Miguel Henrique Otero

La izquierda internacional y el narcorrégimen venezolano. De Miguel Henrique Otero

Miguel Henrique Otero, director de El Nacional

Miguel Henrique Otero, 19 junio 2017 / EL NACIONAL

Entre el año 2000 y el año 2010, aproximadamente, la izquierda internacional cantó alabanzas a Hugo Chávez y al celebrado renacimiento de la izquierda en América Latina. Además de Venezuela, en varios países del continente gobernaron izquierdistas que se sumaron al coro de los niños cantores de Chávez, a cambio de contribuciones económicas en millones de dólares, cuya cuantía está próxima a revelarse. El gobierno venezolano organizó, con el dinero de los venezolanos, campañas para recaudar elogios. El Foro de Sao Paulo, fundado en 1990, hizo de Chávez uno de sus sacerdotes. La izquierda europea, por años, se negó a escuchar las advertencias de los demócratas venezolanos. Caso aparte lo constituyen los señores del partido Podemos, cuyos bolsillos están manchados de sangre: los dineros recibidos desde Venezuela e Irán así lo atestiguan.

El inicio del mandato de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, año 2002, supone una fractura para los sistemas de propaganda de las izquierdas: rápidamente logró poner en evidencia lo que ya se sabía, que las FARC y el ELN eran, en realidad, megabandas dedicadas al narcotráfico ocultas tras la fachada de guerrilla revolucionaria.

La colaboración del gobierno de Chávez a las FARC marca el inicio del vínculo de la izquierda venezolana en el poder con el negocio del narcotráfico. En un primer momento, el gobierno y ciertas unidades militares les dieron protección y territorios para operar. Como se sabe, algunos municipios del estado Táchira funcionaron como aliviaderos. Integrantes de la guerrilla ingresaban a Táchira para descansar, abastecerse o realizar tratamientos médicos, incluyendo intervenciones quirúrgicas para cambiar de fisonomía. Esa actividad, denunciada en su momento, constituyó el primer paso del proceso por el cual la revolución bolivariana derivó en un narcorrégimen.

Las etapas de ese proceso son las previsibles: primero, funcionarios venezolanos comenzaron a recibir pagos por sus servicios, que se depositaban en cuentas fuera de Venezuela. En un segundo momento se convirtieron en socios de la distribución. No olvidemos que, ya en 2008, Rodríguez Chacín, Henry Rangel Silva y Hugo Carvajal fueron sancionados por asistir a los cárteles de la droga. La siguiente etapa ha sido la de organizar redes propias de distribución de drogas: se reciben en territorio venezolano bajo protección de uniformados, y luego se envían fuera del país. Como bien saben los organismos de inteligencia de varios países, el narcorrégimen venezolano maneja un porcentaje muy alto de la distribución de la cocaína que se produce en Colombia y Ecuador.

Las investigaciones de la DEA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, así como numerosos despachos de inteligencia, son inequívocas: al más alto nivel gubernamental, y particularmente de la Guardia Nacional Bolivariana, hay funcionarios, como Reverol, Zavarce y otros, directamente acusados de prestar apoyo a los cárteles de la droga. A este enorme negocio de distribución de drogas  pertenecen los llamados narcosobrinos. Por su participación en este negocio, y por las operaciones de droga vinculadas con grupos terroristas del Medio Oriente, se ha acusado al vicepresidente El Aissami. Por sus vínculos con este negocio, se investiga a Diosdado Cabello. Y, puesto que se trata de una red muy amplia, en plena fase de investigación, se están preparando nuevos anuncios y medidas, que muy pronto arrojarán nuevas y sorprendentes noticias.

Que se trata de un narcorrégimen, no ocurre en vano: cada día el silencio de la izquierda mundial es más evidente. Nadie debe llamarse a engaño: a la fauna comunistoide no le preocupan los derechos humanos, ni la represión, ni la violación de las leyes, ni el asesinato de personas que ejercen su derecho a la protesta.

La muerte de los demócratas no les inquieta. Pero, ante las evidencias de la participación directa y sistemática del régimen en el narconegocio, las cosas son distintas. Son cada día más los que toman distancia. Lo que asombra es que los señores de Podemos e Izquierda Unida, o el señor López Obrador y algunos otros persistan en defender lo que es indefendible: que hay toda una estructura movida por altas figuras del gobierno venezolano y de la Guardia Nacional Bolivariana dedicada a recibir droga en territorio venezolano y trasladarla a Centroamérica, Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente. La solidaridad con el régimen que aplasta a Venezuela no pertenece al género de la política. Pertenece al género del derecho penal: es nada menos que complicidad con el narcotráfico internacional.

La batalla contra la censura en Venezuela y Ecuador

“Hoy en Venezuela se vive un secuestro de la libertad de expresión. En el fondo todo esto es una estrategia, por parte del régimen de Maduro, para controlar todos los medios de prensa del país y consolidar su hegemonía comunicacional: primero debilitan los medios y después los compran, para alcanzar sus fines”, dice el director del periódico veneolanao El Nacional.

También habla Luis Vivanco, director de La Hora, de Ecuador.

Portada de El Nacional del 18 de agosto 2010

Portada de El Nacional del 18 de agosto 2010

18 mayo 2015

CARACAS. La situación en Venezuela, a raíz de que un tribunal declaró medidas cautelares contra 22 periodistas y directores de medios, refleja la gravedad de la división política y de las batallas ideológicas que se están viviendo en este país.

El pasado 27 de enero, el diario español ABC soltó una bomba contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y segundo hombre fuerte del chavismo, al acusarlo de estar involucrado en el narcotráfico, con base en la información de Leamsy Salazar, un desertor venezolano y testigo protegido en Estados Unidos.

