Kevin Casas Zamora

La democracia en América Latina: mejor de lo que suena. De Kevin Casas

Una persona ondea la bandera colombiana después del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, en agosto de 2016. Foto: John Vizcaino/Reuters

Kevin Casas, exsecretario de Asuntos Políticos de la OEA y ex vicepresidente de Costa Rica

28 septiembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

SAN JOSÉ, Costa Rica — América Latina vive una época de pesimismo democrático. Las malas noticias parecen multiplicarse: el colapso de toda semblanza de democracia en Venezuela y Nicaragua, el ascenso de un candidato fascistoide en Brasil, la interminable carnicería desatada por el crimen organizado en México, la larga lista de expresidentes latinoamericanos procesados, prófugos o presos por casos de corrupción.

No por casualidad, según cifras de Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en la región ha perdido ocho puntos en menos de diez años: de 61 por ciento en 2010 a 53 por ciento en 2017. Al mismo tiempo, la proporción de quienes se declaran indiferentes entre un régimen democrático y uno no democrático ha subido nueve puntos en el mismo periodo: ahora es una cuarta parte de la población.

Es tiempo de prender luces de alarma, pero también de combatir el catastrofismo retórico prevaleciente, que alberga peligros reales. La percepción de que nuestras democracias son incapaces de construir sociedades mejores, embustes diseñados para proteger a los poderosos, puede conducir a desahuciarlas sin mayor ceremonia. Eso sería trágico, además de injusto. Así como decía Mark Twain sobre la música de Wagner, la democracia en América Latina es mejor de lo que suena.

Cabe empezar por lo más obvio: ya nadie cuestiona hoy en la región la vía electoral como la única legítima para acceder al poder. La transformación de las Farc en partido político clausura un largo ciclo de experiencias insurreccionales y de devaluación de las instituciones democrático-liberales por una parte considerable de la izquierda latinoamericana. Lo que aprendieron los guerrilleros, lo aprendieron también los generales. Como lo ha advertido el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso: en medio de la grave crisis política de Brasil todos se preguntan qué harán los jueces, no los generales. Eso es progreso. Como progreso es que —con las excepciones de países en estado crítico, como Venezuela—, el fraude electoral puro y duro se ha convertido en una rareza en América Latina.

En Ciudad Juárez, al norte de México, un hombre vota en las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018. Credit José Luis González/Reuters

Lo que ocurre en el ámbito electoral de la democracia, se aplica también al acceso y al ejercicio de derechos económicos y sociales. En las últimas dos décadas, la región ha hecho avances notables en elevar los niveles de desarrollo humano. El estancamiento de los últimos tres años no debe hacernos olvidar que la pobreza en América Latina se ha reducido 18 puntos porcentuales desde 1990 o que la pobreza extrema hoy es menos de la mitad de lo que era en la década de los noventa. También ha caído la desigualdad: en diecisiete de los dieciocho países de la región hay un descenso del coeficiente de Gini en la última década. Tras ese progreso social ciertamente hay crecimiento económico, hoy menos visible que hace un lustro, pero también hay decisiones de política pública, como el aumento significativo de la inversión social. En 1990 esta última equivalía, como promedio, al 9 por ciento del PIB; hoy es casi el 15 por ciento.

La consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social son procesos que van ligados. La región avanza en la dirección correcta en el plano social porque la democracia, aunque con enormes imperfecciones, está haciendo su trabajo de permitir la participación y la representación de intereses antes excluidos y, en consecuencia, de reducir las disparidades socioeconómicas. La distribución de poder político que permite la democracia electoral termina por manifestarse en progreso social.

Una América Latina en la que la clase media, por primera vez en su historia, supera ampliamente a la población en condiciones de pobreza se traduce en una región donde la exigencia por bienes y servicios públicos de calidad —esto es: por el acceso a derechos fundamentales— será cada vez más potente. Una América Latina con una amplia clase media es una región donde millones de familias, que por vez primera tienen acceso a una casa, a un auto y a un préstamo bancario, harán valer todo su poder político para que el gobierno no haga locuras con los equilibrios macroeconómicos.

