Sala Constitucional

Cosas que no deberían estar pasando. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 25 julio 2016 / EDH

Recientemente el ámbito político del país fue sacudido por una serie de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en las cuales se detuvo el aumento del 13  % a la tarifa eléctrica en concepto de un cuestionado “cargo para inversión social”; se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y del decreto que autorizó la emisión de títulos valores por un monto de novecientos millones de dólares. En un esquema de cuestiones trascendentales para el país, cualquiera pensaría que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía estaría ocupando de forma prioritaria la agenda de todos los actores políticos en el país.

Sin embargo, en este país la elección de prioridades siempre es una sorpresa. La supuesta crisis ni siquiera gira alrededor del hecho de que el Gobierno ya no cuenta con los novecientos millones de dólares dentro de su presupuesto; por el contrario, la principal queja, reclamo o malestar recae en uno de los efectos colaterales de la sentencia de inconstitucionalidad, por el cual los diputados suplentes ya no podrán suplir a un diputado propietario por carecer de legitimación popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del pueblo para su elección.

diario hoyLa figura de los diputados suplentes no es inconstitucional en sí misma, sino que su uso fraudulento para alcanzar mayorías en las votaciones. Debe preocuparnos la forma en que opera la Asamblea Legislativa; resulta increíble que se genere una crisis a partir del hecho de que los diputados propietarios ya no tengan suplentes y que manifiesten que no deberían trabajar hasta que los últimos sean restablecidos en los cargos. Esto da lugar a inferir que en realidad quienes trabajan en el legislativo eran los diputados suplentes y no los propietarios, al casi asegurar que no pueden prescindir de ellos. O también podríamos asumir que los consensos en la Asamblea Legislativa se establecían a base de diputados suplentes cuando los propietarios, por cualquier motivo, no estaban dispuestos a dar su voto.

La desesperación por la permanencia de los diputados suplentes ha llegado al hecho de interponer una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno para que esta los rehabilite. Ello parte de una lectura interesada del artículo 182 ordinal 1 de la Constitución, el cual establece que “son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia conocer de los procesos de amparo”, sin tomar en cuenta que la labor de conocer y resolver los procesos de inconstitucionalidades, amparos y hábeas corpus es asignada expresamente a la Sala de lo Constitucional en los artículos 174 y 247 de la Constitución.

Probablemente la Asamblea Constituyente pudo evitar este tipo de malas interpretaciones, pero hasta los mismos diputados consideraron que no había donde perderse. Por ejemplo, el diputado constituyente González Camacho señaló que “no encuentro que sean contradictorios [el actual artículo 174 y 182 ordinal 1 de la Constitución], sino que el decir que la Sala de lo Constitucional será la que conocerá y resolverá, la Sala de lo Constitucional es parte de la Corte Suprema de Justicia”; siguiendo con la lectura del tomo VIII de la discusión y aprobación del proyecto de Constitución de 1983, el diputado constituyente Morán Castaneda explicó que “[el actual artículo 182 de la Constitución] establece todas las facultades que corresponden a la Corte Suprema de Justicia, pero estas facultades se podría creer que son ejercidas por la Corte en Pleno. La realidad es, que estas facultades las ejerce a través de las Salas que se integran, es decir, que no son atribuciones de todo el cuerpo tal como está organizado”. Además, en resolución 3 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia en Pleno se declaró incompetente para conocer de los procesos de amparo presentados mediante ella, remitiéndolos a la Sala de lo Constitucional para que fuera esta quien los resolviera.

La Asamblea debería considerar el llamado de los diversos sectores de la ciudadanía sobre la necesidad de priorizar los esfuerzos y centrarse en el trabajo en favor del pueblo; es inédito del hecho de que un órgano fundamental se paralice por el hecho que no haya quién les realice el trabajo. Esto no debería estar pasando.

Los sufridos diputados. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 25 julio 2016 / EDH

A los magistrados de la Sala de lo Constitucional este año les van a caer bien poquitas canastas navideñas. Digo, porque han logrado irritar a personalidades de todo el espectro político. La semana pasada le dediqué la columna al importantísimo tema de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 93 y por falta de espacio, no logré comentar el “atropello” que les han hecho a los sufridos diputados, con eso de que al declarar que por no contar con legitimación popular, los diputados suplentes no podrán ejercer las funciones de los diputados propietarios. Acertadísima resolución, puesto que en el sentido más literal de las cosas: ¡ni su mamá votó por ellos! Más allá de lo anterior, su existencia diluía la responsabilidad de los diputados propietarios, dándoles un “yo no fui” de bolsillo para poder excusarse con sus electores si por algún voto surgían reclamos. Como era de esperarse, a nuestros legisladores no les cayó bien la noticia.

diario hoyDicen que la clave para entender las penas del prójimo es la empatía: realmente ponerse en los zapatos de quien sufre e intentar internalizar sus dolores. Es esto lo que intenté hacer con todas mis fuerzas al leer los lamentos que hizo públicos uno de los afectados, el diputado por San Salvador Norman Quijano, cuyas anteriores lágrimas derramadas en el altar de la política son de todos conocidas. La interpretación que hizo el doctor Quijano de la sentencia carece en lo absoluto de fundamento jurídico, pues de alguna manera él la entendió como una prohibición para los diputados propietarios de enfermarse, reproducirse, tener emergencias, ir al baño o viajar. Aunque no les caerían mal un par de restricciones de viaje, en ningún momento la Sala los ha amarrado a sus curules. Es difícil sentir empatía alguna por el diputado Quijano, cuando se queja de haber perdido un privilegio del que carecemos todas las personas en edad productiva — empleadas o desempleadas — en el electorado que representa. ¿Se imagina que este laborioso diputado quería ser presidente? ¿Habría, de haber sido electo y de acuerdo a su extraña interpretación de la sentencia, delegado la presidencia a su compañero de fórmula para ocupar el baño?

¿Y cómo no hablar del atropello que sienten los pobres diputados suplentes del FMLN, que hasta fueron a interponer un amparo? Que les violaron el derecho de audiencia dicen. ¿Y a la ciudadanía, no le llevan por delante su derecho a ser oída cada vez que el representante que elegimos desaparece de escena para dejar el voto en manos de un virtual desconocido que no rinde cuentas y se refugia en su rol de “llanta de repuesto”? Les importó poco, porque también sienten que les afectaron su seguridad jurídica, o en otras palabras, les quitaron la generosa beca de refrigerios y beneficios que como contribuyentes generosamente costeamos. Según su amparo, también les fue violentado su derecho a ser electos popularmente. Eso, a pesar de que intacta tienen su prerrogativa de lanzarse, convencer votantes y resultar electos para lo que les de la gana, desde reinas de fiesta patronal a presidentes de la República, en ningún momento la resolución de la Sala les impone una prohibición a que ejecuten su derecho a la participación política. No solo carecen de argumentos, sino de sentido de las prioridades. Por cuidar su hueso, ignoran las verdaderas penas que sí están afectando a aquellos a quienes supuestamente (¿o “suplentemente”?) representan, como la inseguridad, el encarecimiento y la falta de abastecimiento de los servicios básicos en diferentes sectores del país, por mencionar algunas. Esa ceguera hace que merezcan de parte del electorado que quieren representar, la misma empatía que despertaría una colonia de zancudos portadores del zika.

Así que, de aquí a 2018, es el deber del electorado poner atención. La ausencia de los propietarios será ahora más evidente que nunca. Y de nosotros depende pedir las explicaciones del caso.

@crislopezg

Sala Constitucional abre puerta a justicia transicional

Los magistrados dicen que sentencia da oportunidad de reparar daños a víctimas de crímenes de lesa humanidad y que no se buscan actos de venganza.

