Hay corrupción de todos. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

22 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Hoy quería escribir un bonito mensaje de Navidad… pero se me atravesaron los “audios presidenciales” publicados por la Revista Factum. En ellos se puede escuchar a los expresidentes Funes y Saca conspirar contra el expresidente Flores; citando textualmente el reportaje: “Funes y Saca supieron, en 2013, de la existencia de un documento que comprometía a Flores con posibles ilícitos y decidieron obtenerlo a toda costa, no para favorecer a la justicia, sino para atacar al adversario”. Una trama de complot político digno de una serie de Netflix.

Lo que revelan esos audios es algo que ya sabíamos o que al menos sospechábamos: las instituciones de nuestro país han sido corrompidas durante décadas y el Órgano Ejecutivo ha sido utilizado para fines personales y no para servir plenamente a la población. Eso lo han hecho tanto gobiernos de ARENA como del FMLN; todos los gobiernos post-Acuerdos de Paz. Unos más y otros menos, pero hay que tener claro algo: corrupción es corrupción, venga de donde venga.

A pesar de lo anterior, es curioso y lamentable cómo los sesgos todavía se encuentran presentes en la ciudadanía y nublan el pensamiento racional, ya sea por prejuicios personales o por conveniencia política. En todos los lados del espectro político han sucedido hechos cuestionables relacionados con la corrupción, pero muchas veces se tiende a defender a quienes nos simpatizan, aunque hayan actuado mal; y se acusa a la hoguera al oponente, sin importar la gravedad del asunto.

Cada quien está en el derecho de sacar sus propias conclusiones del reporte periodístico. Para unos, lo más importante del reportaje de Factum es que Francisco Flores recibió dinero de Taiwán destinado para damnificados por el terremoto de 2001 y lo desvió a cuentas de su partido. Para otros lo más relevante es que GANA nació del brazo del expresidente Antonio Saca y financiado indebidamente con dinero público. Y para otros, que “el gobierno del cambio” cayó en lo que tanto criticaba. Lo cierto es que hay corrupción de todos lados.

En las últimas décadas se han utilizado los escasos recursos del Estado para sobornar, sufragar gastos de asuntos que nada tienen que ver con cuestiones públicas, disponer de instituciones estatales para intereses personales. Y los que hemos perdido con estas actuaciones de los funcionarios somos todos los ciudadanos; tenemos deplorables servicios de salud, educación y seguridad pública. La calidad de vida de todos los salvadoreños ha sido desmejorada por culpa de la corrupción.

Como sociedad debemos madurar y aprender a ver la viga incrustada en el ojo propio, no solo la paja que anda rondando los ojos ajenos. Es fácil ver la corrupción del equipo contrario, pero, para ser coherentes, deberíamos ser los primeros en poner el grito en el cielo por los malos actos de quienes nos simpatizan. Uno de los problemas que tenemos como país es que hemos normalizado la corrupción por sectores o de quienes nos caen bien, sin pensar que esto lo único que incentiva es a multiplicarla. La finalidad debería ser combatir la corrupción de todos.

Que la época navideña nos sirva para reflexionar sobre la sociedad que queremos; una que trabaja junta, sin importar la ideología política, para sacar adelante al país; o una que siempre viva en confrontación defendiendo intereses de los que nos simpatizan. Una sociedad que se desarrolle por el buen camino solo la vamos a lograr estableciendo acuerdos mínimos en que todos los sectores estemos de acuerdo. Uno de los asuntos en los que todos deberíamos concordar es que la corrupción no se tolera de ningún lado.

Postdata: Feliz Navidad y felices fiestas a todos los que se toman el tiempo de leer esta columna. Gracias.

“Saqueo público”. De Eduardo Torres

Eduardo Torres, abogado y ex-director editorial de El Diario de Hoy

12 junio 2018 / El Diario de Hoy

Rechazo categóricamente que haya recibido dinero de la Administración Saca, de la de Funes, ni de nadie, para comprar mi conciencia en el ejercicio de la función periodística. Ni dinero público ni dinero privado. Me honra que durante mis décadas de ejercicio periodístico nadie llegara siquiera a insinuarme la posibilidad de una “menta”, quizá porque mi conciencia nunca estuvo, está, ni estará a la venta.

Fiel a mis convicciones he evitado siempre referirme a procesos como el de “Saqueo público”, que le competen a la Fiscalía General de la República, a jueces de primera instancia y a tribunales superiores de justicia, ya que por principio y por formación creo, para todos, en el principio de inocencia y en el debido proceso, sea el caso de mayor o menor envergadura. Debo en esta única oportunidad romper esta norma de vida por haber sacado “terminación” de la tormenta desatada con el caso anticorrupción destapado la semana anterior.

La historia fue así: una publicación digital saca un “supuesto listado” (titulado así) de periodistas que habrían recibido dinero de las partidas secretas de las administraciones de Funes y Saca; alguien toma los nombres y los tuitea y esto es retuiteado por alguien con mayor alcance en la blogosfera. Hasta ahí nada que aclarar, ya que en especial el mundo del Twitter se presta para eso y más; tampoco se puede pretender ponerle puertas al campo.

