Sala Constitucional

Última instancia de defensa de la Constitución. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 1 agosto 2016 / EDH

Desde el año 2010 hemos escuchado un permanente cuestionamiento producto de los malestares que han causado algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional entre los diferentes sectores: ¿quién controla a la Sala de lo Constitucional? ¿cuál es la institución encargada de revisar en apelación los fallos de la Sala? La respuesta es simple y la debería saber todo aquel que ha cursado Derecho Procesal Constitucional: para bien o para mal, nadie. Las sentencias definitivas de la Sala de lo Constitucional no admiten ningún tipo de recurso ya que esta se constituye como un tribunal de cierre o de última instancia dentro del esquema de protección de derechos constitucionales de nuestro sistema judicial. Es decir, entre todos los operadores jurídicos que tienen el deber de proteger los derechos de los ciudadanos, la Sala de lo Constitucional es el último tribunal al que se le encarga esta labor.

diario hoyHago referencia a lo anterior debido a las recientes reacciones de los partidos políticos ante la sentencia de inconstitucionalidad que inhabilita a sus diputados suplentes para seguir ejerciendo su cargo en el periodo legislativo 2015-2018; todas las fracciones legislativas suscribieron una petición de “reconsideración” a la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia de inconstitucionalidad emitida, pidiendo que revocara su decisión. La misma Sala resolvió la cuestión señalando cuatro puntos esenciales: i) la “reconsideración” es una forma de “volver a revisar” una decisión que no está prevista para las resoluciones de la Sala de lo Constitucional; ii)  el artículo 10 inciso 1° de la Ley de Procedimientos Constitucionales determina que las sentencias de inconstitucionalidad no admiten ningún tipo de recurso, es decir, ningún medio que tienda a modificar una decisión definitiva; iii) las sentencias de inconstitucionalidad adquieren efectos de cosa juzgada, razón por la que los puntos decididos no pueden ser modificados o alterados en lo esencial; y, iv) las sentencias son de obligatorio cumplimiento, lo cual las convierte en autoprecedentes que esta Sala debe respetar.

Siguiendo el modelo austríaco –kelseniano– de justicia constitucional, los artículos 174 y 247 de la Constitución salvadoreña establecen un control concentrado (o especializado) de constitucionalidad a cargo de la Sala de lo Constitucional, la cual tiene la potestad de conocer de la inconstitucionalidad de cualquier disposición infra constitucional y actos jurídicos subjetivos que vulneren las disposiciones de la Constitución (por ejemplo, los nombramientos de los funcionarios previsto en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución); así como de los procesos de amparo y hábeas corpus, controversias entre los Órganos Legislativo y Ejecutivo, y conocer de las causas de suspensión de los derechos de la ciudadanía.

Con base en lo anterior, la Sala es la última instancia cuando se trata de la defensa de la Constitución y los derechos constitucionales de las personas; pero esto no significa que sea la única. Conforme a la facultad de los jueces de realizar un control difuso de constitucionalidad señalada en el artículo 185 de la Constitución (y retomando la tesis del alemán Peter Häberle), la Sala ha establecido que todos los tribunales del país (que también están vinculados a la Constitución), son igualmente “tribunales constitucionales de instancia”; es decir, son ellos los que, en primer término y de modo preferente, deben brindar protección a los derechos de la ciudadanía en sus respectivas funciones; si ellos no realizan esta labor acorde a la Constitución, la última instancia a acudir es la Sala de lo Constitucional.

Es por las razones antes expuestas que la Sala de lo Constitucional posee una importancia fundamental dentro del sistema judicial salvadoreño, ya que tiene una función extraordinaria encomendada a ella por la Constitución: la eficaz protección de los derechos fundamentales por su papel de guardián último de la constitucionalidad. Y dada esta importancia es que hay que tener presente siempre los procesos para la elección de funcionarios públicos, exigiendo a la Asamblea Legislativa, en este caso específico, que los magistrados a elegir sean los que poseen las mejores credenciales técnicas y morales para ejercer el cargo. La renovación de 4 de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional a realizarse en 2018 está a la vuelta de la esquina.

