Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES
Luis Mario Rodríguez, 10 marzo 2016 / EDH
La inseguridad pública continúa deteriorando el ánimo ciudadano, el clima de inversión y el Estado de Derecho. Las acusaciones del gobierno atribuyendo a los medios de comunicación la responsabilidad de estar generando una percepción de la violencia “más allá de la que realmente existe” y su empeño por hacer creer que los actos vandálicos forman parte de un “plan desestabilizador” no contribuyen a resolver el problema.
Lo mismo puede decirse de la absurda imputación que un alto funcionario hizo en contra de una empresa transnacional al señalarle que “el pago de las extorsiones podría ser constitutivo de delito”. Semejante incriminación involucra también a los miles de micro, pequeños y medianos empresarios, que ante la falta de acción por parte de las autoridades, y con el propósito de cuidar la integridad física de sus empleados y colaboradores, han debido, durante años, acceder al chantaje de las pandillas que los despojan de sus pocos recursos afectando principalmente las humildes tiendas y negocios de donde proviene su única fuente de ingresos.
La masacre de San Juan Opico, el asesinato de una madre y sus tres hijos, todos calcinados en el departamento de la Libertad, el cierre temporal de la planta de agua potable de una gran empresa, los homicidios de policías y otra serie de delitos menores que a diario se cometen en contra de los salvadoreños amerita una respuesta inmediata tanto de los tres Órganos del Estado como de los diferentes sectores de la vida nacional.
El encuentro entre los presidentes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debe reconocerse como una reacción adecuada a la escalada de violencia de los últimos meses. Un encuentro similar se presentó a inicios de siglo cuando la ola de secuestros afectaba gravemente la libertad y la vida de las personas. Como resultado de la discusión se acordaron reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal de la época, se reforzaron presupuestariamente la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil y se solicitó ayuda al gobierno americano para que visitaran el país expertos retirados del FBI que pasaron como instructores del Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una de las medidas inmediatas fue la creación de Unidades Antisecuestro en la PNC y en la FGR orientadas a mejorar la coordinación entre el personal de ambas instituciones.
La idea de un “régimen de excepción” focalizado y con tiempo limitado así como la creación de tribunales y más policías para zonas críticas fueron dos de las acciones discutidas en el encuentro que sostuvo el presidente con los titulares de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. La suspensión de ciertas garantías constitucionales en determinados territorios del país, si bien tiene respaldo en la Carta Magna, debe analizarse cuidadosamente. Son imprescindibles la opinión y el seguimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el establecimiento de un compromiso de Estado con los partidos políticos y fuerzas vivas del país para que esta decisión no incluya, en ninguna circunstancia, límites a la libertad de expresión ni restricciones a los medios para que publiquen los hechos de violencia que sigan ocurriendo. También será necesario comprometer a la PNC y a la Fuerza Armada para custodiar estrictamente el comportamiento de sus miembros durante un eventual régimen de excepción.
Lo cierto es que la situación actual no permite que sigamos enfrentando a la violencia con recursos y medidas ordinarias. Tampoco es factible ganar “la guerra” a los delincuentes con actos dispersos y aislados de una estrategia integral para enfrentar a la criminalidad. Los partidos deben atender el llamado de la presidencia, exigir límites y avales para evitar atropellos policiales, priorizar el tema de la seguridad sobre otros asuntos que polarizan su relación en la Asamblea e integrarse en una comisión que vigile periódicamente los operativos de las autoridades.
Para el combate al secuestro se escuchó atentamente a los jueces de la República. Ellos conocen las debilidades del sistema porque son los responsables de sancionar a los que violan la ley. Involucrarlos protagónicamente también será muy necesario.
Segunda Vuelta 