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Las medicinas perdidas, Gustavito, implantar pruebas y los medios. De Ricardo Chacón

ric chaconRicardo Chacón, 5 marzo 2017 / EDH

Hace exactamente 11 años, 4 meses y 18 días se publicó en este mismo espacio el extravío de una caja de medicinas en las aduanas. Comentaba en ese entonces, que la pérdida, entre miles que hay en aduanas, no nos debería quitar el sueño, como tampoco que exista un error… lo que nos parece extraño y fuera de toda lógica es que se pierda un lote de medicinas para enfermos de leucemia, con un valor de más de 378 mil dólares, donada por una organización internacional, y que las autoridades modificaran diariamente su discurso en torno al hecho.

diario hoyAntes de encontrarse el lote de medicinas extraviadas, porque se encontró en un anexo de aduanas, se dijo que el paquete fue quemado, que no estaba identificado, incluso que habría sanción para tres empleados. Las diversas versiones nos hicieron pensar que existía desorden, hubo un error o ambas o simplemente existía la intención y el objetivo de robarse el cuantioso lote de medicinas.

Lo menos que se esperaba en este caso es que la dirección de esta instancia de servicio público esclareciera los hechos y, sobre todo, se tomara acción correctiva. No pasó nada, como tampoco pasa nada en la actualidad y las cosas siguen igual de caóticas, pero nadie, absolutamente nadie, se responsabiliza de los problemas, mucho menos hay sanciones.

Lo mismo sucede en estos días con la muerte de un hipopótamo del zoológico, al menos hay cuatro versiones oficiales sobre los hechos; por supuesto, a nadie se responsabiliza y menos hay sanciones. Otro ejemplo, este es muy grave, tiene que ver con la detención de un joven de una colonia en Ilopango, que al parecer los agentes le implantaron droga para apresarlo… ni la policía ni la inspectoría ni los Derechos Humanos han dado una respuesta sobre este caso, mucho menos hay sanciones.

Más allá de estos ejemplos, lo que me parece mucho más importante destacar son otras cuestiones, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación. De no haberse dado publicidad, y en demasía, poco o nada se hubiese hecho; estoy casi seguro de que la caja de medicinas no hubiese aparecido, la muerte de Gustavito fue un hecho vandálico, y no existió la barbarie de implantar pruebas a un joven.

Esto nos lleva a dos cuestiones: por un lado, el papel de denuncia que cumplen los medios de comunicación, y por otro, la labor no puede quedarse en la denuncia sino que debe brindar los elementos para juzgar los hechos y tratar de llegar al fondo de las cuestiones.

De fondo, y esta es una de las discusiones sobre el tema, y tiene que ver con el papel de la investigación en los medios de comunicación; nadie niega esta dimensión, sin embargo, cómo y qué características debe tener sí es discutible.

Para unos, basta que tenga una dimensión de denuncia para que valga; es válido pero creo se queda corto, debe de trascender y buscar no solo el fondo de las cosas, sino brindar a la población los elementos para que pueda interpretar de mejor manera lo sucedido.

La denuncia es importante, sumamente importante, sin embargo, es todavía mucho más relevante el cuestionar lo que sucede en Aduanas, en Secultura o en la PNC… y más aún plantear con claridad qué tipo de gestión pública se realiza en esas instituciones.

Desde otra perspectiva, y aquí entramos a la diferenciación entre periodismo informativo – investigativo y el periodismo de opinión, montado sobre la investigación que cuestiona, incluso pedir la cabeza de los jefes de estas instituciones como una exigencia de la misma sociedad.

Profundicemos un par de cuestiones; ¿el periodismo, y los periodistas pueden o deben juzgar la realidad o simplemente contarla?… claramente, ambas; sin embargo, bajo ciertos criterios, teniendo de base una sólida base ética, siguiendo las reglas del juego, donde los hechos tienen que ser sustentados, vistos desde varios ángulos y dejando de lado los “particularismos”, sean estos individuales o de grupo.

Esta visión deja de lado aquellas concepciones del “purismo” periodístico montado en conceptos del objetivismo puro de corte positivo, donde los periodistas, supuestamente, se pueden aislar de la realidad y “contar con pureza los hechos”.

Ojo, no se trata de caer en los subjetivismos propios de las visiones individualistas, donde la opinión particular se impone… no, se trata de juzgar la realidad, dejando claramente sentado desde dónde se hace, bajo qué criterios se realiza y sobre todo, abierto al debate, a la discusión, al diálogo.