0c33f7af-2303-4d80-bf22-b03bfb3a526b_XXXLW

Cristian Meléndez, 23 julio 2016 / LPG

la prensa graficaLos magistrados Florentín Meléndez y Sídney Blanco, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresaron ayer que con la derogatoria de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993 sigue vigente la Ley de Reconciliación Nacional, cuerpo jurídico que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 1992 luego de la Firma de los Acuerdos de Paz con la que se puso fin a 12 años de guerra.

En ese sentido, el magistrado Meléndez explicó por qué en la sentencia donde se anuló la Ley de Amnistía de 1993 se evoca a la justicia transicional, y dijo que, más que una herramienta para penalizar casos, lo que se busca es que se reparen los daños que sufrieron las víctimas del conflicto armado.

“Hemos determinado en la sentencia la alternativa de solución de este conflicto, porque es un conflicto jurídico político sobre la base de mecanismos de la justicia transicional… Nosotros estamos buscando en la sentencia mecanismos de solución alternos a la justicia penal, que es la justicia transicional: (que consiste en reparar) derechos de las víctimas, reparación integral de las víctimas en ambos bandos en los más graves crímenes”, explicó Meléndez.

De acuerdo con el magistrado, esto implica que lo que no podía seguir cubierto bajo la amnistía de 1993 son los casos de crímenes de lesa humanidad que se recogen en el Informe de la Comisión de la Verdad.

En la sentencia donde declararon inconstitucional la Ley de Amnistía, los magistrados recurren en cinco ocasiones a los alcances que puede haber en el país al aplicar la justicia transicional.

En la resolución se recoge que, con el ánimo de que el interés público logre una adecuada transición política hacia la paz y la reconciliación nacional, en situaciones de posconflicto como la experimentada en nuestro país, los legisladores deben, en toda circunstancia, garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y del derecho internacional tomando en cuenta parámetros de la justicia transicional.

“(Los magistrados) estamos dispuestos a explicar la sentencia. Nos interesa que las tres sentencias queden claramente explicadas a toda la población”, afirmó el magistrado Blanco.

Ambos magistrados dieron esas declaraciones luego de una reunión que organizaron diferentes medios de comunicación para conocer sobre el fallo de la sala.

Por otra parte, el magistrado Meléndez agregó que con la sentencia que invalida la Ley de Amnistía no buscan que se den actos de venganza entre los actores del conflicto armado.

Buscar reconciliación

Meléndez expresó que es necesario buscar métodos para que en el país exista una verdadera cultura de reconciliación y perdón.

“Si queremos buscar la paz y la reconciliación, tenemos que buscar la verdad y el perdón sobre la base de la Constitución y el derecho internacional; por lo tanto, uno de los efectos de la anulación de la Ley de Amnistía de 1993 es dejar vigente la ley que se pactaron en la Asamblea Legislativa los diputados recién firmada la paz (Ley de Reconciliación)”, agregó el magistrado Meléndez.

El funcionario reiteró que lo que buscan es que prevalezca “la fuerza de la Constitución” y que se respete el derecho a la vida y a la justicia de las víctimas de los crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad, lo que se puede resarcir por medio de la justicia transicional.

En ese sentido, los magistrados hicieron un llamado a que todos los sectores del país se sumen a buscar, mediante el diálogo, los acuerdos que permitan afrontar de forma adecuada todas las consecuencias que se deriven de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, aunque hicieron énfasis en que no se trata de “abrir heridas ni venganzas”.

“No hay que ver un trauma en esto, tenemos que verlo como una oportunidad de oro para que los grandes actores de la vida nacional, no solo los políticos, sino que los gobernantes, los dirigentes sindicales, los sectores empresariales, todos los que conducimos este país. Los jueces, los que tenemos responsabilidad de conducir este país, nos sentemos a dialogar, a buscar consensos, a buscar la reconciliación”, dijo Meléndez.

 

Magistrados razonan fallo sobre amnistía

23 julio 2016 / EDH

diario hoyLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a los salvadoreños, especialmente a los políticos, a ver las últimas sentencias que ha emitido como una oportunidad para lograr una verdadera reconciliación nacional, reivindicar los derechos de las víctimas de los crímenes más graves de la guerra por medio una “justicia transicional” y erradicar la impunidad.

Los miembros de la Sala, Armando Pineda (presidente), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz (suplente) fueron invitados ayer por directores de diferentes medios de comunicación a exponer sentencias recientes: la que abolió la Ley de Amnistía de 1993, la que inhabilitó a los diputados suplentes y la que suspendió la aplicación del cargo adicional del 13 % a la tarifa de electricidad.


Te puede interesar: Aliados por la Democracia pide “madurez” ante fallo que derogó Ley de Amnistía


Al salir del encuentro, los magistrados Meléndez y Blanco explicaron que no es cierto que el país se haya quedado sin amnistía, sino que se declaró inconstitucional la promulgada en 1993, porque la Constitución y los tratados internacionales no permiten un perdón total, como era ese.

Por eso quedó vigente la amnistía  de 1992, que excluye los casos más graves o de lesa humanidad.

“No se ha derogado la amnistía, porque se crearía incertidumbre y una tormenta… pero los hechos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y las peores atrocidades, no pueden quedar incluidos en una amnistía”, aclararon los jueces constitucionalistas.

Los magistrados recordaron que en la guerra de los 80 fueron atribuidas atrocidades o crímenes de lesa humanidad tanto la Fuerza Armada como la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido ahora en el gobierno.

El secretario general del FMLN, Medardo González, arremetió el jueves contra la Sala por la sentencia y se declaró “ofendido” porque en la sentencia se establece que la exguerrilla también cometió asesinatos y atrocidades.

Pero el mismo informe de la Comisión de la Verdad, formada con el auspicio de Naciones Unidas, expone al menos 32 hechos muy graves atribuidos tanto a la FAES como al FMLN.

Ante esto, con la sentencia lo que se busca es “la reparación integral a las víctimas de ambos bandos en los crímenes más graves”, explicó el magistrado Meléndez.

Medidas de reparación

Para ello, en la resolución se presenta una serie de mecanismos de “justicia transicional”, como una alternativa a la justicia penal, es decir, que permiten la reparación de daños a las víctimas sin que los hechores tengan necesariamente que ir a la cárcel, pero sin que ellos o el Estado deban  responder de otra manera.

Según la sentencia, estas medidas son: el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados; el resarcimiento; la compensación de los daños ocasionados; la indemnización de daños y perjuicios; la rehabilitación y readaptación de la víctima; la satisfacción y reivindicación de las víctimas; las garantías de no repetición y  el conocimiento público de la verdad.

“Se han planteado mecanismos de la justicia transicional para lograr la reconciliación, la paz, el reencuentro nacional de la sociedad, tomando en cuenta a las víctimas de los crímenes más atroces cometidos por ambas partes”, insistieron.

“No hay nada de venganza. La sociedad salvadoreña debe estar tranquila de que la Sala se ha preocupado también por dar otra alternativa diferente a la persecución penal”, subrayó.

“No hay que ver un trauma en esto; no hay que ver tormentas donde no las hay. No estamos levantando el odio ni abriendo heridas con la sentencia, sino haciendo prevalecer la fuerza de la Constitución, que se respete el derecho a la vida, el derecho a la justicia que tienen las víctimas de los peores crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad”, agregaron los jueces.

Subrayaron que lo que se busca es sentar un precedente  para que se no se vuelvan a cometer crímenes de este tipo y que todos sepan que las peores atrocidades deben ser investigadas y llegar a la verdad.

“Lo que se busca es curar las heridas que nunca se curaron y cerrar esa página en beneficio del país, lograr que haya reconciliación nacional, que haya perdón, que haya arrepentimiento, para que dejemos un legado a las futuras generaciones”, enfatizaron.

