Funes

Carta a los “opinadores”: Enfoquen bien su crítica. De Paolo Luers

PAOLOPaolo Luers, 24 noviembre 2015 / SEGUNDA VUELTA

Esta bicha Cristina hace una semana me robó una mi carta que iba a mandarle a Funes. Escribió una “defensa al ex presidente”, que resulta más demoledora que cualquier acusación.

Mi carta iba a arrancar así: “Cada político tiene derecho de decidir cómo quiere entrar en la memoria de su pueblo. Si vos preferís que te recuerden como el ex presidente que ya no puede costearse Blue Label ni putas de clase, y que tiene que conformarse con las mujeres y el Cinta Negra que le consigue otro entrevistador fracasado, es tu libre decisión y tu pleno derecho. ¿Quién soy yo para juzgarte?”

Pero bien, Cristina López ya escribió todo lo que había que decir sobre el asunto. Sólo me queda razonar sobre el fenómeno en general: Muchas veces aquí descalificamos a los políticos por razones equivocadas o pecados menores, habiendo tantas razones válidas para hacerlos pedazos…

¿Por qué atacan a Funes por su mal gusto en mujeres, en vez de seguir preguntándole por Polistpeque, la empresa que montaron sus cheros brasileños y que por orden del presidente acaparó con todas las cuentas de publicidad del gobierno? ¿Porqué hacen burla de tu notoria obsesión con productos de silicona, cuando este es su pecado menor, comparado con el Chapparral o el SITRAMSS?

A Salvador Sánchez Cerén lo atacan por su pasado de guerrillero, cuando esto ha sido lo más decente que ha hecho en su vida. Es absurdo reclamarle esto, cuando hay que preguntarle porqué no honró los principios revolucionarios y no paró a tiempo a su súbdito Mayo Sibrián y las matanzas de San Vicente…

Igual de absurdo es reclamarle su pasado guerrillero a Benito Lara, en vez de hacerle responsable de sus malas decisiones como ministro de Seguridad. Y lo mismo en el caso de los ex militares: el coronel Ochoa pudo haber cometido errores durante la guerra, pero estos quedan saldados con los Acuerdos de Paz y la amnistía. Sin embargo, ¿por qué nunca le obligaron a explicar bien los enredos millonarias que dejó como presidente de CEL? Si en vez de encubrirlo, le hubieron hecho rendir cuentas, ARENA se hubiera evitado los problemas que Ochoa le causó años después cuando “se transfugó”…

En general: Dejen de querernos contar que el país está mal por los pecados de los militares y los guerrilleros durante la guerra, o porque no sirvieron los Acuerdos de Paz. Estamos como estamos por los errores, pecados y negligencias de la postguerra. No busquen justificaciones en la guerra.

Otro ejemplo: Marcos Rodríguez. Lo atacan porque no nació en El Salvador, como si esto fuera pecado. Pero no hacen un análisis de su actuación en Casa Presidencial. Otros lo quieren descalificar, porque su mujer tiene un alto cargo en Fosalud, aunque nadie pudo argumentar que ella no está capacitada. Yo lo defendí en ambos casos, por principio. Sin embargo, mantengo que Marcos debe renunciar. No por nepotismo, mucho menos por “extranjero”, sino por los abusos que la Secretaria de Transparencia está cometiendo…

A Gallegos, ¿cómo es posible que lo atacan por sus viajes, cuando estos son sus pecados menos serios? A este hombre lo descalifica su rol en la compra-venta de diputados, y su campaña permanente para que la gente tome la justicia en sus manos y por legitimar a los grupos de exterminio…

Así que, estimados formadores de opinión pública, sobre todo los que operan en las redes, sean más selectivos y serios en sus críticas. Apunten bien, no tiran ráfagas a la loca. No se dispersen con los pecados menores.

Saludos,

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CNR y VMT no dan informes sobre Funes, Saca y Reyes

Corte en pleno advierte a estas dos instituciones públicas como a dos bancos que entreguen datos; si no, se deducirán responsabilidades legales.

La decisión fue tomada por la Corte Plena, el pasado 3 de noviembre.

La decisión fue tomada por la Corte Plena, el pasado 3 de noviembre.

, 5 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyPese a que la legislación les obliga, instituciones como el Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) no han entregado la información que les ha requerido la Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) sobre bienes y propiedades de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes y del exdiputado Sigfrido Reyes.

