Libertad de Expresión

A los censores de todos los partidos. De Ricardo Avelar

8 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

“Y cuando los discos de los Beatles no se podían tener, los chicos descubrieron que sus padres los escuchaban también”.

En 1993, el cantautor Carlos Varela dedicó una de sus más célebres piezas a la nostalgia de crecer en una Cuba con televisores rusos, superhéroes fabricados en el socialismo y sin árbol de Navidad o Santa Claus. En “Memorias”, toma de la mano a quien lo escucha y lo lleva a recorrer ese barrio que parece nunca cambiar.

Dentro de esta canción se respira la melancolía de una infancia sencilla a la que en apariencia no le faltó nada a pesar de estar alejada de las comodidades occidentales. Sin embargo, una inspección más cuidadosa de las letras de Varela revela la incomodidad de muchos artistas cubanos de la segunda mitad del siglo XX: la censura.

Eso sí, lo hace siguiendo su estilo, de manera burlona y sarcástica. Varela nos recuerda que en la “isla siempre fiel” los discos de los Beatles estaban prohibidos. En efecto, a inicios de los setentas, el director del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Jorge Serguera, impidió la difusión de esta y otras bandas por considerar entre otras cosas que el inglés promovía el capitalismo y valores estadounidenses.

Varela nos aclara que la prohibición era fácil de burlar y que no solo no lograba su objetivo, sino que unía más aquellos que de cualquier manera pensaban consumir lo restringido. Décadas después, el mismo Serguera admitió que él disfrutaba la música de los Beatles en privado. Y así como él, cientos de jóvenes se escondían en los parques a escuchar al cuarteto británico en sus reproductores de cassettes.

En pleno 2018, parece que la clase política de El Salvador no ha aprendido las numerosas lecciones de los colapsados modelos autoritarios del siglo XX y los pocos que sobreviven en el presente. Líderes de izquierdas, derechas, y nuevas tendencias (?) han optado por ceñirse al viejo libro de jugadas de esos regímenes, incluyendo el intento de vigilar la emisión de contenido con oscuras definiciones de lo “inapropiado”, lo “inmoral” o lo “pernicioso”.

Afortunadamente, esta espuria batalla no es monopolio de uno u otro bando. Digo afortunadamente porque nos permite constatar que la censura, como cualquier otro rasgo autoritario, le puede pertenecer a cualquier bando, así que no nos dejaremos estafar por falsos demócratas ni repetir la cantaleta de que una corriente es más noble que otra. Las motivaciones pueden ser distintas, pero las herramientas se parecen demasiado.

Hace una semana, en medio de un mar de apremiantes prioridades, dos diputados de ARENA ingresaron a la Asamblea Legislativa un recomendable para impedir la presentación del grupo musical Marduk. Estos alegaban que lesiona la moral de los salvadoreños y uno de los diputados incluso habló de proteger al pueblo mayoritariamente cristiano, cuando eso no tiene nada que ver con su trabajo.

Más parece que los legisladores Ricardo Velásquez Parker y Karla Hernández cedieron a la tentación demagógica de los discursos moralistas y de apelar a un segmento reaccionario de la población, lesionando en el camino la libertad de expresión y olvidando por que El Salvador no tiene un estado confesional.

Y cuando la población encontraba estupor en este burdo intento de censura, el FMLN decidió no quedarse atrás. La semana anterior, dos diputados y el ministro de Gobernación presentaron un anteproyecto para regular contenidos audiovisuales. Este contempla posible censura previa, lo que riñe con la Constitución y múltiples tratados de libertad de expresión. Además, abre la puerta a regular contenido de noticieros, bajo la excusa de proteger a nuestra niñez de la violencia, cuando esta misma niñez convive con muertes y robos todos los días en sus comunidades.

En cuanto a los otros líderes políticos en ciernes, su actitud hacia la prensa y su promoción de medios fake-news-propagandísticos habla con elocuencia de su postura en este debate.

No olvidemos, pese a estos intentos, que la censura es la más torpe de las medidas del libro de jugadas autoritario. Es fácilmente franqueable, genera desconfianza y resentimiento en autoridades que por alguna torpe razón se creen eternas y une a aquellos comprometidos con la democracia. Muy pronto descubriremos que los censores son minoría y que a la libertad de expresión —y libertad en general— es imposible ponerle muros o mordazas.