Aun en el componente del Estado de derecho —por mucho el más problemático de la consolidación democrática de la región— hay avances nada desdeñables. Las noticias del hallazgo de fosas comunes en México oscurecen el hecho de que en la mayoría de los países de la región las cifras de violencia criminal están bajando, no subiendo. Algunos de los países latinoamericanos más afligidos históricamente por la violencia —como Colombia, Guatemala y Honduras— han tenido una caída en la tasa de homicidios sostenida.

El otro gran problema de América Latina es la corrupción, que sin duda campea por toda la región. Pero su prominencia en la discusión pública es el resultado de transformaciones saludables: la creación de normas e instituciones que fortalecen la transparencia, la expansión de las redes sociales y la aparición de una ciudadanía más consciente de sus derechos y menos tolerante de la venalidad. Según cifras del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en 2006 uno de cada cuatro latinoamericanos creía que se justificaba pagar un soborno en algunas situaciones. Ocho años después, la proporción había descendido a uno de cada seis.

El presidente guatemalteco Jimmy Morales durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 25 de septiembre de 2018 Credit Justin Lane/EPA, vía Shutterstock

La reciente negativa del presidente Jimmy Morales a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un enorme retroceso para América Latina. Pero tan solo en los quince días siguientes a la defenestración de la comisión, Elías Antonio Saca se convirtió en el primer mandatario salvadoreño en ser condenado a prisión por un tribunal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por presuntamente liderar una extensa red de sobornos en Argentina y el otrora invencible Luiz Inácio Lula da Silva debió renunciar a su candidatura presidencial desde la cárcel, bajo la sombra de la corrupción. Por primera vez, en algunos de nuestros países se está dando el paso crucial del simple aumento de la transparencia a la reducción de la impunidad. Eso también es progreso.

Ese avance es lento, pero no debemos perder de vista que a Estados Unidos le tomó casi doscientos años hacer posible la igualdad de derechos para la población afroestadounidense y que Europa duró nueve siglos en pasar de un parlamento de nobles a un parlamento electo por sufragio universal.

En solo una generación, con altas y bajas, las democracias que nacieron en América Latina tienen logros reales que mostrar y es vital no olvidarlo en este invierno del descontento.

Jair Bolsonaro y los otros profetas enloquecidos que pueblan nuestro paisaje político parecen tener razón en un aspecto: falta mucho por hacer para construir sociedades equitativas, comunidades seguras y gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Ahora hay que continuar llenándolo con respeto al Estado de derecho, con integridad en la función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias impostergables y con mayor inclusión social.

Continuar con la tarea de construcción democrática que iniciaron los latinoamericanos durante el siglo pasado es nuestro deber, pero es también nuestra única oportunidad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la opción a la democracia en América Latina es una sola: la oscuridad.

Los monopolios éticos. De Kevin Casas Zamora

En una democracia estamos obligados a ser desconfiados de las promesas de quienes han estado en el poder. Pero debemos ser aún más recelosos de lo que nos prometan quienes nunca lo han tenido.

kevin casas

Kevin Casas Zamora fue vicepresidente de Costa Rica

Kevin Casas Zamora, 1 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

Uno de los aspectos menos estudiados del ascenso de las opciones políticas de izquierda en América Latina durante la última década y media —hoy más bien en retirada— tiene que ver con la curiosa simbiosis discursiva que precedió a su llegada al poder.

Desde la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez hasta el PT en Brasil, pasando por el FMLN en El Salvador y los movimientos de Rafael Correa y Evo Morales, en Ecuador y Bolivia, respectivamente, la izquierda latinoamericana arropó el desafío ideológico a sus adversarios en el atavío de la denuncia ética. “Neoliberal corrupto” devino así la descalificación favorita en el lenguaje de la izquierda, un insulto, además, indivisible, como la Santísima Trinidad. Allá por el año 2013, el entonces candidato presidencial del izquierdista Frente Amplio en Costa Rica, José María Villalta, lo expresaba con claridad en una entrevista: “Estamos tan mal por el gran viraje que hemos dado hacia la derecha. Esa es la causa de la corrupción y la violencia que tenemos” (25/2/2013). Villalta y sus correligionarios latinoamericanos no están solos. Hace un tiempo, Pablo Iglesias, líder de la agrupación Podemos, en España, lo decía así en uno de sus discursos: “La corrupción no es Mariano Rajoy, es el neoliberalismo, el paro, es un sistema político” (24/6/2016).