De esos dos “supuestos listados” Mauricio Funes escribe un Tweet mencionando cuatro nombres, incluido el mío —señalando a tres medios de comunicación donde trabajamos y/o trabajan las personas citadas— y le pregunta al Fiscal General: “Señor Fiscal, va a incriminar a los periodistas que según su criteriado estrella recibieron dineros ilegales de partidas de Capres?”. Es esto lo que me obliga a aclarar que jamás recibí un solo centavo ni público ni privado para comprar mi voluntad durante el ejercicio de mi labor periodística. Mi conciencia nunca ha estado, está, ni estará a la venta.

Las órdenes de captura emanadas por la Fiscalía General de la República en contra de Mauricio Funes y de treinta personas más en el marco de la megaoperación “Saqueo público’” es por mucho el tema del momento. Escucho la defensa mediática de Funes, como la de este pasado sábado en CNN en Español, y los cuestionamientos al o los testigos criteriados en el caso, así como sus señalamientos hacia el Fiscal. También escuché ayer la reveladora entrevista del Fiscal General en TCS y los argumentos que dan los fiscales del caso.

En 1999, invitado por USAID, fui uno de tres salvadoreños que asistimos a un congreso internacional anticorrupción, celebrado en Durban, Sudáfrica. Dos cosas me quedaron claras, entre otros: la primera es que hay que quitar discrecionalidad en el uso de los fondos públicos; y la segunda, que hay que romper los vacíos legales (“loopholes”) —evitar que existan limbos jurídicos—. Los fondos públicos son sagrados, su apropiación repercute aún más donde la vulnerabilidad es mayor; va en contra del ser humano, que es el centro de la actividad del Estado.

Apoyo la lucha anticorrupción.

 

Carta al dúo canciller & fiscal: Yo no fui, fue Teté, pégale, pégale al quien fue. De Paolo Luers

Paolo Luers, 10 febrero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Señores:
Es vergonzante ver como dos de los funcionarios más importantes para defender los intereses del Estado se tiran la pelota en el caso Odebrecht-Funes. O mejor dicho, el escándalo Odebrecht-Joao Santana-Lula-Vanda-Funes.

• Odebrecht: el magnate brasileño de construcción, que sobornó a presidentes candidatos en toda América Latina;
• Joao Santana: el publicista de Lula y Funes, quien confesó haber conseguido los 3 millones de dólares para la campaña de Funes (por cierto a su cargo);
• Lula: el presidente de Brasil, quien se encargó de pedir a su chero Odebrecht que suelte estos 3 millones para su otro chero Funes;
• Vanda: la que quería ser primera dama y sirvió de intermediaria entre Lula y Funes, según la confesión de Santana;
• Funes: el hombre que hicieron presidente con fondos ilegales.

Todo esto ya se sabía desde hace meses, y quedó confirmado cuando Santana negoció con la fiscalía brasileña y le puso del dedo a sus cheros Lula, Vanda y Mauricio.

También lo sabe el fiscal general Douglas Martínez, así como sabe del transe de Funes con Astaldi, la empresa que abandonó el proyecto Chaparral con 129 millones autorizados por el presidente Funes. Pero Funes, escondido en Managua, todavía no está siendo acusado penalmente, ni en el caso Chaparral, ni por el enriquecimiento ya comprobado por la cámara de lo civil – y tampoco en el caso Odebrecht.

Dice el fiscal que no puede hacer nada, porque no le han mandado la documentación, dado que Cancillería no le tramita el acuerdo formal con Brasil. Y dice el canciller que tal trámite nunca ha existido. Tiene la desfachatez de mandar una carta al Diario de Hoy, que había citado las declaraciones del fiscal general, y exigir “la rectificación de la noticia”.

Igual de vergonzosas son las declaraciones del fiscal, que EDH publicó junto a la carta del canciller. Los dos se están tirando la pelota – y mientras tanto nadie hace nada para investigar y llevar a la justicia el caso Odebrecht-Funes, o sea del financiamiento de campaña con fondos de procedencia ilegal. Así, entre varios cocineros, se cocina la impunidad.

El fiscal, en todos sus cantinflescos alegatos, no menciona que él fue invitado por la fiscalía de Brasil a una reunión con los fiscales de los países donde gobernantes o candidatos recibieron fondos ilegales de Odebrecht para coordinar la investigación. Pero don Douglas no fue, con la absurda excusa que salió muy caro el viaje. Mucho más caro nos sale que el caso Funes queda en el aire.

En vez de ir a recoger la documentación ofrecida, el fiscal le tira la pelota al canciller, y este se la devuelve fingiendo demencia. Mientras tanto, su amigo y mentor Mauricio Funes, feliz en Managua, gastando la fortuna con la cual salió de Casa Presidencial.