@docAvelar

La ley mordaza. De Manuel Hinds

4 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El gobierno y el FMLN han presentado con cara de gran inocencia un proyecto de ley que daría al gobierno el poder de censurar los medios de comunicación. El pretexto que justifica la imagen de inocencia es que el gobierno, preocupado por la negatividad de las noticias y por el impacto que ellas y la transmisión de novelas y películas con crímenes tienen en la actitud de la ciudadanía, desea contribuir a mejorar dicha actitud a través de establecer un sistema de censura que le dejaría al gobierno el poder de decidir qué se publica y que no.

En esto el FMLN se está pasando de vivo. La depresión colectiva que existe en la población del país, evidente en el número de los que se quieren ir a vivir a otro país, equivalentes al 75 % de la población, es un sin duda una fuente de preocupación. También es cierto que es terriblemente depresivo enterarse de la cantidad de crímenes que se cometen diariamente en el país, y del desastre en el que están todos los servicios públicos, con las escuelas y las unidades de salud cayéndose y con el sistema entero de salud sin medicinas ni materiales médicos.

También es cierto que todo esto es deprimente para un partido que se enfrenta a sus hechos viendo que todo lo que prometieron por décadas ha sido un enorme fracaso, que metieron al país en una guerra fratricida y sangrienta para lograr este enorme desastre, y que luego lo endeudaron enormemente sin poder enseñar nada por todo el dinero que han gastado. Esto podría describirse parafraseando lo que Edmund Burke escribió hace dos siglos sobre la Revolución Francesa, “¡Siguiendo estas falsas luces, el FMLN ha comprado calamidades sin par a un precio por el que cualquier nación hubiera podido comprar las más claras bendiciones!”.

Pero esconder la verdad no es la manera de mejorar esta situación. Ese es un método que solo se les ocurre a los tiranos y a los incompetentes, que fue muy usado en la Unión Soviética y que todavía es muy usado en Cuba y en Venezuela, en donde Castro y Maduro pintan la vida en sus países como si fueran utopías en un esfuerzo vano de tapar las tristes realidades que sufren sus ciudadanos.

Pero hay que ser muy ingenuo para creer que estas preocupaciones puramente sicológicas son la verdadera razón por la que el FMLN y el gobierno han presentado este proyecto de ley. Ellos tienen un problema terrible en sus manos. Han tenido los dos gobiernos peores en la historia del país y ya no pueden ocultar los resultados del desperdicio, las ineficiencias y los daños institucionales que ellos han causado al país y no pueden ya echarle la culpa a gobiernos anteriores por ellos. Las consecuencias de sus acciones los han alcanzado y no encuentran ya ninguna manera de evitar que el electorado se los haga pagar en las elecciones de 2019. Es por esta razón electoral, no porque estén preocupados por la sicología del pueblo y de ellos mismos, que el FMLN quiere controlar los medios de comunicación y hacer parecer que todo está muy bien.

Pero hay otros motivos para la censura además de ocultar fracasos por razones electorales. También permite sofocar noticias que pueden generarse en el contexto de las elecciones presidenciales que vienen y de los arreglos secretos que el gobierno está realizando con China. En un artículo anterior escribí sobre la crisis constitucional que se ha planteado porque la alianza del FMLN y GANA está bloqueando la elección de la Sala de lo Constitucional. Con esta acción, esta alianza ha eliminado la protección que la Sala puede dar a los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero también ha neutralizado a la Asamblea porque el Presidente de la República puede vetar cualquier ley que esta apruebe, diciendo que veta por inconstitucionalidad. En este caso, la Sala debe decidir si la ley propuesta es constitucional o no, pero como no hay Sala, lo que priva es lo que decidió el Presidente, hasta que haya Sala. No tenemos defensa frente al Ejecutivo. Es obvio que una ley que censure los medios sería muy conveniente para el gobierno en estas circunstancias, para que la ciudadanía ni se dé cuenta de lo que le pasó.