Diputados suplentes no fueron electos

Sobre el fallo que inhabilita a los diputados suplentes, el magistrado Meléndez explicó que es el pueblo el que dispone quién va a ser diputado y quién emitirá leyes y puede reformar la Constitución; es decir, los diputados propietarios, no los suplentes, que nunca han sido electos por el pueblo.

A su juicio, lo que se dijo en la sentencia sobre los diputados suplentes no está produciendo ninguna desestabilización.

“El pueblo elige a los diputados propietarios para que trabajen en las comisiones y en las plenarias y, si eventualmente se ausentan por una razón legítima, tienen que justificarlo. Eso dice la Constitución. Pueden hacer uso de otros mecanismos legislativos para poder subsanar los vacíos cuando un propietario tenga que ausentarse”, explicó.

Como ejemplo citó que en la Corte Suprema hay 15 magistrados propietarios que diariamente acuden a reuniones de las distintas salas o de plenarias del máximo tribunal.

“Esa también es la obligación de los diputados propietarios con su pueblo, con los que hemos votado por ellos: que vayan a trabajar a la Asamblea todos los días y pueden contar con el apoyo de los suplentes como asesores, pero estos no pueden intervenir en actos eminentemente legislativos”, aclaró.

“Es el pueblo el soberano en este país, no los partidos políticos”, enfatizó.

Reuniones con otros sectores

Los magistrados afirmaron que, además de los directores de medios, se han reunido con la Conferencia Episcopal y próximamente lo harán con los rectores de las universidades, representantes de la Iglesia Evangélica y de otros sectores.

Los jueces constitucionalistas explicaron que su colega se disculpó de acompañarlos para que en las exposiciones no se produjeran malentendidos que confundieran a la opinión pública.

Las sentencias de la Sala. De Marvin Galeas

marvin galeasMarvin Galeas, 23 julio 2016 / EDH

El miércoles de la semana pasada la Sala de Lo constitucional provocó un terremoto político. De las 4 sentencias que emitió las más polémicas fueron, sin duda, lo de dejar colgados de la brocha y sin escalera a los diputados suplentes y más explosiva aún: la derogación de la Ley de Amnistía.

Al igual que muchos que ya expresaron su opinión en diversos espacios, me parece que la derogación de la ley de amnistía puede traer más problemas que beneficios. Tal medida extraordinaria se tomó porque la guerra terminó por la vía de una solución negociada. Es decir no hubo vencedores ni vencidos.

diario hoyAlguien podría alegar que la guerrilla fue vencida porque fue el bando que se desarmó y se tuvo que incorporar al sistema. Pero los guerrilleros no éramos soldados profesionales. Antes fuimos civiles que nos alzamos en armas como una forma de lucha política. Al final volvimos a ser civiles.

Mientras tanto la Fuerza Armada, si bien no fue derrotada en el terreno militar, difícilmente volverá a ser lo que fue antes de la guerra. De 14 misiones que la Constitución le otorgaba solo le quedaron 2. Además hubo una reforma institucional, la más profunda de nuestra historia, que sentó bases sólidas para la democracia.

Ciertamente el país sigue sumido en serios problemas. Y sin embargo, no son los mismos que tuvimos antes de la guerra. Ya no hay presos políticos, ni cárceles clandestinas, ni destierros. Nadie tiene que sumirse en la clandestinidad, ni tomar las armas como forma de lucha política. La izquierda llegó al poder por la vía de los votos. Y ojalá lo entregue cuando pierda, con la misma facilidad que lo hizo ARENA. Sin tanto drama.

Hoy tenemos otros problemas. Agudos. Dolorosos. La violencia es uno de ellos. No es violencia con fines políticos, pero siempre hay una enorme cantidad de muertos cada año. El problema de las pandillas tiene solución, porque todo lo tiene. Otra cosa es que por negligencia, conveniencias políticas o lo que sea, no se le ha encontrado la forma para resolverlo.

Volviendo al tema de la amnistía, vale decir que ese fue el precio que se tuvo que pagar, dejar atrás el pasado, para asegurarnos un futuro en paz. Cuando se aprobó la ley de amnistía nadie protestó, o quizá sí pero fueron pocos, precisamente porque la guerra tuvo una solución política negociada. Seguramente si un bando hubiese vencido en el terreno militar, hubiésemos sido testigos de juicios a los derrotados y quizá hasta fusilamientos, en el caso de que hubiese ganado el FMLN.

Y sin embargo, como decía un expresidente, nos guste o no nos guste, se trata de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que se debe acatar y punto. El FMLN quiere hacer caja, formando un consenso en contra de la Sala. Y es que para el partido en el poder, esa es una piedra en el zapato en su camino a copar el poder total. A ellos no les molesta la derogación de la ley de amnistía. Lo que les molesta es su independencia.

Nadie debe caer en la trampa de armar consenso contra esa valiente institución que ha mantenido funcionando, aunque sea a medio gas, nuestra cada vez más amenazada democracia. Podemos no estar de acuerdo con algunas de sus sentencias, podemos razonarlas, criticarlas. Pero lo que no podemos hacer es sumarnos a la sacudida a la que invita el comandante Medardo o a la parada en seco, que pregona el señor Ruiz.

Hay que recordar que en el pasado y pálido foro de Sao Paulo, celebrado en nuestra capital, los partidos chavistas se trazaron como objetivo fundamental la toma de los órganos judiciales. En Nicaragua, antes de encaramarse a la presidencia, Ortega tenía ya en el bolsillo el poder judicial. Era él quien desde un escritorio en la sede del Partido, decidía quien iba preso y quien no.

El FMLN quiere todo el poder, y lo quiere para siempre. Si logran “parar en seco” a los magistrados que la conforman, o llenarla tras las elecciones de 2018, con sus cuadros, podríamos decirle adiós a la alternancia en el poder. Toca pues, defender a toda costa a la Sala de lo Constitucional.

Vientos de incertidumbre. De Guillermo Miranda Cuestas

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 23 julio 2016 / EDH

En 1968, Samuel Huntington señaló un elemento común en aquellas sociedades donde el gobierno efectivamente gobierna: su grado de institucionalización. En estos países, las instituciones políticas se adaptan a cambios del entorno, son complejas en sus funciones y estructuras, guardan independencia respecto a otros grupos y existen consensos sobre cuáles son sus objetivos y cómo deben cumplirse.

Según Huntington, los períodos de inestabilidad ocurren cuando sube la participación política o la movilidad social y las instituciones no son capaces de administrar dichos cambios o de satisfacer nuevas demandas. El Salvador, donde cada semana se observan nuevos escándalos que generan conmoción e incertidumbre, no escapa de esta teoría.

diario hoyEn las décadas intermedias del siglo XX hubo procesos importantes de modernización del estado en términos de política monetaria, de programas sociales en áreas básicas como salud y vivienda y de reconocimiento constitucional de derechos de segunda generación –trabajo, educación y salud, entre otros incluidos en la Constitución de 1950. Sin embargo, no hubo voluntad de ampliar significativamente la recaudación tributaria y bajar así niveles inaceptables de exclusión social y pobreza. Asimismo, aunque en 1963 se introdujo el sistema proporcional a la elección de diputados y con ello la oposición entró al Órgano Legislativo, la política fue finalmente controlada por grupos militares al punto de violar derechos fundamentales y deslegitimar el acceso al poder a través de elecciones. Estas contradicciones no encontraron instituciones competentes para resolver dicha conflictividad y el país entró, terminada la década de los setentas, al período más triste de su historia entre dos bandos radicalizados.

