Sala Constitucional

Una oportunidad de renovación política. De Carolina Ávalos

La decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía del 1993 ha provocado un complejo y controversial debate. Hemos documentado este intercambio de opiniones, publicando artículos con argumentos en pro y en contra de la sentencia, y lo seguiremos haciendo. Pronto este debate debe concentrarse en dar respuesta a la pregunta principal: ¿Y ahora, cómo cumplir esta sentencia?

Segunda Vuelta 

, 19 julio 2016 / EDH

La Sala de lo Constitucional resolvió el pasado 13 de julio que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser protegidos por la Ley de Amnistía de 1993, porque esto viola la Constitución de El Salvador. ¿Qué entiendo, como ciudadana, por esta sentencia de inconstitucionalidad? Creo que es un hecho histórico que contribuirá a sentar las bases de una verdadera reconciliación y un paso firme al camino de la consolidación de una democracia plena en El Salvador.

Hemos vivido hasta ahora en un espejismo creado por dos grupos interesados en salvaguardar sus intereses políticos y, ahora, poderes económicos. La impunidad es un agravio y un freno claro del avance de la democracia plena al que, como diario hoypaís, aspiramos. Soy una ciudadana que vivió y sufrió la guerra, esa guerra peleada entre nosotros los salvadoreños. Fui, como otros, una joven estudiante indignada por la injusticia social imperante entonces. Aun así, y ya desde entonces siempre he creído que el mejor camino es el democrático, basado en la participación ciudadana y no en empuñar las armas: más Gandhi que Che Guevara.

Celebro la valiente e independiente sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque es un paso hacia la restauración de la legalidad y el rescate del sentido auténtico de los Acuerdos de Paz, justo en la antesala del XXV Aniversario de su firma. Lo principal es que nuestro país apuesta por el respeto de los Derechos Humanos y por la reparación de las víctimas durante la guerra civil. Esta apuesta por el derecho a la vida es un ejemplo para seguir en la actualidad, cuando vivimos un nivel tal de inseguridad y violencia, que nos hemos olvidado de las víctimas que a diario deja de saldo esta insensatez e irrespeto a la vida humana.

El estamento militar tiene muy clara su función de acuerdo a la Constitución y es una de las instituciones que han sido fortalecidas después de los Acuerdos de Paz. Esta sentencia no debe significar ningún peligro para esta Institución, ya que las Fuerzas Militares de ahora han recorrido al igual que el resto de la sociedad el camino de la democracia. Tampoco debería preocupar a la democracia parlamentaria. Los diputados deben ser hombres y mujeres probos y honestos, y sin duda los hay en El Salvador. Las instituciones del Estado responsables de cumplir la sentencia de la Sala, desde la Judicatura a la Fiscalía, pasando por la Policía Nacional Civil, deben estar a la altura de lo que los ciudadanos esperamos de ellas. No pueden fallarnos.

Una de las consecuencias de esta resolución debería ser la regeneración de los cuadros políticos de los partidos políticos actuales (y nuevos partidos), así como el fortalecimiento de la institucionalidad. Esta es otra oportunidad, y una oferta a la juventud salvadoreña, para participar en una política renovada, más fresca y transparente.

Es cierto que la sentencia sobre la Ley de Amnistía de la Sala ha abierto una crisis en la triste política diaria y partidista salvadoreña. Pero las crisis también traen oportunidades. Este es el momento de que los auténticos estadistas, si los hay, aprovechen este desafío para anteponer los intereses y valores de un país y una sociedad que quiere ser más justa y democrática, a los intereses personales y de partido. Hay que anteponer la serenidad, la razón, la institucionalidad y los valores realmente democráticos en esta hora crítica, en las que nos jugamos un mejor y más solidario El Salvador, donde los ciudadanos retomemos el mando de nuestras vidas y donde, por fin, el pasado deje de condicionar nuestro futuro.

Estamos ante una bifurcación de nuestra historia. Del camino que tomemos dependerá al puerto al que llegaremos: o una democracia madura, solidaria y más justa; o un sistema político incapaz de resolver los problemas que como sociedad nos aquejan desde hace un siglo.

@cavalosb

El golpe en Turquía, la Sala de lo Constitucional y el 743. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 18 julio 2016 / EDH-Observadores

Hay un aspecto que no se ha mencionado mucho en la controversia que agita al país después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Es que el FMLN ha querido deshacerse de la Sala de lo Constitucional desde hace mucho tiempo porque esta ha sido la única defensa que hemos tenido de la institucionalidad democrática del país y el único obstáculo que ha impedido la toma total del poder por parte del FMLN. La declaración de inconstitucionalidad parece haber creado una oportunidad para que al fin el FMLN logre ese propósito. Esto más, crea observadorlas circunstancias para que se corone como el poder totalitario en El Salvador ayudado por la derecha, con una lógica impecable que parece no haber sido entendida por mucha gente. Para explicar esa lógica caen como anillo al dedo dos eventos sucedidos a miles de kilómetros y varios años de distancia: el fallido golpe militar en Turquía y el decreto 743 en El Salvador.

Turquía

El telón de fondo del golpe es que el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan ha estado causando alarma dentro y fuera de Turquía por dos tendencias que se notan claramente en su gobierno: una es la progresiva instalación de una tiranía y la segunda es la creciente inclinación hacia el fundamentalismo islámico a través de mezclar asuntos de estado con la religión (que fueron separadas hace casi un siglo por el fundador de Turquía Mustafá Kemal Ataturk, que occidentalizó al país).

La oposición a estas tendencias ha tenido dos representantes: los jueces, que han defendido las leyes democráticas, incluyendo la estricta separación del estado y la iglesia y los derechos individuales de los turcos, y un movimiento llamado Hizmet, liderado por un clérigo musulmán llamado Fethula Gülen. Este clérigo es moderado y promueve la separación de iglesia y estado y la democracia. Vive en Estados Unidos desde hace dos décadas.