Menos mal que el fiscal, en la misma conferencia, dice que aun no sabe si quiere reelegirse. Igual que Hugo Martínez aun no ha decidido si va a correr por la candidatura presidencial. Hagan el intento, señores, y recibirán la factura por este burdo juego de apariencias.

Saludos,

El AirBnB de Ortega. De Cristina López

Cristina López, 31 octubre 2016 / EDH

Una de las mejores cosas que han sucedido como consecuencia de la innovación tecnológica es la “economía compartida”. Se le llama así a las aplicaciones de teléfonos móviles que permiten a individuos prestar servicios a pequeña escala que antes solo prestaban compañías. Es así como cualquier particular puede, con su propio vehículo, prestar servicios de transporte a pasajeros que así lo necesitan a través de aplicaciones como Uber o Lyft. Lo mismo sucede con servicios de hospedaje gracias a la aplicación AirBnB. El nombre de la aplicación es un derivado de “bed and breakfast”, un tipo de servicio de hospedaje de menor escala que un hotel. Cualquiera ahora puede poner su espacio (cuartos, apartamentos, incluso casas de vacación enteras) en AirBnB y rentarlo a particulares interesados en quedarse ahí.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha convertido a su país esencialmente en un AirBnB para huéspedes con un perfil muy específico. En común, tienen que los investiga la justicia. Desde su primer mandato en los Ochenta, Ortega utilizó su poder para esconder a quienes tenían razón para temerle a la justicia, como el colombiano Pablo Escobar. Ahora, sus últimos huéspedes tienen un perfil un tanto más bajo. Desde hace unos meses, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes se acogió al “airBnB” de Ortega —el asilo político es parte de las comodidades que ofrece— cuando se supo que había investigaciones sobre su patrimonio familiar y su inexplicable crecimiento.

Otros huéspedes asilados (u hospedados, si cabe la metáfora) incluyen a personas con vínculos a las guerrillas colombianas FARC y a un italiano condenado por haber participado en el secuestro y asesinato de un exprimer ministro (a ese se le concedió la nacionalidad nicaragüense, por lo que cualquier intento de extraditarlo es inútil). Es decir, otra de las comodidades que ofrece el airBnB de Ortega es una red impecable para hacer networking que sin duda podrá aprovechar el expresidente Funes.

Es imposible determinar qué obtiene Ortega a cambio de poner su país y sus instituciones legales al servicio de aquellos que necesitan refugio cuando están jugando escondelero con el Ministerio Público de sus países. ¿Lo hará movido por la caridad? ¿O será por la solidaridad, en un hoy por ti mañana por mi que nosotros, los ciudadanos de a pie y sin conexiones políticas, jamás entenderíamos? Es posible que al alcanzar ciertos niveles de conductas que involucran el uso del poder público para el beneficio personal se forme algún tipo de club o sociedad secreta, disponible solo a expresidentes con cuestionables patrones de enriquecimiento y manejo de fondos estatales.

Sería interesantísimo hacerle todas estas preguntas al expresidente Funes. ¿Cómo le solicitó asilo a Ortega? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Un mensaje por WhatsApp? ¿Tendrán, como AirBnB, una aplicación móvil que le permite expeditar algo tan tedioso como un proceso legal de solicitud de asilo? Quizás en algún lugar, le queda algún tipo de integridad periodística y su asilo político no sea más que una excusa para desentrañar la trama de favores que seguramente hay detrás del AirBnB de Ortega. Le preguntaría yo, pero le ha dado por bloquear a cualquiera que difiera de sus ideas en Twitter.

@crislopezg

Corrupción: de la zona gris hacia la negra. De Roberto Rubio

Roberto Rubio, 18 julio 2016 / LPG

Cuando en 2009 hubo cambio de gobierno, y el discurso presidencial de toma de posesión estuvo lleno de alusiones al combate a la corrupción, muchos creyeron que al fin se comenzaría a iluminar la lucha contra la corrupción e impunidad. Craso error. Muchos no entendieron las dinámicas del poder, ni conocían las mañas de los nuevos inquilinos, y menos de las de su líder.

Más allá de los discursos y promesas (con excepción de algunas acciones impulsadas por el ministro de Obras Públicas y el FISDL), el gobierno anterior se desarrolló en una zona gris. Junto con el partido oficial, se intentó obstaculizar el acceso a la información pública: buscando quitarle dientes a la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública por medio de la modificación de su reglamento, dilatando la puesta en marcha del Instituto de Acceso a la Información, negando información sobre los gastos de publicidad de Casa Presidencial (CAPRES) o los viajes del presidente, así como ocultando información sobre asesores en la Asamblea Legislativa. Asimismo, la zona gris se ubicó en el campo de la protección de funcionarios involucrados en posibles hechos de corrupción y conflicto de interés, como fue la defensa que hizo del anterior presidente de la Asamblea Legislativa la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.

El actual gobierno viene dando señales preocupantes de transitar de esa zona gris hacia la negra. En efecto, ya no solo se sigue obstaculizando el acceso a la información con el creciente uso/abuso de las declaraciones de reserva, sino que se recurre a acciones de difamación e intimidación hacia los que buscan combatir la opacidad, la corrupción e impunidad… hasta llegar al posible encubrimiento de un delito.