¿La dictadura judicial…? De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 28 julio 2016 / EDH

Varios de los principales líderes del partido de gobierno han denunciado que la Sala de lo Constitucional pretende implementar una “dictadura judicial”. Además amenazaron con “no acatar sus sentencias”. El calificativo de dictatorial es aplicable a las “democracias mutiladas” como en Nicaragua o Venezuela, pero de ninguna manera encaja para la administración de la justicia salvadoreña.

diario hoyNicaragua celebrará las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Si nada extraordinario sucede, Daniel Ortega será reelecto como gobernante de la nación. El mandatario rechazó la observación electoral internacional, manipuló al Órgano Judicial para impedir la participación de la oposición y se encargó de incluir en la papeleta a partidos que el reconocido periodista, Carlos Fernando Chamorro, llamó  “zancudos” o “colaboracionistas” porque su labor no es competir sino justificar que la boleta incluya “otras banderas” cuyos candidatos no tienen ninguna posibilidad de triunfo.

El derrocamiento de Somoza por la revolución sandinista en 1979 permitió el ascenso de los rebeldes por la vía militar. En 1990 Ortega entregó el poder a Violeta Barrios viuda de Chamorro después que la candidata ganara los comicios por el voto popular. En 2006 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recuperó la presidencia despejando el camino para el retorno de Daniel Ortega. En realidad su vuelta a la primera magistratura se fraguó en 1999 con “el pacto” entre Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, y el FSLN. Ese revoltijo político se concretó con la reforma a la Constitución y a la ley electoral. Su propósito fue crear las condiciones que tallaran un sistema electoral a la medida de sus pretensiones políticas que, seis años después, allanaría la victoria de Ortega.

A partir de este momento los nicaragüenses presenciaron el deterioro acelerado de sus instituciones democráticas. Buena parte del sector empresarial se convirtió en cómplice de ese desgaste que sufrió la República a través de una descarada violación a la separación de poderes. Se prefirieron los negocios a la estabilidad política y un grupo importante de hombres de negocios comprometieron la democracia con tal que sus empresas florecieran sin amenaza alguna.

La actuación de la Corte Suprema de Justicia, manipulada y secuestrada por el Orteguismo, representa una verdadera “dictadura judicial”. La sumisión a Daniel le valió al mandatario su reelección en 2011 cuando el máximo tribunal de justicia avaló su participación para buscar un nuevo mandato al frente de la presidencia. La sentencia 504 fue el “pase” que Ortega no habría conseguido si el sistema judicial nicaragüense funcionara de manera independiente.

Un caso similar lo encontramos en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responde incondicionalmente a las directrices del oficialismo. Nicolás Maduro heredó esta ascendencia sobre el TSJ de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. El rapto de la justicia en Venezuela le ha permitido al gobierno la anulación de varias de las decisiones que la oposición política, vencedora en las legislativas de diciembre de 2015, ha venido aprobando en la Asamblea Nacional. Esta ha sido la estrategia para detener los proyectos de ley que los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática han impulsado desde su victoria en las urnas.

En El Salvador la justicia constitucional ha despejado el camino para una serie de reformas que, bien aprovechadas por los partidos políticos, les permitirían contrarrestar la oleada de críticas de la que son objeto por parte de la ciudadanía.

Una “dictadura judicial” no reactivaría la aplicación de la legislación que castiga el enriquecimiento ilícito. Tampoco habría trazado nuevas reglas para modernizar el sistema electoral ni mucho menos tendría interés alguno en impedir que se eligieran militantes de partidos para presidir a las instituciones del Estado cercenándoles por completo su neutralidad. Por el contrario habría tapado la corrupción, ignoraría por completo el interés de los ciudadanos por exigir cuentas a sus representantes a través de las listas abiertas y seguramente fomentaría la elección de funcionarios de segundo grado con intereses partidarios.

Una dictadura judicial sólo puede ser posible en un sistema totalitario donde no existen los frenos y contrapesos y en el que sus liderazgos políticos olvidaron el ideario que los llevó a luchar un día por una sociedad más libre y democrática.

¿La verdad del perdón? De Federico Hernández Aguilar

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 27 julio 2016 / EDH

Una de las grandezas del perdón radica en su incondicionalidad. Si yo digo que quiero perdonar, pero establezco condiciones para que tal cosa ocurra —la identidad de quien me ha agraviado, por ejemplo, o una relación de los hechos que motivaron la ofensa—, mi deseo de perdonar ya no nace de la magnanimidad, sino de las circunstancias que en la práctica me llevan a cumplir lo que declaro.