El viernes 15 de julio un grupo pequeño de militares dio un golpe y por unas pocas horas pretendió estar en control del país, añadiendo que lo hacían en nombre de Gülen, a pesar de que él condenó el golpe. Gülen añadió que no descartaba la posibilidad de que el golpe hubiera sido orquestado por Erdogan mismo. Los hechos parecen confirmar esto porque las fuerzas de Erdogan aplastaron fácilmente a los rebeldes y en pocas horas Erdogan destituyó a 2,745 jueces y apresó a los 6,000 líderes más prominentes de Hizmet, tan rápidamente como si hubiera estado esperando solo el golpe para hacerlo.

Si es que no fue un autogolpe de Erdogan, el atentado fue un ejemplo masivo de estupidez. En el momento en el que se salieron de la Constitución, los militares rebeldes perdieron toda legitimidad y, por tanto, toda defensa que la Constitución les hubiera podido brindar para evitar la tiranización de Turquía. El golpe hundió lo que quedaba de la democracia turca en un solo día.

El 743

En El Salvador estamos muy lejos de estas cosas, pero sí hemos tenido un caso similar en términos de llegar al borde de cometer lo que hubiera sido un suicidio de las fuerzas que defienden la democracia en el país: el decreto 743. Este decreto, afortunadamente derogado, maniataba a la Sala de lo Constitucional, forzándola a tomar decisiones por unanimidad con el objeto de evitar que tomara potenciales resoluciones también ligadas indirectamente a la amnistía. Por supuesto, la Sala quedaba nulificada, con lo que el FMLN lograba, con un decreto propuesto y apoyado por la derecha, eliminar el único obstáculo que le cerraba el camino al poder total.

El FMLN logró que la derecha fuera la que propusiera el 743 jugando con un truco de comunicaciones que les ha funcionado muy bien por muchos años: pretender que ARENA y la fuerza armada tenían el monopolio de los crímenes de guerra, por lo que todo el costo de eliminar la amnistía caería exclusivamente sobre ellos. Siguiendo esta línea de comunicación, el ahora presidente Salvador Sánchez Cerén pidió cuando era diputado que se declarara inconstitucional la Ley de Amnistía.

La Derogación de la Ley de Amnistía

Ahora, sin embargo, el Presidente mismo ha tomado la posición contraria y el FMLN ha llegado a denunciar que la derogación de la ley equivale a un golpe de estado. Lo dicen porque, en la realidad, no en la retórica, los más afectados por los posibles juicios de crímenes de lesa humanidad son el FMLN y el gobierno, que son manejados por los mismos líderes que manejaron la guerra del lado guerrillero. En los casos mencionados por la Sala como ejemplo de los que se pueden perseguir ahora está incluida prácticamente toda la cúpula combinada del FMLN y el gobierno. Esto no es cierto, ni de lejos, en ARENA, ni en GANA, ni en el PCN, ni en el PDC. La aplicación de la derogatoria causaría una grave crisis en el FMLN, tan grave que lo paralizaría y lo haría perder la mayor parte del apoyo que tiene en la población. Pero esto no le pasaría a los demás.

La Defensa de la Institucionalidad

Esta, sin embargo, no debe ser la razón por la cual los partidos políticos democráticos, y especialmente ARENA, deben respetar la sentencia de la Sala y defender la institucionalidad democrática del país. Deben defenderla porque es la única base sólida para una democracia. Para que esta sobreviva, tiene que estar basada en el Imperio del Derecho, y no solo en algunos casos, en los que a uno le guste lo que el derecho decida, sino en todos, incluyendo los que uno celebra y los que no. Los distintos actores, ARENA, los otros partidos de oposición, la sociedad civil, los militares, y los ciudadanos en general debemos aferrarnos a la legalidad y a la legitimidad que esta da para poder enfrentar los problemas del país. La sentencia es válida, legítima y debe cumplirse. Esa es la diferencia que debe marcarse entre el FMLN y ARENA.

Por supuesto, los presuntos acusados tienen que defenderse, pero no deben hacerlo del lado del FMLN, descabezando a la Sala de lo Constitucional o imponiendo una tiranía como Venezuela, o, del lado del resto de la sociedad, cooperando con el FMLN para dejar sin defensa constitucional al pueblo entero. La institucionalidad del país ofrece las maneras legítimas de defenderse y estas son las que deben usarse.

Esta derogación vuelve a crear el incentivo para que el FMLN juegue a que la derecha crea que es ella, no el FMLN, la que quedaría descabezada si los juicios de lesa humanidad se dieran, y busque de alguna manera lograr lo que el FMLN mismo no ha podido hacer: violar la institucionalidad para callar a la Sala, con lo que el país quedaría desprotegido completamente contra una tiranía del FMLN. Ahora, con una Sala independiente, hay una defensa poderosa contra los abusos del poder. Con una Sala destronada por la derecha y sustituida por una nueva controlada por el FMLN los mismos acusados quedarían totalmente a la merced del FMLN —como pasó en Turquía y como hubiera pasado si no se hubiera derogado el decreto 743. No es válido que cada vez que una persona se vea acusada de algo que le parece injusto proceda a tratar de cambiar el orden institucional del país. Eso no es válido para la izquierda, ni para la derecha tampoco.

Reacciones a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 18 julio 2016 / EDH

Nuevamente las sentencias de la Sala de lo Constitucional se robaron las portadas. Ya se volvió un hecho que sería imposible escribir el capítulo del siglo 21 en la historia de nuestro El Salvador sin mencionar el rol protagónico que han tenido las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Desde el voto por cara hasta la más reciente declaratoria de que la Ley de Amnistía es inconstitucional, le darán forma al destino político de nuestro país. Debe recalcarse que la imparcialidad de los magistrados nuevamente ha quedado reflejada en que con sus sentencias han logrado que algunas personas parezcan pacientes diagnosticados con bipolaridad, pues pasan de aplaudirles cuando les conviene a acusarlos de ser servilismo político cuando sus sentencias les desagradan.