Carta a los aprendices de censores: Aquí hay libertad de expresión. De Paolo Luers

4 octubre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Diputados y burócratas:
La libertad de expresión es el corazón de la democracia. Su gemela es el derecho del ciudadano de tener acceso libre a las noticias, opiniones, obras de arte, películas, diversiones y cualquier otra expresión cultural que quiere. Libre de control estatal.

Para conquistar esta libertad se libró una guerra. Ambos bandos tuvieron la libertad de expresión en sus banderas. Unos la vieron pisoteada por un Estado autoritario, otros la vieron amenazada por un movimiento insurgente, al cual vieron intenciones totalitarias. Al fin todos nos pusimos de acuerdo en construir un Estado democrático que garantice la libertad de expresión y sin espacio para censura.

Parece que no todos comparten este consenso fundamental. Dentro de una sola semana hubo tres intentos de volver a establecer censura en nuestro país. Un diputado de ARENA presentó un “dictamen recomendable” para exigir al gobierno que prohíba el concierto de una banda de heavy metal. Bueno, siempre hay algunos fanáticos que están dispuestos a sacrificar la libertad de expresión para imponer sus gustos o disgustos. Lo grave no es un diputado desequilibrado, sino el hecho que esta noción encontró una mayoría de 48 votos en la Asamblea.

Días después, el ministro de Gobernación y varios diputados del Frente presentaron una iniciativa de ley para “regular” y “normar” los contenidos de los medios de comunicación, incluyendo canales de cable y servicios como Netflix. No lo llaman así, pero es censura – y censura está explícitamente prohibida en nuestra Constitución. Es el mismo ministerio de Gobernación que diariamente coloca rótulos en las pantallas de televisión que advierten que los programas de entrevistas y debates no son aptos para menores de 18 años. O sea, el que mañana debe votar, hoy no debe ver a los candidatos en entrevistas. ¿Qué mentalidad hay detrás de estos burócratas censores?

El mismo día, un funcionario de aduanas se arrogó la potestad de no dejar entrar al país un lote de un libro llamado “El Niño de Hollywood”, que cuenta la historia de un pandillero, quien luego de servir como testigo criteriado, es abandonado por el Estado y asesinado. El argumento del funcionario: “Contenido pernicioso”.
¿Vamos a permitir que el Estado -sean diputados, sea un ministro, sea un funcionario de aduana- decida qué libros, conciertos o películas podemos consumir? Obviamente, no.

Todos nos topamos con películas, noticieros, libros o discos que detestamos. Pero todos somos diferentes y preferimos o rechazamos cosas distintas. Este dilema comienza en la familia. La única forma de resolverlo es con tolerancia – y con la regla que nadie tiene el derecho de imponer sus gustos o disgustos a los demás. Ciertamente no el Estado. Esto establece la Constitución, y aplicándola, ninguna de las tres iniciativas de censura arriba mencionadas tiene validez. El “recomendable” del diputado armado, aprobado por 48 diputados, choca con la Constitución, igual que la iniciativa de una nueva Ley de Mordaza del ministro de Gobernación – y la censura ejercida por un funcionario de aduana constituye el delito de acto arbitrario.

Cualquiera tiene derecho de criticar los contenidos de libros, películas y conciertos, en los términos duros que quiere – este es otro derecho ciudadano protegido por la libertad de expresión. Pero el Estado, en todas sus expresiones, tiene que ser neutral en estos asuntos, porque es de todos, incluyendo de los consumidores de conciertos o libros polémicos.


Los intolerantes de todos los colores siempre van a pedir censura, motivados por fanatismo religioso o estrechez ideológica, o simplemente por ínfulas de poder y control. Y si no nos cuidamos, van a actuar de censores. Depende de nosotros pararles sus pretensiones autoritarias.


Saludos,

El respeto a las libertades de expresión e información. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

3 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Todas las constituciones incluyen en sus catálogos de derechos, las libertades de expresión e información. En la teoría general de los derechos fundamentales se analizan los límites tolerables para ellas desde la perspectiva constitucional, así como la manera en que deben ser resueltos los casos en que colisionan con otros bienes igualmente importantes en el régimen democrático: el honor, la intimidad, la propia imagen, la presunción de inocencia, o la igualdad entre hombres y mujeres, entre grupos étnicos o religiosos, y la paz interna e internacional.