EDH logTratándose de movimientos que convirtieron la denuncia de la corrupción de sus adversarios en uno de los pilares de su discurso político, resulta tan sorprendente como aleccionador el poco interés por la pureza ética que mostraron los movimientos de izquierda una vez que llegaron al poder. Las ruinas de la promesa ética de la izquierda latinoamericana están hoy a la vista. La lista es larga: “Lula” procesado por la justicia brasileña por recibir supuestos premios de empresas constructoras; la mitad del gabinete de Cristina Fernández en Argentina en prisión por múltiples acusaciones de corrupción; el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, también preso, cortesía de su presunto involucramiento con la empresa Odebrecht; Mauricio Funes, primer presidente electo por el FMLN en El Salvador, prófugo de la justicia; la expareja del Presidente Evo Morales, procesada por una compleja madeja de casos de tráfico de influencia, etc., etc. Y de Venezuela y Nicaragua, mejor no hablemos.

No traigo esto a cuento para endilgar a la izquierda el monopolio de la corrupción en la región, lo que evidentemente sería un disparate. Esto es, de hecho, lo que hacen hoy algunas voces nostálgicas de la derecha regional, que sitúan al populismo de izquierda en la raíz de todas las desventuras éticas recientes de América Latina, olvidando con ello casos como los de Ricardo Martinelli, Antonio Saca y Otto Pérez Molina, que no tienen un hueso bolivariano en su cuerpo. Uno de los resultados de ese juego de denuncias y contradenuncias ha sido la política exaltada y colérica que hoy vemos en casi toda la región.

La experiencia reciente de la izquierda latinoamericana es muy útil no para atribuir inexistentes monopolios éticos, sino para hacer dos puntos que me parecen cruciales para nuestros debates políticos. El primero es que mezclar los desacuerdos políticos con la impugnación ética es generalmente una injusticia y siempre una mala idea. Cuando acuso a mi adversario de “neoliberal corrupto” o “bolivariano corrupto”, no delineo simplemente un desacuerdo político, sino una autoconferida posición de superioridad moral. Y resulta que con quien es intrínsecamente corrupto y malvado no hay conversación ni acuerdo posibles. Si se es el repositorio de toda virtud moral en el sistema político, no queda más que prevalecer al costo que sea. La política se convierte en un eterno juego de suma cero, en una lucha a muerte, donde cualquier transacción es una traición y una muestra de debilidad moral. En otras palabras, la política democrática deviene imposible. Nada de esto quiere decir que no haya que denunciar la corrupción. Lo que quiere decir es que a quien abusa del poder político para obtener ganancias personales —que esa y no otra es la definición de corrupción— hay que denunciarlo no por sus convicciones, sino por su conducta. Amalgamar las diferencias ideológicas con el castigo moral es la receta perfecta para una política intolerante y fanática.

La segunda lección es acaso más importante, sobre todo en esta época de feroces populismos anticorrupción. El itinerario recorrido por la izquierda regional enseña que debemos desconfiar siempre de todo aquel que nos ofrezca tierras prometidas morales sin haber estado nunca en el poder. Esto sabemos de sobra: en una democracia estamos obligados a ser desconfiados de las promesas de quienes han estado en el poder. Pero debemos ser aún más recelosos de lo que nos prometan quienes nunca lo han tenido. Por razones misteriosas, en el enrarecido clima político que vivimos hemos invertido esa regla de sentido común. Nos hemos acostumbrado a comparar en pie de igualdad las promesas de pureza ética de los recién llegados, con la experiencia —inevitablemente imperfecta— de quienes ya han pasado por el gobierno. En ese ejercicio, las aspiraciones siempre vencen a los resultados. Yo no digo que nunca debamos escoger al recién llegado, lo que digo es que es prudente aplicarles doble descuento a sus promesas de renovación moral y triple descuento si son estridentes.

Por mi parte, yo no quiero líderes impolutos ni partidos dotados de imaginarios monopolios éticos. Esa es una receta para la intolerancia y la desilusión, y siempre acaba mal. Yo prefiero instituciones fuertes, sociedades vigilantes y una prensa vigorosa, capaces de arrojar luz y establecer responsabilidades cuando el poder haga sus inevitables estragos con la fragilidad humana. Eso es mucho menos emocionante que escuchar las promesas de los iluminados, pero es la única ruta segura que conozco hacia gobiernos no perfectos, sino simplemente mejores.