Con respecto a las sentencias, muchos señalan que la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 93 es una amenaza a la estabilidad política nacional. Consideremos por un momento si lo que consideramos estabilidad en la actualidad, es decir el status quo, es algo que vale la pena preservar. Estamos hablando de un sistema de partidos en el que el relevo generacional diario hoyes algo por lo que deben luchar a brazo partido los valientes que se atreven a enfrentarse al establishment. Las caras que continúan en la palestra política decidiendo el futuro de las próximas generaciones pertenecen a la misma gente de dos y hasta tres décadas. ¿Sería realmente una desgracia, que un sistema al que las ideas de los mismos de siempre amenazan en dejar en la irrelevancia, se desestabilice? Y si esta desestabilización es producto de consecuencias de la justicia y el debido proceso, ¿sería coherente, justo, o democrático continuar priorizando la estabilidad?

Otros señalan que el problema con las posibles consecuencias de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es de índole más bien práctica, ya que ¿cómo puede esperarse justicia de un país con mora judicial como la nuestra, un Órgano Judicial corruptible y una Fiscalía ineficiente? Si bien sobra la verdad en estos señalamientos, ni la practicidad ni la política deberían de contarse entre las consideraciones que los magistrados toman en cuenta al decidir la constitucionalidad de un cuerpo de leyes. Decir que las debilidades de nuestro sistema judicial son razón de peso suficiente para descartar posibilidades de buscar justicia, es creer también que nuestro sistema es inmejorable y que no existe esperanza de que una nueva generación de jueces y fiscales pueda comenzar a influir de manera positiva. Haber pensado así en Guatemala habría sido negar la existencia de una Thelma Aldana o una Yassmín Barrios, que al llevar a la justicia a aquellos que habían abusado de su poder, pusieron a Guatemala un poco más cerca del principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

El argumento que más pesa es quizás el de quienes temen que la sentencia venga a reabrir heridas del conflicto armado. Como alguien que no vivió el conflicto, no soy quién para desestimar una preocupación de este tipo. Pero este argumento ignora que las heridas de quienes nunca vieron justicia para sus víctimas y deben ver a los victimarios en la televisión o los periódicos implementando políticas públicas o hablando en nombre del país entero, siguen abiertas. Solo el debido proceso (que para ser justo, debe ser determinado por las leyes y no por la política) cerrará las heridas para muchos y no es el rol de nadie determinar cómo deben lidiar con su pérdida (si con perdón y olvido u oyendo y venciendo en juicio a los sospechosos de crímenes de guerra).

Frente a quienes dicen que la sentencia dividirá a la sociedad y levantará odio y resentimientos solo queda decir una cosa: la sociedad se compone de individuos (más o menos) libres, que deciden cómo reaccionar ante los acontecimientos que enfrentan. Estas reacciones son actos libres y la sentencia condiciona pero no determina. El perdón no puede decretarse por ley. Es una decisión individual. El resentimiento no lo genera una sentencia. También es decisión individual. Quienes realmente quieran construir paz, deben decidirlo por sí mismos, con independencia de lo que opine el Órgano Judicial.

@crislopezg

Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 18 julio 2016 / EDH

El 20 de marzo de 1993, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, estableciendo “una amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos”. Con ella se derogó la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, la cual establece una amnistía más limitada y excluyó de este beneficio a “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”.

Amnistía es el perdón que puede otorgar la Asamblea Legislativa sobre cierto tipo de delitos y cuyo efecto principal es la no persecución penal de los autores de los delitos a la que se circunscribió. Una amnistía es una cuestión compleja, pues deben diario hoyponderarse dos intereses igualmente importantes: en primer lugar, la necesidad de asegurar ciertos intereses públicos legítimos (la paz, la estabilidad política y la reconciliación nacional); y, por otra parte, la obligación estatal irrenunciable de investigar y sancionar las violaciones de derechos fundamentales, establecida en el artículo 2 inciso 1° de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones a los derechos de las personas, independientemente de quienes hayan sido los responsables y del tiempo transcurrido desde su comisión.

También hay que tener en consideración que las amnistías tienen limitaciones y se fijan únicamente a los actos bélicos de las partes en conflicto. Una amnistía no puede ser una medida sin restricciones, sino que su validez está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la Constitución y en el Derecho Internacional, entre ellos: no aplican a las graves y sistemáticas violaciones al ordenamiento constitucional y al derecho internacional, tales como los crímenes de lesa humanidad; tampoco son válidas las auto-amnistías que favorezcan impunidad; no se admite el desconocimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales que tienen los Estados en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales, de investigar, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos conforme a su derecho interno; desconociendo, además, el deber de reparar integralmente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que son imprescriptibles según el derecho y la jurisprudencia internacional.

Incluso la “amnistía más amplia posible”, habilitada por el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, no significa una “amnistía absoluta, irrestricta e incondicional”, considerando la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Sala de lo Constitucional, en su sentencia del 13 de julio, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, ya que la forma en que estaba redactada (amnistía absoluta, irrestricta e incondicional), se constituyó como un obstáculo que impidió el juzgamiento de los responsables de ordenar o cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho interno y derecho internacional. La Sala de lo Constitucional consideró que dicha ley era tendente a anular la justicia y la reparación a las víctimas, ocultar la verdad y favorecer la impunidad, ya que los delitos amparados se trata de crímenes y violaciones de derechos fundamentales de carácter inderogable, cuya responsabilidad no puede disculparse con el pretexto de que el juzgamiento de tales crímenes entorpecería el logro de la paz en el país.

La reconstrucción de la sociedad debió pasar un proceso en el que se les ofreciera a las víctimas y sus familiares la oportunidad de esclarecer los hechos sucedidos durante la guerra civil con sus seres queridos; lo demás ha sido esconder los escombros debajo de la alfombra. Si después de veinticuatro años de firmados los Acuerdos de Paz seguimos inmersos en un ambiente de polarización e intolerancia es –al menos en parte– porque en esa época se pactó un armisticio y olvido que ignoraba los derechos de las víctimas, nunca un verdadero perdón y paz.