En la sentencia de 11-I-2013, pronunciada en el proceso de Inc. 41-2005, la Sala falló sobre la demanda presentada por un grupo de ciudadanos que pedían la declaratoria de inconstitucionalidad del Reglamento para Teatros, Cines, Radioteatros, Circos y demás Espectáculos Públicos, emitida por un decreto ejecutivo de 1948. La impugnación se basó en el vicio formal consistente en que una materia reservada a la ley estaba siendo regulada por un reglamento.

Para determinar si la materia regulada estaba efectivamente reservada a ley, el tribunal analizó el tema de la censura de los espectáculos públicos, y en sintonía con la jurisprudencia de diversos tribunales internacionales y constitucionales, concluyó que, en el ámbito del art. 6 de la Constitución, solo es posible impedir tales espectáculos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia, exigencia derivada del artículo 35 de la Constitución. También especificó que, dentro del orden público –que en el mismo artículo 6 opera como límite para la libertad de expresión–, se comprende el combate a la discriminación, la defensa del pacifismo y el respeto a los símbolos que representan al pueblo en su identidad cívica y en su diversidad religiosa; esto último habilita acciones estatales para contrarrestar la apología del odio racial o a la mujer, de la guerra o la ofensa a los símbolos patrios, así como las expresiones de intolerancia religiosa.

Sin embargo, en la misma sentencia se aclara que las causas que habilitan a la censura previa de espectáculos públicos deben interpretarse de manera restrictiva, de forma que la prohibición de contenidos sea la excepción, y la difusión de las ideas, la regla general. La sentencia concluyó declarando la inconstitucionalidad por vicio de forma del reglamento impugnado, por regular una materia reservada a ley.

Recientemente se ha presentado iniciativa del Presidente de la República por medio del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, para la aprobación de una Ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad, que tendría por supuesta finalidad proteger la integridad moral y la dignidad humana, así como difundir una cultura de paz, y que entre otras cosas, crea un observatorio de medios para medir el cumplimiento de los indicadores que permitirán evaluar y clasificar los contenidos transmitidos en los espectáculos públicos, medios de comunicación y medios de publicidad: violencia, sustancias que generan adicción, situaciones sexuales y lenguaje inadecuado; además dispone que la publicidad y los contenidos comunicados al público, a través de espectáculos públicos, radio, televisión, la industria cinematográfica y publicitaria, deberán estar acordes a la política nacional de contenidos configurada por el Estado.

La aprobación de un decreto legislativo superaría las deficiencias formales identificadas en la citada sentencia de la Inc. 41-2005; sin embargo, la iniciativa también es susceptible de análisis para determinar si se está cumpliendo con los estándares materiales o de contenido ordenados por la Ley Suprema sobre libertades de expresión e información, tal como han sido explicitados en la jurisprudencia de la Sala. La constitucionalidad de la regulación de tales derechos no se satisface solamente cumpliendo los requisitos formales, sino también los de contenido.

 

El burro de Maduro. De Alberto Barrera Tyszka

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 18 de septiembre de 2018 Credit Marco Bello/Reuters

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

23 septiembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — El título de este artículo es una frase peligrosa. Podría ser diseccionado semánticamente por un tribunal en Venezuela y condenarte a veinte años de prisión.

¿Qué quiere decir realmente? ¿Que Nicolás Maduro tiene, posee, un burro? ¿Que es el dueño legítimo de un animal cuadrúpedo, de la familia de los équidos, conocido como burro, asno o borrico? ¿O quiere decir, más bien, que Nicolás Maduro es un burro? ¿Se refiere acaso a esa acepción de “persona bruta e incivil”, como refiere el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? El problema de fondo, sin duda, es que esta interpretación sea un asunto judicial en Venezuela.

Ricardo Prieto y Carlos Varón, dos miembros del cuerpo de bomberos de Apartaderos, una población de la región andina del país, decidieron un día pasear a un burro por los diferentes espacios de su estación. Mientras el animal deambulaba, fueron filmándolo con un teléfono, haciendo comentarios en evidente tono de broma, relatando que se trataba de una visita de Nicolás Maduro a las abandonadas dependencias del cuerpo. Alguien colgó el video en las redes sociales y, de pronto, esa jocosa “visita presidencial” se volvió viral.

