Tribunal Suprema Electoral

“Morbo” electoral… De Luis Mario Rodríguez

Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

Luis Mario Rodríguez, 18 mayo 2017 / EDH

El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó como “morbosa” la exigencia de varios sectores para que los resultados electorales preliminares en las legislativas y municipales de 2018 se conozcan la misma noche en la que se realicen los comicios. Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

En las elecciones del mismo tipo durante el 2012 y en las presidencias de 2014 la autoridad electoral contrató una empresa internacional para la transmisión y el procesamiento de los resultados electorales preliminares. En ambas ocasiones, la población con acceso a internet, acompañó, en tiempo real, la evolución de los datos de tal forma que, conforme llegaban las actas desde el interior del país a través del sistema informático, en el caso de las legislativas, la gente constataba cuántos votos obtenía cada partido y cuántas marcas cada candidato, y en la presidencial, los sufragios que sumaba cada presidenciable, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Cuando el árbitro electoral convocó a la última conferencia de la noche, tanto en 2012 como en 2014, para dar lectura a los respectivos boletines que presentaban el avance del conteo preliminar, los que siguieron “en línea” el progreso de la información ya conocían la distribución de escaños entre los diferentes partidos, los candidatos a diputados que lograron una curul y la fórmula que se agenció la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente.

Esa misma es la historia para el resto de los procesos electorales celebrados después de la firma del acuerdo de paz, incluyendo el de 2009. En esa ocasión, las ansiedades en los partidos mayoritarios se desbordaban en las respectivas sedes de los candidatos presidenciales. Si los magistrados que integraban al TSE no hubieran informado, al término de la jornada, quién era el próximo presidente de la República, muy probablemente se habría producido una crisis política de dimensiones inimaginables. La rapidez con la que actuó el colegiado y la madurez que demostró tanto el candidato de derecha como su partido admitiendo, sin ambigüedades, la victoria del FMLN, le valió al país el reconocimiento internacional por aceptar una alternancia pacífica en la que Alianza Republicana entregó el poder después de 20 años de administrarlo.

En idénticas circunstancias, durante el año 2000, en México, Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptó, a tan solo unas horas de cerrados los centros de votación, que su adversario del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, arrasó en las urnas terminando con siete décadas de gobiernos priistas. Recientemente en Ecuador, la enconada disputa entre el candidato del oficialismo y el de la oposición, presionaron al Consejo Nacional Electoral para publicar, de manera preliminar y durante el día del evento electoral, quiénes pasaron a segunda vuelta así como el aspirante, que un mes y medio después, el día 2 de abril, se alzó con la banda presidencial. En esos mismos comicios se eligieron 137 diputados de la Asamblea Nacional y la tecnología empleada, en un sistema similar al nuestro, con el mecanismo de voto cruzado, arrojó el reparto de los asambleístas entre los partidos Alianza País, CREO-SUMA y el Partido Social Cristiano, el día de la elección.

Diferir la divulgación de los resultados electorales preliminares y hacerlos coincidir con el escrutinio definitivo, permite que los actores en contienda, los ciudadanos y la comunidad internacional especulen sobre las razones del retraso. Algunos asegurarán que se trata de un fraude mientras que los más indulgentes lo podrían atribuir a la negligencia de la autoridad electoral. Ciertamente el cálculo de los votos fraccionados y de las marcas, el llenado de actas, la transmisión y el procesamiento de datos exigen, en el caso salvadoreño, la aplicación de un sistema tecnológico sofisticado. La petición, por tanto, de corregir los errores que se presentaron en las elecciones anteriores, incluyendo la publicidad inmediata de los resultados, no es morbo de ningún sector, se trata simplemente de un reclamo elemental en un sistema democrático.

Carta a los magistrados electorales: o cumplen o se apartan. De Paolo Luers

paoloPaolo Luers, 8 agosto 2015 / EDH

Estimados magistrados:
Aunque sigo pensando que ustedes, por dignidad, hubieran tenido que renunciar luego del desmadre de las últimas elecciones, no quiero insistir en esto. Primero, porque toda la gente que en aquella coyuntura pidió a gritos su renuncia ya están enfocados en otras crisis del país. Segundo, no quiero que me acusen de desestabilización del orden constitucional o cosas peores…

Pero ojo: No podemos ir a las siguientes elecciones sin sacar las lecciones de las últimas, que dejaron tan mal sabor y tantas dudas.
Ustedes son, por mandato constitucional, los rectores de los procesos electorales. Entonces, ¿por qué no hemos escuchado de ustedes qué es lo que hay que cambiar si queremos recuperar la confianza en la elecciones y en sus resultados?