Las claves de los fallos de la Sala Constitucional. De Mario González

Mario González, editor subjefe de EDH

Mario González, editor subjefe de EDH

Mario González, 17 julio 2016 / EDH

Entre las reacciones por la sentencia de la Sala de lo Constitucional contra la amnistía de 1993 rescato por sabias y sensatas las palabras del licenciado Salvador Samayoa: a pesar de que el fallo le parece equivocado, considera que hay que ver el asunto sin dramatismos y recordar que El Salvador pasó la página de la guerra hace mucho.

Por mi parte, yo interpreto que más bien la Sala le puso candado tanto al tema de la amnistía como otros dos asuntos cruciales en la vida del país: el de los $900 millones en bonos y el cobro del cargo adicional del 13% a la factura de energía.

En el caso de la amnistía, la lección que saco es: ambos bandos cometieron atrocidades y no pueden estar asumiendo poses de pureza para acusar al otro y viceversa, así que lo mejor es dejar atrás la guerra.

diario hoyYa el magistrado Belarmino Jaime, en su voto disidente de la sentencia, advierte que si se inicia una cadena de acusaciones y contraacusaciones, no se salvarían de verse en el banquillo personas que desempeñaron o desempeñan altos cargos, como el mismo Presidente de la República o diputados a la Asamblea Legislativa.

Pero más allá de eso es importante que el país descanse ya de esos resentimientos y rencores del pasado, pues pecados hay en ambas partes. Y lo digo yo como periodista y testigo que fui de esa maldita guerra que dejó más de 70 mil muertos y de varios acontecimientos que la marcaron.

El que esto escribe fue testigo de cómo quedaron de tiroteados los cadáveres de seis inermes sacerdotes y sus dos colaboradoras en su casa vecina a la UCA temprano de la mañana de ese 16 de noviembre de 1989. Tanto a ellos como a la señora y su hija les destrozaron sus cabezas a balazos los oficiales y soldados que irrumpieron en la casa.

Fue tan atrocidad ese crimen como que la guerrilla le volara con una bomba la cabeza al Fiscal General, Roberto García Alvarado, días después de que ordenara la detención de la comandancia general del FMLN en abril de 1989. La esposa del Fiscal murió de la pena al año siguiente, convirtiéndose en otra víctima del atentado.

Fue tan repudiable que un mayor del Ejército reuniera a un grupo de campesinos en un aula de una escuela en San Sebastián, San Vicente, y luego les tiraran granadas, como que un comando guerrillero llegara a la casa de un alcalde y lo asesinara a tiros frente a su hija que estaba amamantando a su bebé. La infante estuvo a punto de morir por un mal gastrointestinal debido a la impresión que sufrió la madre cuando estaba amamantándola.

Y así sucesivamente podemos ir citando caso por caso de ambos bandos y no terminaríamos nunca.

Estamos de acuerdo en que las víctimas o sus familias tienen derecho a ser reivindicadas, pero no se vale que abogados o grupos que dicen velar por los derechos humanos, pero que tienen agendas particulares, salgan a hacer reclamaciones solo para beneficiarse.

Además, no hay capacidad para investigar hechos ocurridos hace más de 30 años.

En el tema de los $900 millones, veo un mensaje crucial: los diputados titulares ya no podrán cubrirse con los suplentes a la hora de votar decretos importantes, para evitar enfrentar el costo político y eventualmente hasta a la justicia. En la mente de los salvadoreños está fresca la escena de la diputada Sandra Salgado viéndose obligada a retirarse para darle su lugar a un suplente y facilitar la votación por los $900 millones en bonos en un procedimiento muy cuestionado por la población.

Ahora, cuando voten en favor de leyes o decretos impopulares, como el proyecto de las pensiones, los diputados titulares identificados plenamente tendrán que responder ante la población.

En el caso del cobro adicional del 13 % en la factura de energía, aunque la Sala no se ha pronunciado sobre el fondo ni en definitiva, pero me parece que el mensaje que deja es que quienes estén en el poder, independientemente del partido que sean, no pueden sentirse tan libres e impunes de aprobar impuestos disfrazados sin pasar por un debate en la Asamblea Legislativa como manda la Constitución.

Creo que, más allá del impacto que hayan tenido los tres fallos, nos marcan un antes y un después en el desarrollo de la política y la democracia para que los salvadoreños, sobre todo los políticos, respetemos la Constitución y las leyes y no busquemos caminos cortos o fáciles o sucios ni intentar burlar a la población para favorecer intereses particulares.

La Sentencia derribará el Mito. De Joaquín Samayoa

Joaquin SamayoaJoaquín Samayoa, 16 julio 2016 / EDH-Observadores

En la vida real, las opciones son siempre más limitadas que en el mundo de los deseos. La historia se va haciendo sobre la base de lo posible. Es esa determinación, por terrible que pueda ser o parecer, la que sirve para juzgar los acontecimientos históricos.

Diez, quince o veinticinco años después de promulgada la ley de amnistía, ésta puede parecer inconveniente. Sin embargo, cuando se promulgó era una condición necesaria para el cumplimiento de los acuerdos que pusieron fin a la guerra fratricida en El Salvador. Ninguno de los contingentes armados se habría ido tranquilo a su casa sin esa odiosa garantía. Eso es lo que ocurre siempre que una sociedad decide que no quiere seguir destruyéndose por tiempo indefinido, en espera a que una de las partes logre éxito en su intento de aniquilar a la otra. Borrón y nueva cuenta. Ese es el precio que hay que pagar para darle una oportunidad real a la paz.

observadorEn ese camino no hay laureles, ni siquiera florecillas que lo adornen un poquito. No hay justicia para las víctimas del pasado, solo para las que indudablemente habrían seguido acumulándose si la guerra hubiese continuado. Y no es válido enturbiar esa apreciación con el argumento de que sigue habiendo violencia en El Salvador. Aún si aceptamos que, en una importante medida, la violencia de hoy tiene sus raíces en la de ayer, la conclusión obligada es entonces que habría hoy mucha más violencia si la situación que la originó se hubiese prolongado mucho más, como sin duda habría ocurrido sin una ley de amnistía.