Hay personas que afirman haber perdonado en su corazón pero insisten en conocer a quién. Esa forma de perdonar es curiosa. También escuchamos decir que hasta Dios, en el sacramento de la confesión, necesita que el pecador arrepentido reconozca su culpabilidad y haga efectivo el desagravio (uno que, por cierto, es proporcional a la misericordia del ofendido y no a la imperfección del ofensor). Con todo respeto admito que me cuesta entender esta comparación, porque ni existe momento en que Dios desconozca la identidad del pecador ni parece honesto equiparar la justicia divina con la humana, aunque solo sea para disponer de un símil piadoso.

diario hoyEl asesinato de mi abuelo materno, en 1979, fue un acto de cobardía que destrozó a nuestra familia y la metió sin aviso en la locura de la guerra. A mi madre y a mis tíos, en medio de la tragedia, les resultaba incomprensible que hubiera grupos que justificaran la muerte a tiros de una persona por razones de “justicia social” o “reivindicación histórica”. Pero así como es muy difícil argumentar contra la injusticia siendo violentos, podemos abrir la puerta a nuevas injusticias exigiendo que la verdad histórica se ajuste a nuestros sentimientos e intuiciones particulares.

El derecho a la verdad no se opone al perdón. Tampoco el primero condiciona al segundo. Lo que hace que no podamos perdonar se encuentra fuera del ámbito legal o de la sanción impuesta a priori (incluso moralmente) por una de las partes afectadas. Cuando algunas entidades, ojalá con las mejores intenciones, nos hablan de “restituir la dignidad de quienes sufrieron atropellos”, o de “mecanismos jurídicos de perdón, condicionados a la colaboración con la verdad”, o del “perdón generoso (sic) ante el reconocimiento de la barbarie acontecida”, lo hacen desde una perspectiva que a mi familia, tan agraviada como fueron otras, le es completamente ajena.

Soy consciente, sin embargo, de que el enfrentamiento con las heridas del pasado es un trance personal. Me encantaría que los demás ejercieran su “derecho” a perdonar, que no es otra cosa que dejar de odiar o de volver a vivir la ofensa cuando el recuerdo asoma. Nosotros, al tomar la firme decisión de perdonar, desde entonces hemos tratado de ejercer un perdón “militante”, testimonial, que pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero tenemos claro que no podemos pretender que los demás acepten este camino, y menos exigir que el Estado lo haga en su nombre. De ahí que aprovechemos cuanta oportunidad tenemos para hablar de ese perdón y de esa paz interior que ningún proceso de justicia humana —tampoco nuevas leyes de “reconciliación nacional”, ni siquiera la “justicia transicional”— consigue otorgar a nadie.

En las cíclicas revisiones que se han hecho de los casos más emblemáticos del conflicto, eso que suele invocarse como “verdad” jamás llegará a tomar el apellido de “absoluta” porque se instalen juicios y algunas personas terminen en la cárcel o siendo exhibidas ante la sociedad. De hecho, para ilustrar los grados de subjetividad en que nos movemos, copio solo dos líneas de un reciente editorial universitario: “La amnistía decretada en 1993 se limitó a despreciar a las víctimas, sabiendo que la gran mayoría de las mismas eran pobres” (¡!). ¿De este tipo de “verdades” hablamos cuando decimos defender a los agraviados? ¿Y cómo esperamos que la contraparte actúe diferente si así decretamos la “historicidad” de nuestra muy particular mirada al pasado?

Muchos salvadoreños ya elegimos otra ruta. Y nadie puede decirnos que nuestro perdón no es de verdad.

Cosas que no deberían estar pasando. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 25 julio 2016 / EDH

Recientemente el ámbito político del país fue sacudido por una serie de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en las cuales se detuvo el aumento del 13  % a la tarifa eléctrica en concepto de un cuestionado “cargo para inversión social”; se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y del decreto que autorizó la emisión de títulos valores por un monto de novecientos millones de dólares. En un esquema de cuestiones trascendentales para el país, cualquiera pensaría que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía estaría ocupando de forma prioritaria la agenda de todos los actores políticos en el país.