Similares trabas ha encontrado en dos instituciones financieras, según informaron fuentes del máximo tribunal.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a advertir al Jefe de Registro Público de Vehículos Automotores, del VMT, al director del CNR y a los representantes legales de las dos instituciones bancarias que de seguir negando u omitiendo la información solicitada por la sección de Probidad, se “realizarán las gestiones pertinentes a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes”.

“La Sección de Probidad es una especie de órgano instructor para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan realizado los funcionarios públicos al ejercer su cargo, a efecto de que sea la propia CSJ la que decida si procede instar el inicio de un proceso contra el funcionario responsable”, les recuerdan los magistrados en su resolución.

Según fuentes de la CSJ, Probidad informó el pasado 3 de noviembre, sobre la falta de respuesta a sus requerimientos a casi un mes de solicitados.

Probidad detalló que el 12 de octubre pasado solicitó al Registro Público de Vehículos Automotores del VMT información de los expresidentes  Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena, así como del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, pero no ha obtenido respuesta.

Similar situación ocurrió con el CNR, que si bien envió con celeridad la información sobre los expresidentes, no lo ha hecho en el caso de   Sigfrido Reyes.

Este último tiene registradas al menos 11 propiedades, según documentación que este periódico solicitó al CNR y le fue entregada en menos de una semana (ver notas previas).

Probidad solicitó la información de Reyes el 9 de octubre, según la fuente.

A una de las instituciones bancarias Probidad les requirió datos financieros de Saca, Funes y Reyes el 9 de octubre, y el 27 de ese mismo mes les fue enviada pero incompleta, asegurando que solo podían dar datos de los últimos 10  años, para lo cual se amparaban en el artículo 451 del Código de Comercio.

Pero, Probidad dijo que no tomaron en cuenta lo regulado en el artículo 12 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, además de incumplir el plazo de 3 días que dio.

En la otra institución bancaria, Probidad solicitó información el 10 de septiembre del presente año, pero en este caso sobre el expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón.

Once días después mandaron los datos de manera parcial, por lo que Probidad remitió una nueva nota haciendo hincapié en la información incompleta, pero no fue hasta el 1 de octubre que el banco les solicitó una prórroga de 30 días más para brindar los informes.

El retraso en contestar a las solicitudes de información de Probidad es igual al del resto de instituciones, tanto financieras como públicas.

Se informó que algunas han llegado al atrevimiento de responderle a la sección de Probidad que “hagan la gestión por medio del Oficial de Información” y esperen los 10 días hábiles que manda la ley. Otras no contestan siquiera.

Advertencia

Por lo anterior, la Corte Plena (sesión de los 15 magistrados de la CSJ) emitió una resolución en la cual advierte al CNR, VMT y los dos bancos  que cualquier autoridad estatal, incluidas las que tienen bajo su responsabilidad los registros públicos, y las privadas, tienen la “obligación” de remitir la información solicitada.

También recordaron que, según lo establece el artículo 240 de la Constitución de la República, la Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de los datos.

El artículo 322, inciso 1, del Código Penal tipifica como delito de desobediencia de funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que se “negare abiertamente a dar el debido cumplimiento de una sentencia, decisión u órdenes de un superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia”.

La sanción por este delito es prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo.

El artículo 338 del mismo Código estipula el delito de desobediencia para el caso de particulares, cuya sanción está establecida con prisión de uno a tres años y el pago de una multa de 50 a 100 días multa.

“Previénese… que atiendan los requerimientos realizados por esta Corte, mediante el Jefe de la Sección de Probidad y, en caso de negar u omitir la remisión de la información solicitada, dentro del plazo establecido por la Sección de Probidad, se realizarán las gestiones pertinentes a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes”, resolvió la Corte en pleno.

En el caso de los dos expresidentes, Probidad se encuentra realizando las auditorías de esas declaraciones patrimoniales.

Siete reflexiones sobre las declaraciones patrimoniales. De José Miguel Arévalo Rengifo

Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios.