Más allá de sus fundamentos filosóficos en la concepción del Estado y de la historia, no soy especialista en intrincados temas jurídicos. Aunque tengo mi opinión al respecto, no quiero hacer aquí una crítica jurídica a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Como alguien ya ha señalado, esa decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia abre una caja de Pandora, pero le encuentro un lado positivo. Después de muchos y muy desagradables alborotos, la referida sentencia derribará el mito de que la ley de amnistía impidió que se hiciera justicia y, en la medida que lo hizo, es la causa de que todavía hoy no se haga justicia en los miles de crímenes que atormentan a la sociedad salvadoreña.

Habrá sobresaltos, enfrentamientos verbales enconados, acusaciones con renovado resentimiento. Se debatirá hasta la saciedad por qué unos muertos son más importantes que otros, por qué unas atrocidades deben someterse a procesos judiciales mientras que otras tendrán que ser, una vez más, desatendidas. Una buena parte de la energía social, constructiva o destructiva, se empeñará en el manejo de las consecuencias que acarrea la derogatoria de la Ley de Amnistía. Pero al final, muy pocos, si es que alguno, de los procesos judiciales que se emprendan culminará con éxito o contribuirá a la reconciliación.

La Ley de Amnistía ha sido un impedimento formal para intentar que se esclarezca la verdad y se haga justicia. Pero tampoco había sido posible esclarecer verdades o hacer justicia sobre los crímenes que se cometieron durante las dos décadas previas a la promulgación de la ley. Y mucho me temo que así seguirán las cosas. Nuestro sistema de justicia penal no logra resolver los crímenes de la semana pasada ni los del mes pasado, ni los del año pasado; ninguno de los cuales está amparado por una ley favorable a la impunidad.

La condena judicial por esos crímenes tan horrendos y que tanto dolor nos causaron a todos en los años de locura, no podrá sustentarse en pruebas científicas; necesita de testimonios cuya verdad y validez puedan prevalecer en las cortes; testimonios incriminatorios de los mismos hechores, o de sus jefes y subalternos. Lamentablemente, sobran razones para pensar que eso no ocurrirá.

Sin el impedimento que planteaba o el que se le atribuía a la Ley de Amnistía, quedará claro que las posibilidades reales de hacer justicia pasan por otras coordenadas. Una vez derribado el mito, tendremos que empezar a poner más atención a los problemas reales, a los problemas de hoy, a todo lo que está y siempre ha estado mal en nuestro sistema de justicia penal. Ojalá que en el camino hasta llegar a ese entendimiento no nos destrocemos más de lo que ya estamos destrozados como sociedad.

Carta a los que dirigieron la guerra: No sean cobardes. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 16 julio 2016 / EDH

Estimados ciudadanos:
La Sala declaró inconstitucional la Amnistía del 1993. Me parece una decisión errada y peligrosa, hecha con criterios anacrónicos que desconocen la lógica de la transición de la guerra a la paz.

Los crímenes cometidos durante la guerra, por ambos bandos, son reprochables y las víctimas tienen derecho a reclamar justicia. Pero el crimen más grande hubiera sido prolongar la guerra. Así que cuando la paz parecía alcanzable, se nos planteó un conflicto entre dos imperativos jurídicos y éticos: el derecho de las víctimas a la justicia; y el deber del Estado y de la sociedad entera de parar la guerra. La sociedad salvadoreña privilegió el interés nacional por sobre el derecho individual de las víctimas. Así nació la amnistía como instrumento de diario hoyhacer viable el cese al fuego y la incorporación de los combatientes de ambos lados al nuevo país a construir. Bajo el tutelaje de la comunidad internacional y sus organismos, El Salvador aplicó un mandato de los Convenios de Ginebra que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial rigen los conflictos armados: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado.”

Pero bueno, la amnistía fue declarada inconstitucional, y la sentencia es inapelable. Nos toca a todos ser responsables y evitar que esto tenga un costo impagable para el país.

Cuando en el 1992 se formó la Comisión de la Verdad, hubo una decisión de la Comandancia General del FMLN: Como líderes político-militares de la guerrilla se iban a hacer cargo, ante la Comisión de la Verdad y el pueblo, de los crímenes que sus fuerzas han cometido.

A la hora de la verdad, sólo los comandantes del ERP cumplieron. Interrogados por los comisionados sobre los asesinatos de los alcaldes dijeron: “No busquen responsables, nosotros asumimos la plena responsabilidad.” Por esto aparecen señalados en el Informe.

Los demás comandantes no se hicieron cargo de nada. Por esto Schafik, José Luis Merino, Salvador Sánchez Cerén, Medardo González, no salen mencionados en el Informe. Tampoco ningún miembro del Alto Mando de las Fuerzas Armadas se hizo cargo de ningún crimen cometido por sus fuerzas.

El país enfrentará una situación crítica a partir de la decisión de derogar la amnistía y abrir espacio para que sean investigados y enjuiciados los crímenes señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad – y otros que la Comisión no logró documentar, como por ejemplo las ejecuciones sumarias de unos mil combatientes y colaboradores de las FPL a manos de sus compañeros. Espero que esta vez los ex comandantes de la guerrilla y de la Fuerza Armada que hayan ordenado y encubierto crímenes tengan la valentía y el patriotismo de hacerse cargo y ahorrar al país años de investigaciones, acusaciones, y contraacusaciones.

Todos los que durante años hicieron campaña contra la amnistía, siempre dijeron que no se trata de alcanzar venganza y castigo, sino la verdad.

Entonces, establezcamos lo más antes posible la verdad. Que cada uno diga lo que bajo su mando pasó y costó dolor a miles de víctimas civiles. Que cada uno se haga cargo de los excesos horribles que se cometieron: secuestros y desapariciones, masacres y asesinatos de civiles.

