impuestos

Generoso pueblo salvadoreño. De Erika Saldaña

No dudo de la generosidad de la mayoría del pueblo salvadoreño, pero todos esperamos que ésta sea agradecida por los administradores del Estado con un uso adecuado de los aportes tributarios y con la presentación de resultados sobre el uso de los mismos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 9 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEn las recientes semanas hemos sido partícipes de las intensas discusiones alrededor de un nuevo paquete de impuestos que el Gobierno central propuso y, posteriormente, fue aprobado por la Asamblea Legislativa; el impuesto del 5 % a la factura telefónica y a las empresas que tienen ganancias de más de $500 mil al año tienen como finalidad  obtener más recursos para combatir el crimen, tal y como lo han manifestado algunos funcionarios. Al menos para las familias salvadoreñas, el aumento del 5 % al consumo telefónico se suma al aumento a la factura del agua y a lo que ya tributamos en concepto de impuesto sobre la renta (10 % sobre sueldo o renta gravable), impuesto al valor agregado (13 % sobre consumo), impuestos a la gasolina (cinco impuestos que suman alrededor de $0.70 centavos por cada galón de gasolina); además, a nuestro sueldo también le restamos el pago de la cotización al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las tasas que cada municipalidad cobra por la prestación de servicios básicos a la comunidad.

La carga tributaria impuesta a las familias salvadoreñas no es insignificante ni recae solo en personas económicamente acomodadas. Todos pagamos impuestos, y en medio de las discusiones sobre los paquetes fiscales llaman la atención las declaraciones de algunos funcionarios sobre su aprobación. En primer lugar, ellos omiten deliberadamente la opinión y  descontento generalizado de la ciudadanía, y además felicitan a la Asamblea por la aprobación de los impuestos, manifestando que “el pueblo es generoso y va a contribuir con la sociedad”. Esta afirmación es cuestionable, ya que los ciudadanos no pagamos los impuestos porque seamos generosos o por placer, sino porque todos estamos sometidos a la ley y es una obligación hacerlo. Pero el descontento no se limita al simple malestar de cualquier persona a que reduzcan su fuente de ingresos con los cuales subsiste; el rechazo a los paquetes tributarios también se debe a la desconfianza de la población sobre el buen uso que se le dará a los fondos recaudados. Es decir, los ciudadanos no tenemos la certeza de que lo que nos cuesta pagar los impuestos (tiempo, trabajo y dinero) rendirá sus frutos y será bien invertido.

Ante el disgusto de la población salvadoreña sobre la carga tributaria impuesta, el argumento de que tributamos menos que los ciudadanos de otros estados no abona a matizar la situación. En otros países probablemente se pagan más impuestos que en El Salvador, pero a cambio se reciben servicios públicos de calidad (salud, educación, seguridad), tienen hospitales equipados, abastecimiento de medicinas, escuelas en buen estado y con los servicios necesarios para que la educación se imparta de forma adecuada; tienen espacios públicos de esparcimiento y con la seguridad necesaria para andar tranquilos. Todas estas cosas no las tenemos en El Salvador. ¿Cómo espera el Gobierno que aceptemos alegremente dar una contribución adicional cuando los resultados no se reflejan con los impuestos que ya pagamos? Y, además, ¿cómo esperan que brindemos más dinero sin cuestionarlos, cuando la primera opción es subir los impuestos y no reducir los gastos innecesarios de la mayoría de instituciones del Estado?

Una cosa está clara y es que los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley y pagar los impuestos que sean aprobados. Sin embargo, esto no se traduce en un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que quiera con los fondos o para encontrarse exentos de control y cuestionamiento de los ciudadanos. Bajo el supuesto que una persona pague sus impuestos sin queja alguna (que no dudo que hay muchos que apoyan como el Gobierno ejecuta sus planes) por reciprocidad esta loable acción debería ser recompensada con la recepción de prestaciones estatales de calidad, donde se evidencie que a los impuestos se les da el uso natural para los que fueron creados. El cumplimiento de las obligaciones tributarias tiene como finalidad última colaborar con el Estado para su propia subsistencia, pero esto conlleva a esperar que los ingresos recaudados serán eficientemente invertidos. No dudo de la generosidad de la mayoría del pueblo salvadoreño, pero todos esperamos que ésta sea agradecida por los administradores del Estado con un uso adecuado de los aportes tributarios y con la presentación de resultados sobre el uso de los mismos.

Alérgicos al debate de ideas. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernandez, escritor y director ejecutivo de la Cámara de Comercio

Federico Hernandez, escritor y director ejecutivo de la Cámara de Comercio

Federico Hernández Aguilar, 4 noviembre 2015 / EDH

En su ingrata sesión plenaria del pasado 29 de octubre, nuestra flamante Asamblea Legislativa aprobó un nuevo paquete de impuestos, introdujo una petición para limitar gravemente la libertad de expresión, intentó trastocar la ley del INSAFORP y exhibió una de las más insultantes formas de desinterés que los funcionarios pueden mostrar delante de los ciudadanos: ofrecer argumentos falaces para terminar haciendo lo injustificable.