Este gobierno sigue negando información sobre los viajes del expresidente Funes, sobre los gastos de publicidad y el detalle de las auditorías de la Presidencia, se “pierden” documentos y registros en CAPRES y el Ministerio de Economía, se hacen los locos sobre el rol de sus altos funcionarios durante la tregua o sobre el tráfico de armas al interior de la Fuerza Armada. Asimismo, se sigue defendiendo a funcionarios señalados públicamente de cometer hechos delictivos, como la presencia de altos dirigentes del partido, e irónicamente del secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, en la amenazante manifestación organizada por el alcalde de San Salvador ante la Fiscalía, de cara a las investigaciones de esta sobre el caso de los troles. Más recientemente, frente a los gastos festivos de CEPA, la secretaría en mención monta una de sus típicas operaciones de apariencia, solicitando a CEPA la devolución de unos $5 mil, intentando así contener las exigencias ciudadanas para una verdadera rendición de cuentas de la autónoma. También se ha seguido poniendo obstáculos a los esfuerzos que hace la Sección de Probidad de la CSJ, o para contar con una buena Ley de Probidad.

Preocupan algunas señales de tránsito hacia la zona negra de la difamación e intimidación, y el encubrimiento delictivo: los que solicitan apoyo internacional para combatir la corrupción son golpistas; los que protestan contra la corrupción son agredidos; la contribución de la Sala de lo Constitucional al saneamiento de una Corte de Cuentas desprestigiada e históricamente protectora de la corrupción es también una acción golpista.

También hemos asistido a un manejo burdo, oscuro y posiblemente delictivo de un accidente de tránsito, por parte de CAPRES, donde una persona perdió la vida. Las evidencias de terreno e informaciones publicadas sobre el tema, el comportamiento misterioso de Casa Presidencial, el sentido común, apuntan a que el vehículo está vinculado a un alto funcionario de CAPRES que no se quiere dar a conocer. Se contaminó la escena del accidente por parte del Batallón Presidencial, se borró la evidencia del accidente, se dieron informaciones contradictorias entre los voceros oficiales, se negó la existencia de registro de vehículos asignados y sus misiones. En conclusión, en este caso de zona negra, que nos recuerdan los gobiernos militares, se configura una acción penal para los involucrados en el encubrimiento de un homicidio culposo. –

Carta a Mauricio Funes: El gran odio. De Paolo Luers/José Antonio Rodríguez Rivas

Paolo Luers/José Antonio Rodríguez Rivas, 10 mayo 2016 / EDH

Concedo el espacio de mi carta a mi amigo José Antonio Rodríguez Rivas, hijo de Antonio Rodríguez Porth, ministro de Presidencia de Alfredo Cristiani asesinado en junio del 1989 por un comando guerrillero. Le tiene mucho que decir a usted

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El gran odio

José Antonio Rodríguez Rivas

Yo vivía en Canadá en 1992. Tenía un trabajo estable haciendo mapas con imágenes de radar por todo el mundo. Mi primer hijo acababa de nacer cuando se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador. Después del asesinato de mi padre, yo pensé que no regresaría nunca a vivir a El Salvador, pero en un viaje de negocios a mi tierra natal, sentí que se respiraban aires distintos, aires de reconciliación, y decidí volver.

En aquellas épocas, abrieron sus puertas La Luna y La Ventana, unos establecimientos donde uno se podía encontrar con exguerrilleros departiendo en la mesa próxima a los hijos del Presidente. Era un ambiente de apertura, de tolerancia a las diferencias ideológicas, de amor a la vida, de esperanza. En ese ambiente crecieron mis hijos, reconstruimos el país y para impulsar esa esperanza triplicamos la generación de energía geotérmica limpia en El Salvador, manteniendo el costo relativamente bajo para el consumidor. Me queda la satisfacción de que por lo menos en geotermia El Salvador tomó una posición de merecido liderazgo regional.

En aquel entonces nos referíamos a los años de guerra como “el conflicto” o “la guerra”, pero considerábamos que era algo del pasado, aunque siempre hubo nubarrones negros en el ambiente. El asesinato de mi padre quedó impune, nadie se hizo cargo. La Comisión de la Verdad consideró su magnicidio “irrelevante”. Pero el país progresaba, pese a los problemas.

Mauricio Funes fue el encargado de destapar el gran odio, mismo que ahora lo consume a él mismo. El resentimiento latente se manifestó de lleno. Los trabajadores dejaron de ocultar su odio por los empresarios. Todo el mundo empezó a clamar por que zamparan preso a su vecino y mejor si se le humillaba públicamente primero. Ahora, el que piensa diferente y lo expresa abiertamente se expone al linchamiento público. Y como todos piensan diferente a alguien, todos pueden ser linchados. Los órganos del Estado – los tres – se han volcado en contra de la gente. Se han perdido principios de justicia y convivencia esenciales, como la presunción de inocencia, la tolerancia a las diferencias y la capacidad de diálogo y debate. Todo esto ha sido reemplazado por el odio exacerbado, los comentarios fuera de tono en los medios sociales, la descalificación, la fabricación de acusaciones judiciales sin mayor fundamento, los juicios y los prejuicios mediáticos.