Los comandantes del ERP, quienes ya lo hicieron ante la Comisión de la Verdad, que lo vuelvan a hacer. Los comandantes de las FPL y del PC, que rompan su silencio y pidan perdón a sus víctimas de sus secuestros, asesinatos y “limpiezas”. Lo mismo los miembros del Alto Mando militar y los civiles que organizaron escuadrones de muerte

Nos daremos cuenta que los culpables de los crimen cometidos durante la guerra, a partir del 1992 han trabajado por la paz, por la democratización y por la reconciliación. La sociedad e incluso las víctimas les van a perdonar, y les van a reconocer a todos su fiel cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Claro que sé que esta llamado es demasiado idealista y que no muchos van a actuar así. Pero con unos pocos que lo hagan, todos ganaremos como país.

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“En este momento lo ideal sería actuar con cordura”: Francisco Bertrand Galindo

El abogado constitucionalista considera declarar inconstitucional la Ley de Amnistía no es adecuado, pues traería consecuencias políticas.

Bertrand Galindo

diario hoy14 julio 2016 / EDH

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo sostiene que los partidos políticos deben hacer conciencia en sus bases de que se debe mantener el espíritu de la Ley de Amnistía y los Acuerdos de Paz. Señala que se debe ver el tema con sensatez y meditar el contexto en que vive el país.

¿Cómo valora la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía de 1993?

La sentencia, en lo personal no me parece adecuada ni  oportuna. Puede tener problemas jurídicos. Coincido con el ministro de Defensa  en  que además de los efectos jurídicos puede generar problema jurídico.

¿Es subsanables esto jurídicamente? ¿Qué se podría hacer?

Yo creo que los señores magistrados ya manifestaron su opinión. Ellos son los responsables de definir cómo debe ser interpretada la Constitución y en función de esa interpretación, cuáles son las leyes constitucionales y cuáles no. Independientemente de la forma como uno puede coincidir o no sobre las valoraciones jurídicas y políticas de la sentencia, simplemente lo que queda es respetarla y en la medida de lo posible aplicarla, con la prudencia que puede significar para que cause la menor cantidad de problemas.

El observador político Salvador Samayoa decía que las víctimas o sus familias tienen todo el derecho a reclamar justicia, pero también el Estado tenía obligación de para la matanza que había, ¿qué piensa al respecto?

Detener la matanza era importantísimo, quizá el objetivo fundamental de los Acuerdos de Paz y entonces hace toda la lógica que se haya dado una amnistía tan amplia.

¿El interés general, en este caso, priva sobre el particular?

A este momento sigue siendo más importante el interés público, de tener una sociedad de lo más en paz posible a que un punto que más pareciera, si bien es cierto justicia, pero una justicia que de todos lados aplicada a cualquier bando, es ya 25 años después que ya deberíamos pensar que se ha perdonado la guerra.

 ¿Qué factibilidad cree que tendría la Fiscalía y otras autoridades de poder recabar evidencia y hacer juicios justos y completos a tanto tiempo de los acontecimientos?

Puede ser que haya alguna capacidad de reconstruir alguno de estos casos, pero es claro que van a haber muchos casos de difícil investigación, y hay que insistir en el tema: la Fiscalía está conociendo cada año alrededor de 4,000 homicidios, a eso agréguele los miles de denuncias de extorsión, de violencia, que creo que con el presupuesto que tiene la Fiscalía, si le agregamos los casos de corrupción que ya están, agregarle la exigencia de investigación de alrededor de 50 casos de lesa humanidad será difícil.

Se habla de pasar la página, de pensar con sensatez… 

Como sociedad lo ideal sería eso: actuar con cordura, no tomarlo como un elemento de venganzas, pensar los casos. Las fuerzas políticas tienen que tratar que sus afines vean esto con una perspectiva de cómo lograr, a pesar de la sentencia, mantener el espíritu de los acuerdos de paz.

Al parecer queda vedada la aprobación de otra amnistía, ¿pero pueden existir otras figuras jurídicas que posibiliten ese perdón?

No conozco la sentencia completa. En principio el derecho de poder legislar sobre materia penal le corresponde a la Asamblea. Siempre hay una forma en que se pueda resolver esto. Eso dependerá de cómo está planteada la sentencia y la procedencia de este tipo de restricciones a futuro que son como limitaciones a las funciones naturales del Congreso. Eso habrá que revisarlo y con eso comenzar a evaluar las opciones, pero lo ideal sería que las fuerzas políticas generen un nuevo acuerdo.

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Firmante de los Acuerdos de Paz, Samayoa critica la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía de 1993, pero cree que hay actuar con sensatez y ver hacia adelante.

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diario hoy14 julio 2016 / EDH

Salvador Samayoa, exmiembro de la Comisión Político-Diplomática de la exguerrilla del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, dice que la sentencia de la Sala de lo Constitucional contra la amnistía de 1993 “está equivocada”.   A su juicio, ningún tratado o ley obliga al Estado salvadoreño a desconocer una amnistía que era necesaria para sellar la reconciliación en esa época.

Sin embargo, Samayoa considera que ahora hay que actuar con sensatez y ver para adelante.

Estas son sus impresiones para El Diario de Hoy:

¿Cómo valora la sentencia contra la amnistía de 1993?

No conozco la sentencia porque no la habían publicado, sino sólo un resumen. Creo, por el resumen, que la Sala hizo un argumento principal que está equivocado, es decir, la obligatoriedad del Estado salvadoreño de considerar como no amnistiables los delitos de lesa humanidad. Creo que ese es un error jurídico.

¿En qué consiste este error?

No hay ni un solo tratado o ley internacional que diga que tal o cual tipo de delitos puede o no puede entrar en una ley de amnistía. El Salvador está obligado en esos temas de Derecho Penal únicamente al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, el cual recientemente ratificamos y no tiene vigencia retroactiva; está obligado también a la Convención Americana de Derechos Humanos y en ella tampoco hay una sola disposición en ese sentido. Y está también obligado de manera distinta por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ha emitido sentencias en las que argumenta que esos delitos no deberían ser parte de una ley de amnistía, pero esta es sólo una opinión, una corriente de Derecho Internacional que los magistrados de la Corte Interamericana han utilizado para argumentar sus sentencias, pero esto no está escrito en ningún convenio o tratado que El Salvador haya firmado, ratificado o adherido.