Sin embargo, en este país la elección de prioridades siempre es una sorpresa. La supuesta crisis ni siquiera gira alrededor del hecho de que el Gobierno ya no cuenta con los novecientos millones de dólares dentro de su presupuesto; por el contrario, la principal queja, reclamo o malestar recae en uno de los efectos colaterales de la sentencia de inconstitucionalidad, por el cual los diputados suplentes ya no podrán suplir a un diputado propietario por carecer de legitimación popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del pueblo para su elección.

diario hoyLa figura de los diputados suplentes no es inconstitucional en sí misma, sino que su uso fraudulento para alcanzar mayorías en las votaciones. Debe preocuparnos la forma en que opera la Asamblea Legislativa; resulta increíble que se genere una crisis a partir del hecho de que los diputados propietarios ya no tengan suplentes y que manifiesten que no deberían trabajar hasta que los últimos sean restablecidos en los cargos. Esto da lugar a inferir que en realidad quienes trabajan en el legislativo eran los diputados suplentes y no los propietarios, al casi asegurar que no pueden prescindir de ellos. O también podríamos asumir que los consensos en la Asamblea Legislativa se establecían a base de diputados suplentes cuando los propietarios, por cualquier motivo, no estaban dispuestos a dar su voto.

La desesperación por la permanencia de los diputados suplentes ha llegado al hecho de interponer una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno para que esta los rehabilite. Ello parte de una lectura interesada del artículo 182 ordinal 1 de la Constitución, el cual establece que “son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia conocer de los procesos de amparo”, sin tomar en cuenta que la labor de conocer y resolver los procesos de inconstitucionalidades, amparos y hábeas corpus es asignada expresamente a la Sala de lo Constitucional en los artículos 174 y 247 de la Constitución.

Probablemente la Asamblea Constituyente pudo evitar este tipo de malas interpretaciones, pero hasta los mismos diputados consideraron que no había donde perderse. Por ejemplo, el diputado constituyente González Camacho señaló que “no encuentro que sean contradictorios [el actual artículo 174 y 182 ordinal 1 de la Constitución], sino que el decir que la Sala de lo Constitucional será la que conocerá y resolverá, la Sala de lo Constitucional es parte de la Corte Suprema de Justicia”; siguiendo con la lectura del tomo VIII de la discusión y aprobación del proyecto de Constitución de 1983, el diputado constituyente Morán Castaneda explicó que “[el actual artículo 182 de la Constitución] establece todas las facultades que corresponden a la Corte Suprema de Justicia, pero estas facultades se podría creer que son ejercidas por la Corte en Pleno. La realidad es, que estas facultades las ejerce a través de las Salas que se integran, es decir, que no son atribuciones de todo el cuerpo tal como está organizado”. Además, en resolución 3 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia en Pleno se declaró incompetente para conocer de los procesos de amparo presentados mediante ella, remitiéndolos a la Sala de lo Constitucional para que fuera esta quien los resolviera.

La Asamblea debería considerar el llamado de los diversos sectores de la ciudadanía sobre la necesidad de priorizar los esfuerzos y centrarse en el trabajo en favor del pueblo; es inédito del hecho de que un órgano fundamental se paralice por el hecho que no haya quién les realice el trabajo. Esto no debería estar pasando.

Los sufridos diputados. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 25 julio 2016 / EDH

A los magistrados de la Sala de lo Constitucional este año les van a caer bien poquitas canastas navideñas. Digo, porque han logrado irritar a personalidades de todo el espectro político. La semana pasada le dediqué la columna al importantísimo tema de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 93 y por falta de espacio, no logré comentar el “atropello” que les han hecho a los sufridos diputados, con eso de que al declarar que por no contar con legitimación popular, los diputados suplentes no podrán ejercer las funciones de los diputados propietarios. Acertadísima resolución, puesto que en el sentido más literal de las cosas: ¡ni su mamá votó por ellos! Más allá de lo anterior, su existencia diluía la responsabilidad de los diputados propietarios, dándoles un “yo no fui” de bolsillo para poder excusarse con sus electores si por algún voto surgían reclamos. Como era de esperarse, a nuestros legisladores no les cayó bien la noticia.

