tuberculosis

Carta a los que supuestamente vigilan el Estado de Derecho: ¿Y la epidemia como medida extraordinaria? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 27 diciembre 2016 / EDH

Estimados magistrados de la Corte Suprema, jueces de vigilancia, Procuradora y organizaciones civiles de DDHH, abogados penalistas:
Durante los 9 meses de vigencia de las medidas extraordinarias, aplicadas por el gobierno del FMLN en los centros penales, los casos de tuberculosis en el sistema penitenciario del país se han disparado de 160 a 775 casos. 484% de aumento.

diario hoyAquí la estadística, con números que la Dirección General de Centros Penales me tuvo que facilitar, respondiendo a una solicitud de Acceso a Información Pública.

En el penal de Ciudad Barrios, donde guardan prisión más de 3 mil pandilleros relacionados con la MS13, los casos de tuberculosis aumentaron de 24 a 97 casos (+404%).

En el penal de Quezaltepeque, los casos de tuberculosis subieron, desde la entrada en vigencia de las medidas extraordinarias, de 24 a 112 casos (+466%); en Chalatenango de 23 a 50 casos (+217%); en Gotera de 1 caso a 7 casos (+700%); y en Izalco de 11 a 76 casos (+690%).

El Ministerio de Salud, también en respuesta a una solicitud de información que hice, confirmó este cuadro preocupante de tuberculosis en un país, donde esta enfermedad es considerada controlada. El Salvador está debajo de 20 casos por 100 mil habitantes, pero entre los 35 mil privados de libertad tiene 735 casos de tuberculosis, lo que corresponde a una incidencia de 2 mil 214 casos por 100 mil habitantes. Una cifra que tendría que hacer que sonaran todas las sirenas de alarma del Ministerio de Salud, de la Cruz Roja Internacional y de la Organización Mundial de Salud. Y de ustedes…

¿Por qué sostengo que son las medidas extraordinarias dictadas por Mauricio Landaverde, Oscar Ortíz, Howard Cotto y Rodil Hernández que dispararon esta epidemia?

Porque el hacinamiento, o sea la notoria sobrepoblación de entre 350 y 700% en los centros penales, con todas sus consecuencias de falta de higiene y salubridad, es un factor de riesgo para enfermedades como la TB. ¿Qué es lo que los médicos ordenan en estas situaciones, no solo como medida de prevención, sino incluso de curación? Ordenan máxima exposición al aire freso y al sol. Las medidas extraordinarias hacen lo contrario: encierro total en los dormitorios, que no tienen ventilación; prohibición de circulación en pasillos y patios; restricción máxima del acceso a sol y aire fresco.

El resultado: Un aumento de 483% de la tuberculosis entre los privados de libertad, y en dos penales de 700%.

No sonó ninguna sirena de alarma. Durante semanas, el Ministerio de Salud tuvo que pelear con las autoridades de Seguridad para poder mandar a sus expertos del programa Nacional de Tuberculosis a los penales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene una oficina en San Salvador y posee vasta experiencia en asuntos de salud en centros penales, está vetado por el ministro de Seguridad de visitar los penales, a pesar de que existe un convenio suscrito por el gobierno de El Salvador.

Y el mismo ministro de Seguridad -el comisionado Mauricio Landaverde- suscribió un decreto de prórroga de las medidas extraordinarias, que en vez de buscar soluciones al problema de la tuberculosis lo va a agravar: quita unos 5 mil privados de libertad, que pertenecen a la MS13, todas las horas de patio. Cero horas de sol y aire, ¡púdranse! Así no más, con la firma de un policía…

Que esto es inconstitucional, no les importa. Que esto provoca un problema para la salud de la población general, no les importa.

Me pregunto: ¿Quién de ustedes, las personas e instituciones que supuestamente vigilan el Estado de Derecho, tendrá el valor de parar esta locura y obligar al gobierno y su aparato de Seguridad a observar la ley, los derechos humanos y la razón común?

Saludos,

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Carta a los ‘magníficos’ de la Sala de lo Constitucional. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 18 agosto 2016 / EDH

Muy estimados magistrados:
Ustedes sacaron en mayo de este año una sentencia que declaraba “la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ordénase el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.” Esta sentencia se basó en gran parte en consecuencias fatales de salud que causa la sobrepoblación de más de 300% que reina en el sistema penitenciario.

{Los que al leer esto reaccionan con el impulso de “y a mi qué me importa si estos malditos se mueren en las cárceles” les recomiendo dejar de leer el resto de esta carta, antes de que lleguen a alterarse por el hecho que el autor de la misma no esté preso por defender a pandilleros. Para los magistrados y para los lectores que no reaccionan de manera tan visceral, voy a seguir hablando de este tema, porque alguien lo tiene que hacer:}

La situación dramática en las bartolinas y los penales los llevó a ordenar “certificar esta resolución al Director de la PNC, al Director General de Centros Penales, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General de la República, a la Ministra de Salud, así como a todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, quienes deben monitorear continuamente la situación de tales personas, según sus competencias.” No sé si alguna de estas instituciones ha debidamente informado a la honorable Sala de las medidas que han tomado para que el estado de los penales deje de ser inconstitucional.

Sería interesante saber si el ministro Mauricio Landaverde y el director general de centros penales Rodil Hernández ha informado a la Sala que contrario a lo ordenado en su sentencia y a raíz de las ‘medidas extraordinarias’ decretadas en los penales, el estado de hacinamiento y de crisis de salud ha empeorado en vez de mejorar.

Tal vez, estimados magistrados, ustedes deberían tomar acciones concretas para verificar el cumplimiento de sus sentencia y la situación en los penales, en vez de confiar que las instituciones responsables les informen.

Una primera medida podría ser que la Sala ordene al ministro de Seguridad y a la ministra de Salud que el Programa Nacional de Tuberculosis pueda retomar su trabajo en los penales. Sobre todo en el penal de Quezaltepeque, donde a raíz de las medidas extraordinarias se han multiplicado los casos de tuberculosis. Para los que no están familiarizados con esta enfermedad: la falta de exposición al sol y ventilación de aire multiplica los riesgos de que los problemas respiratorios se compliquen.

Y a los que siguen manteniendo que no les importa la salud y la vida de delincuentes hay que decir: los rebrotes de tuberculosis, si Centros Penales y Salud no toman acción, se van a coinvertir en un problema de salud pública mucho más allá de los muros de las cárceles.

Con la entrada en vigencia de sus ‘medidas extraordinarias’, el gobierno ha suspendido al 100% la entrada a los penales de personal profesional del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Tuberculosis y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta medida no tiene sentido, porque la debida atención a la salud no puede ser considerada un problema de seguridad. La Sala, en seguimiento a su sentencia, debería pedir a instituciones imparciales y profesionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar las situación en los penales y hacer recomendaciones de cómo hacer cumplir la sentencia que declara inconstitucional el estado actual de hacinamiento. Y la Sala debería ordenar al gobierno no solamente de dar libre acceso a estos organismos, sino además de actuar sobre sus recomendaciones.

Si no hacen nada de esto, estimados señores magistrados, su sentencia quedará letra muerta. Saludos,

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