Corrupción: de la zona gris hacia la negra. De Roberto Rubio

roberto rubioRoberto Rubio, 18 julio 2016 / LPG

Cuando en 2009 hubo cambio de gobierno, y el discurso presidencial de toma de posesión estuvo lleno de alusiones al combate a la corrupción, muchos creyeron que al fin se comenzaría a iluminar la lucha contra la corrupción e impunidad. Craso error. Muchos no entendieron las dinámicas del poder, ni conocían las mañas de los nuevos inquilinos, y menos de las de su líder.

Más allá de los discursos y promesas (con excepción de algunas acciones impulsadas por el ministro de Obras Públicas y el FISDL), el gobierno anterior se desarrolló en una zona gris. Junto con el partido oficial, se intentó obstaculizar el acceso a la información pública: buscando quitarle dientes a la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública por medio de la la prensa graficamodificación de su reglamento, dilatando la puesta en marcha del Instituto de Acceso a la Información, negando información sobre los gastos de publicidad de Casa Presidencial (CAPRES) o los viajes del presidente, así como ocultando información sobre asesores en la Asamblea Legislativa. Asimismo, la zona gris se ubicó en el campo de la protección de funcionarios involucrados en posibles hechos de corrupción y conflicto de interés, como fue la defensa que hizo del anterior presidente de la Asamblea Legislativa la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.

El actual gobierno viene dando señales preocupantes de transitar de esa zona gris hacia la negra. En efecto, ya no solo se sigue obstaculizando el acceso a la información con el creciente uso/abuso de las declaraciones de reserva, sino que se recurre a acciones de difamación e intimidación hacia los que buscan combatir la opacidad, la corrupción e impunidad… hasta llegar al posible encubrimiento de un delito.

Este gobierno sigue negando información sobre los viajes del expresidente Funes, sobre los gastos de publicidad y el detalle de las auditorías de la Presidencia, se “pierden” documentos y registros en CAPRES y el Ministerio de Economía, se hacen los locos sobre el rol de sus altos funcionarios durante la tregua o sobre el tráfico de armas al interior de la Fuerza Armada. Asimismo, se sigue defendiendo a funcionarios señalados públicamente de cometer hechos delictivos, como la presencia de altos dirigentes del partido, e irónicamente del secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, en la amenazante manifestación organizada por el alcalde de San Salvador ante la Fiscalía, de cara a las investigaciones de esta sobre el caso de los troles. Más recientemente, frente a los gastos festivos de CEPA, la secretaría en mención monta una de sus típicas operaciones de apariencia, solicitando a CEPA la devolución de unos $5 mil, intentando así contener las exigencias ciudadanas para una verdadera rendición de cuentas de la autónoma. También se ha seguido poniendo obstáculos a los esfuerzos que hace la Sección de Probidad de la CSJ, o para contar con una buena Ley de Probidad.

Preocupan algunas señales de tránsito hacia la zona negra de la difamación e intimidación, y el encubrimiento delictivo: los que solicitan apoyo internacional para combatir la corrupción son golpistas; los que protestan contra la corrupción son agredidos; la contribución de la Sala de lo Constitucional al saneamiento de una Corte de Cuentas desprestigiada e históricamente protectora de la corrupción es también una acción golpista.

También hemos asistido a un manejo burdo, oscuro y posiblemente delictivo de un accidente de tránsito, por parte de CAPRES, donde una persona perdió la vida. Las evidencias de terreno e informaciones publicadas sobre el tema, el comportamiento misterioso de Casa Presidencial, el sentido común, apuntan a que el vehículo está vinculado a un alto funcionario de CAPRES que no se quiere dar a conocer. Se contaminó la escena del accidente por parte del Batallón Presidencial, se borró la evidencia del accidente, se dieron informaciones contradictorias entre los voceros oficiales, se negó la existencia de registro de vehículos asignados y sus misiones. En conclusión, en este caso de zona negra, que nos recuerdan los gobiernos militares, se configura una acción penal para los involucrados en el encubrimiento de un homicidio culposo. –

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s