diario hoyDicen que la clave para entender las penas del prójimo es la empatía: realmente ponerse en los zapatos de quien sufre e intentar internalizar sus dolores. Es esto lo que intenté hacer con todas mis fuerzas al leer los lamentos que hizo públicos uno de los afectados, el diputado por San Salvador Norman Quijano, cuyas anteriores lágrimas derramadas en el altar de la política son de todos conocidas. La interpretación que hizo el doctor Quijano de la sentencia carece en lo absoluto de fundamento jurídico, pues de alguna manera él la entendió como una prohibición para los diputados propietarios de enfermarse, reproducirse, tener emergencias, ir al baño o viajar. Aunque no les caerían mal un par de restricciones de viaje, en ningún momento la Sala los ha amarrado a sus curules. Es difícil sentir empatía alguna por el diputado Quijano, cuando se queja de haber perdido un privilegio del que carecemos todas las personas en edad productiva — empleadas o desempleadas — en el electorado que representa. ¿Se imagina que este laborioso diputado quería ser presidente? ¿Habría, de haber sido electo y de acuerdo a su extraña interpretación de la sentencia, delegado la presidencia a su compañero de fórmula para ocupar el baño?

¿Y cómo no hablar del atropello que sienten los pobres diputados suplentes del FMLN, que hasta fueron a interponer un amparo? Que les violaron el derecho de audiencia dicen. ¿Y a la ciudadanía, no le llevan por delante su derecho a ser oída cada vez que el representante que elegimos desaparece de escena para dejar el voto en manos de un virtual desconocido que no rinde cuentas y se refugia en su rol de “llanta de repuesto”? Les importó poco, porque también sienten que les afectaron su seguridad jurídica, o en otras palabras, les quitaron la generosa beca de refrigerios y beneficios que como contribuyentes generosamente costeamos. Según su amparo, también les fue violentado su derecho a ser electos popularmente. Eso, a pesar de que intacta tienen su prerrogativa de lanzarse, convencer votantes y resultar electos para lo que les de la gana, desde reinas de fiesta patronal a presidentes de la República, en ningún momento la resolución de la Sala les impone una prohibición a que ejecuten su derecho a la participación política. No solo carecen de argumentos, sino de sentido de las prioridades. Por cuidar su hueso, ignoran las verdaderas penas que sí están afectando a aquellos a quienes supuestamente (¿o “suplentemente”?) representan, como la inseguridad, el encarecimiento y la falta de abastecimiento de los servicios básicos en diferentes sectores del país, por mencionar algunas. Esa ceguera hace que merezcan de parte del electorado que quieren representar, la misma empatía que despertaría una colonia de zancudos portadores del zika.

Así que, de aquí a 2018, es el deber del electorado poner atención. La ausencia de los propietarios será ahora más evidente que nunca. Y de nosotros depende pedir las explicaciones del caso.

@crislopezg

Sala Constitucional abre puerta a justicia transicional

Los magistrados dicen que sentencia da oportunidad de reparar daños a víctimas de crímenes de lesa humanidad y que no se buscan actos de venganza.

0c33f7af-2303-4d80-bf22-b03bfb3a526b_XXXLW

Cristian Meléndez, 23 julio 2016 / LPG

la prensa graficaLos magistrados Florentín Meléndez y Sídney Blanco, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresaron ayer que con la derogatoria de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993 sigue vigente la Ley de Reconciliación Nacional, cuerpo jurídico que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 1992 luego de la Firma de los Acuerdos de Paz con la que se puso fin a 12 años de guerra.

En ese sentido, el magistrado Meléndez explicó por qué en la sentencia donde se anuló la Ley de Amnistía de 1993 se evoca a la justicia transicional, y dijo que, más que una herramienta para penalizar casos, lo que se busca es que se reparen los daños que sufrieron las víctimas del conflicto armado.

“Hemos determinado en la sentencia la alternativa de solución de este conflicto, porque es un conflicto jurídico político sobre la base de mecanismos de la justicia transicional… Nosotros estamos buscando en la sentencia mecanismos de solución alternos a la justicia penal, que es la justicia transicional: (que consiste en reparar) derechos de las víctimas, reparación integral de las víctimas en ambos bandos en los más graves crímenes”, explicó Meléndez.

