reinserción

La salida de la pandilla. De Mario Vega

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 21 abril 2017 / EDH

Recientemente se dio a conocer el estudio “La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador”, que fue realizado por la Universidad Internacional de la Florida con el apoyo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). El estudio se basa en entrevistas realizadas a miembros y exmiembros de las diversas pandillas. Una de las preguntas que se hizo a los encuestados fue qué se puede hacer para ayudar a los pandilleros a abandonar la pandilla. Un poco más del 97 % respondió que unirse a una iglesia sería la más grande ayuda. El estudio asevera: “…el mecanismo más común y aparentemente aceptado para calmarse y abandonar la pandilla en El Salvador viene a través de una experiencia religiosa. La iglesia es un vehículo para que muchos miembros dejen una pandilla, lo cual es consistente con la literatura académica sobre desistencia y las pandillas en Centroamérica (…) Varios pandilleros enfatizaron que la única manera de que alguien abandone la pandilla es dedicarse a Dios. Durante las entrevistas en profundidad, los despertares religiosos fueron un tema común entre los expandilleros. Parece que la religión proporciona a algunos pandilleros comodidad ya que muchos de estos individuos han cometido crímenes atroces, y a menudo tienen dificultades para vivir con su pasado. Así, muchas personas recurren a un poder superior y han descrito el intenso proceso de ser ‘salvado’”.

Desde hace años las iglesias conocen bien esa verdad y saben que la conversión produce en los miembros de pandillas un cambio muy radical que les hace ser totalmente diferentes. Las iglesias se empeñan en alcanzarlos para que ellos, sus familias y las comunidades tengan un futuro mejor. Pero ¿qué son los obstáculos que enfrentan las iglesias en esa labor? Por un lado, el hecho de no contar con una ley de inserción para exmiembros de pandillas. Eso coloca a las personas que desean cambiar en una situación muy vulnerable, pues, aunque dejan de militar en la pandilla, siguen viviendo en las mismas comunidades pobres. En esos lugares las fuerzas de seguridad no hacen diferencia entre personas y quienes se han retirado son detenidos y maltratados múltiples veces como si fueran miembros activos de grupos criminales. En ocasiones ocurre que la pandilla cuenta con informantes y saben el momento de retirarse de sus viviendas antes que se ejecute un operativo. Las personas que se han retirado de la pandilla ya no cuentan con esa información y son los que se encuentran en sus casas cuando los operativos se efectúan y, una vez más, van a parar a las bartolinas. Ese estado de cosas hace que los jóvenes que desean salir de una pandilla desistan de hacerlo complicando más las cosas.

Por otro lado, las iglesias pueden esmerarse y lograr que muchos sean salvados, pero están limitadas en sus posibilidades de dar empleo a todos los que abandonan las pandillas. Las iglesias necesitan completar su proceso de redención haciendo alianzas con entidades que den oportunidades para que los conversos tengan opciones de empleo. Las iglesias solamente son una parte de la sociedad, pero el problema de la violencia es un producto de toda la sociedad. Cuando todos asumamos nuestro rol en la solución del problema podremos encontrar vías que faciliten la reconciliación.

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La infancia perdida… De Luis Mario Rodríguez

Buena parte de los miembros de pandillas son adolescentes que enfrentan la soledad debido a la desintegración de su familia. Buscan compañía, seguridad y pertenencia.

Luis Mario Rodríguez, 13 abril 2017 / EDH

Según una nota publicada por este rotativo, “la muerte acecha a los niños salvadoreños desde los 13 años”. El desglose de los datos es aún más alarmante. El Instituto de Medicina Legal (IML) señaló a El Diario de Hoy que “188 niños fueron asesinados entre 2009 y 2016. Entre las víctimas hubo desde bebés menores de un año hasta niños de 12 años. Son 133 las víctimas de 13 años. Las víctimas de 14 años fueron 346. Además, hubo 728 adolescentes de 15 años asesinados y 1,036 de 16 años”. La Policía Nacional Civil advierte que se trata de pandilleros. “Los matan la pandilla rival, la misma pandilla, los ciudadanos cansados o la policía en enfrentamientos”.

Las pandillas son agrupaciones de individuos que gravitan en una espiral de sentimientos, frustraciones, comportamientos y peligros innumerables y contradictorios. El odio, el rencor y la venganza se mezclan con la incertidumbre, el miedo y la desesperanza.

Buena parte de sus miembros son adolescentes que enfrentan la soledad debido a la desintegración de su familia. Buscan compañía, seguridad y pertenencia. Se aferran a la vida en barrios donde sobrevivir es su trabajo diario y el “salvoconducto” más eficaz lo administran pandilleros líderes cuando ofrecen “protección” a cambio de “lealtad”. El amparo que los muchachos encuentran en las “clicas” no es el de una parentela normal.