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

Miguel Arévalo Rengifo, 28 agosto 2015 / EDH

Hace algunos días, pudimos conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ordenó a la Sección de Probidad que entregue versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de cualquier funcionario o exfuncionario, que sean solicitadas por los ciudadanos. De lo que observamos en estas declaraciones patrimoniales, podemos hacer las siguientes reflexiones:

1. Los expresidentes del país han gozado del mismo salario: $3,467.43 mensuales. Este debería de ser el salario máximo dentro de la función pública, siendo totalmente injustificable que otro funcionario devengue un mayor salario que el presidente de la República. En ese sentido, los $7,000 dólares mensuales que se destinan a quien ocupe el cargo de presidente de PROESA, por ejemplo, es un abuso para todos los salvadoreños que con nuestros impuestos pagamos mensualmente su salario y  se debe revisar al igual que muchos otros.

2. Todas las declaraciones dejan dudas razonables sobre su veracidad. En algunos casos, la Sección de Probidad ha buscado indagar más. Pero hemos tenido casos lamentables, como el de 2006, cuando el Jefe de la Sección de Probidad quiso investigar las cuentas bancarias del expresidente Flores y la Corte Suprema de Justicia le quitó la facultad de solicitar información protegida por el secreto bancario. Si bien la Corte le devolvió a la Sección de Probidad esta facultad en 2014, pudiera volverse a tomar un acuerdo como el de 2006, ante un panorama que les incomode. Por ello, es importante que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tenga, por ley, plenas facultades para investigar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales.

3. En cuanto al expresidente Saca, declaró que había logrado acumular, a lo largo de sus 39 años de vida, activos por un monto de $4 millones de dólares. Durante los siguientes cinco años de su período presidencial, incrementó sus activos en $10.4 millones de dólares, tal como lo plasmó en su declaración patrimonial, al cesar del cargo. Ello no incluye el valor de su nueva residencia, ya que no aparece reflejada. Esto indica, al menos, una posible “presunción de enriquecimiento ilícito”, según la definición del Art. 240 de la Constitución. Sin embargo, a la fecha ni el Fiscal General de la República ni el Gobierno, han mostrado el mínimo interés de investigar, contrario a lo que ha ocurrido con otros casos.

4. La declaración del expresidente Funes no incluye, dentro de sus pasivos, el “préstamo/donación” de $3 millones que recibió durante su campaña presidencial. Esto se podría deberseS a lo que él mismo reveló públicamente, cuando manifestó que había buscado la manera de no pagar impuestos.

5. En cuanto a las declaraciones patrimoniales que continúan pendientes (Cristiani y Calderón Sol), la sociedad tendrá también el derecho de conocerlas y hacer sus valoraciones. Sin embargo, cualquier intento de investigar una eventual presunción de enriquecimiento ilícito llegará muy tarde, ya que lastimosamente, nuestra Constitución establece un corto período de 10 años para que prescriba este delito. Este plazo se debería de revisar.

6. El poder conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales evidencia, una vez más, cómo el derecho de libertad de expresión está íntimamente vinculado con el derecho de acceso a la información pública, ya que al estar al tanto de información de interés nacional, los ciudadanos podemos emitir opiniones y propiciar un debate, lo cual es sano y necesario en toda democracia. Lástima que el IAIP no es siempre así de coherente con sus resoluciones, y no nos quiere dar acceso a los gastos en publicidad y viajes de los expresidentes.

7. Los funcionarios corruptos ahora tendrán más temor de presentar su declaración patrimonial, por lo que optarán por no hacerlo, ya que la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece multas de ₡100 colones por no presentarla. Por ende, hoy más que nunca, es de urgencia nacional que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva Ley de Probidad Pública, impulsada desde la sociedad civil, la cual establece sanciones más severas, aumenta los controles sobre el enriquecimiento y sobre los conflictos de interés, además de otorgar plenas facultades a la Sección de Probidad para investigar y sancionar a los funcionarios que incumplan con la ley.
Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios, por lo que nuestra lucha en contra de ella tampoco debe hacerlo. Basta de dividirnos sobre quién se podría haber robado nuestro dinero, dejemos la polarización para los fanáticos.

@Arévalo_Rengifo

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

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23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

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Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

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23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.

Rubio también cuestiona a Funes, Reyes y Bukele

Director de FUNDE lanza la interrogante al denunciar la existencia de otras estructuras mediáticas desde las cuales se lanzarían ataques en su contra como parte de la “guerra sucia” que denunció el pasado lunes en su contra.