De acuerdo con el magistrado, esto implica que lo que no podía seguir cubierto bajo la amnistía de 1993 son los casos de crímenes de lesa humanidad que se recogen en el Informe de la Comisión de la Verdad.

En la sentencia donde declararon inconstitucional la Ley de Amnistía, los magistrados recurren en cinco ocasiones a los alcances que puede haber en el país al aplicar la justicia transicional.

En la resolución se recoge que, con el ánimo de que el interés público logre una adecuada transición política hacia la paz y la reconciliación nacional, en situaciones de posconflicto como la experimentada en nuestro país, los legisladores deben, en toda circunstancia, garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y del derecho internacional tomando en cuenta parámetros de la justicia transicional.

“(Los magistrados) estamos dispuestos a explicar la sentencia. Nos interesa que las tres sentencias queden claramente explicadas a toda la población”, afirmó el magistrado Blanco.

Ambos magistrados dieron esas declaraciones luego de una reunión que organizaron diferentes medios de comunicación para conocer sobre el fallo de la sala.

Por otra parte, el magistrado Meléndez agregó que con la sentencia que invalida la Ley de Amnistía no buscan que se den actos de venganza entre los actores del conflicto armado.

Buscar reconciliación

Meléndez expresó que es necesario buscar métodos para que en el país exista una verdadera cultura de reconciliación y perdón.

“Si queremos buscar la paz y la reconciliación, tenemos que buscar la verdad y el perdón sobre la base de la Constitución y el derecho internacional; por lo tanto, uno de los efectos de la anulación de la Ley de Amnistía de 1993 es dejar vigente la ley que se pactaron en la Asamblea Legislativa los diputados recién firmada la paz (Ley de Reconciliación)”, agregó el magistrado Meléndez.

El funcionario reiteró que lo que buscan es que prevalezca “la fuerza de la Constitución” y que se respete el derecho a la vida y a la justicia de las víctimas de los crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad, lo que se puede resarcir por medio de la justicia transicional.

En ese sentido, los magistrados hicieron un llamado a que todos los sectores del país se sumen a buscar, mediante el diálogo, los acuerdos que permitan afrontar de forma adecuada todas las consecuencias que se deriven de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, aunque hicieron énfasis en que no se trata de “abrir heridas ni venganzas”.

“No hay que ver un trauma en esto, tenemos que verlo como una oportunidad de oro para que los grandes actores de la vida nacional, no solo los políticos, sino que los gobernantes, los dirigentes sindicales, los sectores empresariales, todos los que conducimos este país. Los jueces, los que tenemos responsabilidad de conducir este país, nos sentemos a dialogar, a buscar consensos, a buscar la reconciliación”, dijo Meléndez.

 

Magistrados razonan fallo sobre amnistía

23 julio 2016 / EDH

diario hoyLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a los salvadoreños, especialmente a los políticos, a ver las últimas sentencias que ha emitido como una oportunidad para lograr una verdadera reconciliación nacional, reivindicar los derechos de las víctimas de los crímenes más graves de la guerra por medio una “justicia transicional” y erradicar la impunidad.

Los miembros de la Sala, Armando Pineda (presidente), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz (suplente) fueron invitados ayer por directores de diferentes medios de comunicación a exponer sentencias recientes: la que abolió la Ley de Amnistía de 1993, la que inhabilitó a los diputados suplentes y la que suspendió la aplicación del cargo adicional del 13 % a la tarifa de electricidad.


Te puede interesar: Aliados por la Democracia pide “madurez” ante fallo que derogó Ley de Amnistía


Al salir del encuentro, los magistrados Meléndez y Blanco explicaron que no es cierto que el país se haya quedado sin amnistía, sino que se declaró inconstitucional la promulgada en 1993, porque la Constitución y los tratados internacionales no permiten un perdón total, como era ese.

Por eso quedó vigente la amnistía  de 1992, que excluye los casos más graves o de lesa humanidad.

“No se ha derogado la amnistía, porque se crearía incertidumbre y una tormenta… pero los hechos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y las peores atrocidades, no pueden quedar incluidos en una amnistía”, aclararon los jueces constitucionalistas.

