impuestos

En teoría. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 4 julio 2016 / EDH

En teoría, en una república cuyas instituciones funcionan según fueron diseñadas (o sea, para garantizar que el poder sirve a la ciudadanía y no a quienes lo ostentan) cuando se le va a aplicar una carga fiscal a los ciudadanos, se les pregunta primero. El principio de “no tributación sin representación” es tan viejo como las primeras repúblicas, e implica que cualquier tipo de impuesto debe establecerse a través de los representantes del pueblo en el órgano legislativo.

diario hoyEn teoría, en El Salvador este principio se encuentra estipulado a nivel constitucional, pues se le delega la labor de decretar impuestos a la Asamblea Legislativa en el artículo 131. En teoría, cualquier otra institución estatal que usurpa funciones explícitamente encomendadas a un órgano diferente estaría perpetrando una violación al principio de separación de poderes.

En teoría, desde el punto de vista político, por lo menos para dar la apariencia de quedar bien, cuando se propone un impuesto se explica con lujo de detalles el fin para el que se destinará, se justifica el porcentaje que se ha escogido y se presentan las opciones que se consideraron como alternativas para que la medida cuente, por lo menos, con cierta apariencia de apoyo popular.

En teoría, en una república en la que se maneja el principio de que todos somos iguales ante la ley y en la que la libertad de protesta y de expresión se entienden como derechos constitucionales, cualquier persona con posturas contrarias a las de las autoridades tiene la garantía de que podrá protestar en paz sin sufrir consecuencia físicas por su disenso. En teoría, quienes ejercen el poder y tienen el monopolio de la fuerza, usan la coacción física sólo en casos limitados y no de manera arbitraria, para evitar abusos de la fuerza que puedan desembocar en violaciones a los derechos humanos.

Todo lo anterior, por supuesto, solo en teoría. Porque en la práctica, ninguno de los supuestos anteriores se aplican en el caso de El Salvador. Para no tener que molestarse con el proceso constitucional, las autoridades se brincaron a la Asamblea y firmaron un 13 % de aumento a la tarifa eléctrica por medio de un decreto ejecutivo. Para no tener que enfrentarse a la población, avisaron cuando la decisión ya era un hecho, según ellos consultaron “con diversas áreas”, que seguramente no incluían ni al sector privado ni a voces ciudadanas que serán afectadas mes a mes. Para poder pasar por encima de la ley y de lo que es justo y decente, al impuesto le están llamando eufemísticamente “aumento a la tarifa eléctrica”, “cargo”, o “sacrificio”.

En la práctica, a quienes disienten se les trata como criminales y se les enfrenta con la Unidad de Mantenimiento del Orden, convirtiendo una protesta basada en la preocupación por el presupuesto familiar, como fue la de Bessy Ríos frente a Casa Presidencial, en un delito. En la práctica, se ignora a quienes se oponen a estos atropellos y se les tacha de oponerse al progreso. Aunque en teoría, los gobiernos existen para servir y representar a la ciudadanía, en la práctica el nuestro la exprime, demandando que de sacrificio en sacrificio, se quede sin nada que entregar.

@crislopezg

¿Efecto Pomperipossa o efecto del sapo hervido? De Daniel Olmedo

Se dice que si un sapo se lanza a un recipiente con agua hirviendo, este reacciona de inmediato y sale. Pero si se sumerge en una olla con agua fresca, y gradualmente se le sube la temperatura a esta, el sapo puede morir hervido sin reaccionar.