Un porcentaje alto apenas alcanza la mayoría de edad. Ahora los hay entre 8 y 9 años. Son grupos de personas con diversos pensamientos y motivaciones. Algunos se involucran para evitar que los acosen o lastimen a sus seres queridos; otros han ennegrecido sus corazones, oscurecido su presente e hipotecado su futuro voluntariamente. Una tercera fracción, por temor a ser “ajusticiados”, permanece en esa negrura aguantando hora tras hora la deshumanización que destilan los cabecillas cuando deciden quién vive y quién muere.

Existe una amalgama que combina asesinos, extorsionistas, violadores, acosadores, ladrones y matones con cipotes que sufren, atemorizados, raptados por una situación en la que no pidieron involucrarse pero que forzosamente padecen. Un buen número de jóvenes quiere dejar ese infierno en el que se encuentra y recuperar su autoestima de niños y niñas, de adolescentes, de hombres y mujeres a los que el sistema y la sociedad parecen haber abandonado.

Después de convivir con ellos por años, la gente ya no distingue entre quienes están allí obligados por las circunstancias, de otros que intencionalmente han desarrollado un gusto por la muerte y el dolor ajenos. La población no diferencia a los que actúan con saña de aquellos que lo hacen porque los jefes pandilleriles y sus secuaces les intimidan y vigilan.

Ciertamente el pueblo ya no soporta las extorsiones en sus pequeños negocios y los asesinatos de familiares y amigos. Se ha derramado demasiada sangre y el dolor, la angustia y el malestar de los residentes en caseríos, cantones, colonias, pueblos y ciudades es inaguantable. Sin embargo, algunos mareros padecen la misma aflicción y abatimiento porque no encuentran una vía de escape. Sobrellevan un silencioso sufrimiento, tanto los reclutados sin su consentimiento, como los que, habiéndose incorporado voluntariamente, desean con todas sus fuerzas renunciar a esas tinieblas y encontrar la luz.

Por esa razón cualquier idea que abra una rendija para rescatar a estos sujetos, por pequeña e insignificante que sea, debe ser aprovechada. Se trata de recuperar un espacio de bienestar y dignidad del que estos muchachos han sido despojados.

Puede tratarse de programas de reinserción, de proyectos que les brinden protección y los acepten como refugiados, de iniciativas que les ofrezcan la oportunidad de aprender un oficio, de obtener un empleo y recibir una remuneración producto de una actividad decente y ya no de un acto delictivo. También lo sobrenatural, una conversión, Dios, puede representar una salida, quizás la opción más sólida para “llegar a puerto seguro”.

En el triduo pascual viene bien reflexionar sobre la pena que continúan soportando miles de muchachos en todo el país. Seguir justificando el salvajismo con el que se les trata sin discernir entre quienes piden auxilio y los que delinquen por naturaleza nos convierte en una sociedad indiferente y derrotada.

At Salvadoran Factory, Helping Troubled Youth Makes Business Sense. THE NEW YORK TIMES

Esta nota de The New York Times publicada en septiembre 2915 pasó casi desapercibida en El Salvador, a pesar del revelador experimento empresarial que describe: hacer compatible la eficiencia empresarial con la inclusión social.

Segunda Vuelta

 Workers filling T-shirt orders for American universities at a factory in Ciudad Arce, El Salvador, that makes an effort to hire former criminals. Credit Meridith Kohut for The New York Times

Workers filling T-shirt orders for American universities at a factory in Ciudad Arce, El Salvador, that makes an effort to hire former criminals. Credit Meridith Kohut for The New York Times

2015 / THE NEW YORK TIMES

NEW YORK TOMES NYTCIUDAD ARCE, El Salvador — The gang tattoo etched sharply on William Amaya Valladares would bar him from a regular job in much of the country.

But here he is, the menacing stamp of the Mara Salvatrucha gang crawling up his neck, as he sweeps the seams of T-shirts bearing American college logos through a buzzing sewing machine at breakneck speed.

On any given day, the T-shirts may read U Mass, Penn State, or Florida Gators — conjuring buoyant images of student life that could hardly be further from Mr. Amaya’s reality.

But after spending much of his youth in one of El Salvador’s most notorious gangs, all that matters now to Mr. Amaya, 24, is a job that pays enough to support him and his two children.

He joined MS-13, as the gang is known, when he was 14 years old, seeking the companionship and sense of community he couldn’t find at home. Neither lasted.

“Once you have been in it for two, three, four years, it has filled the emptiness you have,” he said, speaking during his lunch break here at the garment plant, which produces the T-shirts for a Pennsylvania company, League Collegiate Outfitters. “But then you realize that you’re in something serious.”