Tal como nos decía un profesor hace unos años, hemos de dejar de ser un trabajo informativo donde únicamente se “cuelgan los hechos noticiosos” como si fuera ropa lavada y entrar a la dimensión del análisis, el juzgamiento… no es fácil hacerlo, lo sé, pero si no damos el paso, nunca avanzaremos.

Investigación de la corrupción en El Salvador. De Erika Saldaña

Las recientes protestas realizadas por la sociedad civil guatemalteca, en las cuales se ha brindado un firme apoyo a la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad creada en ese país (CICIG), han levantado debates sobre la necesidad de implementar un organismo internacional de este tipo en el resto de países pertenecientes al Triángulo Norte (Honduras y El Salvador). En Guatemala, dicha comisión impulsó la captura del presidente Pérez Molina, la vicepresidenta Baldetti y varios miembros del gabinete de gobierno, bajo serios señalamientos de corrupción.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 16 sept. 2015 / EDH

La CICIG es una entidad creada a partir de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala con la finalidad de apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Dichos cuerpos paramilitares eran los encargados de la represión a la sociedad civil, los cuales no desaparecieron después del conflicto armado sino que se transformaron e infiltraron en el sistema estatal para garantizarse impunidad. En su desarrollo, las investigaciones de la CICIG evidenciaron que la impunidad en delitos contra derechos fundamentales se mantiene gracias a la corrupción enraizada en las instituciones clave.

Muchas voces en El Salvador se han levantado a manifestar su apoyo a la creación de una CICI; mientras que otros han expresado su rechazo, argumentando la inconveniencia de la creación de este organismo, alegando que los factores que dieron lugar a su establecimiento en Guatemala son distintos a la realidad salvadoreña; que sería inconstitucional al ceder soberanía; o que aquí las instituciones del sector justicia sí funcionan. Sin embargo, estas afirmaciones no son del todo ciertas. El Comisionado que dirigió hasta 2010 la CICIG, el fiscal español Carlos Castresana, relató en su dictamen pericial del caso “Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala” (sentenciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que el origen de los problemas de los vecinos centroamericanos yace desde la firma de los Acuerdos de Paz. A partir de esa época existió una especie de “armisticio” pero no un compromiso de abordar las causas y consecuencias del conflicto, mucho menos de brindar justicia a las víctimas, lo cual dio origen a una “extendida impunidad”. Atribuyó la impunidad a causas como: delincuencia común, ligada a la pobreza y subdesarrollo;  violencia a través de las maras (fenómeno compartido con Honduras y El Salvador) y el alto índice de homicidios; débiles políticas de seguridad y el desbordamiento del sistema penitenciario;  deficiente funcionamiento de las instituciones públicas del sector justicia; corrupción inherente a procesos de selección de cargos públicos, entre otras. Al contraponer estos factores con la realidad de nuestro país, pareciera que Guatemala y El Salvador, después de todo, no son tan distintos.

En relación a la soberanía salvadoreña, es oportuno recordar que la labor de una CICI se realiza bajo la figura de la cooperación a las instituciones encargadas de la investigaciones de delitos; dado que los procesos deben iniciarse ante instancias judiciales nacionales, la soberanía del Estado se mantiene en la medida en que se respete la labor de los órganos fundamentales. En El Salvador, las actuaciones de una CICI en relación al ejercicio de la acción penal no contrarían lo previsto en la Constitución o las leyes; la Sala de lo Constitucional (inconstitucionalidad 5-2001, del 23-XII-2010) ha establecido que el ejercicio de la acción penal pública no es un monopolio ni competencia exclusiva del Fiscal General, ya que entenderlo así implicaría un desconocimiento o anulación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de delitos ante la inactividad de las instituciones competentes.

Día a día, gracias al reconocimiento y puesta en práctica del derecho de acceso a la información pública, los salvadoreños conocemos de casos en los que se muestran indicios de enriquecimiento ilícito y corrupción en las instituciones del Estado; sin embargo, muy pocas veces esto lleva a una investigación formal, por lo que se vuelve imperativo poner en marcha todos los mecanismos de investigación para judicializar las causas que sean necesarias. Cualquier esfuerzo que ayude a sacar adelante el sistema debería ser visto con buenos ojos y apoyado tanto por el Gobierno como por la oposición, impulsando la investigación de cualquier indicio de corrupción desde antes del presidente Duarte.

Demandan a edil capitalino por parientes en la alcaldía

Dos concejales acudieron ayer al Tribunal de Ética Gubernamental para denunciarlo.

Foto agregada por SEGUNDA VUELTA

Foto agregada por SEGUNDA VUELTA

Magdalena Reyes, 1 julio 2015 / EDH

Dos miembros del Concejo de San Salvador demandaron al alcalde capitalino ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la Corte de Cuentas de la República por tener a al menos dos parientes en cargos de la comuna.