Me rehúso a creer que los diputados del FMLN o de GANA ignoren las diferencias técnicas que existen entre un impuesto y una “contribución especial”. Sin embargo, para evitar los “engorrosos” trámites de la democracia representativa, estos señores tuvieron que ajustarse al disfraz de ocasión que el gobierno le colocó a la nueva reforma tributaria —¡la cuarta en seis años!—, pasando por encima de la jurisprudencia establecida por la Sala de lo Constitucional en esta materia.

Como en su momento advertimos los críticos del proyecto impositivo ahora consumado, el hecho generador tendría que haberse derivado del beneficio otorgado a los ciudadanos por una actividad especial del Estado, en lugar de provenir de esos servicios que los usuarios de telefonía, internet o televisión le pagamos a empresas privadas. Por ahí, pues, era imposible que pasara el río.

Pero también desde el ángulo del destino propuesto para estos recursos sigue siendo inapropiado hablar de “contribución especial”, pues garantizar la seguridad de los salvadoreños es, ni más ni menos, una obligación estatal. Ninguno de los supuestos beneficios que vamos a obtener por la medida puede considerarse ajeno a las responsabilidades inherentes a la actividad del gobierno. ¿Por qué entonces íbamos los salvadoreños a contribuir de manera especial a que el Estado cumpla con uno de sus fines esenciales o nos proteja derechos que están consagrados en nuestra Constitución?

Aunque todo lo anterior solo demostraría que tenemos legisladores capaces de irrespetar los principios de capacidad económica y equidad tributaria cuando votan por impuestos que afectan a la mayoría de ciudadanos —no se olvide que en El Salvador nueve de cada diez personas tiene al menos un teléfono móvil—, el nulo interés mostrado hasta hoy por los diputados oficialistas para reconocer las enormes deficiencias del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2016 evidencia todavía más su falta de honestidad en el último debate parlamentario.

A quienes desde sus curules nos exigen a los demás que nos “sacrifiquemos” para contribuir a la seguridad debemos también exigirles que se abstengan de, por ejemplo, aprobar la sobrestimación de ingresos por recaudación que el Ministerio de Hacienda ha calculado para el próximo año, así como la inexplicable omisión de casi 230 millones de dólares en concepto de devolución de impuestos. Jugar así con los recursos del Estado, si al mismo tiempo se quita dinero a los contribuyentes para tapar los muy previsibles agujeros fiscales, constituye un embuste descomunal.

A los señores de GANA, adicionalmente, las críticas que les granjea su mal desempeño legislativo —por no hablar de las dudas que surgen a partir de ciertos aumentos patrimoniales— les ha llevado, antes que a enmendar los errores, a amenazar otra vez la libertad de expresión. El “honor” vuelve a ser la excusa de los políticos, como si presentar pruebas de tal calidad estuviera lejos de las posibilidades de quien tiene su conciencia tranquila. Llama la atención, en todo caso, que resurja la penalización de la calumnia y la difamación justo cuando investigaciones periodísticas revelan el asombroso talento de algunos parlamentarios para multiplicar sus ingresos y diversificar sus inversiones.

“La polarización”, señaló Luis Mario Rodríguez en su columna de este domingo, “insensibiliza a los ciudadanos, cobija a los mentirosos y pospone la discusión de las situaciones más complejas de una sociedad”. Y fue eso exactamente lo que vimos en la triste plenaria del 29 de octubre: una pléyade de funcionarios alérgicos a discutir ideas, imponiéndose al resto de la sociedad solo porque tienen el poder de hacerlo.

La Selecta, ¿qué? De Cristina López

La ola de indignación por lo que muchos consideran un exceso por parte de los “divos” de la Selección Nacional de Fútbol se apoderó de los espacios de opinión pública digital en El Salvador. Cualquiera que no hubiera seguido la historia desde el principio habría pensado, solo en base a la indignación que se leía en las redes sociales, que los “inconsecuentes” jugadores estaban exigiendo lujos de emires árabes y no condiciones básicas que los pares en su industria reciben.

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, 2 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEn un excelente ejercicio de sentido común y coherencia, el periodista salvadoreño radicado en México Orus Villacorta, explicó en la revista Factum por qué la indignación de la afición estaba, más que fuera de proporción, encaminada en la dirección equivocada. Lo que se recauda del negocio del fútbol se reparte de manera desproporcionada al valor que generan los actores que participan del mercado – es decir, quienes generan menos valor, por lo menos para el consumidor que mantiene ese mercado, están recibiendo menos beneficios y es justo que exijan lo que es suyo.

¿Sabe quiénes tampoco están recibiendo los beneficios que sus pares en otros países reciben, y sin embargo, no han sido exitosos en saber exigir lo que merecen? Los contribuyentes salvadoreños. Y sin embargo, la indignación que despertaron las exigencias de los jugadores de la Selecta, no se compara a la indignación que debería despertar que nuevamente, los legisladores han abusado de la figura de la dispensa de trámite para continuar ahogando a la ciudadanía, esta vez con dos nuevos impuestos.