The future in a gang is always the same, he said. “At the end is jail, the cemetery or the hospital.”

In El Salvador, torn by social discord and a surge of criminal violence, hope seems dim for the nation’s youth. But Rodrigo Bolaños, the general manager of the League factory here, believes in small triumphs.

“This is my country, all these are my countrymen; El Salvador cannot be successful if we cannot take care of our people,” Mr. Bolaños said at the seven-year-old garment plant in this industrial suburb some 30 miles northwest of San Salvador, the capital. “I see it as a desert, and this is an oasis with a fountain.”

An American-educated industrial engineer by training, Mr. Bolaños combines missionary fervor with the competitive jargon of the garment industry. In his experience, hiring people whom nobody else will employ makes business sense.

Among the employees here are a handful of disabled workers — often forgotten in a country that is too chaotic to attend to them. Yet he has found that their presence “removes violence from the environment.”

Module No. 6 at the plant is staffed by former gang members like Mr. Amaya, who add up to some 50 people working in the plant.

“They’re more efficient than our regular labor force,” Mr. Bolaños said. “They want to make as much money as they can.”

The notion that they are making T-shirts to be worn by privileged college students close to their own age is almost too distant to absorb, he said, adding: “What I have here are a group of people who are excited about their lives.”

They do not connect what they make with a world of wealth and advantage, Mr. Bolaños said.

El Salvador is reeling from violence at levels not seen since the civil war of the 1980s, as the government struggles to rein in the gangs that control neighborhoods in many of the country’s cities and towns.

In August, there were 911 murders, surpassing the previous record of 670 in June. More than 50 percent of the dead were under the age of 30, according to the coroner’s office.

For the country to gain some traction against crime, gang members who want to leave the streets need to find another way to earn a living. The word for it here is re-insertion, which means a chance at a normal life. There are efforts to set up bakeries and chicken farms for former gang members, or to allocate street market stalls to their families.

In a broad security plan designed by a citizens’ government advisory council — “Safe El Salvador” — creating jobs for young people is the first, and one of the most expensive, proposals. It is certainly uppermost on the minds of those who work with young people.

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Managers at the garment factory led the staff, which includes disabled workers and former gang members, in a prayer in May. Credit Meridith Kohut for The New York Times

Managers at the garment factory led the staff, which includes disabled workers and former gang members, in a prayer in May. Credit Meridith Kohut for The New York Times

Mr. Bolaños has his own solution: Hire anybody who wants to work.

Francisco Huezo is one of them. He had fallen on such hard times that even the gang he joined at 12, Barrio 18, kicked him out.

For a couple of years, he was living under a traffic bridge in San Salvador with his girlfriend, Beatriz, and her two children, stealing money for crack and heroin and scavenging for food in the trash.

Then, one day in January, at the suggestion of an evangelical pastor, a drug-dazed Mr. Huezo went for a tour of the League plant. Mr. Bolaños offered him a job.

Mr. Huezo, 24, swore off drugs. He rented a covered corner at the edge of a vacant lot, strung a plastic curtain in front of it to make a home and enrolled the children — 13-year-old Cecilia and 9-year-old Roberto — in school for the first time.

In June, other workers from the factory chipped in to buy metal sheeting and built a tiny house on the lot. “It feels good to have a good job,” he said.

A study published this year by the United Nations Development Program confirmed the experience of the former gang members at the factory: Young people join a gang for acceptance and status.

“From being just another scared kid in the neighborhood, the gang member gets a network that supports him and even though it demands his loyalty and his life, it rewards him with an identity, power and economic support,” the report said.

But there are no great riches for those on the lowest rung. A recent article in the investigative online newspaper El Faro described how leaders of a gang cell gave sneakers as Christmas bonuses to the members.

An outing for gang members consists of calling a taxi to go to a shopping mall, just to eat and wander around, said a Catholic priest in one neighborhood where a gang has taken over a house just outside the parish church.

Meridith Kohut for The New York Times

Meridith Kohut for The New York Times

To hear Mr. Amaya tell it, gang life is suffused with boredom punctuated by violence. “We would get up to hang out, do nothing, go out to the corner, get high, run from the police, listen to music,” he said.

He said he sold drugs on the street and shook down businesses. “The Coke trucks had to pay $4 every time they wanted to make a delivery in the neighborhood,” he said.

The money went to buy weapons. “To rise in the gang, you have to defend territory,” he said.

Mr. Amaya said he spent seven years in the gang before he joined an evangelical church and was allowed to leave. He began working at the League plant two years ago. There, his boss, Mr. Bolaños, brims with ideas: “Our goal is to get people back in society, get them back on track,” he said.