Veo que la gente está ciega y sorda, pero no muda. No veo que en El Salvador se pueda tener justicia, tolerancia, diálogo razonado, ni mucho menos unidad, en los próximos cinco años, por lo menos. El FMLN vive del odio y por eso lo atiza, y ARENA se despedaza al interno por la desconfianza y la descalificación. Y a la gente le ha gustado este ambiente de linchamientos públicos. Les ha gustado el espectáculo. Si alguien sale razonando sus opiniones, los que comentan en los medios sociales se lo acaban y demandan su muerte o encarcelamiento. Hay unos pocos que luchan porque la gente no pierda la esperanza, pero están peleando cuesta arriba en una cuesta que se pone más empinada a medida que pasa el tiempo. La gente ya perdió la esperanza y recuperarla va a tomar unos diez años, por lo menos. Por ahora, el público disfruta del espectáculo que trae el odio. Las frases como “es que todos son corruptos”, y “que zampen preso a ese ‘h.d.p.’” han reemplazado todo diálogo civilizado. Creo que así como ahora nos referimos al período de 1980-1992 como “la guerra” o “el conflicto armado”, en el futuro la historia se va a referir al período que empezó con la campaña presidencial de Mauricio Funes como “el gran odio”. Seguramente, este odio y este resentimiento van a marcar este período histórico.

Al igual que tantos compatriotas, decidí repatriarme a Canadá. Celebro orgulloso mi día de repatriación con mis conciudadanos canadienses, cada 4 de octubre. Aquí soy diferente, igual que todos los demás, y soy libre de serlo. Las diferencias se celebran, no se reprimen. A veces me siento culpable por haber puesto primero el bienestar y la sanidad de mi familia por encima de “La Patria”, pero luego me recuerdo que en el altar de “la patria” sacrificaron a mi padre y a mi cuñado y que “la patria” consume a otros de mis seres queridos. Entonces mejor le doy gracias al pueblo canadiense, que es tan ejemplar, por haberme acogido a mi regreso. “Por la Patria” regresé a El Salvador en 1992. Ese fue tal vez el gran error de mi vida. Con dolor infinito, he llegado a esa conclusión.

José Antonio Rodríguez Rivas

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Sin nada que agregar. Paolo Lüers.

Carta a Paolo Luers: Gracias pero no. De Karla Hernández

Hace poco, publicamos una carta del columnista Paolo Luers titulada «Carta a Patty Valdivieso y Karla Hernández: Dejen que la justicia opere y la ciudadanía presione.» Ahora, la diputada Karla Hernéandez le responde y explica las razones de su aviso a la Fiscalía General.

Segunda Vuelta

Karla Hernández, diputada de ARENA

Karla Hernández, 1 marzo 2016 / EDH

Leí con mucha pena la carta dirigida a Patty Valdivieso y mi persona, y digo con mucha pena porque nunca hubiera esperado que nuestra acción de poner un aviso en la Fiscalía General de la República para que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte del asesor del expresidente Funes, pudiera ser comparado con el comportamiento de aquellos funcionarios que acudieron a la FGR a protagonizar un mitin.

Nuestra presencia en la FGR fue totalmente acorde a lo que permite la ley, tal como indica el artículo 264 del Código Procesal Penal: “Cualquier persona que tuviere noticia de haberse cometido un delito perseguible de oficio, podrá dar aviso a la Fiscalía General de la República o a la policía Nacional Civil”.

El caso del señor Santana obviamente se justifica, para alertar sobre posible cometimiento de delito por parte de una persona cuyo paso por nuestro país generó muchas dudas, no solo sobre la cantidad de dinero que se llevó, sino además –y más grave aún- porque ya se encuentra preso en su país natal, Brasil, donde se le acusa de ser el intermediario que pagaba sobornos en distintos países, entre los que se menciona El Salvador, a favor de la empresa Oderbretch.

El mismo expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, está siendo investigado por su posible participación a favor de Oderbretch en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga la supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula, amigo personal de la exesposa de Funes, quien también aparece como una de las fundadoras de ese partido político en Brasil.

Los salvadoreños no podemos perder de vista el caso de la presa El Chaparral y los $108 millones (si no es que más) que se pagaron de las arcas del Estado en una obra que tuvo muchísimas irregularidades desde el principio y de la que nunca hemos recibido la información que esclarezca los hechos.

Adicionalmente, el nombre del señor Joao Santana está ligado a la agencia de publicidad Polistepeque, que abrió luego de que arribara Funes a la presidencia, con un capital de 2 mil dólares y pico, pero que en apenas 19 meses ya había facturado $8.5 millones de dólares, aunque estamos conscientes de que pudo ser mucho más, ya que fueron contratos sin licitación ni transparencia.

