Cimientos podridos. De Roberto Valencia

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Roberto Valencia, 24 marzo 2017 / EL FARO

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿…?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

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