narcobarriles

IAIP ordena a Fiscalía revelar uso de $14.5 mill de narcobarriles

La FGR había declarado en reserva información sobre el uso del dinero incautado en barriles en 2010 sin justificar razón, por eso el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó que revele cómo usó el dinero.

Reservada. La Fiscalía dijo en 2012 que usaría el dinero de los narcobarriles para el centro de intervención telefónica.

Reservada. La Fiscalía dijo en 2012 que usaría el dinero de los narcobarriles para el centro de intervención telefónica.

Ezequiel Barrera, 27 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) que revele el uso que dio a los $14.5 millones, producto del narcotráfico, hallados en barriles en septiembre de 2010 en dos propiedades: en la hacienda El Recolado de Zacatecoluca, La Paz, y en una vivienda de la residencial Quinta de Las Mercedes de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

“La resolución que el instituto emitió contra la Fiscalía fue en razón de que el único argumento de la Fiscalía, expresado a través de un correo electrónico, fue que denegaban la información porque el fiscal de delitos de narcotráfico habría señalado que transfirió el expediente a un investigador de la Unidad Financiera, pero ese argumento no respondía a cuál era el riesgo de revelar esa información, y ya lo hemos dicho: que para decretar una reserva no se puede hacer de manera antojadiza”, explicó ayer la comisionada del IAIP, Herminia Funes.

El instituto otorgó un plazo de tres días hábiles para que la Fiscalía entregue esa información solicitada desde el 17 de octubre de 2014 por una ciudadana que tuvo que esperar un año para que la información, al menos, esté en trámite de entrega.

“Esperamos que la Fiscalía no insista en negarse a entregar la información, porque se vería muy mal que apele a la Sala de lo Contencioso, esperamos que uno de los escenarios posibles no sea que suceda como ocurrió cuando un ciudadano solicitó la información respecto a los viajes del fiscal (Luis Martínez), cuya información aún no ha sido entregada a pesar de que el instituto ya ordenó su entrega”, declaró Funes.

La comisionada agregó que en el instituto estarán vigilantes de que la información sobre el uso de los fondos de los narcobarriles sea entregada en el plazo establecido; de lo contrario, el instituto tendrá que discutir las medidas a tomar ante la negativa.

La Fiscalía negó la información el 29 de octubre de 2014 alegando a la solicitante que la había declarado en reserva. Ante la negativa, la ciudadana apeló al instituto el 4 de noviembre de 2014, exponiendo que su solicitud sí era válida porque quería saber de forma detallada el uso de esos fondos incautados y no los datos acerca del proceso de un caso en proceso de investigación.

La solicitante planteó en la apelación que el caso ya había avanzado lo suficiente como para sostener que revelar el uso de los fondos podría entorpecer el proceso investigativo y judicial, ya que José Baltazar Romero, procesado por el caso, fue condenado en septiembre de 2010 por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel. Además, la otra persona vinculada al caso, Bildardy Obdulio Ortega, también fue condenado en 2012. Ortega era el propietario de la hacienda donde se encontró la mayor parte del dinero incautado en los barriles de Zacatecoluca.

Otra de las razones por las que la solicitante se mostró insatisfecha con la negativa de información es que la misma Fiscalía reconoció, en su memoria de labores 2013-2014, que por un déficit de operación “se tuvo que recurrir a los recursos provenientes de los patrimonios especiales de bienes comisados y decomisados para el gasto de funcionamiento institucional”. Esto, en otras palabras, significó que el dinero incautado pasó a la administración pública para la operatividad de la Fiscalía, y en ese sentido todos los gastos e inversiones debería ser información abierta y publicada de forma oficiosa a través del portal de transparencia de la FGR.

Sobre la millonaria incautación pesa un antecedente de extravío: en enero de 2011, el Banco Central de Reserva confirmó un faltante de $40,ooo.

Según la comisionada Funes, este caso aspira a dejar un precedente “para que poco a poco las instituciones estatales no se crean dueñas de la información que tienen, y más en casos donde está involucrado mucho dinero que despertó sospechas en la ciudadana que solicitó la información”. La única salvedad que la ley pone para declarar en reserva, según agregó la comisionada, es que ponga en riesgo la defensa nacional y seguridad pública, más las otras consideraciones que ley establece en el artículo 19.

La resolución definitiva del instituto, en este caso, es emitida en un momento en que la misma Fiscalía ha acusado a exjueces y exfiscales de corrupción.