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Penoso. De Sandra de Barraza

Pero, el siniestro en el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que el Ministerio de Trabajo se ocupó de acosar a los generadores de empleo privado y se olvidó de supervisar las condiciones del empleo público.

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Sandra de Barraza, 14 julio 2017 / LPG

Hace una semana perdió la vida una colaboradora del Ministerio de Hacienda. Días después falleció otra. En el centro hospitalario aún se encuentran varios colaboradores y algunos en estado crítico. La noticia impactó, ha estado en el comentario público toda la semana y seguramente, continuará. A los familiares que están en zozobra, expresiones de solidaridad.

LPGEl suceso ha puesto en evidencia, otra vez, que la ley no se aplica por igual. La “Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo” fue decretada en enero de 2010. El decreto fue aprobado y su tiempo de aplicación se flexibilizó. Entró en vigor dos años después para dar tiempo al acomodo.

Dice el artículo n.º 4 que “la ley se aplicará a todos los lugares de trabajo, sean privados o del Estado. Ninguna institución autónoma podrá alegar la existencia de un régimen especial o preferente para incumplir sus disposiciones”.

Claramente define el ente responsable. El artículo n.º 5 dice “será competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Previsión Social, y de la Dirección General de Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento y promoción de la presente ley; así como desarrollar funciones de vigilancia, asesoramiento técnico y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, y sancionarlos por infracciones”.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo se hicieron sentir cuando inició la ley. Llegaron para hacer su trabajo a empresas de todo tamaño y actividad económica, a colegios y universidades y a muchas otras. Viví y observé dos casos de empresas agrícolas y de servicios.

Con la ley en mano, evaluaron. Con ley en mano hicieron cuanta observación pudieron. Las observaciones fueron de obligatorio cumplimiento y sujetas de supervisión y sanción correspondiente. La autoridad la hicieron sentir. Dejaron notas para hacerse presente a las oficinas centrales y al hacerlo, se comprobaban colas de “afectados” por las observaciones de la inspectoría. Nadie pudo quejarse. La ley es la ley y la intervención de los inspectores dio la sensación de acoso institucional.

Lo establecido en la ley tuvo impacto presupuestario. Las exigencias en construcción e infraestructura tuvieron costos y nadie puede negar que impactaron el presupuesto de inversiones. A los inspectores no les importó si la empresa tenía disponibilidad financiera para construir nuevos accesos, para cambiar las orientaciones de las puertas, para hacer las señalizaciones correspondientes y todas las demás exigencias legales.

El Ministerio de Trabajo, vía sus dos direcciones responsables, fue implacable con el empleo en el sector privado. Acosó y acosó, y siguió acosando en el marco de su atribución de vigilancia y supervisión. Los privados tuvieron dos años para ajustarse. Y entrada en vigor la ley, a nadie le importó la situación financiera de la empresa. Así fueron.

Pero, el siniestro en el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que el Ministerio de Trabajo se ocupó de acosar a los generadores de empleo privado y se olvidó de supervisar las condiciones del empleo público. Peor aún. El Ministerio de Trabajo hasta encuentra justificación para que en los empleos públicos no cumpla la ley. Penosa declaración.

¿Por qué la excepción? ¿Por qué el privilegio? Hay que preguntar porque la ley se aplica por igual a todos. El siniestro obliga a que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pregunte por el “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales”. A ningún empleador privado le perdonan no tenerlo. Y más, le obligan a renovarlo periódicamente y demostrar el presupuesto para su ejecución.

Deben preguntar por el “Plan de emergencia y evacuación” a que todo empleador privado y público está obligado. También debe preguntar por el “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales” porque el Ministerio de Hacienda tiene más de 15 trabajadores y está obligado a tenerlo. ¿No?

El Ministerio de Trabajo no debe olvidar que la ley manda a contar con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y que su conformación depende del número de empleados y su ubicación. ¿Comprobaron las competencias del personal de Hacienda? Pregunto porque los riesgos no se dan exclusivamente en el empleo privado.

¿Y los extintores? ¿Dónde estaban? ¿El número corresponde al área? ¿Estaban cargados? ¿Sabían utilizarlos? Hay que preguntar. Esto es lo que supervisan los inspectores del Ministerio de Trabajo en lugares de trabajo privado. Y se ocupan en buscar para poner infracción.