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, abogado

El año pasado publiqué el artículo titulado Pomperipossa en Monismania. En él me referí al cuento así titulado de la escritora sueca Astrid Lindgren. La traducción del cuento al español, y cuyos extractos recogí en el referido artículo, es de la investigadora chilena Mónica Mullor; y puede consultarse en el siguiente sitio: http://www.ilustracionliberal.com/54/pomperipossa-en-monismania-astrid-lindgren.html

Aludí a cómo el cuento infantil de una señora de 69 años detonó una indignación popular en Suecia ante el acoso fiscal. Unos meses después de la publicación de ese cuento, Olof Palme no alcanzaba los votos suficientes para mantenerse en el poder. El Partido Social Demócrata Sueco dejaba el gobierno que ocupaba desde cuarenta años atrás.

diario hoyEn ese artículo dije: “Ahora se escuchan tambores de guerra invocando nuevos impuestos. Sería prudente que antes de cargar más a los contribuyentes, se demostraran resultados con los ingresos que ya se administran”. Y terminaba expresando: “Deberían sacarse lecciones de lo ocurrido a los sabios de Monismania. No sea que un día a alguien se le ocurra escribir un cuentito”.

El artículo lo publiqué en junio de 2015. Llegó noviembre y, en efecto, la Asamblea Legislativa aprobó dos nuevos tributos: La contribución especial para grandes contribuyentes, y la contribución especial para la seguridad (que grava los productos y servicios de telecomunicaciones).

Nadie escribió cuentito alguno. Y, salvo algunos ciudadanos que presentaron demandas de inconstitucionalidad, la agudización de la presión fiscal no provocó una indignación popular que lograra hacer que el gobierno se echara para atrás.

Los tributos se aprobaron. Siguen ahí. Y mientras la Sala de lo Constitucional no ordene alguna medida cautelar que suspenda sus efectos, o no emita una sentencia que los declare inconstitucionales permanentemente, estos continuarán aspirando su dinero de su bolsillo.
Pero los tambores no cesaron su repique. Identificaron un nuevo objetivo: Sus ahorros para pensiones.

Al momento de escribir estas líneas se desconoce el texto de la reforma del sistema de pensiones. Pero el hermetismo del gobierno en dar a conocer su contenido, y las pistas que sobre ella se filtraron el año pasado en unas presentaciones del Ministerio de Hacienda, abre espacio a especular sobre el contenido de esa iniciativa.

Pareciera que, en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones para mañana, se pretende únicamente solucionar el problema fiscal que el gobierno enfrenta hoy.

Un escenario que puede preverse en los próximos meses es que en el caso pensiones se replique la ruta que siguieron las contribuciones especiales. Si eso ocurriere, los reclamos no pasarían de ser ruido; incómodo para los políticos, pero solo ruido. Y así se cumpliría el objetivo que estos persiguen: Incrementar sistemáticamente el peso en los hombros (bolsillos) de los ciudadanos. Léase, de usted.

En ese escenario, nuevamente, nadie escribiría un cuentito, ni habría esa indignación popular que obligue a los políticos a ser mas austeros, en lugar de exprimir más el bolsillo del ciudadano/contribuyente/cotizante/pensionado.

Es probable que lo que más nos identifique no sea el efecto Pomperipossa, sino el efecto del sapo hervido.

Se dice que si un sapo se lanza a un recipiente con agua hirviendo, este reacciona de inmediato y de alguna manera brusca logra salir de ese infierno. Pero si se sumerge en una olla con agua fresca, y gradualmente se le sube la temperatura a esta, el sapo puede morir hervido sin reaccionar.

No me consta que eso sea cierto. No suelo cocinar sapos vivos (ni muertos). Pero probablemente la alegoría nos aplica. Tal vez solo seamos sapos cociéndonos a fuego lento.

dolmedo@espinolaw.com

El precio del buen vivir. De Alfredo Atanacio Cader

Una vez más, los políticos de nuestro país dieron una muestra de irresponsabilidad al aprobar nuevos impuestos, sin presentar una estrategia clara de cómo serán usados y –peor aún– sin analizar cómo esto puede perjudicar más nuestra economía.