Los magistrados recordaron que en la guerra de los 80 fueron atribuidas atrocidades o crímenes de lesa humanidad tanto la Fuerza Armada como la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido ahora en el gobierno.

El secretario general del FMLN, Medardo González, arremetió el jueves contra la Sala por la sentencia y se declaró “ofendido” porque en la sentencia se establece que la exguerrilla también cometió asesinatos y atrocidades.

Pero el mismo informe de la Comisión de la Verdad, formada con el auspicio de Naciones Unidas, expone al menos 32 hechos muy graves atribuidos tanto a la FAES como al FMLN.

Ante esto, con la sentencia lo que se busca es “la reparación integral a las víctimas de ambos bandos en los crímenes más graves”, explicó el magistrado Meléndez.

Medidas de reparación

Para ello, en la resolución se presenta una serie de mecanismos de “justicia transicional”, como una alternativa a la justicia penal, es decir, que permiten la reparación de daños a las víctimas sin que los hechores tengan necesariamente que ir a la cárcel, pero sin que ellos o el Estado deban  responder de otra manera.

Según la sentencia, estas medidas son: el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados; el resarcimiento; la compensación de los daños ocasionados; la indemnización de daños y perjuicios; la rehabilitación y readaptación de la víctima; la satisfacción y reivindicación de las víctimas; las garantías de no repetición y  el conocimiento público de la verdad.

“Se han planteado mecanismos de la justicia transicional para lograr la reconciliación, la paz, el reencuentro nacional de la sociedad, tomando en cuenta a las víctimas de los crímenes más atroces cometidos por ambas partes”, insistieron.

“No hay nada de venganza. La sociedad salvadoreña debe estar tranquila de que la Sala se ha preocupado también por dar otra alternativa diferente a la persecución penal”, subrayó.

“No hay que ver un trauma en esto; no hay que ver tormentas donde no las hay. No estamos levantando el odio ni abriendo heridas con la sentencia, sino haciendo prevalecer la fuerza de la Constitución, que se respete el derecho a la vida, el derecho a la justicia que tienen las víctimas de los peores crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad”, agregaron los jueces.

Subrayaron que lo que se busca es sentar un precedente  para que se no se vuelvan a cometer crímenes de este tipo y que todos sepan que las peores atrocidades deben ser investigadas y llegar a la verdad.

“Lo que se busca es curar las heridas que nunca se curaron y cerrar esa página en beneficio del país, lograr que haya reconciliación nacional, que haya perdón, que haya arrepentimiento, para que dejemos un legado a las futuras generaciones”, enfatizaron.

Diputados suplentes no fueron electos

Sobre el fallo que inhabilita a los diputados suplentes, el magistrado Meléndez explicó que es el pueblo el que dispone quién va a ser diputado y quién emitirá leyes y puede reformar la Constitución; es decir, los diputados propietarios, no los suplentes, que nunca han sido electos por el pueblo.

A su juicio, lo que se dijo en la sentencia sobre los diputados suplentes no está produciendo ninguna desestabilización.

“El pueblo elige a los diputados propietarios para que trabajen en las comisiones y en las plenarias y, si eventualmente se ausentan por una razón legítima, tienen que justificarlo. Eso dice la Constitución. Pueden hacer uso de otros mecanismos legislativos para poder subsanar los vacíos cuando un propietario tenga que ausentarse”, explicó.

Como ejemplo citó que en la Corte Suprema hay 15 magistrados propietarios que diariamente acuden a reuniones de las distintas salas o de plenarias del máximo tribunal.

“Esa también es la obligación de los diputados propietarios con su pueblo, con los que hemos votado por ellos: que vayan a trabajar a la Asamblea todos los días y pueden contar con el apoyo de los suplentes como asesores, pero estos no pueden intervenir en actos eminentemente legislativos”, aclaró.

“Es el pueblo el soberano en este país, no los partidos políticos”, enfatizó.

Reuniones con otros sectores

Los magistrados afirmaron que, además de los directores de medios, se han reunido con la Conferencia Episcopal y próximamente lo harán con los rectores de las universidades, representantes de la Iglesia Evangélica y de otros sectores.

Los jueces constitucionalistas explicaron que su colega se disculpó de acompañarlos para que en las exposiciones no se produjeran malentendidos que confundieran a la opinión pública.