Actualmente se presenta un déficit institucional preocupante. La actual Sala de lo Constitucional inició en 2010 un activismo judicial a favor de derechos como el sufragio, el acceso a la información pública o, recientemente, al acceso a la justicia tras expulsar la Ley de Amnistía de 1993. Si bien puede estarse a favor o en contra de sus sentencias, no puede negarse la validez técnica y la independencia con que actúan los magistrados. Quienes no han hecho su trabajo son los políticos que insisten en mantener las instituciones al servicio de sus intereses; poco han hecho por construir consensos sobre política fiscal, definir la concesión de servicios estratégicos, dignificar el sistema de salud y el sistema penitenciario, fiscalizar las donaciones a sus partidos, elegir funcionarios idóneos o combatir la corrupción al más alto nivel. Por ejemplo, mientras la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía requiere de un Órgano Judicial eficaz, los diputados llevan casi un año sin elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, institución clave en el sistema de justicia.

Otra área preocupante es el sistema electoral. Si bien ahora existen nuevas formas de elegir diputados, voto en el exterior, cuotas de género o concejos pluripartidarios, las instituciones no están a la altura de varios de estos avances. La Ley de Partidos Políticos no provee instrumentos para transparentar el financiamiento; el Código Electoral continúa desfasado en temas sensibles como el recuento de votos o la regulación de campañas; y el Tribunal Supremo Electoral no tiene la estructura ni los recursos necesarios para administrar y juzgar procesos electorales de forma efectiva. El tormentoso conteo de la última elección legislativa es consecuencia de lo anterior.

Se hizo la guerra, se firmó la paz, pero la institucionalización sigue pendiente. El no contar con instituciones funcionales no solo preocupa por la falta de certidumbre, sino por el riesgo de reiniciar ciclos de inestabilidad o de estancamiento. Y la culpa no será de la Sala de lo Constitucional, sino nuestra al tolerar ciertos políticos anclados en viejos vicios: desde el diputado que disparó borracho a una policía, los expresidentes con ingresos no justificados o los dirigentes de dobles discursos que ocultaron sus acercamientos con pandilleros; hasta el actual presidente y sus correligionarios que brillan por su incoherencia como se evidenció con la Ley de Amnistía, el ministro encargado de regular a la misma empresa de hidrocarburos a la que debe cientos de miles de dólares y los deshonestos que aún gritan “golpistas” o “desestabilizadores” a quienes plantean, entre otras cosas sensatas, la colaboración de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad como ocurre en Guatemala. De continuar así, la culpa será nuestra; y el costo, muy alto.

@guillermo_mc_

Carta a Hugo Barrera: Bienvenido a la competencia de ideas. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 23 julio 2016 / EDH

Estimado don Hugo:
Muchos en estos días le estarán diciendo que desista de su candidatura a la presidencia de ARENA. En cambio, yo le digo: Es importante que usted se presente, porque le da sentido político a esta elección que decidirá sobre el rumbo de su partido. Es bueno que los votantes tengan que decidir si quieren un partido conservador y anticomunista o un partido que lucha por libertad y democracia; un partido ideológicamente cerrado o uno plural, abierto, deliberante y democrático. Es importante que estas dos opciones -la tradicional que usted representa; y la renovada que representan Edwin Zamora y Mauricio Interiano- se articulen, compitan abiertamente, se discutan – y que la militancia decida qué rumbo quiere: para atrás o para adelante…

diario hoyPor esto es importante que usted mantenga su candidatura y la defienda con claridad. Y que los otros candidatos hagan lo mismo: decir con valentía con qué concepto, con qué proyecto político y con qué discurso quieren ganar las elecciones del 2018 y del 2019. Porque de esto se trata: Desplazar al FMLN del poder – no de seguirse viendo el propio ombligo. Esto tiene que terminar con esta elección. En septiembre del 2016, el partido opositor tiene que salir de su debate interno con definiciones claras: de liderazgo, de ideología y de propuesta política al país. Para lograr esto, las diferentes opciones en esta elección interna tienen que ser claras.

Aunque pocas veces estoy de acuerdo, siempre me ha gustado que hable claro y pelado. Como ahora, sobre las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Tanto Medardo González como usted llamaron a no acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía y sobre los diputados suplentes. Claro y pelado; sin disfraz democrático.

Muchos pegaron el grito al cielo: “ARENA es igual al FMLN, ambos no respetan la institucionalidad.” Pero hay una gran diferencia, que tal vez no sea visible a primera vista: Don Medardo es secretario general de su partido, y él dice estas arengas contra la Sala precisamente para mantenerse en este cargo: Sus bases quieren escuchar consignas radicales.

En cambio, usted es candidato a presidente de su partido – y precisamente por este tipo de deslices autoritarias va a perder toda posibilidad de ganar las elecciones internas. Porque en ARENA estas posiciones autocráticas ya son minoritarias – y porque en la ciudadanía, con la cual ARENA necesita aliarse para construir una nueva mayoría, estas posiciones causan rechazo.

Lo bueno es que estas posiciones que usted representa y que hay que superarlas se expresan con claridad. Siempre es así: para derrotar las posiciones retrógradas, primero tienen que manifestarse abiertamente.

Ya dijo abiertamente que no piensa que hay que acatar las sentencias de la Sala. Así que ojala que usted, en su convicción de que sus ideas todavía son vigentes, también explique con la misma transparencia sus propuestas de Seguridad Pública. Donald Trump acaba de destapar en su Convención en Cleveland, sin tapujos, su visión de “law and order” y de “mano dura” para todos los conflictos internos y externos que enfrenta Estados Unidos. Por esto va a perder, porque en Estados Unidos ya no hay mayoría posible para esta visión de exclusión, racismo, represión y militarismo.

No nos defraude, don Hugo, quédese fiel a su tradición de hablar claro y pelado. Exponga claramente sus conceptos de “mano dura”. Su partido tiene que decidir si quiere entrar en una competencia con el FMLN quién es el más decidido, con menos escrúpulos, para llevar al éxito la política de “mano dura” – o si quiere competir contra el FMLN con una propuesta alternativa e integral: atacar las raíces del problema, con inversión social para incluir en el desarrollo económico la población hoy marginada y sus comunidades.

Por más claras que sean las alternativas, más fácil será que ARENA adopte el rumbo adecuado. Saludos,

44298-firma-paolo

Cuéllar: La amnistía es para los valientes que respetan las leyes de la guerra no para los cobardes

La decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía del 1993 ha provocado un complejo y controversial debate. Hemos documentado este intercambio de opiniones, publicando artículos con argumentos en pro y en contra de la sentencia, y lo seguiremos haciendo. Pronto este debate debe concentrarse en dar respuesta a la pregunta principal: ¿Y ahora, cómo cumplir esta sentencia?

Segunda Vuelta

IMG_8135

Irvin Marroquín, 21 julio 2016 / TVX

Screen Shot 2016-07-22 at 11.17.51 AMBenjamín Cuéllar es uno de los primeros que presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía en los años 90. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de esa época no se la admitieron con el argumento de que “era un asunto político y que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa”, afirma el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

Casi un cuarto de siglo después, con la firma de cuatro magistrados de esta instancia judicial, se invalidó una ley que había sido el argumento del sistema de justicia salvadoreño para dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

La clase política del país ha quedado desconcertada con la sentencia. Algunos incluso, como el diputado del PDC, Rodolfo Parker, han expresado la necesidad de aprobar otra amnistía. El informe de la Comisión de la Verdad señala a este legislador de haber alterado declaraciones para ocultar la responsabilidad de altos mandos de la Fuerza Armada involucrados en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras.

Por su parte, el FMLN ha reaccionado escuetamente sobre esta inconstitucionalidad. En medio de las otras sentencias que emitió la Sala —como la invalidez de los $900 millones y la suspensión temporal del cobro del 13% a la tarifa eléctrica— han dicho que esto es un preámbulo para un golpe de Estado suave.

El mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien cuando era jefe de fracción de su partido solicitó acaloradamente la derogatoria de la Amnistía, dijo que las “resoluciones de la Sala de lo Constitucionalidad no se ubican ante verdaderos problemas del país y lejos de resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudiza”.

A Cuéllar no le sorprende el cambio de postura del partido de izquierda y rechaza la idea de un golpe de Estado suave.

A pesar de ello, no le suena descabellado una segunda amnistía. Afirma que esa amnistía debe contemplar procesos de justicia transicional en donde las víctimas, si así lo quieren, puedan indultar a los victimarios.

Sin embargo, retoma el planteamiento del reconocido jurista costarricense, Rodolfo Piza Escalante, quien afirmaba que la amnistía debe ser concedida a los valientes, esos que durante las guerras respetan el derecho internacional humanitario y no cometen crímenes de lesa humanidad.

¿Qué significa para el país la invalidez de la Ley de amnistía?

La posibilidad de llegar a ser un país normal, decente. Para mí es un país donde funcionan las instituciones, donde no se distingue quién es el victimario y quién es la víctima para hacer justicia o para no impartirla.

Otra posibilidad que se presenta es la oportunidad para que la gente recupere su protagonismo, las víctimas. En la década de 1970 a 1980  tuvieron ese protagonismo en condiciones de represión brutal, deben recuperarlo porque sino esto no va a cambiar.

Será mayor la presión de los victimarios, esto puede ser chantaje al sistema de justicia pero la presión de las víctimas es justa, es legal y tiene que ser presión de la buena, exigir el cumplimiento de sus derechos. También puede bajar la polarización que se vive en el país.

¿Cómo evalúa la reacción, casi nula, de la clase política de nuestro país ante la resolución?

Por los $900 millones sí se pronunciaron. Pero por esto no, porque tienen un problema.  ARENA no se pronuncia muy fuerte, han salido diciendo que se decrete otra amnistía. Tiene que ser una amnistía para los valientes, aquellos que en la guerra respetan las leyes, no para aquellos cobardes que matan niños en el Mozote, en el Sumpul o que entran a una universidad a matar curas, esos cobardes no merecen amnistía.

ARENA y la ANEP le aplauden a la Sala de lo Constitucional lo del 13% y los $900 millones y el Gobierno cuando era oposición apoyaba la derogación de la Ley de Amnistía. El que era jefe de fracción era Salvador Sánchez Cerén.

Lorena Peña dijo que eso afectaba a los militares  porque los comandantes no habían cometido ninguna violación de derechos humanos. ¿Realmente se lo cree? , pues tenemos los casos de la Zona Rosa o  las hijas del fiscal García que dejaron de estudiar por la muerte de él, así que no me vengan a decir que no han matado.

Mi hija hizo el borrador de la demanda, la de la prescripción sobre crímenes de lesa humanidad. Ella está haciendo su tesis acerca de este tema y ella tuvo que salir corriendo del país porque la amenazaron. Un día antes que yo fuera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llegaron  a tirar un cuerpo en la noche, creyeron que estaba muerto pero solo estaba sedado. Se lo llevaron al hospital y  a los días lo dejaron libre, no investigaron nada.

Cuando yo le dije al general director (de la PNC) Salinas de la policía, él me contestó que era una señal la que se me estaba enviado… ¡Obviamente que era una señal pero yo quería saber quién me la mandó, que lo metieran a la cárcel!

¿Cómo ve el escenario en el que se da esta inconstitucionalidad? Es decir, en el segundo gobierno del FMLN, los comandantes están en el Ejecutivo. Su postura se ha matizado en comparación cuando eran oposición…

En qué el FMLN no ha cambiado de postura en cosas importantes. Me acuerdo que uno de los grandes logros era desmilitarizar las tareas de seguridad pública e incluso dejar una reserva. Para ellos, los militares debían desaparecer, pero cuántos militares hay involucrados en tareas de seguridad. Criticaban a ARENA cuando sacaban a los militares, a eso se le puede llamar incoherencia.

¿Qué escenarios abre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?

Que funcionen realmente las instituciones de este país, en esto me baso en  los Acuerdos de Paz, que se habla de superar la impunidad y dice que los casos de graves de violaciones a los derechos humanos se deben dar a conocer y enjuiciar a los que cometieron delitos sin importar a qué sector pertenecen.

Los casos en los que hay información en la Comisión de la Verdad deben ser judicializados. Si las víctimas quieren perdonar, que pidan el indulto; pero  que las víctimas conozcan y que si es posible encuentren a sus seres queridos desaparecidos. Las víctimas deben exigir justicia, porque sino, el sistema judicial no se los va a dar.

El mensaje que deberían lanzar es que no importa quién sea la víctima o el victimario, si cometió el delito debe ser procesado, seguir el debido proceso, asimismo, asegurar garantías judiciales, un juicio justo.

¿Qué significa la justicia en este país después de casi 25 años de los Acuerdos de Paz?

Sanar el cuerpo y el dolor de este país porque las heridas cuando permanecen abiertas se infectan y este cuerpo social llamado El Salvador está infectado.

El Diputado Rodolfo Parker hablaba de crear una nueva Ley de Amnistía ¿cuál es su posición? ¿Es posible esto?

Que nos avisen y nosotros la formulamos. Ya  tenemos una propuesta más o menos estructurada. Fuimos a presentar una pieza de correspondencia para que se creara una comisión y se estudiara, pero ningún diputado la quiso aceptar.

La Sala dice que no se admite una propuesta similar que viole los estándares internacionales en materia de amnistía. Pero como yo les decía, la amnistía es para los valientes que respetan las leyes de la guerra, no para los cobardes.

La propuesta que nosotros hemos elaborado consiste en formas de justicia transicional, es decir, que la gente que quiera ir a los tribunales que vaya a denunciar este tipo de crímenes que ha establecido la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ósea, crímenes contra la humanidad. Las desapariciones, imagínense, dicen que son alrededor de ocho mil, pero yo creo que deben ser más, porque no toda la gente denunciaba. O los casos de tortura, las masacres…

En nuestra propuesta se dice que se cree una ley que contemple una verdadera reconciliación nacional, que realmente se sanen las heridas y no hacerse cirugía plástica para no recordar lo que pasó.

Primero que se judicialicen los casos de la Comisión de la Verdad. Segundo, formas de justicia restaurativas: el Estado debe generar espacios para que las víctimas sean escuchadas y los victimarios también. Que lleguen y se arrepientan que digan “yo participé  en los escuadrones de la muerte, me llevé a su hijo y la voy a llevar a donde están los restos y le pido perdón” y la víctima decida si perdonarlo o no, pues el perdón es algo personal. Tercero, hacer convenios con universidades para que practicantes apoyen a la Fiscalía y todo el Órgano judicial en la resolución de los casos.

Todo eso estructurarlo en una ley, no como el acto que hizo Funes que era para la foto y para que digan que era el gran presidente que pidió disculpas en los casos de Monseñor Romero, el Mozote y caso UCA.

En el caso del Mozote, ¿le hicieron caso cuando dijeron que dejaran de honrar a los violadores? ¿Quién era el ministro de Defensa? El general José  Atilio Benítez… Incluso en La Prensa Gráfica dijo que se iba a crear una comisión que investigara. Y terminó diciendo que Monterrosa era un héroe porque defendió los intereses del país. Eso es desacato. ¿Y por desacatar la orden cómo lo premiaron? Lo mandaron a España y después lo mandaron a Alemania. Y lo mantienen todavía a pesar de lo que pasó con las armas robadas y traficadas.