El derecho de las víctimas se contrapone con la decisión del Estado…

Hay quienes argumentan que con la amnistía se ha conculcado, suprimido, pisoteado, negado el derecho de las personas a la justicia. Esto es cierto. Una amnistía implica un acuerdo, que siempre es político, al término de todas las guerras, para no llevar procesos penales por crímenes ocasionados en la guerra. Una persona que fue víctima queda con ese derecho negado. Es cierto que el derecho y el interés de los familiares de las víctimas son legítimos, pero también es cierto que el Estado tiene un derecho y un interés también legítimos y probablemente de orden superior. En un caso como el nuestro tan legítimo era que una persona buscara justicia por el asesinato de un pariente, como legítimo y necesario era que el Estado parara la matanza. Este era un bien, un imperativo moral de orden superior.

Pero se alega que eso favoreció la impunidad…

Algunos argumentan que por qué había que parar la matanza con impunidad. Este no es el caso. La política real nos dice que no puedes firmar un acuerdo de paz con una parte y decirle: “¿sabes qué? Fírmame aquí, pero mañana voy a enjuiciarte y a llevarte a la cárcel a ti y a todos tus compañeros… ¿Me vas a firmar o no me vas a firmar?”. No te lo firma nadie. En El Salvador se firmó el acuerdo sin que hubiera una amnistía, pero con una perspectiva muy clara de que la habría en los meses posteriores.

Yo creo que la justicia jugó un papel que definitivamente le ha negado derecho de justicia penal a las víctimas, pero ha jugado un papel en el orden moral y también en el orden del Derecho de la sociedad salvadoreña.

¿Cuál era el contexto de la realidad de esa época?

Le voy a sintetizar cómo estaba la situación. Yo puedo comprender que una persona que tenga 30 ó 35 años de edad y que, por tanto, tenía seis años u 11 o 15 años edad cuando se firmó la paz y se decretó la amnistía, pueda tener consideraciones más abstractas, pero los adultos que comienzan a ser mayores no tienen derecho de ignorar cuál era la situación del país. Yo se los voy a recordar: 1. en marzo de 1993 la Fuerza Armada de El Salvador estaba intacta, con todo su poder, no se había depurado a un solo oficial como lo había recomendado el informe de la Comisión Ad Hoc que se entregó al entonces presidente Cristiani en enero de ese año. 2. No había desplegado aún la nueva Policía Nacional Civil; la primera promoción sale en septiembre. 3. No se había elegido una Corte Suprema con las reglas nuevas de los acuerdos de paz. 4. Todavía no se había tenido una elección para presidente o diputados con los nuevos acuerdos del Tribunal Supremo Electoral… Todo lo del acuerdo de paz era vulnerable y reversible. El poder del Ejército estaba intacto. Estoy convencido de que si estos señores no hubieran tenido la ley de amnistía era bastante probable que el conflicto hubiera seguido y hubieran buscado la manera incluso de derrocar al gobierno y nos hubiera ido peor a todos porque se hubiera prolongado la matanza y habría sido más encarnizada.

¿Qué se debe hacer de cara al futuro?

El peligro es que comience una cadena interminable de demandas judiciales. Pueden demandar al presidente Sánchez Cerén o al expresidente Cristiani. Y un contingente político que ve que a uno de sus dirigentes le ponen una demanda judicial de ese tipo no se va a quedar con los brazos cruzados y le va a poner una demanda a un dirigente del otro sector. Entraríamos en un proceso de consumir la energía del país en voltear a ver los crímenes del pasado. Eso no sería bueno para el país. Hay que actuar con prudencia. Las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento. A mí no me gusta para nada esta sentencia, me parece que está extralimitada, mal argumentada, mal fundamentada, pero hay que cumplirla. Eso significa que en lo sucesivo cualquier persona o entidad de derechos humanos v a poder entablarle un juicio a cualquier dirigente del tiempo de la guerra. Ante eso no podemos hacer nada a nivel de la sociedad civil. Sólo esperar que haya la mayor sensatez y que se entablen demandas con resentimiento, con odio, con sentido de venganza política. Si algún ciudadano se siente agraviado, que lo haga, pero que no sean las organizaciones políticas e incluso las de derechos humanos, que navegan con bandera de pureza y que muchas veces también tienen sus propios intereses a la hora que promueven determinado tipo de cosas.

Yo quisiera que actuáramos con responsabilidad política, sin dramatismos, que viéramos la sentencia de la Sala como un desbloqueo para juzgar cosas.

Yo veo poco probable que a hechos que ocurrieron en los 80, 30 ó 40 años se les pueda hacer una investigación. En el caso, por ejemplo, de El Mozote se pudo hacer una investigación forense que comenzó hace tiempo porque se trataba de una cosa masiva donde estaba una materialidad del delito enterrada que podía ser objeto de investigación. Pero en la mayor parte de crímenes de la década de los 80 yo veo muy difícil la viabilidad de una investigación técnica, policial o forense que pueda aportar elementos de juicio probatorios para la culpabilidad de alguien. No se debieran emprender juicios que no tienen probabilidad alguna de éxito.

En síntesis, ¿será lo mejor dejar atrás la guerra?

Yo creo que la guerra hay que dejarla detrás y creo que El Salvador la ha dejado atrás. Aquí no volvimos a tener ya violencia política en ese sentido; hay personas que siguen viviendo en el pasado y tienen su derecho a decir lo que quieran, a pedir lo que quieran y a demandar lo que quieran. Yo creo que el conjunto de los salvadoreños, de la población y de las fuerzas políticas no está en esto; han pasado página. Demasiados problemas tenemos hoy como para además estar viendo y ocupando la energía del país en los problemas de antes. Uno ve, por ejemplo, lo saturada que está la Fiscalía, que si no puede resolver ni el crimen de la semana pasada, ¿ahora va a poder resolver un crimen de 1980?