Alfredo Atanacio

Alfredo Atanacio

Alfredo Atanacio Cader, 9 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEl nuevo impuesto a la telefonía, generó mucho rechazo en la opinión pública, pues toca directamente el bolsillo de más del 90% de los salvadoreños que poseen un teléfono celular.  Ahora, nos quieren hacer creer que esto no nos va a perjudicar porque habrá una disminución en las tarifas de la telefonía. Pero no mencionan que esto será aplicado únicamente a quienes pagan la tarifa máxima, pues es la única que se redujo.  ¿Quiénes la pagan? Muy pocas personas, por lo que al final, la gran mayoría sí se verá afectada.

Y otro tema del que no se menciona mucho es que este impuesto aplicará también a los bienes tecnológicos y a las tarifas de acceso a Internet. Están haciendo lo opuesto a lo que hacen los otros países que están desarrollando sus economías. El gobierno debería facilitar el acceso a la tecnología, no hacerlo más difícil.

¿Qué pasará con proyectos de emprendedores que dependen en un 100% de una conexión a Internet? Voy a poner específicamente el caso de mi negocio: Uassist.ME, trabajamos desde El Salvador para clientes de cualquier parte del mundo. El Internet es nuestra principal herramienta de trabajo. Este nuevo impuesto nos afectará directamente y puede desincentivar el surgimiento de más empresas con este mismo modelo de trabajo. Corriendo el riesgo de seguir siendo exportadores de personas y no de ideas, lamentablemente.

Por otro lado, este tipo de medidas son totalmente populistas. Aumentar un 5% de impuestos a las personas o empresas que ganen más de 500 mil dólares anuales no es más que populismo en su máxima expresión. Nos quieren vender la idea de que esto no va a afectar a la mayoría de salvadoreños. Pero no hace falta ser un experto en finanzas para darse cuenta de las consecuencias que esto puede traer.

En primer lugar, no son muchas las personas o empresas que ganan más de 500 mil dólares al año, serán un poco más de 400.  Así que realmente no se estaría recaudando mucho dinero con este nuevo impuesto. Pero lo que sí pasará con esto es que se volverá más caro invertir en El Salvador, que ya es el país con menos inversión extranjera en Centroamérica.

Pero para que haya más inversión en el país, el gobierno debe crear incentivos, todo lo contrario a lo que están haciendo ahora. ¿No se dan cuenta los políticos que mientras más empresas quieran venir a El Salvador, estarían recaudando más impuestos que los que lograrán con esta nueva medida?

Sigo pensando que la solución a los problemas del país no es crear más impuestos compulsivamente. Si un gobierno no sabe cómo administrar estos fondos, pasará lo mismo que cuando una persona gana la lotería: el dinero nunca va a ser suficiente y las deudas seguirán aumentando, así como nos está pasando en El Salvador.

Se debe trabajar en un plan de reducción de gastos, ya que esto no solo evitaría que sigan creando más y más impuestos, sino que también daría una muestra de buena voluntad por parte de los políticos y de empatía hacia los salvadoreños.  Pero vemos lo contrario: la propuesta para que los funcionarios públicos donaran el 10% de sus salario para planes de seguridad quedó nada más en el tintero.

El precio del “buen vivir” no lo están pagando solo los grandes empresarios, ni las telefónicas, ese precio lo estamos pagando todos y nos saldrá caro.

@aatanacio

Generoso pueblo salvadoreño. De Erika Saldaña

No dudo de la generosidad de la mayoría del pueblo salvadoreño, pero todos esperamos que ésta sea agradecida por los administradores del Estado con un uso adecuado de los aportes tributarios y con la presentación de resultados sobre el uso de los mismos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 9 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEn las recientes semanas hemos sido partícipes de las intensas discusiones alrededor de un nuevo paquete de impuestos que el Gobierno central propuso y, posteriormente, fue aprobado por la Asamblea Legislativa; el impuesto del 5 % a la factura telefónica y a las empresas que tienen ganancias de más de $500 mil al año tienen como finalidad  obtener más recursos para combatir el crimen, tal y como lo han manifestado algunos funcionarios. Al menos para las familias salvadoreñas, el aumento del 5 % al consumo telefónico se suma al aumento a la factura del agua y a lo que ya tributamos en concepto de impuesto sobre la renta (10 % sobre sueldo o renta gravable), impuesto al valor agregado (13 % sobre consumo), impuestos a la gasolina (cinco impuestos que suman alrededor de $0.70 centavos por cada galón de gasolina); además, a nuestro sueldo también le restamos el pago de la cotización al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las tasas que cada municipalidad cobra por la prestación de servicios básicos a la comunidad.