Every worker spends half an hour on a computer each workday practicing English through an online course. The factory pays for high school equivalency classes and has just arranged with a local university to offer a two-year engineering degree. The company subsidizes a clinic, day care, breakfast and lunch, adjusts schedules for employees studying for a college degree, and has even set up a plan to lend money to people who want to raise tilapia in tanks at home for extra income.

The efforts raise labor costs — to some $500 a month for each worker overall, compared to the average wage of about $300 a month in garment plants. But the benefits eliminate turnover, Mr. Bolaños said, which ultimately generate savings.

“Other companies are barely making it because they are training people every month,” he said. His efficiencies mean he could sell to a customer demanding the tightest margins. “If I worked for Wal-Mart, could I do this? The answer is yes.”

The factory has just hired about 100 new workers and plans to add another 150 or so to reach 700 by December, Mr. Bolaños said. He hopes to offer jobs to residents of the poor neighborhood nearby, including those finishing prison sentences.

A few minutes’ drive from the plant sit the shells of some 100 houses abandoned after a low-income housing developer ran out of money. Mr. Bolaños has outfitted two of them for disabled employees, who sleep under cotton quilts made for the University of Illinois and Quinnipiac University.

His plan is to raise money to restore the rest of the houses for workers, complete with green spaces.

Speaking animatedly, he began to walk along the path between derelict rows of two-room dwellings. Suddenly, the air seemed to thicken. Young men glared from the window space of one house.

A gang cell had taken it over.

Gene Palumbo contributed reporting.

Carta a… no sé a quien mandar esta carta, porque nadie parece escuchar . De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 3 mayo 2016 / EDH

Estimados amigos:
En noviembre del año 2007, René fue arrestado por primera vez. Tenía 16 años. Su pecado: Un mascón de futbol nocturno en una cancha de su colonia.

Conocía a René toda su vida. Es hijo de una señora que fue empleada de mis vecinos, así que creció junto con mi hijo hasta llegar a los 12 años, cuando se mudaron a San Martín. Cuando le pasó lo mismo por segunda vez -esta vez combinado con una tremenda paliza a manos de los policías-, me dijo: Me tratan como pandillero, así que me voy a hacer pandillero. Y al próximo policía que me toca, lo voy a matar…

diario hoyMe impactó tanto lo que me dijo el bicho que escribí una columna titulada “Botan con una mano lo que construye la otra”. Mi conclusión, en noviembre del 2007: “Urge revisar los códigos para poder soltar a los inocentes sin tenerlos tres noches en bartolinas. Urge borrar la concepción policíaca de cuotas de detenciones que cada patrulla debe cumplir para quedar bien. Pero lo que más urge es una cosa mucho más de fondo. Hay que volver a la presunción de inocencia. Hoy tenemos presunción de culpa. Los bichos tienen que probar su inocencia. No puede ser que los policías y fiscales vean a cada joven y a cada pobre como presunto maleante. Si no, vamos a seguir produciendo pandilleros.”

Y así pasó. René se hizo pandillero. Terminó en el centro de detención juvenil de Tonacatepeque. Se echó 7 años, se portó bien, sacó su bachillerato en la cárcel, no se metió en problemas. Hace medio año le dieron libertad condicional. Va cada 15 días al juzgado para firmar. Con su antecedente, no ha encontrado trabajo.

El otro día que lo vi, René me cuenta que ya no duerme en la dirección donde está registrado. “Me vinieron a buscar para matarme.” – “¿Quiénes, los de la pandilla? No aceptan que te calmaste?”

Se ríe, como si hubiera dicho una estupidez: “No, hombre… son policías. Tienen la lista de los que salimos, con direccione y foto, y matan uno tras otro. Tengo que ir clandestino. Nunca duermo en casa. Si me encuentran en casa, me matan a mi, a mi compañera y hasta a mi hija. Y vos leés en el diario: hombres vestidos de negro, fuertemente armados, sacaron a dos personas de su casa, y encontraron los cadáveres en un predio…”

¿Cuáles son la opciones que tiene René? ¿Tiene opción de reinserción? Lo convirtieron en pandillero a puras patadas. Lo tuvieron en Tonaca siete años – y ahora lo obligan a vivir en la clandestinidad. ¿Cómo va a vivir clandestino sin volver a delinquir? ¿Cuál reinserción?

René tiene orgullo. Le sobra. Por orgullo, por ver lesionada su dignidad, se metió en la pandilla. Y ahora no va a ir pidiendo limosnas a una iglesia o un ONG. O le dan una salida digna, o seguirá luchando contra lo que llama “el sistema”. ¿Puede ganar esta lucha? No, tiene absolutamente claro que no puede ganar. Ni siquiera puede definir lo que significaría “ganar”. Pero seguirá luchando. Sabe que se va a hundir. Terminará muerto o preso otra vez.