Medios venezolanos como El Nacional, Tal cual y el portal lapatilla.com publicaron la noticia, lo que desató la furia de Cabello, quien el 21 de abril presentó una demanda contra estos medios.

El pasado martes, un tribunal dictó impedimento de salida del país contra 22 personas: accionistas, directores y el consejo editorial de dichos medios.

Miguel Henrique Otero, director de El Nacional y uno de los afectados por estas medidas, conversó con Julio E. Muñoz, ex-CEO de la Sociedad Interamericana de Prensa, y le expresó su intención de regresar al país para hacer frente a las acusaciones que le afectan y reiteró que sigue vigente en su cargo como máximo responsable de este medio de prensa.

Otero indicó que conoció la orden de arraigo mientras se encontraba fuera del país y que se sorprendió al encontrarse sentenciado antes de haber sido juzgado.

Para el Presidente de El Nacional, la Justicia en Venezuela no es autónoma, porque es dependiente del Poder Ejecutivo, que la utiliza para perseguir a sus adversarios políticos. Esto explica que la jueza María Eugenia Núñez, haya podido sentenciar a los acusados sin haber comparecido estos ante el tribunal y haber podido presentar su defensa.

Las medidas cautelares tomadas por la jueza, dice, no son acordes con la pena que les podría acarrear a los 22 acusados, en el caso de que fueran encontrados culpables, ya que no sólo incluye la prohibición de salida del país de los propietarios y directores de estos medios, sino también “la prohibición de gravar (hipotecar), enajenar, y vender”.

Para Otero “hoy en Venezuela se vive un secuestro de la libertad de expresión”. “En el fondo todo esto es una estrategia, por parte del régimen de Maduro, para controlar todos los medios de prensa del país y consolidar su hegemonía comunicacional: primero debilitan los medios y después los compran, para alcanzar sus fines”, dice.

Miguel Henrique Otero, director de El Nacional

Miguel Henrique Otero, director de El Nacional

“En Venezuela, los tribunales no son independientes del Ejecutivo, los jueces emiten medidas cautelares por instrucciones del Ejecutivo y esa prácticamente es la sentencia porque los juicios no avanzan”, explica Otero.

“Hay 70 estudiantes detenidos, presos, esta el caso de Leopoldo López de Antonio Ledezma, están una serie de personas, hay 3 mil personas en régimen de presentación y todos están en unos juicios que no avanzan porque ellos están en esas condiciones por las medidas cautelares”, recalca.

Para cerrar, Otero afirma que el régimen arrincona al periodismo independiente, censurando medios, cerrando canales de televisión, circuitos de radio.

“Han generado una autocensura gigantesca, aplican violencia física, demandas, presión administrativa, publicidad, restringen el suministro de papel a que los periódicos independientes, además, ha comprado medios para voltearlos de la noche a la mañana… en Venezuela, el 40 % del territorio no tiene acceso sino a medio oficiales, y el resto del territorio, en una medida muy pequeña, tiene acceso al periodismo libre”. —AGENCIA

¿Quién es Miguel Henríquez Otero? Una entrevista de Paolo Luers

Director La Hora: esta es una batalla por el periodismo

Luis Vivanco (c), director de La Hora, acompañado de (i) Santiago Guarderas y (d) Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

Luis Vivanco (c), director de La Hora, acompañado de (i) Santiago Guarderas y (d) Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

18 de mayo 2015

QUITO. Luis Vivanco, editor general del diario ecuatoriano La Hora, reiteró ayer que el diario vive una persecución –lleva 12 sanciones por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom)- y dijo que la batalla por la libertad de prensa es de los periodistas y de los ciudadanos.

El medio, que mantiene una línea editorial muy crítica contra el gobierno de Rafael Correa, recibió el miércoles una multa de $3,540, tras ser acusado por la Supercom de haber incumplido la ley de prensa.

Según la Supercom, La Hora no cubrió el 23 de febrero el acto de rendición de cuentas del alcalde de una ciudad del interior del país, afín al oficialismo, lo que las autoridades censoras consideran que era una información de interés público que “debía” ser publicada.

hora 2En una entrevista en el programa El Poder de la Palabra, de Ecuadorinmediato.com/Radio, Vivanco compartió su preocupación ante la sanción impuesta al medio escrito en el que trabaja.

“En realidad, no haber aceptado la multa que en términos económicos golpea, no es millonaria, pero golpea, más allá del dinero, hubiese sido aceptar de que sea el poder político el que se convierta en el gran editor de los medios de comunicación”, declaró

Según comentó, “ésta es una batalla que erróneamente se puede entender como una batalla de diario La Hora, esta es una batalla que a diario La Hora, históricamente, le ha tocado pelear, pero es una batalla por el oficio periodístico, por la independencia de los periodistas para definir agendas basados en sus códigos deontológicos, en su experiencia periodística, en la técnica periodística, en la línea editorial, en temas de buena fe”.

El periodista defendió la libertad de los medios de elegir los temas para sus ediciones: “Que no sea el poder político, pensando en las futuras elecciones, venga y te diga sabes qué, esta fotito hermosa que me tomé con el Papa es de interés público así que la quiero a cinco columnas en la portada y si es que no, multa”.

Para su punto de vista, la decisión tomada por la Supercom es grave, pues como periodista no sabe qué acción tomar en el manejo de la información de ahora en adelante. “Yo como periodista me declaro totalmente ignorante de qué hacer de aquí en adelante, porque no sé si mañana saco una entrevista con Shakira, si es que eso es de interés público o si hago un análisis sobre el sobre endeudamiento externo de Ecuador viene a ser de interés público, seguramente no”, señaló. —AGENCIAS.