La carga tributaria impuesta a las familias salvadoreñas no es insignificante ni recae solo en personas económicamente acomodadas. Todos pagamos impuestos, y en medio de las discusiones sobre los paquetes fiscales llaman la atención las declaraciones de algunos funcionarios sobre su aprobación. En primer lugar, ellos omiten deliberadamente la opinión y  descontento generalizado de la ciudadanía, y además felicitan a la Asamblea por la aprobación de los impuestos, manifestando que “el pueblo es generoso y va a contribuir con la sociedad”. Esta afirmación es cuestionable, ya que los ciudadanos no pagamos los impuestos porque seamos generosos o por placer, sino porque todos estamos sometidos a la ley y es una obligación hacerlo. Pero el descontento no se limita al simple malestar de cualquier persona a que reduzcan su fuente de ingresos con los cuales subsiste; el rechazo a los paquetes tributarios también se debe a la desconfianza de la población sobre el buen uso que se le dará a los fondos recaudados. Es decir, los ciudadanos no tenemos la certeza de que lo que nos cuesta pagar los impuestos (tiempo, trabajo y dinero) rendirá sus frutos y será bien invertido.

Ante el disgusto de la población salvadoreña sobre la carga tributaria impuesta, el argumento de que tributamos menos que los ciudadanos de otros estados no abona a matizar la situación. En otros países probablemente se pagan más impuestos que en El Salvador, pero a cambio se reciben servicios públicos de calidad (salud, educación, seguridad), tienen hospitales equipados, abastecimiento de medicinas, escuelas en buen estado y con los servicios necesarios para que la educación se imparta de forma adecuada; tienen espacios públicos de esparcimiento y con la seguridad necesaria para andar tranquilos. Todas estas cosas no las tenemos en El Salvador. ¿Cómo espera el Gobierno que aceptemos alegremente dar una contribución adicional cuando los resultados no se reflejan con los impuestos que ya pagamos? Y, además, ¿cómo esperan que brindemos más dinero sin cuestionarlos, cuando la primera opción es subir los impuestos y no reducir los gastos innecesarios de la mayoría de instituciones del Estado?

Una cosa está clara y es que los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley y pagar los impuestos que sean aprobados. Sin embargo, esto no se traduce en un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que quiera con los fondos o para encontrarse exentos de control y cuestionamiento de los ciudadanos. Bajo el supuesto que una persona pague sus impuestos sin queja alguna (que no dudo que hay muchos que apoyan como el Gobierno ejecuta sus planes) por reciprocidad esta loable acción debería ser recompensada con la recepción de prestaciones estatales de calidad, donde se evidencie que a los impuestos se les da el uso natural para los que fueron creados. El cumplimiento de las obligaciones tributarias tiene como finalidad última colaborar con el Estado para su propia subsistencia, pero esto conlleva a esperar que los ingresos recaudados serán eficientemente invertidos. No dudo de la generosidad de la mayoría del pueblo salvadoreño, pero todos esperamos que ésta sea agradecida por los administradores del Estado con un uso adecuado de los aportes tributarios y con la presentación de resultados sobre el uso de los mismos.