Es cierto, los cambios legales los tiene que aprobar la Asamblea, pero la experticia, supuestamente, la tiene el TSE. De ustedes se espera que generen las propuestas técnicas y el impulso al debate sobre las reformas electorales pendientes. No hay tiempo que perder. La última vez su excusa fue que no había suficiente tiempo para adecuar los mecanismos electorales a las nuevas reglas emitidas por la Sala. Si no se apuran, en dos años van a decir lo mismo.

Las reformas hay que hacerlas ya. La más importante: la reforma constitucional para crear, por separado, una Corte Electoral y un Instituto Electoral a cargo de la organización de las elecciones ya no se puede hacer a tiempo para las elecciones legislativas del 2018, pero sí para las elecciones presidenciales, si logramos que esta Asamblea actual apruebe la reforma y la siguiente que salga electa en 2018 la ratifique.

Entonces, tarea #1: Diseñar la reforma constitucional. Exponerla al debate nacional y de la Asamblea. Nosotros, los ciudadanos y los medios, nos encargaremos de movilizar la opinión pública y presionar a los partidos para que la Asamblea no siga evadiendo su responsabilidad.

Tarea #2: Preparar la legislación pendiente para que el voto cruzado sea técnicamente manejable, transparente y confiable. Muchos recomiendan que para esto hay que introducir el voto digital. Pero esto no es la solución por la falta de confianza que todos tenemos en un mecanismo que, difícilmente, podemos controlar en todo su funcionamiento.

La mejor manera de hacer viable y transparente el voto por cara y el voto cruzado es la creación de distritos electorales más pequeños. Los problemas en el escrutinio se han dado en los departamentos grandes, donde compiten listas de hasta 24 candidatos. Si dividimos estos departamentos en distritos electorales, a los cuales le corresponden no más de 3 o 4 diputados, el voto por cara y el voto cruzado se vuelven perfectamente manejables y transparentes;y además tendríamos diputados que corresponden y rinden cuentas a una población específica.

Lo difícil es diseñar el mapa de distritos de una manera que todos tengan una cantidad comparable de votantes. En cada uno de los distritos los partidos competirán con planillas de 3 o 4 candidatos, y las papeletas serán manejables tanto para los votantes como para las Juntas Receptoras.

El voto computarizado se podrá implementar en un futuro, cuando se haya logrado recuperar plenamente la confianza ciudadana en los procesos electorales y en las autoridades que los administran y vigilan. Falta mucho para llegar a este futuro.

Tarea #3: La implementación de la sentencia de la Sala, que ordena que sean ciudadanos y no militantes partidarios que conformen las Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Electorales Municipales y Departamentales. Ustedes tienen que tomar la iniciativa y diseñar un sistema de selección aleatoria de los ciudadanos que asuman estos cargos, así como la capacitación de los miles de ciudadanos que intervendrán en la ejecución de las elecciones.

Tarea #4: Volver a construir un sistema informático confiable para el escrutinio, o sea, resolver la falla principal de las últimas elecciones que tanta duda ha creado en los resultados. Esto implica tener el presupuesto adecuado para poder contratar una empresa de prestigio internacional, y efectuar la licitación de una manera transparente.

Si no se sienten capaces de cumplir con estas cuatro tareas, entonces de verdad mejor renuncien y dejen que otros más capacitados y visionarios asuman. Está en juego nada menos que la esencia del sistema democrático: la confiabilidad en las elecciones.

Saludos,

firma paolo

Les estorba el equilibrio de poderes. De Federico Hernández Aguilar

Nadie sabe todavía qué significado dar a ese “¡Basta!” que el presidente Sánchez Cerén espetó a los magistrados a inicios de mayo, aunque las amenazas contra la Sala de lo Constitucional, por parte del binomio FMLN-GANA, han ido ganando tono y volumen en semanas recientes. La separación y equilibrio de poderes estorban a muchos intereses políticos, eso está claro. Falta ver qué papel jugaremos los ciudadanos que ya entendimos cómo debe funcionar la democracia.