Y entonces, unos oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se presentaron y detuvieron a los bomberos. Y entonces, poco después, en un acto casi instantáneo, fueron imputados por el cargo “instigación al odio”. Y entonces, luego, en una rueda de prensa, el propio Maduro se mostró intemperante y agresivo en contra de un periodista que se atrevió a preguntar por el caso: dudó de su calidad y de su honestidad profesional y se negó a responderle. Esta seguidilla de hechos y declaraciones solo ha logrado magnificar y darle más resonancia a lo que era una simple broma.

¿Cómo un burro puede llegar tan lejos?

La respuesta a esa pregunta está en la violencia que estructura y define cada vez más a la élite que domina de forma autoritaria a Venezuela. Es una clase, tan reducida como feroz, que todavía no entiende que hay cosas, como la inflación o el humor, que no se pueden controlar imponiendo decretos. Por eso reaccionan ante ambas con la misma ceguera y brutalidad.

La represión y la censura, ya se sabe, sirven para mostrar fuerza pero también delatan una enorme fragilidad. Quien no tiene argumentos tampoco tiene humor. Solo puede negociar a golpes con la realidad. Como señala el poeta Charles Simic, el humor muestra “la dimensión ridícula de la autoridad”. Relativiza su poder, lo democratiza. Es un indicador natural del estado en que se encuentra cualquier sociedad, de su capacidad de discernimiento y de ejercicio de las libertades. Reprimir el ingenio o el chiste es una expresión inequívoca de una gran violencia institucional, un síntoma de un régimen aterrado que distribuye terror.

Quizás vale la pena recordar el caso de Marianne Elise K., una viuda a quien en 1943, en una pausa de trabajo, se le ocurrió contarle a un compañero de la fábrica un chiste sobre Hitler. Fue delataba, acusada, enjuiciada por el Tribunal del Pueblo y condenada a muerte. La lógica del poder a veces se parece mucho al descontrol. En medio de la decadencia militar nazi, entre la zozobra y el temor, una mujer fue ejecutada por decir un chiste. Año y medio después, el füher también estaba muerto. El chiste todavía existe. La risa, según decía Mijaíl Bajtín, nunca “pudo oficializarse, fue siempre un arma de liberación en las manos del pueblo”.

La broma de dos bomberos que quisieron reírse un poco de la autoridad y de su propia desgracia, se ha encontrado con una destemplada y feroz reacción del gobierno. Mientras la región se organiza para discutir el terrible problema del flujo migratorio y debatir de forma colectiva el caso de Venezuela, Nicolás Maduro logra que dos humildes apagafuegos formen parte de los más de 250 presos políticos que ya tiene su régimen.

La intolerancia ante el humor refleja nítidamente el grado de autoritarismo que necesita Maduro para continuar en el poder. Lo del burro es una tontería. Basta recordar que en el año 2006, públicamente, Hugo Chávez se burló del entonces presidente George W. Bush, llamándolo donkey en varias oportunidades. El tema real es la violencia. Resulta irónico, casi un chiste cruel, que mientras la mayoría del Grupo de Lima se pronuncia en contra de una intervención violenta en Venezuela, el gobierno venezolano se pronuncia a favor de una intervención violenta en contra de los ciudadanos de su propio país.

En septiembre de 2018, se organizó una manifestación frente al Banco Central de Venezuela, en Caracas, para demandar al presidente Maduro el pago completo de sus pensiones. Credit Fernando Llano/Associated Press

No creo que la solución o la salida a la tragedia que vive mi país sea una invasión militar. Pero sí creo que hay que debatir, buscar y encontrar nuevas maneras de actuar y presionar de manera más eficaz a un gobierno que actúa de manera hipócrita y salvaje, que exige internacionalmente aquello que no desea cumplir dentro de sus fronteras. Con el pretexto de la amenaza de una invasión externa, el gobierno de Maduro ha invadido y saqueado a su país y a sus ciudadanos. ¿Qué se puede hacer entonces frente a un gobierno violento que se alimenta del carácter no violento de sus vecinos?