No sé cómo ayudarle a René. No hay nada que puedo hacer. No se va a separar de la pandilla mientras el resto del mundo le persigue para matarlo o le dan sermones, pero no le abren las puertas de reinserción.

René está convencido que “el sistema” ha decidido eliminarlo. Lo dice con tristeza, pero también con coraje. Y aunque trato de convencerle que sí hay salidas, estoy convencido que no está equivocado. El gobierno ha quemado todos los puentes que podrían marcar salidas. La violencia se ha vuelto un circuito cerrado. Violencia produciendo más violencia.

Esta es la carta más triste que me ha tocado escribir en años. Saludos,

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Salvador Samayoa: “Mano dura es la que hay ahora, no la de Paco Flores”

Con matices sustanciosos, pero Salvador Samayoa compra la estrategia gubernamental de confrontación abierta contra las maras el faroque la Administración Sánchez Cerén desató en enero de 2015, con beligerancia creciente. Dice: “La primera razón de ser del Estado es garantizar la seguridad y los bienes de las personas”, aunque rápido incluye una crítica severa a lo que se está haciendo: “Si dejamos que la PNC se convierta en una fuerza que no respeta leyes ni derechos humanos, luego será un cáncer difícil de extirpar”.

salvador samayoa

Roberto Valencia, 13 abril 2016 / EL FARO

Exministro en la primera Junta Revolucionaria. Ex comandante guerrillero de las Fuerzas Populares de Liberación. Expresidente del extinto Consejo Nacional de Seguridad Pública. Exfuncionario durante la Administración Flores. Un hombre que hoy puede jactarse de contar con amigos –y examigos– en las cúpulas del FMLN y de ARENA.

En una sociedad tan polarizada como la salvadoreña, tan gregaria en el ámbito político, Salvador Samayoa es una rara avis por haber sabido conservar voz propia, que no es poco, una voz crítica y a la vez respetada por las cabezas más pensantes de los dos extremos del espectro ideológico-partidario. Es, además, alguien que trata de no desconectarse de lo que se cocina en los despachos donde se toman decisiones ni tampoco –y quizá sea lo más singular en alguien de su estatus social– de lo que se cocina en las comunidades empobrecidas.

Por su experiencia y conocimientos acumulados es un analista, pero, en un contexto en el que cualquier mequetrefe se pasea por los platós de televisión con esa misma etiqueta, conviene explicitar que Salvador Samayoa lo es en el sentido más amplio y virginal de la palabra: “Observador habitual de un campo de la vida social o cultural”. La seguridad pública, en el caso que aplica para esta plática. El Salvador atraviesa uno de los momentos más violentos de su historia reciente, y la Sala Negra de El Faro lo quiso sentar para escuchar sus valoraciones.

Hay quien dice que El Salvador ya vive una guerra. ¿Comparte el análisis?
En una escala de cero a cien… cero. Me parece un desatino, una alharaca y un desenfoque total de la naturaleza de los fenómenos.

Incluso el Gobierno comienza a apropiarse de esa palabra.
Eso es retórica política, pero de ahí a que el fenómeno que tenemos se defina como guerra, como una guerra equiparable a la que vivimos en los ochenta, eso yo no lo acepto.

¿Cómo interpreta los cambios en la lógica del Gobierno? En un año hemos pasado de que los medios exageraban la situación a un discurso netamente guerrerista.
El presidente Sánchez Cerén paga el precio de ser ecuánime y sobrio; lo paga porque cuando se sale un poquito del guion de ecuanimidad, lo que dice se convierte en escándalo. Con el presidente anterior, como eran habituales su estridencia y su falta de ecuanimidad, no pasaba nada cuando decía algo altisonante.

Pero el cambio de discurso desde junio de 2014 es real.
El discurso ha cambiado a veces sin razón, y a veces con razón. Una razón que a mi juicio justifica un cambio es cuando las pandillas convierten a las autoridades del Estado en sus objetivos, sobre todo a los policías. Esos ataques, si fueran sostenidos y sistemáticos y crecientes, sí podrían considerarse escenario de guerra, pero no estoy convencido de que eso esté ocurriendo. Las pandillas no pueden sostener esa situación, y creo además que algunos ataques a policías no se han debido a que son agentes, sino a otro tipo de situaciones.

Esta Administración pasó de defender la policía comunitaria como panacea, a coquetear con la idea de los estados de excepción.
Lo que pasa en El Salvador es que, cuando los gobernantes entran, no saben qué hacer en el área de seguridad pública, porque no hay especialistas. Todos aprenden sobre la marcha.

¿Cuándo las maras dejaron de ser un problema de seguridad pública para convertirse en uno de seguridad nacional? ¿Hay algún quinquenio clave en esa evolución?
Para mí no pasa por coordenadas de período gubernamental, como si unas determinadas acciones u omisiones de un gobierno en particular hubieran acelerado el problema.