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 20 mayo 2015/EDH

Por increíble que parezca a los amigos extranjeros que piden explicaciones sobre este bochornoso proceso, hoy sabemos que más de 20 mil votantes habían quedado excluidos de ese escrutinio que el Tribunal Supremo Electoral se apresuró a llamar “final”. De no haber mediado el fallo de la Sala de lo Constitucional que hizo posible el oportuno recuento (finalizado apenas hace unos días), cerca de 21 mil sufragios se habrían esfumado para siempre del resultado definitivo. Así sin más, sin consecuencias ni responsabilidades: votos literalmente borrados de la historia documentada de nuestra democracia. Y no olvidemos que esta cifra solo corresponde al departamento de San Salvador, quedando a la imaginación qué habría pasado si las demandas presentadas a la Sala hubieran abarcado el resto del país.

Entre errores humanos, inexcusables faltas institucionales y una sumatoria de pequeños fraudes, al menos los magistrados constitucionalistas sí salieron a defender los derechos políticos de los ciudadanos que fueron a las urnas el pasado 1 de marzo. Gracias a esta intervención fue posible demostrar que el sistema electoral vigente es obsoleto, disfuncional e indigno de confianza. Es la única conclusión posible tras lo ocurrido. Solo así se comprende, además, que el presidente del TSE critique a la Sala por ordenar el recuento y no pida disculpas por haber declarado firme un resultado al que faltaban 20,991 sufragios.

En países donde la democracia es materia con la que no se juega, el escándalo de miles de votos escondidos entre papeletas clasificadas como “sobrantes, inutilizadas y faltantes”, habría motivado la inmediata destitución de los funcionarios encargados de administrar los comicios. Pero aquí en El Salvador el caballero que preside el TSE no solo sigue atornillado a una silla que le ha quedado grandísima, sino que insiste en culpar precisamente a la Sala por las complicaciones del proceso. Inaudito.

La ingrata experiencia tampoco ha conseguido obligar a nuestra Asamblea Legislativa a hacer los cambios que pide a gritos el sistema electoral. Nada de eso. A lo que sí dieron prioridad los señores diputados, de todos los partidos, fue a recetarse periodos legislativos y municipales más largos, como si tal cosa tuviera algún impacto positivo mientras no se ayude al árbitro electoral a recobrar su agotada credibilidad.

A algunos hinchas poco exigentes tal vez les resulte divertido ir al estadio a ver partidos de fútbol pitados por un cuerpo arbitral que ya fue cuestionado por su ineficacia y parcialidad en otros encuentros. A muchos, sin embargo, la confianza en la limpieza del partido nos parece fundamental para disfrutar en serio de cualquier espectáculo futbolístico. El que los equipos contendientes negocien alargar los tiempos de juego no le devuelve al árbitro ni un ápice de credibilidad.

Un mensaje análogo nos están haciendo llegar los partidos políticos a los electores, comenzando por los dos más votados. Para ellos, en buenas cuentas, quedarse más tiempo en los cargos tiene una urgencia mayor que garantizarle a la ciudadanía autoridades electorales capaces de transmitir confianza, integridad y visión de país. ¡Vaya forma de interpretar las valiosas lecciones que arroja nuestro último y desgastante evento electoral!

¿Y qué decir de la instalación de la nueva Asamblea, cuyos primeros balbuceos ofrecen el desolador panorama de un periodo tan desvergonzado como el anterior, plagado de negociaciones turbias, compra de voluntades e imposiciones aritméticas? ¿O es que tanta podredumbre es ya irreversible? ¿No habrá un alma en esta legislatura a la que semejantes niveles de inmoralidad le asqueen hasta la indignación?

Mientras tanto, nadie sabe todavía qué significado dar a ese “¡Basta!” que el presidente Sánchez Cerén espetó a los magistrados a inicios de mayo, aunque las amenazas contra la Sala de lo Constitucional, por parte del binomio FMLN-GANA, han ido ganando tono y volumen en semanas recientes. La separación y equilibrio de poderes estorban a muchos intereses políticos, eso está claro. Falta ver qué papel jugaremos los ciudadanos que ya entendimos cómo debe funcionar la democracia.