Nicolás Maduro no es un burro. Puede que sea inepto y negligente, que con frecuencia actúe como un incivil. Pero no es bruto. No seguiría ahí si lo fuera. No habría logrado apartar a sus rivales internos y consolidarse como lo ha hecho. No tiene humor pero sí tiene un proyecto. Él —o a quienes él representa— desea quedarse para siempre en el gobierno. Cada vez con más poder. De cualquier forma y a cualquier precio. Incluso, al tratar de hacer lo imposible: prohibir la risa.

La internacionalización del conflicto no puede opacar el endurecimiento represivo que el gobierno de Maduro ejerce dentro de Venezuela. Es necesario, desde la experiencia ciudadana y desde la práctica política, pero también desde la solidaridad internacional y desde la diplomacia, inventar nuevas formas de presión, nuevos mecanismos de lucha. ¿Es posible desarmar y derrotar a los violentos de manera pacífica? ¿Cómo? Ese es el debate.

¿Qué tan sana está nuestra democracia? De Cristian Villalta

2 septiembre 2018 / La Prensa Gráfica

La pregunta no es peregrina aun cuando estamos a pocos meses del decimoquinto proceso electoral después de la firma de los Acuerdos de Paz, entre elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Es que la democracia no se mide por las veces que el electorado asista a las urnas. Casarnos con esa idea es darle mucho crédito a los partidos políticos y muy poco a la ciudadanía; subirle o bajarle el dedo al magro espectro ideológico de la partidocracia cuscatleca fue necesario pero no suficiente para nuestro proceso histórico.

Para responder, debemos elegir indicadores acordes con el principio de mayoría moderada y el modelo de democracia representativa instalados en El Salvador.

Uno de los indicadores fundamentales sobre el debido funcionamiento de la democracia es la robustez de la opinión pública. Porque, de hecho, ¿qué es el sufragio sino una opinión sobre las cosas del pueblo?

Antes, cuando ARENA y el FMLN eran más grandes que sí mismos y no solo la suma de sus afiliados, votar por ellos era un símbolo ideológico de identidad, un signo de militancia más allá de la política; los tiempos han cambiado, y ahora solo una minoría es la que verdaderamente sangra por esas banderas. Bienvenidos al siglo XXI.

Votar es, pues, opinar. Y sin opiniones libres no hay elecciones libres.

Todas las variantes del totalitarismo lo atestiguan, porque esos regímenes sabían y saben que la dictadura nace con la imposición intolerante de una idea. La democracia muere cuando la nación ya no tiene opinión sobre sí misma.

La libertad de la opinión será motivo de apasionados debates siempre. Es que en todos lados, el público en general está poco interesado en la cosa y no se informa lo suficiente. Platón diría que más que verdadero saber, el pueblo lo que tiene son solo opiniones. O Twitter…

Pero he ahí el quid: la democracia no se sustenta en una ciudadanía formidable, a la que no se le pide ni siquiera que asuma una posición; le basta con que el público tenga a la mano suficiente información para emitir una opinión.

Dejándolo hasta ahí, vamos, que en tres décadas de proceso democrático no nos ha ido tan mal. Hay una opinión pública prolífica, desbordada, que se expresa no solo en una idea de país que los partidos políticos tradicionales tendrían que operativizar, sino en nuevos discursos, actores y plataformas. En un año hemos asistido al nacimiento de tres nuevos movimientos políticos e incluso los usualmente inmóviles ARENA y FMLN sostuvieron unas primarias perfectibles pero valientes.

Es tal el vigor de la opinión pública que en todos esos casos, desde las internas arenera y efemelenista hasta el lanzamiento de los nuevos partidos, los métodos de comunicación fueron más sofisticados que el contenido. Mejores publicistas que estrategas, claro…

Todos, desde el activismo más profano hasta el periodismo más fino, participamos en ese esfuerzo, personas naturales y jurídicas por igual, en un incesante intercambio que es un equilibrio en sí mismo.

Por eso mismo, el discurso antimedios o la cruzada contra el periodismo de la nueva meca política no debe pasar desapercibido. Nada de lo que hacen es por incordio, sino parte de un plan a la sazón burdo para tiranizar la opinión pública.

