Lo pueden hacer, pero… De Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 29 abril 2016 / LPG

La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto invitó al “Foro de Debate sobre Proyecto de Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones” presentado por el Gobierno. Fue amplia la convocatoria y diversa la participación. Debate no hubo. El foro se concentró en analizar la justificación fiscal de la propuesta del gobierno de “pedir prestados” cuatro mil millones de dólares ($4,000 mil millones) o un poquito más, que están en las cuentas individuales de los cotizantes a los fondos de pensiones.
la prensa graficaEl ministro de Hacienda se ocupó, con suficiente tiempo y con lujo de detalle, en demostrar la crisis fiscal que actualmente enfrenta el Ejecutivo y seguramente continuará enfrentando en el futuro. El ministro no abordó el sistema de pensiones. Se concentró en el tema fiscal haciendo un llamado de urgente ayuda para posponer la crisis fiscal. Se cuidó, exitosamente, de no mencionar ni un solo tema que debería estar incluido en un debate sobre el sistema de pensiones.La pensión por vejez depende del monto de aportación que el trabajador hace durante su vida productiva. Y el monto de la aportación depende de las condiciones del mercado laboral. De esto no se dijo nada. La pensión por vejez depende del número de años de cotización, el porcentaje que se aporta y el tiempo de sobrevivencia al momento de retiro. Nada de esto se dijo. Lo estructural del sistema no se abordó. Interesa tener autorización y para hacer uso de dinero ajeno para enfrentar la falta de recursos “frescos”. Y esto, es demandar un préstamo interno.

Alrededor de 2 de cada 10 personas en edad productiva son las que esperan tener una pensión después de 25 años de cotizaciones continuas o discontinuas, y al haber cumplido 60 años los hombres y 55 años las mujeres. El proyecto de reforma el Ejecutivo ignora el monto ahorrado y capitalizado. Cuando llegue el momento de retirarse del mercado laboral, el cálculo de la pensión será atribución del Ministerio de Hacienda que las incluirá en la Ley de Presupuesto General del Estado.

En el Foro hicieron entrega de una copia del Proyecto. Uno de los conferencistas invitados a analizar los “Aspectos Constitucionales del Proyecto de Reforma” llamó la atención en el artículo 232D en el que define los criterios que el Ministerio de Hacienda tomará en cuenta para calcular la pensión. El primero es el “Índice de Precios al Consumidor” y el segundo “los recursos disponibles del Gobierno Central”. Esto es un desincentivo al ahorro previsional porque la propuesta de reforma para que los cotizantes “otorguen un préstamo al gobierno” pone, a futuro, todos los cotizantes a nivel de salario mínimo justificándolo en la “solidaridad” y en la “responsabilidad intergeneracional”.

El Foro sirvió para ilustrarse. El gobierno quiere tomar un préstamo multimillonario para financiar en el corto plazo el multimillonario desbalance fiscal. El conferencista responsable de reflexionar sobre los aspectos constitucionales llamó la atención de la audiencia al “cómo” analizando el mandato constitucional del artículo 148: Corresponde al Órgano Legislativo facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios, dentro o fuera de la República, cuando una grave o urgente necesidad lo demande y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público. Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del Órgano Legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de dos tercios de votos de los diputados electos. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito, deberá expresar claramente el fin al que se destinarán los fondos y las condiciones esenciales de la operación.

En la versión del Proyecto que difundieron los medios masivos el miércoles, el artículo 232D del Proyecto de Reforma dice: “El monto (de pensión al cotizante) se establecerá anualmente por el Ministerio de Hacienda en la Ley General de Presupuesto, conforme a la metodología que se establezca en la normativa técnica pertinente”. Y eso ¿qué significa? ¿El Órgano Ejecutivo quiere que los cotizantes que estamos capitalizando nuestro ahorro de pensiones con una rentabilidad mínima le otorguemos un préstamo de $4,000 millones sin explicar cómo cumplirá con la responsabilidad de cancelarlo? ¿Quién otorga un préstamo sin saber cómo le van a pagar de vuelta? ¿Es esto constitucional? ¡Cuidado!

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