privatización

Carta a los cabezas calientes: ¿Guerra religiosa o debate racional? De Paolo Luers

21 marzo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Es impresionante el poder de la fantasía, o más bien del engaño. Para combatir heroicamente la privatización del agua (aunque en el fondo todo el mundo sepa que es un fantasma), se cancelan reuniones de concertación entre el futuro presidente y la oposición; se derraman ríos de discursos indignados; se arman manifestaciones; y cuando la PNC detiene a algunos patanes, quienes aprovecharon estas marchas para cometer delitos violentos, el presidente electo usa su cuenta en Twitter para ordenar a la PNC su “inmediata liberación”, dándole un plazo de 2 horas. Y en caso que a la policía se le ocurriera a no hacerle caso, ya que como presidente electo no tiene ningún poder de mando, dijo: “De lo contrario se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio”, fecha en que tomará posesión de su cargo.

Todo este derroche de pasiones porque la comisión legislativa que discute la Ley de Agua había votado por mayoría que en el futuro ente regulador de agua estarán representados los sectores privados afectados.

Voy a decir de antemano mi opinión personal: No estoy a favor de crear nuevas instituciones burocráticas y reguladoras, sea con y sin representantes de la empresa privada. Creo que el estado tiene suficiente instituciones que pueden asumir las tareas de regulación. Por esto, no me gusta esta Ley de Agua. Sin embargo, es una locura que quieran decirnos que la propuesta de composición del ‘ente regulador’ sea el inicio de la ‘privatización del agua’.

El problema es que en nuestro país no se puede discutir ciertos asuntos urgentes sin que se desate una guerra religiosa sobre ‘privatización’ versus ‘nacionalización’. Para unos, cualquier medida de privatización -o incluso la participación de privados en asuntos del Estado- es obra del diablo. Y para otros, cualquier medida de nacionalización –o incluso cualquier intervención del Estado en asuntos de mercado- es sacrilegio. Y así se arman las batallas, sin ninguna racionalidad, a pura pasión, y siempre sujeto de horrenda manipulación.

Si el tema realmente fuera el agua, ¿por qué la Universidad de El Salvador y las organizaciones rojas y celestes no van en la madrugada a la carretera de Oro para apoyar a los habitantes de las colonias de San Martin cuando protestan porque ANDA los tiene sin agua desde hace meses? ¿Por qué arman el pleito por una decisión preliminar y además poco sustantiva de una comisión legislativa? La institución que diariamente viola el tan apasionadamente reclamado ‘derecho humano al agua’ se llama ANDA.

Si su preocupación realmente fuera por el agua, el presidente electo, en su afán de llamar la atención y proyectarse como ‘superman’, no mostraría su desprecio al estado de Derecho dándole ordenes y plazos a la PNC, sino a ANDA, pidiéndole a conectar las colonias de San Martín al agua potable. De paso sea dicho: Incluso luego de asumir la presidencia, el hombre tendría que abstenerse a intervenir así en el trabajo de la PNC. Hacerlo como presidente electo simplemente es otra muestra de arrogancia.

Tenemos que aprender a llevar discusiones racionales sobre los conceptos de privatización y control estatal. No son asuntos de fe y dogma, sino de eficiencia, transparencia y conveniencia práctica.

En el asunto del agua no veo necesidad de pensar en privatización. Pero aunque a muchos les parezca sacrilegio, en el Seguro Social sí nos convendría considerar seriamente privatizar varios servicios. Pero esto no se puede discutir sin desatar guerras religiosas y batallas callejeras – igual que otros permiten discutir en serio la necesidad de nacionalizar el transporte público y el negocio de la basura.

Calma y cabeza fría en vez de falso drama. Saludos,

El agua es de todos. De Erika Saldaña

El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

18 junio 2018 / El Diario de Hoy

Del agua es sobre lo que ha se ha hablado esta semana. Se han intensificado los debates sobre el tema en entrevistas de televisión, radio, foros universitarios y redes sociales. Por un lado, sectores como la Conferencia Episcopal, la UCA y el partido FMLN han denunciando un posible intento de privatización del agua; por otra parte, la ANEP y el partido ARENA han dicho que no se pretende una privatización, sino la creación de mayor eficiencia en la distribución del agua y que la administración no responda a intereses políticos.

Hablemos claro. En el proyecto de ley que se está estudiando en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa no existe ningún apartado que se refiera a la privatización del agua. Pero también seamos claros en otra cuestión: la conformación de la autoridad que administrará el recurso hídrico —según el proyecto— no deja de ser curiosa y cuestionable.

El artículo 14 establece que la junta directiva de la Autoridad Hídrica estará conformada por un miembro nombrado por la Presidencia de la República, dos por la Corporación de Municipalidades (Comures, gremial privada de municipalidades) y dos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, que aglutina a gremiales de la empresa privada). Entre algunas de sus facultades se encuentran la aprobación de permisos y tasas por el uso de recursos hídricos, la aprobación de la normativa técnica que desarrollará la ley, entre otras.

Aunque la intención no sea una privatización, la desconfianza de muchos es razonable. Cuando hablamos de un bien tan público, importante y de interés social como el agua y metemos en la ecuación a sectores privados cuya defensa (legítima) son los intereses de sus representados, surge la duda sobre a qué intereses responderá la Junta Directiva de la Autoridad Hídrica.

¿Responderá a la colectividad o a necesidades de algunos grupos interesados? La misma desconfianza y cuestionamiento surgiría si la representación fuera predominantemente pública. La defensa de los intereses privados es una cuestión legítima y necesaria, pero cuando se trata de un bien tan trascendental y escaso como el agua, lo que debe privar es el bien común. Nada tan básico como el agua. El agua es vida y es de todos.

Hay varios puntos que no están en discusión respecto al agua. Primero, se trata de uno de los bienes más importantes sobre la Tierra para cualquier forma de vida. Su ausencia afecta por igual a toda la especie humana y, por ello, no se le deba dar un manejo partidario o sectorial al tema. De ningún color o ideología. Segundo, se trata de un bien de interés público y social.

Tercero, existe la urgente necesidad de volver mucho más eficiente el uso del agua en El Salvador. Anda no ha podido hacerlo. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Recurso Hídrico, ya existen muchos países padeciendo condiciones generalizadas de escasez de agua. Ciudad del Cabo en Sudáfrica y la Ciudad de México enfrentan el problema y podrían sumarse ciudades como Sao Paulo, El Cairo, Tokio, Londres, entre otras. En El Salvador existen colonias y comunidades enteras que no tienen conexión de agua o si las tienen, la falta de agua dura semanas.

Nos encontramos frente a una oportunidad de una discusión seria y razonable sobre el manejo que le estamos dando al agua en El Salvador. La Asamblea Legislativa debería procurar la mayor transparencia posible, así como una primordial difusión del contenido de la ley y profundización de tema con todos aquellos sectores que tengan algo que aportar.

Más que si la mayoría de representación es pública o privada, hay que preocuparse por que las sillas en la Autoridad Hídrica sean ocupadas por gente que sabe lo que está haciendo y esto sea en favor de toda la sociedad. La defensa de intereses partidarios o sectoriales debe quedar fuera de la discusión en el tema del agua.

El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.