El manodurismo fue un factor determinante.
Yo no lo creo. Entre todos los factores de índole diversa que configuran el problema, creo que el más determinante fueron las deportaciones masivas de criminales a finales de los noventa desde Estados Unidos. No hay país en el mundo que resista una inyección así en un período tan corto.

No sé, no sé… Desde los Acuerdos de Paz los años con menos homicidios han sido 2002 y 2003, y eso no cuadra con su teoría de que las deportaciones noventeras son el principal detonante.
Lo que yo quiero decir, aunque sé que a mucha gente no le gusta escucharlo, es que el Gobierno de Paco Flores fue mejor que otros gobiernos en el área de seguridad pública. Yo viví esa realidad desde adentro, no me la contaron. A mediados de los noventa las pandillas eran casi exclusivamente estudiantiles, con enfrentamientos entre institutos técnicos y nacionales, y el proceso de mezclarse esas pandillas con la gente deportada a finales de los noventa tomó su tiempo.

Hay infinidad de artículos en prensa nacional y extranjera de mediados de los noventa que hablan de las maras como grupos criminales ya.
Esas pandillas no son como las que conocemos ahora.

Claro que no. Hay un desarrollo y radicalización, pero usted lo ubica a finales de lo noventa y…
Las deportaciones masivas de criminales son el origen del que a mi juicio es el factor más determinante, aunque eso no significa que ese factor actúa de un día para otro.

Usted no cree que el principal detonante son la realidad social salvadoreña y las políticas públicas adoptadas.
No lo creo, no. El Plan Mano Dura de Paco Flores me parece un mito, un cliché, un eslogan de los opositores, porque nunca hubo el mentado manodurismo. Es mentira. Mano dura es la que hay ahora, no la de Paco Flores.

El Plan Mano Dura se lanzó ocho meses antes de las presidenciales. Es Antonio Saca quien desarrolla el manodurismo ejecuta acciones a mi juicio determinantes, como la asignación de cárceles exclusivas a las pandillas. El cobro de la renta se generaliza después del manodurismo, no después de las deportaciones.
Yo creo que asociar a un determinado presidente el crecimiento de las pandillas es simplificar las cosas demasiado. El manodurismo que trató de implementar Paco Flores no tuvo éxito porque se le tiró encima la sociedad entera; su ley antipandillas la declararon inconstitucional en abril de 2004. Es decir, la Mano Dura no tuvo un tiempo importante de actuación como para atribuirle que desencadenara equis, ye o zeta consecuencias. Reitero: mano dura es la que hay ahora; aquello era solo discurso de mano dura.

No nos enroquemos. Más cerca en el tiempo, ¿no cree que la Tregua de Funes ha tenido una fuerte incidencia en la evolución del fenómeno?
Tiene incidencia. Los pandilleros aprendieron algo que no sabían: negociando con un gobierno pueden obtener beneficios. Por eso, cuando les cortan la negociación, como ya han aprendido que es un camino, presionan en las calles para recuperar la negociación y los beneficios. En ese sentido es que la Tregua hizo daño, pero tampoco lo sobredimensionaría.

Centrémonos en el presente, en el actual gobierno del FMLN. Llevan casi siete años, pero…
Llevan dos.

Cabal, ahora solo se hacen cargo de dos.
¿Cuándo dijeron eso? ¿Ya se distanciaron? Ojalá lo dijeran más claramente y pidieran disculpas al país por los cinco años anteriores.

¿No es tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda exigir mejores resultados?
Por supuesto que sí.

Desde junio de 2004 los homicidios se han duplicado.
Los resultados, sin duda, son pobres. Pero se puede medir también si los procesos que han comenzado están siendo efectivos, que no significa tener resultados a corto plazo.

Salvador Samayoa, analista político, durante entrevista sobre el tema de seguridad actual en El Salvador. Realizado en las oficinas de elfaro.net, en Antiguo Cuscatlán. 06042016

Foto Víctor Peña.

 

¿Usted otorga crédito a…?
Yo otorgo crédito a algunos de los procesos que ha iniciado el Gobierno, sí; pero eso no quita que sea crítico con los resultados obtenidos hasta ahora.

Acaba de decirme que este Gobierno aplica el manodurismo. ¿Es lo que necesita el país?
Tal cual me lo plantea usted tiene una connotación peyorativa, descalificadora de políticas de antemano y a priori; y ese tipo de retórica no me gusta. Pero el primer deber, la primera y única razón de ser del Estado, es garantizar la seguridad y los bienes de las personas. Todas las demás funciones varían en función de la ideología y de los períodos históricos, pero el Estado está para garantizar la seguridad. Si los pandilleros han decido hacer lo que hacen, que se les trate con dureza lo veo como un deber del Estado. Otra cosa diferente es si la dureza se traduce en violación del Estado de Derecho, pero ese es otro problema distinto.