Alérgicos al debate de ideas. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernandez, escritor y director ejecutivo de la Cámara de Comercio

Federico Hernandez, escritor y director ejecutivo de la Cámara de Comercio

Federico Hernández Aguilar, 4 noviembre 2015 / EDH

En su ingrata sesión plenaria del pasado 29 de octubre, nuestra flamante Asamblea Legislativa aprobó un nuevo paquete de impuestos, introdujo una petición para limitar gravemente la libertad de expresión, intentó trastocar la ley del INSAFORP y exhibió una de las más insultantes formas de desinterés que los funcionarios pueden mostrar delante de los ciudadanos: ofrecer argumentos falaces para terminar haciendo lo injustificable.

Me rehúso a creer que los diputados del FMLN o de GANA ignoren las diferencias técnicas que existen entre un impuesto y una “contribución especial”. Sin embargo, para evitar los “engorrosos” trámites de la democracia representativa, estos señores tuvieron que ajustarse al disfraz de ocasión que el gobierno le colocó a la nueva reforma tributaria —¡la cuarta en seis años!—, pasando por encima de la jurisprudencia establecida por la Sala de lo Constitucional en esta materia.

Como en su momento advertimos los críticos del proyecto impositivo ahora consumado, el hecho generador tendría que haberse derivado del beneficio otorgado a los ciudadanos por una actividad especial del Estado, en lugar de provenir de esos servicios que los usuarios de telefonía, internet o televisión le pagamos a empresas privadas. Por ahí, pues, era imposible que pasara el río.

Pero también desde el ángulo del destino propuesto para estos recursos sigue siendo inapropiado hablar de “contribución especial”, pues garantizar la seguridad de los salvadoreños es, ni más ni menos, una obligación estatal. Ninguno de los supuestos beneficios que vamos a obtener por la medida puede considerarse ajeno a las responsabilidades inherentes a la actividad del gobierno. ¿Por qué entonces íbamos los salvadoreños a contribuir de manera especial a que el Estado cumpla con uno de sus fines esenciales o nos proteja derechos que están consagrados en nuestra Constitución?

Aunque todo lo anterior solo demostraría que tenemos legisladores capaces de irrespetar los principios de capacidad económica y equidad tributaria cuando votan por impuestos que afectan a la mayoría de ciudadanos —no se olvide que en El Salvador nueve de cada diez personas tiene al menos un teléfono móvil—, el nulo interés mostrado hasta hoy por los diputados oficialistas para reconocer las enormes deficiencias del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2016 evidencia todavía más su falta de honestidad en el último debate parlamentario.

A quienes desde sus curules nos exigen a los demás que nos “sacrifiquemos” para contribuir a la seguridad debemos también exigirles que se abstengan de, por ejemplo, aprobar la sobrestimación de ingresos por recaudación que el Ministerio de Hacienda ha calculado para el próximo año, así como la inexplicable omisión de casi 230 millones de dólares en concepto de devolución de impuestos. Jugar así con los recursos del Estado, si al mismo tiempo se quita dinero a los contribuyentes para tapar los muy previsibles agujeros fiscales, constituye un embuste descomunal.

A los señores de GANA, adicionalmente, las críticas que les granjea su mal desempeño legislativo —por no hablar de las dudas que surgen a partir de ciertos aumentos patrimoniales— les ha llevado, antes que a enmendar los errores, a amenazar otra vez la libertad de expresión. El “honor” vuelve a ser la excusa de los políticos, como si presentar pruebas de tal calidad estuviera lejos de las posibilidades de quien tiene su conciencia tranquila. Llama la atención, en todo caso, que resurja la penalización de la calumnia y la difamación justo cuando investigaciones periodísticas revelan el asombroso talento de algunos parlamentarios para multiplicar sus ingresos y diversificar sus inversiones.

“La polarización”, señaló Luis Mario Rodríguez en su columna de este domingo, “insensibiliza a los ciudadanos, cobija a los mentirosos y pospone la discusión de las situaciones más complejas de una sociedad”. Y fue eso exactamente lo que vimos en la triste plenaria del 29 de octubre: una pléyade de funcionarios alérgicos a discutir ideas, imponiéndose al resto de la sociedad solo porque tienen el poder de hacerlo.