Tal cosa es hoy imposible gracias al cada vez más libre acceso a la información, y a que los salvadoreños del futuro parecen más interesados por la política que apasionados por los políticos.

Un acto arbitrario. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 13 abril 2018 / El Diario de Hoy

El lunes pasado el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución para normar las comunicaciones de precandidatos, partidos y medios durante las elecciones primarias para seleccionar los candidatos a la Presidencia de la República. La resolución se dio en respuesta a la queja de algunos ciudadanos de que las campañas que los precandidatos de ARENA están llevando a cabo constituyen una “campaña adelantada” para las elecciones de 2019 porque en el proceso han colocado vallas y mupis en calles y carreteras y han trasmitido varios programas de televisión, incluyendo un debate entre todos los precandidatos que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada. La queja es que en la propaganda para cada uno de los precandidatos se filtra un mensaje favorable para el partido ARENA mismo, lo cual representa, dicen los quejosos, una desventaja para los otros partidos, que no están llevando a cabo un proceso similar.

El TSE se pronunció a favor de los quejosos, estableciendo unas restricciones que no solamente violan la libertad de expresión y prensa consagrada en la Constitución Política sino que además contradicen el espíritu de la Ley de Partidos Políticos y la sentencia de la Sala de lo Constitucional que exigió que los candidatos a puestos de elección popular fueran seleccionados por medio de procesos democráticos. Las restricciones son tales que, en medio de muchas otras, el TSE ordena que los medios “no podrán transmitir spots, programas de televisión, cuñas radiales o publicaciones en prensa escrita y digital, en las que aparezcan ciudadanos que aspiren al cargo de presidente o vicepresidente de la República”.

Esto implica que para no incurrir en sanciones del TSE los periódicos, los canales de televisión tendrían que estar autocensurándose, no reportando ningún evento en el que aparezcan precandidatos y buscando que en ninguna fotografía o video aparezca uno de estos. Esto suprimiría mucha información que el público demanda legítimamente y establecería una autocensura que está prohibida por la Constitución. El TSE no tiene derecho ni competencia para negar al público acceso a la información.

La resolución también contradice el espíritu de la Ley de Partidos Políticos y los estatutos de ARENA, que han sido aprobados por la Asamblea Nacional como leyes de la República. La Ley de Partidos Políticos ordena que los candidatos sean seleccionados por medios democráticos, y los estatutos de ARENA que esta selección debe hacerse por medio de elecciones primarias. El padrón electoral de ARENA es de 122 mil personas. No hay manera efectiva de llegar a todos estos electores sin usar los medios masivos que son precisamente los que el TSE ha prohibido usar. Facebook y otras redes sociales se pueden usar, pero no llegan a todos, especialmente a los que tienen menos medios económicos. En realidad, los medios masivos cumplen un papel que sin ellos nadie puede cumplir. Al prohibir el uso de estos medios, el TSE ha remachado su negación al derecho de información de la población.

¿Cómo podrían enterarse los 122 mil empadronados de ARENA de lo que piensan y sienten los precandidatos para hacer su decisión de por quien votar? ¿Y cómo el resto del país podría enterarse de cómo se han realizado las primarias si no se puede informar sobre ellas?

La verdad es que al emitir estas resoluciones el TSE ha seguido innecesariamente una filosofía restrictiva para resolver el problema de la equidad de oportunidades en las elecciones. Los quejosos o sus protegidos se sienten en desventaja porque estos protegidos, los otros partidos, no están realizando primarias, y no están teniendo una legítima competencia para seleccionar a su candidato. Si ellos estuvieran cumpliendo con el espíritu de la Ley de Partidos Políticos, ellos también estarían haciendo propaganda nacional, y tendrían vallas, mupis, entrevistas y hasta, posiblemente, debates. Por supuesto, si no se puede publicar nada en los medios masivos de los actos de los precandidatos de ARENA, ni de sus debates, ni de la magnitud de su proceso, los otros partidos podrán no hacer nada similar y aún así pretender que son tan democráticos como ARENA —obviamente— sin serlo. El sacar el proceso de las primarias de los medios masivos es crear oscuridad en la política del país. Todos sabemos lo que se forja en la oscuridad.