Desafortunadamente, aquí esas cifras y datos los hemos conocido a través de investigaciones periodísticas, porque por más que se insistió, durante el período del fiscal Luis Martínez, no se logró investigación alguna al respecto, a pesar de que se pusieron avisos.

Si algo tengo muy claro es mi responsabilidad de representar al pueblo y actuar en estricto respeto a la Constitución de la República. Desde el día en que juramenté como diputada, he sido leal al orientar mis funciones hacia el bien común.

Por lo que, si está en mis manos colaborar en el ejercicio de proteger el bien común y la búsqueda de la verdad, que es parte de lo que demandan quienes me eligieron, no tengan la menor duda de que ese seguirá siendo mi camino.

Encuesta EDH/Predictiva: Mayoría prefiere que su pensión la manejen las AFP. El 77% considera que el país va por rumbo equivocado

Sólo el 21% de los participantes en la encuesta Predictvia para El Diario de Hoy dice que prefiere que sus ahorros de pensiones estén en manos del gobierno y no de los privados.

Rafael Mendoza López/Mirella Cáceres, 23 febrero 2016 / EDH

Un amplio sector de la población prefiere que sus ahorros de pensiones sigan siendo manejados por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y no por el gobierno central, según los datos de la más reciente encuesta Predictvia para El Diario de Hoy.

El 65% de los encuestados dice que está de acuerdo con que el dinero de su pensión sea administrado por una AFP, mientras que el 21% prefiere que sea por el gobierno. Solo un 13% no supo qué contestar.

Dicho sondeo se da en el marco de la discusión sobre una reforma de pensiones por parte del gobierno, que busca crear una sistema mixto de pensiones donde el Estado administraría una parte de los fondos de los cotizantes, la correspondiente a los ahorrantes con salarios inferiores a $500, y otra parte, la que exceda a dicho salario, que estará bajo resguardo de las AFP.

En ese sentido, la encuesta incluye la pregunta: “¿Sabe usted que el gobierno está promoviendo una reforma de la ley de pensiones para poder hacer uso y manejar el dinero ahorrado por los trabajadores?”.

Una mayoría contundente del 91% señala que sí conoce acerca de las intenciones del gobierno de impulsar una reforma de pensiones. Apenas un 5% dice que no sabe, mientras que el otro 4% prefiere no opinar al respecto.

La encuesta también advierte que casi la mitad de los encuestados cotiza con las AFP. Un 48% responde que cotiza con una administradora de fondos privada, mientras que un 50% señala que ha cotizado en el sistema público, pero solo un 1% asegura que no sabe.

El tema ha causado polémica entre diversos sectores, uno de ellos el de las gremiales empresariales, quienes consideran que la reforma pondría en peligro el dinero de los ahorrantes, contrario al sector gubernamental, quien considera que se le debe permitir hacer uso de los fondos para poder pagar las pensiones del sistema actual.

El presidente Salvador Sánchez Cerén pidió el sábado pasado que se “calmen los temores” alrededor de las reforma de pensiones, pues consideró que seguirán siendo las AFP las que se encarguen de administrar el dinero de los ahorrantes.

Sin percibir mejoría en seguridad

La población considera que el clima de inseguridad, lejos de mejorar, persiste. Además, asegura que no ha habido mejoría en las últimas semanas pese a planes del Ejecutivo.

Un 85% de los que participaron en el sondeo señalan que no ha habido mejoría en materia de seguridad en el país en las últimas semanas.

Esta cifra contrasta con apenas el 12% de los salvadoreños que creen que sí han visto una mejoría en esa materia. Sólo un 3% responde que no sabe qué contestar.

Otro porcentaje mayor de la población sostiene que los cambios recientes de funcionarios no han abonado a reducir los índices de inseguridad.

Ante la pregunta “¿Cree usted que la rotación de funcionarios que hizo el presidente Sánchez Cerén a fines del mes pasado ayudará a lograr mayor eficacia en el combate contra la criminalidad?”, sólo un 14% responde de forma afirmativa.

Una mayoría del 69% por ciento, en tanto, cree que estas rotaciones no tendrán mayor impacto, mientras que un 17% prefirió no responder.

Al separar a los encuestados por género, la tendencia arroja que las mujeres tienen menos optimismo con respecto a la seguridad, pues un 87% dice no percibir mejoría en la seguridad pública, versus un 83% de hombres.

El 22 de enero, el presidente Sánchez Cerén nombró al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad y Justicia, en lugar de Benito Lara, mientras que el exsubdirector Howard Cotto fue nombrado titular de dicha corporación.

Captura de militares

La mitad de los salvadoreños encuestados por Predictvia no está de acuerdo con que la PNC haya capturado a los militares requeridos por la justicia española por su presunta participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.

El 48% dice no estar de acuerdo, versus un 35% que sí se muestra en favor. Hay un 16% que no supo qué responder.

Mientras, un 53% se mostró en contra de que los militares sean extraditados, frente a un 32% que sí lo considera necesario y otro 15% que no supo responder.