La Selecta, ¿qué? De Cristina López

La ola de indignación por lo que muchos consideran un exceso por parte de los “divos” de la Selección Nacional de Fútbol se apoderó de los espacios de opinión pública digital en El Salvador. Cualquiera que no hubiera seguido la historia desde el principio habría pensado, solo en base a la indignación que se leía en las redes sociales, que los “inconsecuentes” jugadores estaban exigiendo lujos de emires árabes y no condiciones básicas que los pares en su industria reciben.

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, 2 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEn un excelente ejercicio de sentido común y coherencia, el periodista salvadoreño radicado en México Orus Villacorta, explicó en la revista Factum por qué la indignación de la afición estaba, más que fuera de proporción, encaminada en la dirección equivocada. Lo que se recauda del negocio del fútbol se reparte de manera desproporcionada al valor que generan los actores que participan del mercado – es decir, quienes generan menos valor, por lo menos para el consumidor que mantiene ese mercado, están recibiendo menos beneficios y es justo que exijan lo que es suyo.

¿Sabe quiénes tampoco están recibiendo los beneficios que sus pares en otros países reciben, y sin embargo, no han sido exitosos en saber exigir lo que merecen? Los contribuyentes salvadoreños. Y sin embargo, la indignación que despertaron las exigencias de los jugadores de la Selecta, no se compara a la indignación que debería despertar que nuevamente, los legisladores han abusado de la figura de la dispensa de trámite para continuar ahogando a la ciudadanía, esta vez con dos nuevos impuestos.

Uno podría pensar que al gobierno del buen vivir lo que le hace falta es disciplina fiscal y que por eso es que recurren al código tributario para resolver cualquier problema. Hoy es la inseguridad, mañana puede ser la salud, y continúe agregando a la lista el cartón de lotería de problemas que amenazan a nuestro país. Sin embargo, lo que el impuesto del 5% al usuario de telefonía demuestra es que al gobierno del buen vivir los salvadoreños en desventaja económica le tienen sin cuidado.

Y es que este nuevo impuesto, el de los usuarios de telefonía, es sumamente regresivo – es decir, quienes menos tienen, soportarán lo más pesado de la carga tributaria. Sí, quienes paguen facturas de telefonía más altas, pagarán más. Pero ese es un análisis simplista que olvida que en el país, el 91% de la población tiene acceso a teléfono celular. Para muchos, “la recarga” representa una enorme porción de su canasta básica, lo que significa que una proporción más alta de sus ingresos mensuales en comparación a personas con más medios, será ahora gravada y puesta al servicio de la incompetencia que hemos llegado a tomar como habitual por parte de nuestro gobierno.

Cualquiera tentado a concluir que tener celular y ser pobre es una falta de prioridades se equivoca también: una de las ventajas de que la competencia en el mercado de la telefonía haya abaratado precios y facilitado el acceso a todos permite que para muchos, el teléfono sea una herramienta de trabajo permitiéndoles amplificar sus ingresos. ¿A cuántos padres de familia, cuya pobreza obliga a vivir en territorios dominados por las maras, una llamada de sus hijos confirmando que llegaron seguros a su destino, no devuelve la paz momentáneamente?

Para ponerle números al asunto: según datos del 2013 de la DIGESTYC del Ministerio de Economía, un 37% de la población está en condiciones de pobreza. Ese porcentaje, gasta alrededor de doce dólares al mes en telefonía. Y debido a la escasez de ingresos, no gasta mucho más en otras necesidades básicas. Puesto que sus ingresos no están aumentando — ¿y cómo? La inseguridad mata cualquier prospecto de crecimiento económico – simplemente gastarán más, del mismo ingreso, gracias a los paladines de la justicia social que ni siquiera dedicaron tiempo a discutir y debatir este descarado asalto a las familias pobres del país. Esto sí que indigna. La Selecta, ¿qué?.

@crislopezg