brown has drawn attention for his willingness to question even the most basic tenets of policing — like chasing bad guys under any circumstance.

While some departments have put restrictions on car chases — which can end in fatal smash-ups — Chief Brown began to question whether officers should even give chase on foot in certain instances, said Mr. Wexler, whose organization assisted in the city’s search for a police chief in 2010. Chief Brown’s concern, Mr. Wexler said, was whether such chases increased the risk of shootings by the police.

“It’s ironic this madman would pick Dallas, one of the cities that is a leader in reducing officer-involved shootings,” Mr. Wexler said.

A press representative for the City of Dallas said Chief Brown was declining interview requests.

Yet Chief Brown’s efforts have left him as a somewhat embattled figure in Dallas. He has fought with the police union over his emphasis on so-called community policing — the use of less-confrontational enforcement strategies — and his willingness to fire officers, dozens of them, often publicly.

“Chief Brown thinks that we should clean our own house before we expect others to clean theirs,” said Don Stafford, a retired member of the department who was one of the first black police officers to rise high in the ranks.

Chief Brown has been grappling with some grim statistics this year. Crime has ticked up, with the governor offering to send in state troopers.

Criticism does not seem to easily faze him. “Chief Vindictive, yadda, yadda, yadda,” he said during an interview in February, dismissing his critics within the department. “I mean that’s the badge of honor right there.”

In the same interview, with the Dallas Observer, he said his goal of orienting the department toward community policing was “worth getting fired over.”

The Dallas department’s national reputation had long been shaped by the events of November 1963. After President Kennedy was assassinated, his killer was gunned down in the basement of Police Headquarters while in custody, under lax security.

“This happened in their town and then the guy gets killed in their police station,” Thomas A. Reppetto, a police historian, said in an interview. “It just destroyed the reputation of the department.”

Chief Brown’s efforts have raised the department’s profile while putting it at the forefront of a national debate over how the police can regain the trust of citizens.

In Thursday’s attack, the deadliest for law enforcement officers in America since Sept. 11, 2001, he saw further urgency in this debate.

“All I know is that this must stop — this divisiveness between our police and our citizens,” he said on Friday.