Corríjame si no piensa igual, pero ¿cómo un gobierno que dice ser de izquierda se ha distanciado tanto de las comunidades?
Entre los varios fallos que ha tenido el FMLN, entre los factores de índole diversa de la ineficacia de este gobierno, uno es la falta de vocación de trabajo social, de compromiso, de mística, de esfuerzo, de sacrificio para ir a los barrios y comunidades, para cambiar el paisaje ahí. Este es un gobierno que, viniendo de la izquierda, se ha burocratizado, se ha acomodado. Sus funcionarios ya no van a los barrios urbanos, mucho menos a las áreas rurales, si no es a un mitin en camionetas pagadas por el Estado, pero nunca a trabajar o a escuchar a la gente.

¿El diálogo con los pandilleros es imprescindible?
Antes de entrar en el tema polémico del diálogo, quiero recapitular lo que hemos hablado: yo creo que la solución pasa por una mayor eficacia del aparato represivo del Estado, y es imprescindible la dureza en el marco de la ley. Y en segundo lugar, pasa por el cambio, a medio y largo plazo, de las condiciones en las colonias; lo que yo llamo el mejoramiento integral de barrios.

Pero usted cree en el diálogo.
Pienso que siempre se debe estar en capacidad y en disponibilidad para dialogar con pandilleros. Otra cosa es quiénes hablan, cómo hablan, de qué se habla… Yo pasé por eso. Los cinco años que estuve al frente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (1999-2004), hablé con el liderazgo de la Mara Salvatrucha, que en ese momento estaba en los centros penales de Quezaltepeque y Apanteos. Con bastante frecuencia me reunía con ellos.

Con el Diablo de Hollywood, con Borromeo Henríquez.
Con Borromeo y con toda la dirección. Por cómo funciona la pandilla, a él no le convenía hablar solo conmigo; tenían que estar sus compañeros. Y yo me entendí con ellos, siendo que no estaba entre mi mandato, en ningún sentido, el tema de pandillas.

Lo que usted hacía 15 años atrás hoy está demonizado. ¿No habría que empezar a ‘desdemonizar’ la idea del diálogo?
Sí, pero hay una diferencia fundamental: cuando yo hablaba con ellos, no han herido a la sociedad de la manera que lo han hecho en los últimos diez años. Eso vuelve más complicada la idea del diálogo, porque la susceptibilidad de la gente está herida. Entonces, y teniendo en consideración que hay un tema de sensibilidad legítimo en la gente, yo sí creo que, en algún momento y para determinados propósitos, hay que hablar con los pandilleros.

¿Qué dialogaba usted con ellos?
Cuando había que hacer una obra importante en barrios en los que estaban, se hablaba con ellos. Los pandilleros nos son brutos, y si hacíamos una obra para mejorar las condiciones de vida de sus familiares… ellos no son tontos. Tienen hijos y madres que se benefician.

El discurso actual es cero negociación.
Estoy de acuerdo con que el Gobierno no negocie con las pandillas, pero creo que es importante tener mecanismos de diálogo, siempre que sean trasparentes y para propósitos lícitos.

¿Cómo evalúa las reacciones de las dos fuerzas políticas mayoritarias ante el video del diputado Muyshondt reunido con mareros?
La reacción de ARENA me pareció patética. Es evidente que Muyshondt no fue sin el conocimiento de líderes del partido, probablemente del propio candidato presidencial. Entonces, uno lo menos que tiene que hacer es tener la frente en alto y decir las razones por las que actuó como actuó. Yo creo que Muyshondt manejó mal el contenido de lo que conversó, pero el hecho de que fuera a reunirse con ellos me parece totalmente razonable.

Hipocresía pues en la reacción de ARENA. ¿Y el FMLN?
Los dos partidos reaccionaron con hipocresía tras el video.

¿Sabe si el FMLN ha dialogado con pandilleros?
Así comenzó este gobierno, dialogando con las pandillas. En lo personal, creo que una de las razones por las que Benito Lara ha salido del Ministerio de Seguridad es porque él era un convencido de que había que mantener puentes con los pandilleros.

¿Cómo tener confianza en una clase política que actúa con hipocresía?
Quizá el hecho de que con ese video haya quedado tan expuesta la hipocresía de los dos partidos los hará un poco mejores a ambos, en el sentido de que a partir de ahora lo pensarán dos veces antes de actuar sin transparencia.

Salvador Samayoa, analista político, durante entrevista sobre el tema de seguridad actual en El Salvador. Realizado en las oficinas de elfaro.net, en Antiguo Cuscatlán. 06042016

Foto Víctor Peña.