Las sentencias de la Sala. De Marvin Galeas

marvin galeasMarvin Galeas, 23 julio 2016 / EDH

El miércoles de la semana pasada la Sala de Lo constitucional provocó un terremoto político. De las 4 sentencias que emitió las más polémicas fueron, sin duda, lo de dejar colgados de la brocha y sin escalera a los diputados suplentes y más explosiva aún: la derogación de la Ley de Amnistía.

Al igual que muchos que ya expresaron su opinión en diversos espacios, me parece que la derogación de la ley de amnistía puede traer más problemas que beneficios. Tal medida extraordinaria se tomó porque la guerra terminó por la vía de una solución negociada. Es decir no hubo vencedores ni vencidos.

diario hoyAlguien podría alegar que la guerrilla fue vencida porque fue el bando que se desarmó y se tuvo que incorporar al sistema. Pero los guerrilleros no éramos soldados profesionales. Antes fuimos civiles que nos alzamos en armas como una forma de lucha política. Al final volvimos a ser civiles.

Mientras tanto la Fuerza Armada, si bien no fue derrotada en el terreno militar, difícilmente volverá a ser lo que fue antes de la guerra. De 14 misiones que la Constitución le otorgaba solo le quedaron 2. Además hubo una reforma institucional, la más profunda de nuestra historia, que sentó bases sólidas para la democracia.

Ciertamente el país sigue sumido en serios problemas. Y sin embargo, no son los mismos que tuvimos antes de la guerra. Ya no hay presos políticos, ni cárceles clandestinas, ni destierros. Nadie tiene que sumirse en la clandestinidad, ni tomar las armas como forma de lucha política. La izquierda llegó al poder por la vía de los votos. Y ojalá lo entregue cuando pierda, con la misma facilidad que lo hizo ARENA. Sin tanto drama.

Hoy tenemos otros problemas. Agudos. Dolorosos. La violencia es uno de ellos. No es violencia con fines políticos, pero siempre hay una enorme cantidad de muertos cada año. El problema de las pandillas tiene solución, porque todo lo tiene. Otra cosa es que por negligencia, conveniencias políticas o lo que sea, no se le ha encontrado la forma para resolverlo.

Volviendo al tema de la amnistía, vale decir que ese fue el precio que se tuvo que pagar, dejar atrás el pasado, para asegurarnos un futuro en paz. Cuando se aprobó la ley de amnistía nadie protestó, o quizá sí pero fueron pocos, precisamente porque la guerra tuvo una solución política negociada. Seguramente si un bando hubiese vencido en el terreno militar, hubiésemos sido testigos de juicios a los derrotados y quizá hasta fusilamientos, en el caso de que hubiese ganado el FMLN.

Y sin embargo, como decía un expresidente, nos guste o no nos guste, se trata de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que se debe acatar y punto. El FMLN quiere hacer caja, formando un consenso en contra de la Sala. Y es que para el partido en el poder, esa es una piedra en el zapato en su camino a copar el poder total. A ellos no les molesta la derogación de la ley de amnistía. Lo que les molesta es su independencia.

Nadie debe caer en la trampa de armar consenso contra esa valiente institución que ha mantenido funcionando, aunque sea a medio gas, nuestra cada vez más amenazada democracia. Podemos no estar de acuerdo con algunas de sus sentencias, podemos razonarlas, criticarlas. Pero lo que no podemos hacer es sumarnos a la sacudida a la que invita el comandante Medardo o a la parada en seco, que pregona el señor Ruiz.

Hay que recordar que en el pasado y pálido foro de Sao Paulo, celebrado en nuestra capital, los partidos chavistas se trazaron como objetivo fundamental la toma de los órganos judiciales. En Nicaragua, antes de encaramarse a la presidencia, Ortega tenía ya en el bolsillo el poder judicial. Era él quien desde un escritorio en la sede del Partido, decidía quien iba preso y quien no.

El FMLN quiere todo el poder, y lo quiere para siempre. Si logran “parar en seco” a los magistrados que la conforman, o llenarla tras las elecciones de 2018, con sus cuadros, podríamos decirle adiós a la alternancia en el poder. Toca pues, defender a toda costa a la Sala de lo Constitucional.