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El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, le preguntó ayer al expresidente de la República Mauricio Funes, al expresidente del congreso Sigfrido Reyes y al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, si ellos también están detrás de la “guerra sucia” y de los ataques mediáticos hacia él y su grupo familiar.

“De la misma forma que yo le pregunto al señor Marcos Rodríguez si existen esas estructuras, si él participa o dirige esas estructuras, igual se lo puedo preguntar y se lo debo preguntar al señor Mauricio Funes, al señor Sigfrido Reyes y la Casona, al señor Nayib Bukele (…)”, emplazó Rubio durante una entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA.

Rubio hizo las preguntas a los exfuncionarios y actuales funcionarios al denunciar la existencia de otras estructuras mediáticas desde las cuales se lanzarían ataques en su contra como parte de la “guerra sucia” que denunció el pasado lunes en su contra.

“Sin acusación. Yo hasta donde sé es que hay cuatro estructuras bien montadas y que no todas son del Gobierno, ojo, o vinculadas al partido de gobierno. Son cuatro (las estructuras)”, dijo Rubio.

El director ejecutivo de FUNDE y economista explica que esta es “otra estructura” diferente a la que denunció el pasado lunes cuando le preguntó a Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, si él estaba detrás de los ataques. “Son estructuras de difamación e intimidación”, dice.

Rubio pidió en el pasado reciente sin éxito a Casa Presidencial información sobre viajes de Funes al extranjero y también criticó a Reyes por sus negocios como funcionario público con el Estado. La interrogante también la extiende al actual director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la comuna de San Salvador, Peter Dumas, y al exmiembro del equipo de campaña de Bukele Ernesto Sanabria. “Los señores que están cerca del señor Bukele”, dice.

“Siempre en lo que andan estas estructuras dejan huellas. Gente me ha buscado y me ha dicho: ‘Mirá, me han hecho lo mismo’. Gente importante”, dice Rubio cuando se le pregunta por qué hace las preguntas a personas naturales y no a los organismos de inteligencia del Estado, de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador.

“Mis informaciones me llevan a hacerles esas preguntas. Mis informaciones me dicen qué saben de esto”, responde Rubio cuando se le pide que explique por qué le hace las interrogantes a Funes, Reyes, Bukele, Dumas y Sanabria. “A mí me pueden espulgar hasta donde quieran y no van a llegar. (Tengo) una trayectoria limpia que es justamente la que quieren derribar”, comenta el director ejecutivo de FUNDE.

“Ellos tienen que responder si tienen esta relación. Ellos tienen que responder si estas estructuras, si las conocen, qué tipo de información los abastece. Si tienen contacto entre sí y se comunican”, demanda Rubio, y denuncia: “Estas estructuras son diferentes, entiendo, de la inteligencia policial, la inteligencia militar, la OEA”.

Rubio y FUNDE no han tenido un papel de cuestionamiento público hacia la administración de Bukele, que en el pasado también gobernó el municipio de Nuevo Cuscatlán. Tampoco lo ha tenido para con Dumas y Sanabria.

“Mi información me lleva a preguntarles eso justamente. (Pero) hay que ver si estas redes no están; y esa es la pregunta, si no están conectadas, no se intercambian, porque no son estructuras separadas”, dice Rubio cuando se le pregunta por qué esperar algo así de estas tres personas cuando no ha existido algún pronunciamiento público hacia ellas.

No se siente perseguido político

Rubio, por otra parte, aseguró que no se siente un perseguido político a pesar de haber denunciado que desde Casa Presidencial se estarían moviendo estructuras mediáticas para hacerle una “guerra sucia” a él y a su grupo familiar.

“No. No es cierto que aquí haya la persecución política como la había antes. Aquí ya no lo torturan, se va a ir a esconder a su casa porque lo andan buscando y lo van a tratar de meter a la cárcel porque piensa distinto”, recuerda el economista.

El director ejecutivo de FUNDE, en el marco de esta denuncia, emplazó a Rodríguez diciéndole si él estaba detrás de esta campaña, a lo que este respondió que ni él ni el Gobierno están en campañas contra su persona y familia.

Rubio, empero, asegura que lo que existe en El Salvador es que “en ciertos sectores que vienen de las estructuras del poder actual que tienen estructuras de intimidación y de difamación que están funcionando” que deben ser investigadas por la Fiscalía, que tiene los medios para hacerlo. “Hay gente decente en el Gobierno que no sabía de mi caso”, señala.