 

El tema de los derechos humanos. El discurso oficial habla de respeto, pero la realidad parece ser otra.
Yo hablé con el presidente de este tema a inicios de septiembre pasado, si no recuerdo mal. Le llevé una carpeta bajo el brazo de artículos periodísticos, cinco o seis reportajes de cabeceras de prestigio mundial. Todos señalaban violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y le dije: “Presidente, en primer lugar, esto no hay que hacerlo porque no hay que hacerlo, y eso es lo más importante; pero además, te puede crear un problema de imagen que, una vez se establece, no te lo quita nadie”. Y le recordé cuando nosotros en los ochenta logramos que todo mundo se refiriera a ARENA como: “ARENA, coma, el partido de los escuadrones de la muerte, coma…” Todos los medios internacionales se referían a ARENA con esa cláusula subordinada. Por eso le dije: “Si se llega a establecer que tu Gobierno es violador de derechos humanos o promotor o encubridor de ejecuciones sumarias, eso no te lo va a quitar nadie”.

¿Qué opinión le merece que no haya sido apartado ni un solo policía de sus funciones bajo sospecha de haber participado en ejecuciones sumarias?
En primer lugar, no soy partidario de las condenas extrajudiciales, basadas en lo que dice la oenegé tal, o el periódico tal, o incluso la institución tal. No condeno a nadie de antemano, si no se le ha seguido un proceso judicial de arreglo a derecho, y por eso no asumo que unos policías son culpables ni aunque los esté señalando un informe de la PDDH. Además, entre las acusaciones de ejecuciones que han salido a la luz pública no me han parecido todas igual de sólidas.

Pero no hay ni un solo policía procesado por ejecutar pandilleros.
Ese punto sí me parece válido: es casi imposible que no haya algo o mucho de cierto en lo que se está diciendo sobre ejecuciones cometidas por policías o soldados. Y que no haya ni un solo responsable procesado, siquiera en los mecanismos de control interno, eso muestra una debilidad institucional inaceptable.

El Gobierno acaba de nombrar subdirector de la PNC al comisionado Flores Murillo, alguien que estuvo procesado por integrar el grupo de exterminio Sombra Negra.
Yo participé en la primera depuración de la PNC que se hizo durante la Administración Flores, que fue seria. Y en aquel corte se expulsó a Flores Murillo precisamente por aquello de la Sombra Negra, porque creímos que, por la imagen que tenía, era cuanto menos inapropiado para la PNC. Pero él se amparó y un tribunal lo restituyó; si nos atenemos a derecho, el Gobierno actual no tiene por qué discriminarlo.

Pero tampoco promocionarlo, y nombrarlo subdirector.
Es una decisión que no es políticamente conveniente, aunque sea legal.

¿Promover a alguien que estuvo procesado por participar en un grupo de exterminio no choca frontalmente con el discurso de respeto a los derechos humanos?
Depende de si están convencidos o no de si este señor participó en esas cosas. Si creen que no lo hizo, ¿por qué lo tendrían que discriminar?

Podría interpretarse como un mensaje de tolerancia hacia ciertas prácticas.
Más que ese caso particular… me parece que los cambios y los nombramientos recientes en el Gabinete de Seguridad no fueron iluminados y coherentes; en eso estamos de acuerdo. Tampoco tengo ninguna duda de que el respeto a los derechos humanos es un asunto crucial: si dejamos que la Policía vuelva a convertirse en una fuerza que no respeta leyes ni derechos humanos ni nada, luego será un cáncer difícil de extirpar. Dicho eso, creo que los policías no se tienen que comportar como niña lastimada en su virginidad; no se les puede pedir que cuando entren en esos barrios a detener a gente que no tiene ascos para matar, lo hagan con actitudes que no son agresivas.

Hay gente que cree que el respeto a los derechos humanos debería ser secundario.
Es de analizar las realidades y de tener la prudencia, la responsabilidad y el sentido de transparencia en lo que vas a hacer. Pongo un ejemplo: El Salvador es signatario de tratados internacionales para la administración de la justicia en menores, como las Reglas de Beijing, pero si yo fuera el Estado salvadoreño, anunciaría al mundo, tras lograr un consenso entre los tres poderes, que esta y esta y esta regla no las vamos a cumplir, porque cumplirlas me impide lidiar con mi responsabilidad mayor, que es brindar seguridad a mis ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad podrían torturar bajo el mismo argumento de que sirve para combatir a las maras.
Pero eso digo que lo del riguroso respeto a los derechos humanos depende. La tortura yo no la acepto bajo ninguna circunstancia, pero sí acepto que se revisen las obligaciones que, por haber firmado las Reglas de Beijing, tiene el Estado con los pandilleros menores de 18 años.