Las instituciones, la población, las fuerzas políticas han pasado página para el proceso de paz. Es cierto que eso significó la amnistía, dejar sin juzgamiento muchos delitos, graves delitos, monstruosos delitos, eso es cierto, pero así ocurre en todas las guerras al finalizar; y de hecho, el único instrumento internacional de los que El Salvador está obligado (a cumplir) que habla de amnistía es el Protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que es el que norma en derecho internacional los conflictos armados internos en los países. Ese protocolo dice  que  los gobiernos, al término del conflicto, procurarán amnistías lo más amplias posibles para que puedan consolidarse la paz en los países.

El Salvador, cuando propuso la Ley de Amnistía, tenía detrás todas las resoluciones de los presidentes centroamericanos: los Acuerdos de Esquipulas y Esquipulas II, que en ese momento toda la comunidad internacional estaba de acuerdo, sin excepción, y la comunidad de derechos humanos también estaba de acuerdo con eso; y esas resoluciones, todas, instaban a los gobiernos a procurar y a propiciar procesos de amnistía como parte de la solución a los conflictos armados; ese era el ambiente que había. Tanto la ley internacional, que era el protocolo segundo adicional como las resoluciones de los organismos regionales, de Naciones Unidas, todos estaban abocándose a una Ley de Amnistía, en ese contexto se dio la Ley de Amnistía. No se puede venir ahora, tantos años después, a decir que fue antojadizo o que fue arbitrario, o que le salió de las pistolas a alguien aprobar una Ley de Amnistía.

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La caja de Pandora que abrió la Sala. La Columna transversal de Paolo Luers

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Pandora’s box.1896. John William Waterhouse

paolo_luers-obsPaolo Luers, 15 julio 2016 / EDH

Según la mitología griega, los dioses crearon la primera mujer: Pandora. Como prueba le dieron un recipiente, sin decirle que ahí estaban guardados todos los males del mundo – y le advirtieron que bajo ninguna circunstancia lo abriera. Le venció la curiosidad, abrió la caja, y todos los males, pestes y desastres se esparcieron por el mundo. Sólo quedó una cosa en la caja de Pandora: la esperanza. Por esto hasta le fecha decimos: La esperanza es lo último que se pierde…

Este miércoles, abrieron la caja de Pandora, declarando inconstitucional la amnistía. El contenido: toda la violencia de los años de guerra, toda la impunidad y todas las mentiras. Pronto veremos cuales maldiciones saldrán. Y también si al final y a pesar de todo nos quedará la esperanza.

diario hoyA la hora de redactar esta columna, la Sala de lo Constitucional sólo ha publicado un escueto comunicado. Será hasta estudiar la sentencia que se podrá analizar todas sus consecuencias jurídicas, políticas y culturales. Lo que sí está claro es que la Ley de Amnistía del 1993 fue declarada inconstitucional. Al quedar sin vigencia la Ley de Amnistía del 193, automáticamente recobra vigencia la primera Ley de Amnistía (ley de Reconciliación) de enero 1992. Esta ley contempló que no gozarían de la amnistía “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”.

Y las palabras claves de la Sala: “Se establece que los hechos excluidos de la amnistía son los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales, por los efectos de la presente sentencia y por la gravedad de los mismos, no han prescrito.”

Pregunto: ¿Quién es o quiénes son los que tienen que cumplir esta sentencia? ¿Las “autoridades competentes” arriba citados por la Sala? Entonces, en primera línea la Fiscalía General, que es la institución que decide a quién investigar y qué delito perseguir. ¿Pero quién hace el trabajo de investigación, la colección de pruebas? Tendrá que ser la PNC. Pero un momento: ¿la PNC conducida por cuadros del FMLN va a investigar la masacre de Mozote, cometida por la Fuerza Armada, pero también las masacres de San Vicente, cometidas por las FPL comandadas por quien hoy es presidente de la República’; el asesinato de los jesuitas, pero también el de José Antonio Rodríguez Porth; las desapariciones de opositores, pero también los secuestros de empresarios, algunos incluso después de los acuerdos de paz. ¿Todo esto en manos de una policía altamente politizada?

Y la fiscalía general, que no tiene capacidad de investigar los crímenes que se cometen diariamente, mucho menos los no resueltos de los últimos 20 años, ¿ahora va a investigar las docenas de casos que nos heredó la Comisión de la Verdad, más otros que se escaparon a esta instancia internacional? ¿Quién tiene la solvencia e independencia para decidir cuáles delitos investigar y a quién de los comandantes y militares perseguir? ¿El actual fiscal general? Mejor me cuenten uno de Pepito… ¿O simplemente retomamos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, dándole a posteriori facultades constitucionales que nunca tuvo?

Y los tribunales penales que siguen acumulando mora; que tienen a miles de reos sin condenas, ¿ahora van a dejar al lado los casos actuales y dedicarse a buscar justicia y verdad en casos históricos de hace 30 o 40 años?

Un sistema de justicia que en su total (desde la investigación policial hasta el tribunal) permite una cuota de 90% de impunidad en casos de homicidios, ¿ahora va a esclarecer los crímenes de guerra?

A las sentencias de la Sala hay que cumplirlas. Pero esta sentencia, ¿quién diablos la podrá hacer cumplir?

Los principales dirigentes del FMLN tendrán que enfrentar investigaciones penales, igual que los miembros del Alto Mando de la guerra y algunos fundadores de ARENA. Si realmente comienzan a investigar crímenes de guerra y abusos de Derechos Humanos, sería imposible no involucrar al actual presidente. No pueden ir contra ningún militar si van contra los principales comandantes guerrilleros. ¿Habrá un antejuicio para despojar al presidente de su inmunidad y de su cargo?

Vaya, Pandora, ¿qué hiciste al abrir esta caja? ¿Y qué hacemos ahora con los espíritus malos que liberaste? ¿Y al salir todos los males, al final quedará en la caja la esperanza, como en la mitología griega? La Sala tiene la palabra.