En ese sentido, la encuesta hace la siguiente pregunta a los participantes: “¿Está usted de acuerdo en que se mantenga vigente la ley de amnistía y reconciliación que se promulgó para facilitar el cumplimiento de los acuerdos de paz?”. Una mayoría del 66% señaló que está de acuerdo, mientras que un 22% dijo no estar de acuerdo. Sólo el 12% no supo qué responder.

El 77% considera que el país va por rumbo equivocado

Otro 81% advierte que el gobierno no ha hecho nada para crear más empleos.

Rafael Mendoza López, 23 febrero 2016 / EDH

La mayoría de participantes en la encuesta Predictvia para El Diario de Hoy (77%) considera que el país va por el rumbo equivocado.

Solo un 15% respondió positivo a la pregunta: “Tomando en consideración la situación de seguridad, empleo, salud, educación y respeto a las libertades democráticas, ¿le parece que el rumbo del país es correcto o equivocado?” Mientras, el 7% de los encuestados contestó que no sabía.

Esta visión de los salvadoreños coincide con los resultados otra pregunta en la encuesta: “¿La situación económica suya y de su familia está ahora igual, mejor o peor que al inicio del gobierno del presidente Sánchez Cerén?”

Un 58% contestó que su situación monetaria está peor con el gobierno actual, mientras que el 35% señala que sigue igual. Ambos valores suman un 93% de encuestados que no ven con buenos ojos su situación económica de cara al actual gobierno.

La población también es bastante pesimista cuando se le pregunta por los esfuerzos del gobierno para la atracción de inversión y generación de empleos.

“¿Está haciendo el gobierno lo necesario para estimular el crecimiento económico y la creación de empleos estables y bien remunerados?” es la pregunta que se realizó a los participantes del sondeo.

Un contundente 81% respondió que no ve señales de que el gobierno haga esfuerzos en esa dirección. En tanto, sólo el 11% cree que sí se están viendo frutos, versus un 9% que prefirió no responder.

Un rasgo a destacar en los datos es que el sector femenino de los encuestados es el que menos cree que ha mejorado su situación económica y la de su familia.

El 59% de las mujeres que participaron cree que su situación está peor, frente a un 56% del sector masculino.

En otro contexto, la encuesta también preguntó a los ciudadanos si consideran que el expresidente Francisco Flores fue sometido a un juicio justo antes de su fallecimiento, el 31 de enero pasado.

Un poco más de la mitad, el 51%, consideró que el exmandatario no tuvo un juicio justo, mientras el 32% que cree lo contrario. Aquí, el porcentaje de los que no supieron que responder fue del 17%.

Los 29 funcionarios que investiga Probidad, incluyendo Luis Martínez

Mauricio Funes figura en la lista de investigados, pese a que lo niega. Aparecen también exfiscal Luis Martínez, ediles, diputados y otros.

Mirella Cáceres/Ricardo Avelar/Óscar Iraheta, 3 febrero 2016 / EDH

Expresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre esos investigados figura el expresidente Mauricio Funes, quien ayer negó en una entrevista televisiva que esté siendo investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, sino auditado.

“Es una mentira de los medios y periodistas que estamos siendo investigados (él y otros 28 funcionarios y exfuncionarios) por sospechas de enriquecimiento ilícito”, afirmó por la mañana Funes.

Sus declaraciones contrastan con la lista de 29 funcionarios actuales y anteriores que están siendo “investigados”, según un documento de la Corte, en la que aparece él.

La investigación sobre la declaración de bienes de Funes, de Antonio Saca y Francisco Flores (ya fallecido), surgió luego de que Transparencia Internacional Capítulo El Salvador  solicitó las auditorías a los tres exmandatarios.

La Corte tiene hasta el próximo 23 de febrero de plazo para entregar esos informes, dado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El primer informe  que se conoce es el de Funes, y el martes fue discutido en Corte Plena, donde se decidiría si se ordenaba o no juicio, tal como lo ha hecho ya con el diputado Reynaldo López Cardoza y Leonel Flores, exdirector general del ISSS en la era Funes.

Pero Corte Plena decidió darle tres días hábiles a Funes para que complete información. El mismo Funes lo confirmó ayer tras declarar ante la Fiscalía sobre la tregua.

“Hubo una buena cantidad de magistrados… que consideraron que el informe estaba incompleto porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración de salida al compararla con la de entrada allí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificado  su origen. Pero eso no significa que su origen sea ilícito”, alegó.

Pero según él, en ese informe no se le reportan “hallazgos de enriquecimiento ilícito”, sino una serie de gastos y compras que no aparece justificado de dónde proviene. Y  puso de ejemplo la compra de un vehículo.

Los otros investigados

En la lista de “investigados” aparece Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, quien también ha negado que esté siendo siendo investigado.

Aparecen los diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN.

También están bajo la lupa varios jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, el  expresidente de la Corte Suprema, Agustín García.

Entre otros funcionarios aparecen los exministros Miguel Lacayo,  René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas.