Con respecto a su propuesta de otra Ley de Amnistía…

Presentamos una pieza de correspondencia. Con esto que ha pasado, vamos a estructurar la propuesta. La amnistía se puede dar después de un conflicto armado. Es algo aceptado por el derecho, pero no se puede dar para los que violaron los derechos humanos.

En esta propuesta, ¿contemplan las condenas de cárcel por violar los derechos humanos?

Sí, pero pueden ser menos si se sigue este proceso que le planteaba. El efecto ejemplarizante no es solo para que funcionen las instituciones, sino creando esos espacios de justicia restaurativa, escuchando a las víctimas y escuchando a los victimarios. Al ver que se ha hecho justicia, puede ser que muchos victimarios digan yo voy a ir a confesar y pedir perdón. Perdón al que pide perdón. Eso descongestionaría el sistema de justicia.

Es para que la gente que diga yo quiero que se vaya al tribunal y no son solo los casos de la Comisión de la Verdad. Son casos como las víctimas de Mayo Sibrián, la Masacre del Sumpul, por ejemplo.

¿Cree que puede haber una utilización hacia las víctimas por parte de algunos sectores para atacar a sus adversarios políticos?

Yo decía, cuando Funes iba de candidato, el cambio que viene va a ser un cambio de cancha. Cada uno adoptó las mismas mañas de oposición y de Gobierno. Ambos se tienen pateadas las colas.

Hay una especie de temor al interior del FMLN que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía nos quedemos sin presidente…

En Guatemala se quedaron sin presidente. Hay mecanismos para sustituir al presidente. ¿Y por qué se quedaron sin presidente? Porque cometió graves delitos de corrupción. Y se quedaron sin vicepresidente y sin un montón de funcionarios; y están en la cárcel. ¿Cuál es el problema? Esas son patadas de ahogado.

La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía le da una gran preponderancia a los crímenes que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad, pero ¿qué suceden con los delitos que se cometieron en la preguerra? Pongo dos ejemplos, el caso de Roque Dalton y el de Roberto Poma

Me decía Martín Claramont —el hijo de Ernesto Claramont, el candidato presidencial de 1977 por la Unión Nacional Opositora (UNO)— ¿y lo que hizo Molina en la Plaza Libertad el 28 de febrero de 1977 se puede denunciar?  No he leído la sentencia, pero no creo que establezca temporalidad. Espero que no.

En el caso de Mayo Sibrián(Comandante guerrillero del frente paracentral), cuando era candidato a la vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en el contexto de la presentación de su libro “Con sueños se escribe la vida: autobiografía” daba a entender que la misma cúpula del FMLN había tomado la justicia por sus manos y decidieron fusilarlo.

¿Y eso qué? ¿Qué les da a las víctimas? Que decidan fusilarlos, ¿en qué le repara los daños causados a las víctimas? Que digan que estaba loco, eso no es atenuante. Lo que pasa allí es que sabían que lo estaba haciendo (las órdenes de asesinato en contra de guerrilleros y civiles en San Vicente) y no lo detuvieron. Incluso, me han contado que, lo mandó a llamar Salvador Sánchez Cerén, comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y lo regresó. Y siguió matando.

En el caso de Roque Dalton, Jorge Meléndez dijo: Yo no recuerdo un asesinato, yo lo que recuerdo es un juicio político en el que resultó víctima Roque Dalton…

Joaquín Villalobos dice que ese no fue un juicio. Hace poco dijo (Jorge Meléndez) que no lo había conocido (a Roque Dalton)…

Estos mecanismos que son muy internos de células guerrilleras, ¿también pueden ser juzgados con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?

El caso de Mélida Anaya Montes se dirimió en los tribunales de Nicaragua y era una purga.

Se cree que la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, era condición para firmar los Acuerdos de Paz.

Cuando se menciona la amnistía es en el informe de la Comisión de la Verdad y dice que no se puede pronunciar porque eso tendría que verse con el sistema de justicia; y ese sistema de justicia ha sido cómplice de esas atrocidades, y que había que depurarlo. Y si ahora me dicen que no tienen capacidad para hacerlo, me dicen que estamos igual que hace 23 años.

Si bien la Ley de Amnistía fue algo que terminó aprobando la derecha en la Asamblea Legislativa, tengo entendido que el FMLN sabía que eso iba a suceder, es decir, ¿el FMLN no está exento de culpa?

Era acuerdo debajo de la mesa. Cuando aprobaron la Ley de Amnistía pueden decir que el FMLN no estaba en fracción legislativa. Sí, pero era más que eso. Era la otra parte firmante de los acuerdos que tenía que exigir el cumplimiento de los acuerdos y tenía el apoyo de las Naciones Unidas. ¿Por qué no lo hizo?

Hay muchas críticas negativas y positivas hacia la Sala de lo Constitucional. Para usted, ¿qué significa la Sala?

El control constitucional de todos los actos que se dan tanto en el Gobierno como fuera del Gobierno. Primer ejemplo, ¿qué tenía que ver la Sala de lo Constitucional con el premio aquel que La Prensa Gráfica no quería entregar en aquel mundial de Francia (1998)? Pues había violado la Constitución. Lo que pasa es que nunca una Sala de lo Constitucional lo había hecho.

La primera demanda de inconstitucionalidad (en contra de la Ley de Amnistía) la presentó Ana María Rivas, directora del Socorro Jurídico Cristiano, y Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, inmediatamente después de que se aprobará la Ley de Amnistía.

¿Qué dijo la Sala de lo Constitucional cuando la presentamos? Que no la admitía. ¿Cuál fue el argumento? Que era un asunto político y que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa. O sea, así han sido las salas de lo Constitucional.

Yo una vez les dije en su cara a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “yo a ustedes no les voy a decir ni magníficos ni fantásticos, lo que más les puedo conceder es que son raros”, porque es raro que una Sala de lo Constitucional haga lo que están haciendo. Han cometido errores, sobre todo políticos en la celeridad de sentencias; ¿pero que han resuelto con base a la Constitución? Sí.

Ya que menciona que han tenido errores políticos, ¿cree que tienen razón cierta ortodoxia del FMLN que este es un preámbulo de un golpe de Estado?

Entonces, ¿yo soy golpista? Porque critico y señaló y todo. Eso es para el voto duro, como el pensamiento propio es prohibido; el pensamiento único es “el golpe de Estado”.

Uno de los pesos de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía recae en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál debe ser el primer paso que dé el Ministerio Público?

Pedir los archivos de la Comisión de la Verdad y trabajar esos casos. El otro también sería que las demandas que nosotros como IDHUCA presentamos son decenas y decenas. Que las mueva.

Es decir, que de alguna manera ya tiene trabajo ahorrado porque muchos casos están documentados…

Al menos con declaraciones para indicios. La de Ochoa Pérez, la masacre de Santa Marta, la presentamos en el 2003. Hay un testigo de Estados Unidos que estaba en esa masacre y que grabó incluso, y ya fue a declarar a la Fiscalía.

La resolución de la Sala plantea la necesidad de crear una entidad para dar a conocer estos casos a la población. Algunos hablan que será la primera piedra para la constitución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, tal como la creada en Guatemala. Hay gente que ve mal esta instancia y otra que lo ve bien, ¿cómo la evalúa usted?

Yo lo veo conveniente que se creara la comisión al igual que Guatemala. Aunque no es el paraíso, es parte del triángulo norte… pero es la parte que mejor esta del triángulo norte. Sigue teniendo violencia, pero 30 muertes violentas por cada cien mil habitantes el año pasado y El Salvador cerró con 106 muertes violentas. Además, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) no investiga, acompaña la investigación, apoya la investigación ya que esta la lleva la Fiscalía, eso se llama aprendizaje en el terreno.

¿Cuál es el nuevo escenario que se enfrenta en el caso de los jesuitas?