Las concejalas Mélida Luz Fonseca y Gloria Figueroa, por el partido ARENA, presentaron sendos escritos en los cuales señalan que la decisión del edil va contra el Código Municipal y la Ley de Ética Gubernamental.

En la documentación presentada ante el TEG se detalla que en la primera reunión del Concejo capitalino, administración 2015-2018, realizada el pasado 1° de mayo, “se nombró como director del Instituto de Deportes y Recreación (IMDER) a Yamil Bukele, hermano del edil”, con lo que, según las denunciantes, se está violando el artículo 111 del Código Municipal, que reza: “No podrá ser empleado municipal el cónyuge o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de alguno de los miembros del Concejo”.

El artículo menciona como única excepción que no se hará efectiva si al elegirse a un miembro del Concejo su pariente ya figurare como empleado, pero este no es el caso, ya que Yamil Bukele no laboró en la alcaldía durante la administración 2012-2015, lo que según las demandantes establece una clara violación a la ley.

En el otro caso, las miembros del concejo capitalino señalan que Arena Rodríguez Perezalonso, conocida como Arena Rodríguez, quien actualmente funge como directora de la Unidad de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales de la comuna capitalina, es cuñada del alcalde y no ha sido nombrada por el Concejo”.

La concejal Luz Fonseca especificó que Arena Rodríguez es hermana de la esposa del actual alcalde capitalino.

Lo anterior violaría el artículo 111 del Código Municipal también, por tratarse de un pariente en segundo grado de afinidad del alcalde.

Ante las irregularidades señaladas, las concejales solicitan se realice una auditoría o investigación a la primera acta del actual concejo, elaborada el pasado 1 de mayo.

“A nosotros como concejales nos compete hacer la denuncia, para que se transparenten los hechos, lo demás le compete al Tribunal de Ética Gubernamental”, destaca Fonseca.

No puede ignorar la ley

Ante los cuestionamientos que ha recibido tanto a través de los medios de comunicación, como por miembros de su concejo, el alcalde ha argumentado que las personas en cuestión no recibirán salario durante su gestión, por lo que no se estaría haciendo uso incorrecto de fondos públicos.

“Sin embargo, debido a que se trata de cargos de importancia en los cuales las personas en cuestión sí tendrían cierto poder de decisión, para poder llevar a cabo sus actividades en los cargos públicos para las que sean nombradas, no puede ignorarse la relación de parentesco entre ellos y el edil”, advirtieron las concejales en el documento.

Según los argumentos presentados por Luz Fonseca y Gloria Figueroa, este tipo de nombramientos o designaciones podría generar conflictos de interés que afecten los “intereses del municipio”.

La denuncia presentada por las concejalas también detalla que “el alcalde no puede ignorar como servidor público que se encuentra sujeto a los deberes y prohibiciones de la Ley de Ética Gubernamental”.

Además insisten que el artículo seis de la Ley de Ética Gubernamental dice: Son prohibiciones éticas para los servidores públicos: g) nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que presten servicios en la entidad que preside o se desempeñe.

La misma ley, en cuanto a transparencia e imparcialidad en el artículo 4 refiere: la actuación de los servidores públicos deberá regirse por los siguientes principios de la ética pública: d) Imparcialidad, actuar con objetividad y sin designio anticipado en favor o en contra de alguien, que permite juzgar o proceder con rectitud. f) Transparencia, actuar de manera accesible para que toda persona natural o jurídica, que tenga interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad.

Ante la presente denuncia se gestionó la reacción del alcalde, a través de la unidad de comunicaciones de la comuna capitalina, pero la respuesta fue escueta: el alcalde no brindaría declaraciones al respecto ayer.

Le notifican la denuncia al edil

Fonseca dijo que ambas concejalas le notificaron al alcalde, durante el inicio de la sesión de Concejo realizada ayer, que se había interpuesto la mencionada denuncia, como parte de los puntos varios que se podrían tratar.

“Obviamente no le cayó en gracia y no se puso en agenda, pero se nos dijo que iba a estar en agenda la próxima semana”, detalló Fonseca.

Fonseca dijo desconocer cuándo podrían recibir una respuesta a la solicitud o podría iniciar la investigación.

ARENA cuenta con 5 concejales propietarios y dos suplentes dentro del Concejo capitalino, y Fonseca asegura que tienen el apoyo de los demás para realizar la solicitud.

“Como concejales tenemos claro que el Código (municipal) establece que debemos de velar por que todo se dé de la mejor manera, por eso hacemos esta denuncia”, concluye Fonseca.