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Luis Martínez, exfiscal general en la mira de Probidad

La Sección de Probidad esta auditando las declaraciones de bienes e ingresos de 29 funcionarios y ex funcionarios, incluye a varios diputados.

4 febrero 2016 / EDH

Las declaraciones de bienes e ingresos del exfiscal general de la República, Luis Martínez, se encuentra en revisión junto a las de 28 funcionarios y exfuncionarios más en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por posibles sospechas de enriquecimiento ilicito.

De acuerdo a fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en este momento se auditan las declaraciones de bienes de propiedad e ingresos del exfiscal general desde cuando fue electo y cuando dejó la institución.

Además del exfiscal general se encuentran en el listado, el exdirector de la Policía Nacional Civil general Francisco Ramón Salinas Rivera.

A todo chumpe le llega su Navidad. De Roberto Rubio

La gran corrupción suele operar en red, compuesta de estructuras y personas del sector público y/o privado.

Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE y representante de Transparency International

Roberto Rubio, 7 diciembre 2015 / LPG

Nuestro titular trata de un refrán popular, equivalente al refrán cervantino “A todo cerdo le llega su San Martín”, y que según el refranero multilingüe del Centro Virtual Cervantes, “indica que no queda impune el comportamiento del malvado, pues, antes o después, quien ha obrado mal recibe su merecido”.

A propósito de otro refrán popular, sacado hace 360 años de la obra del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, que reza “Quien en mal anda en mal acaba”, hace 8 años escribí en esta misma columna de opinión lo siguiente: “En nuestro país, los que mal andan, tarde o temprano, mal acabarán. Aquellos que malamente se aprovechan del Estado para interés y fortuna propia, creyendo que su permanencia en el poder es prolongada, mal acabarán; pues la mano de la justicia podrá ser lenta y obstaculizada, pero tarde o temprano alcanza a los que se burlan de ella. Como lo muestran muchos casos en América Latina, los que mal anduvieron se pudieron esconder pasajeramente de la historia, pero no han podido ni están pudiendo evitar ser atrapados por su inexorable y justa marcha” (12/2007).

Sin duda, muchos han andado mal en los gobiernos de ARENA como en el gobierno anterior… mientras ahora otros andan mal en este gobierno del FMLN. Ahora bien, a diferencia de antes, con los recientes cambios en la Corte Suprema de Justicia y la reactivación de su sección de Probidad, ahora podemos acercarnos mejor a los malandantes por medio de los exámenes a sus declaraciones de patrimonio. Las fuertes evidencias de posible enriquecimiento ilícito presentadas en algunos de esos exámenes llevó a la Corte en pleno a solicitar juicio a más de algún funcionario, entre ellos el del exdirector del Seguro Social Leonel Flores.

Según la sección de Probidad, las inconsistencias de la declaración patrimonial de Leonel Flores son contundentes: cuentas bancarias no declaradas, jugosos y permanentes depósitos en billetes de 100 dólares no justificados, ingresos del exterior como accionista de empresa que no existía, extraño préstamo hipotecario, compraventa de vehículos sobre o subvaluados realizados con el entorno íntimo del expresidente Funes, altos pagos de tarjetas de crédito que no corresponden a ingresos percibidos, etcétera. A propósito de esto último, sería bueno preguntarle a la Corte de Cuentas si existe o no una auditoría al Seguro Social, y, entre otras cosas, si en su informe original encontraron pagos anómalos o extraños en el uso que el exdirector del Seguro hizo con la tarjeta de crédito institucional.

El Sr. Flores, en lugar de centrar su defensa en documentar y despejar dudas, recurre al argumento trillado de que es una conspiración política de la derecha. Por lo visto hasta la desaparición de los dinosaurios fue culpa de la conspiración de la derecha.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el corrupto normalmente no actúa solo. La gran corrupción suele operar en red, compuesta de estructuras y personas del sector público y/o privado. Es válido preguntarse entonces si detrás de las posibles sospechas de enriquecimiento ilícito en mención había otras personas involucradas. Al respecto, llama la atención que el mismo Sr. Flores diga que no es él a quien se quiere llegar sino que todo apunta hacia el expresidente Funes. ¿Por qué lo dice? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Por tanto es también válido preguntarse ¿tendrá algo que ver Funes y/o los que pertenecieron o pertenecen a su círculo íntimo en todo este entuerto que todavía no ha sabido desenredar el Sr. Flores? En todo caso, las investigaciones seguirán adelante y pronto tendremos más certezas. Por el momento no está sobrado recordarle a los que posiblemente se hayan enriquecido ilícitamente que “A todo chumpe le llega su Navidad”.

Nota. Me permito felicitar al presidente de CEL, David López, por sus declaraciones sobre lo ocurrido en CEL en el pasado, revelar el hecho de que había personas o grupos que no hicieron buen manejo de la autónoma, y por intentar devolverle a CEL las acciones que tiene en la INE. Mis respetos. Espero no nos vaya a defraudar hacia el futuro.