 Tendría que leer la sentencia para ver si es posible agarrarse de algo para procesarlos acá, yo estaría feliz con eso. El Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional en Madrid España funciona, no me interesa que se resuelva allá, interesa que se resuelva acá y que funcionen acá y tengan el efecto ejemplarizante. Yo estaría feliz que fuera acá. Yo lo dije varias veces antes (que vinieran las ordenes de captura internacionales) que la mejor forma de evitar la extradición es que lo juzguen aquí, pero que los juzguen en serio.

A un argentino, no recuerdo el nombre, lo pidió Garzón. Iba de México para Madrid. Los argentinos dijeron “esperece, señor Garzón, mándelo para acá que acá será juzgado” y ahí lo juzgaron y está condenado.

Usted como parte de los autores que han pedido justicia por el caso jesuitas, ¿pediría el indulto de los involucrados en la masacre de la UCA?

Apoye a José María Tojeira en 1992 cuando pidió el indulto para Guillermo Benavides y Yussi Mendoza.

¿Por qué pidieron ese trámite de indulto solo para ellos dos?

Porque decíamos que ya se juzgaron. No estamos de acuerdo con el resultado, pero ya hubo justicia, aunque no nos guste. Los que confesaron que remataron a la niña, Celina Ramos, y a la mamá, Elba Ramos, salieron inocentes. Esa es una de las partes fraudulentas. Entonces a estos (Benavides y Mendoza) los habían condenado. Entonces, se pidió el indulto. Es la demostración de generosidad de las víctimas que no están buscando venganza.

Yo si pudiera sacar a Bustillo de la querella, lo sacaría, porque él llego a dar la cara y dijo: “Yo quiero juicio. Yo no quiero amnistía ni presunción como argumentos para mi defensa. Yo quiero limpiar mi nombre”. Y me dijo también, “yo no quiero que cuando esté muerto pasen a la par y vean la placa y digan este es uno de los que mandó a matar a la gente en la UCA”. Ese es valiente. Yo le pregunté “bueno, ¿y los bombarderos?”. Y respondió, “yo mandaba los helicópteros, los aviones, el que tomaba las decisiones era el comandante que estaba a cargo”. Y tiene lógica. No digo que sea santo, pero esos son los que dan la cara.

La derogación de la Ley de Amnistía ha hecho júbilo en sectores de sociedad civil y algunas personas de izquierda. La gente que tiene el lado izquierdo del corazón es la que pide justicia, la que está alegre.

Hemos tenido conocimiento de que luego de esta sentencia, en privado, grandes empresarios de derecha a quienes les mataron familiares han expresado que ellos ya perdonaron a quienes cometieron estos crímenes y que no están dispuestos a abrir un proceso judicial…

Qué bueno, pero perdón es un proceso personal. No se impone por decreto ni por que el otro perdonó.

Pareciera que en algunos sectores de derecha, que sufrieron crímenes por parte de  la guerrilla, hay más recepción al perdón que en el lado izquierdo.

Se perdonan entre los victimarios que tienen intereses. Si pido justicia por el otro vamos a tener conflicto no del país, sino que nosotros. Sí quiero meterme a la casa de aquel porque mató o mandó a matar y ahora es empresario o funcionario público mejor perdonémoslo. Las víctimas son las que tiene que perdonar sin más intereses que su dolor y dignidad.

La manzana envenenada y el parteaguas. De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 22 julio 2016 / EDH

El día de ayer el diputado a la Asamblea Legislativa y Secretario General del FMLN Medardo González incitó a no cumplir con las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional la semana pasada: la derogación de la Ley de Amnistía, la eliminación de los diputados suplentes, y la admisión de la protesta contra el impuesto de 13 por ciento adicional a la energía eléctrica.

El llamado al incumplimiento, expresado con las palabras “buscaríamos la manera de dar un sacudón, detener a la Sala de lo Constitucional, significa no cumplir esas sentencias”, equivale a un golpe de estado contra la Constitución, ya que ésta es la que establece a la Sala como el intérprete único de su contenido. Según la Constitución, son las interpretaciones de dicha Sala las únicas que son válidas, no las opiniones del Secretario General del FMLN, o las del gobierno, o las de cualquier otra persona que pretenda erigirse en señor de vidas y haciendas en este país.

diario hoyEl llamado del Sr. González es una manzana atractiva para algunos que están en desacuerdo con la derogación de la Ley de Amnistía, y para algunos diputados suplentes en el caso de su propia abolición. Hay muchos que están a favor de las tres medidas también, incluyendo mayorías abrumadoras, creo, en la abolición de los diputados suplentes y de la aceptación de la denuncia contra el nuevo impuesto a la electricidad. Pero ninguno de estos demuestra la pasión mostrada por los que se oponen a la derogación de la Ley de Amnistía. Aunque la pasión está en estos últimos, y aunque habló de las sentencias en plural, el diputado se enfocó en el caso de los diputados, que parece afectar a pocas personas y por tanto podría ser ignorado por la mayor parte de la población. Parece tener poca importancia.

Pero la manzana está envenenada.  Una vez que se logra contrariar una sentencia de la Sala, ninguna de sus sentencias, pasadas y futuras tiene ya importancia. Y con eso los derechos de la ciudadanía desaparecerían. Imagine usted que el gobierno y la Asamblea ignoran la eliminación de los suplentes. Esto establecería inmediatamente el precedente de que las sentencias de la Sala se pueden ignorar o contradecir. Inmediatamente el camino así establecido se usaría para no hacerle caso a la Sala de lo Constitucional en el caso de la derogación de la Ley de Amnistía. Muchos aplaudirían entusiastamente.

Pero entonces el gobierno podría pasar por decreto una ley de amnistía en la que los únicos juzgados y castigados serían los militares y la gente del gobierno de los años de la guerra. Estos pondrían una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, pero como ya los mismos demandantes habrían apoyado la deslegitimación de la Sala, de nada serviría. Entonces el gobierno podría decretar que hay que meter presos sin juicio a todos los militares que sirvieron durante la guerra, y a los líderes de la oposición (como en Turquía). Y lo mismo pasaría: cualquier denuncia a la Sala de lo Constitucional sería irrelevante. Entonces los que se habrían comido la manzana envenenada abrirían la boca, ya en la cárcel, y pensarían, “Yo mismo me labré la estaca y me senté en ella”. Pero ya sería tarde porque para ese momento el gobierno ya estaría gobernando por decreto, lo cual sería inconstitucional, pero no importaría porque las sentencias de la Sala ya no servirían de nada. Igual sería el resultado si la sala es simplemente sustituida con otras personas totalmente obedientes al gobierno, como pasó en Venezuela o en Turquía.

Hay gente que dice que este es el momento de negociar con el FMLN porque está débil en todas las dimensiones: fiscalmente, en apoyo popular, y en peligro de ser afectados por los crímenes de guerra. Pero, por las mismas razones, para el FMLN este es el momento de ofrecer la manzana, luego vendrá el momento en el que el veneno actúe. Habrá gente que se escandalice con esto, diciendo que si dan su palabra los del FMLN tendrán que cumplirla. ¿Alguna vez ha visto esto suceder? El único curso correcto es proteger la institucionalidad del país. Este debe ser el parteaguas entre los que queremos el Imperio de la Ley y los que no. La mayor parte del pueblo está con la institucionalidad.

La crisis de la Ley de Amnistía. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 21 julio 2016 / EDH-Observadores

Hay varias razones para preguntarse si la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la Ley de Amnistía ha sido sabia. Primero, ha revivido viejos conflictos que no parece bueno traer del pasado. El recuerdo de los crímenes de la guerra da nueva vida a los sentimientos divisivos que llevaron a El Salvador a la guerra, el hecho más triste de nuestra historia.

