Barcos a la deriva. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 agosto 2016 / EDH

En 1865, el novelista británico Lewis Carroll publicó su obra llamada “Alicia en el país de las maravillas”. En uno de los pasajes más celebres de la misma, Alicia, su protagonista, está  perdida en un camino y al llegar a una bifurcación, no sabe cuál dirección escoger. En ese lugar Alicia se encuentra al Gato y le pregunta: “¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?” A lo que el Gato respondió: “Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar”. Alicia contestó: “¡No me importa mucho!”. Y el Gato contestó: “Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes”. Este pequeño fragmento representa lo que ha sucedido en El Salvador en las últimas décadas. No sabemos adónde  vamos como país, muchas instituciones parecen barcos a la deriva.

diario hoyBuena parte de no saber el rumbo que llevamos como país es consecuencia de la falta de enfoque de los funcionarios encargados de tomar decisiones trascendentales. Y esta falta de orientación de muchos funcionarios tiene que ver con la poca claridad sobre lo que significa la función pública. La retórica que siempre hemos escuchado al momento que se realizan las elecciones es que van a “trabajar en beneficio del país”, “velar por los intereses generales”, “defender los derechos de la ciudadanía”; todos estos conceptos han sido de puro uso publicitario, acompañados con poca o nula ejecución. Muchos de los funcionarios han utilizado estas frases antes de ocupar sus puestos y luego no tienen ni idea o se les olvidan los fines para los que fueron seleccionados.

El  servicio civil o función pública se define como “un conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las personas que integran éste […]. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general” (Carta Iberoamericana de la Función Pública).

El régimen del servicio civil tiene una doble finalidad; en primer lugar, asegurar el correcto funcionamiento del aparato laboral estatal, en respeto a los derechos fundamentales de todo trabajador y como garantía de estabilidad laboral de los empleados públicos. En ese sentido, se establecen una serie de derechos en favor de los miembros del servicio civil, tendente a garantiza la inamovilidad (estabilidad laboral), desarrollo al interior de la institución con base en la meritocracia.

Por otra parte, la regulación del servicio civil es una pieza fundamental en el efectivo funcionamiento del sistema democrático y en la vigencia del Estado de Derecho, ya que asegura en última instancia la ejecución de las políticas públicas a través de un cuerpo de servidores públicos lo suficientemente preparado como para tomar las mejores decisiones posibles. La Sala de lo Constitucional ha señalado esta finalidad del régimen del servicio civil al establecer que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y, por tanto responden al interés general.

Nada de lo anterior ha sido entendido por muchos de nuestros funcionarios. En El Salvador ya es normal que se tenga a disposición una cantidad considerable de dinero y esa sea utilizada a discreción. Los titulares de las instituciones deben de tener poder de ejecución para que las decisiones sean más fluidas, pero no tanto como para pretender manejar una institución como que si fuera su casa. Y la arbitrariedad en la toma de decisiones no solo tiene que ver con aspectos de despilfarro financiero, sino también en medidas que afectan los derechos de los demás, como por ejemplo el “engavetamiento” de casos o solicitudes, la omisión de investigación, la creación de situaciones falsas para beneficiar o afectar a intereses particulares.

Los casos que están siendo investigados actualmente por mal manejo de bienes-fondos o por actos presuntamente arbitrarios (Corte de Cuentas, ex Fiscal General, ex Presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa) no habrían sucedido si de verdad los funcionarios supieran lo que implica el manejo de la cosa pública. Estamos claros que muchos no están enterados del mandato que la Constitución les ha otorgado y hay que ir pensando en ni siquiera considerarlos como candidatos para futuras elecciones.

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