Segundo, el país tiene muchos problemas importantes y urgentes que requieren de considerables esfuerzos para resolverse, esfuerzos que tendrán que diluirse para poder enfrentar hechos muy dolorosos que ocurrieron hace entre veinticinco y treinta y cinco años. Es decir, habrá que dejar de atender hechos dolorosos de hoy por atender los de hace ya mucho tiempo.

observadorTercero, no puedo pensar en otra sentencia que, ni de cerca, pudiera tener tantos enemigos, y tan variados, y al mismo tiempo ser tan divisiva. Los que se quejan son de todos los sectores del país, y en todos ellos se siente dolor. Peor todavía, muchos grupos sienten que la sentencia era dirigida para destruirlos a ellos en beneficio de otros grupos que también se sienten agredidos. En ese revivir mucha gente puede cometer muchas locuras.

No quiero discutir en este artículo si fue bueno o malo que la Sala dictaminara que la Ley de Amnistía era inconstitucional sino el tema de qué hacer ante su derogación. El ambiente de desazón, las continuas opiniones de personajes en la televisión recalcando los problemas listados, y las opiniones de abogados que consideran que la sentencia no es correcta crean un escenario propicio para que la gente piense que lo que hay que hacer es revertir la decisión de la Sala. Esto, sin embargo, sería el peor error que la sociedad salvadoreña puede cometer. En todas las legislaciones civilizadas existe una y solo una institución con el poder para interpretar la constitución. Esto es lógico porque si hubiera más de un intérprete el sistema legal se convertiría en un caos. Una de las instituciones a cargo de interpretarla podría decir que una cosa es constitucional y otra que no lo es. Con eso la constitución no valdría nada. Cualquiera la podría interpretar como le diera la gana.

Al determinar que habrá solo una institución a cargo de interpretar la constitución los constituyentes estaban totalmente conscientes de que esa institución podía cometer errores, y que en realidad, como cualquier obra humana, era seguro que los cometería. Pero contraponiendo los riesgos que estos errores podrían causar a la sociedad con los que causaría el caos que surgiría de que hubiera más de un intérprete prefirieron correr el riesgo de los errores y no el del caos. La razón más importante para hacerlo es que el caos de las múltiples interpretaciones podría usarse para justificar tiranías y arbitrariedades. Los tiranos siempre usan la necesidad de poner orden en medio de opiniones encontradas como la excusa para violar todos los derechos individuales.

El juez Robert Jackson de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos explicó el tema de esta forma: “No somos los jueces finales porque seamos infalibles, sino somos infalibles porque somos los jueces finales”. Alguien tiene que ser final, y la Sala es la final.

El establecer que la Sala de lo Constitucional es la única intérprete de la Constitución significa que sus sentencias tienen que aplicarse, aunque sean equivocadas de acuerdo a algunos abogados, aunque sean inconvenientes, y aunque sean controversiales, porque el daño causado a la sociedad por no acatar una de ellas es mucho menor que destruir la integridad de la Constitución. Los ciudadanos o el gobierno no pueden arrogarse la potestad de acatar solo aquellas sentencias que les gusten o les convengan.

Yo no quiero insinuar que la derogación está equivocada o no, y no quiero entrar en el tema. Mi punto es que aun si estuviera equivocada no podemos permitirnos regresar a la arbitrariedad en el manejo del país, tantos años después de la guerra que supuestamente terminó con ella. Los mismos que hoy se sienten acosados estarían en una peor condición bajo una dictadura arbitraria. Lo que sí podemos hacer es buscar una manera para que los juicios que salgan de la derogación de la Ley de Amnistía sea llevados a cabo dentro de un ambiente de total justicia — algo que no existiría si en el ambiente emocional de estos días se decide defenestrar a la Sala de lo Constitucional, echando para atrás todo lo ganado en la incipiente democracia salvadoreña y perdiendo todos los derechos ya ganados.

Los “críticos” y los “detractores” de la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 21 julio 2016 / EDH

La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es la excusa perfecta que los detractores de la Sala esperaban para impulsar nuevas acciones en contra de sus miembros. Es muy diferente la actitud de los críticos del fallo. Estos últimos censurarán el contenido de la sentencia y seguramente respaldarán el “voto disidente” de uno de los magistrados en contra de lo resuelto por sus colegas. Pero no conspirarán contra ellos.

diario hoyBelarmino Jaime, en un voto razonado, tan extenso como la sentencia misma, desgrana uno a uno los motivos, tanto de conveniencia nacional como los de naturaleza jurídica, por los que no debió declararse inconstitucional la ley que comentamos. Sus argumentos son jurídicamente aceptables al extremo que algunos estudiosos del derecho han señalado que la inconstitucionalidad de la amnistía es una “resolución con dos sentencias”.

Entre las motivaciones de conveniencia nacional, el magistrado argumenta que podrían iniciarse procesos penales en contra de “las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo”, desde la presidencia, vicepresidencia, ministros, funcionarios de Autónomas y diputados, incluidos miembros de la actual Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. La sentencia permite juzgar a todos aquellos que participaron en los sucesos contenidos en el informe de la “Comisión de la Verdad” y “otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes”, todo lo cual podría llevarnos a una situación que el magistrado Jaime califica de “ingobernable”.

Los opositores de la Sala, aquellos que en 2012 intentaron maniatar a los jueces constitucionales, no tendrán límite hasta descubrir la forma de inmovilizarla, ya sea expulsando a quienes la integran o eligiendo en 2018 a candidatos sumisos que le teman a la independencia de poderes. A la sentencia sobre la amnistía se agrega la que declaró inconstitucional el nombramiento de los diputados suplentes por “falta de legitimidad democrática”. Ambas resoluciones podrían incentivar alianzas perversas en perjuicio de la institucionalidad democrática.

Por esa razón, al margen del “bando” en el que nos ubiquemos, a favor o en contra de la invalidez de la amnistía y de la existencia legal de los legisladores suplentes, un aspecto fundamental es impedir que, como consecuencia de estos veredictos, se intente contrarrestar el trabajo de los magistrados.

En relación a los efectos de la decisión sobre la amnistía hay un trecho largo por recorrer. Se debe esperar la legislación especial que dictará la  Asamblea Legislativa y la definición de las autoridades que tramitarán los casos que cumplan los requisitos exigidos por el nuevo ordenamiento jurídico. Aún es impredecible la cuantía a la que podría ascender la responsabilidad civil y las indemnizaciones a favor de quienes reclamen y comprueben el daño moral que les causó el asesinato de su familiar siempre que se trate de los que la Sala califica como de “lesa humanidad” o “crímenes de guerra”.

Recopilar las pruebas, fijar el monto de la responsabilidad civil y dirimir cuándo nos encontramos frente a uno de los dos tipos de delito que no gozan de amnistía, son algunos de los retos que enfrentarán quienes tengan la competencia para conocer sobre las causas judiciales que deriven de la sentencia.

Pero el problema más complejo en esta coyuntura no es de índole legal. Es la incapacidad de dialogar, que las élites y la sociedad civil hemos demostrado en las últimas dos décadas, la que en realidad podría hundir al país en un desorden social de inimaginables proporciones. Esa falta de madurez política y de convicción acerca de la necesidad de sentarse a discutir los problemas y a identificar soluciones, y el empeño de algunos, en ambas extremas, de ideologizar todo tipo de debate, nos mantiene en una parálisis de desarrollo político, social y económico.

Lo cierto es que el fallo constituye una razón adicional para acudir al diálogo como el recurso más idóneo que establezca la forma de cumplirlo. Los otros motivos por los que el liderazgo nacional debería optar por este camino vienen presionando la agenda del país desde hace años. Se trata de la inseguridad ciudadana, el endeudamiento público y la falta de crecimiento económico.