Uno podría pensar que al gobierno del buen vivir lo que le hace falta es disciplina fiscal y que por eso es que recurren al código tributario para resolver cualquier problema. Hoy es la inseguridad, mañana puede ser la salud, y continúe agregando a la lista el cartón de lotería de problemas que amenazan a nuestro país. Sin embargo, lo que el impuesto del 5% al usuario de telefonía demuestra es que al gobierno del buen vivir los salvadoreños en desventaja económica le tienen sin cuidado.

Y es que este nuevo impuesto, el de los usuarios de telefonía, es sumamente regresivo – es decir, quienes menos tienen, soportarán lo más pesado de la carga tributaria. Sí, quienes paguen facturas de telefonía más altas, pagarán más. Pero ese es un análisis simplista que olvida que en el país, el 91% de la población tiene acceso a teléfono celular. Para muchos, “la recarga” representa una enorme porción de su canasta básica, lo que significa que una proporción más alta de sus ingresos mensuales en comparación a personas con más medios, será ahora gravada y puesta al servicio de la incompetencia que hemos llegado a tomar como habitual por parte de nuestro gobierno.

Cualquiera tentado a concluir que tener celular y ser pobre es una falta de prioridades se equivoca también: una de las ventajas de que la competencia en el mercado de la telefonía haya abaratado precios y facilitado el acceso a todos permite que para muchos, el teléfono sea una herramienta de trabajo permitiéndoles amplificar sus ingresos. ¿A cuántos padres de familia, cuya pobreza obliga a vivir en territorios dominados por las maras, una llamada de sus hijos confirmando que llegaron seguros a su destino, no devuelve la paz momentáneamente?

Para ponerle números al asunto: según datos del 2013 de la DIGESTYC del Ministerio de Economía, un 37% de la población está en condiciones de pobreza. Ese porcentaje, gasta alrededor de doce dólares al mes en telefonía. Y debido a la escasez de ingresos, no gasta mucho más en otras necesidades básicas. Puesto que sus ingresos no están aumentando — ¿y cómo? La inseguridad mata cualquier prospecto de crecimiento económico – simplemente gastarán más, del mismo ingreso, gracias a los paladines de la justicia social que ni siquiera dedicaron tiempo a discutir y debatir este descarado asalto a las familias pobres del país. Esto sí que indigna. La Selecta, ¿qué?.

@crislopezg

Impuestos son para plan seguridad que ha fracasado, dice la ANEP

La gremial aduce que no es por falta de dinero que el Gobierno no ha podido combatir la delincuencia.

, 30 octubre 2015 / EDH

diario de hoyEn un comunicado emitido ayer por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), hacen ver que el Gobierno ha sido ineficiente con los recursos financieros que ha tenido para frenar la ola delincuencial en el país.

Señala que los gobiernos del FMLN son los que más fondos han tenido y que pese a ello el alto grado de criminalidad sigue en aumento, por lo que cuestionan que la Asamblea Legislativa les haya aprobado más impuestos.

“Más recursos no ha sido sinónimo de mejores resultados. Por ello, mejorar las condiciones de seguridad del país no debe enfocarse en cobrar más impuestos a la población,  sin que antes se hayan evaluado otras fuentes de financiamiento y sin que se realice una discusión seria de las políticas de seguridad que funcionan versus aquellas que han demostrado que no funcionan”, reza parte del comunicado difundido ayer tarde.

ANEP dice que contrario a los resultados positivos que se podrían esperar por haber obtenido el Gobierno más dinero, el incremento de los homicidios pasó de 9 diarios en 2008 a 22 en este año.

Añade que las políticas gubernamentales no han funcionado y que lo único que han hecho es “generar un paraíso de atracción para las pandillas, mientras alejan la inversión y el empleo para los salvadoreños”.

Asimismo, cuestiona la reciente propuesta de ley de reinserción de pandillas presentada al Congreso por el ministro de Seguridad, Benito Lara. “Es alarmante e inaceptable que el Gobierno proponga leyes orientadas a proteger delincuentes y destine más de $100 millones en programas de prevención, rehabilitación, y reinserción de pandilleros sin incluir recursos adicionales y esfuerzos serios para la persecución del delito que es tan necesario”, dice.

Añade en el comunicado que lamentan que el Gobierno insista en continuar tomando más dinero de la población sin antes corregir sus “erradas políticas” de seguridad que son caldo de cultivo para que haya “impunidad”.

“La creación de nuevos impuestos sin antes considerar propuestas técnicas de seguridad que sí funcionan, demuestra que el Estado no muestra voluntad política para reducir los índices de homicidios, sino que se trata simplemente de una excusa para recaudar más dinero para cubrir su irresponsabilidad fiscal y continuar despilfarrando”, se lee en el comunicado.

La ANEP hizo un llamado al Gobierno a no engañar a los salvadoreños.

FUSADES rechaza nuevos impuestos y penalizar delitos contra el honor

La institución considera que podrían haber vicios de inconstitucionalidad en los nuevos impuestos. Sobre la penalización de los delitos contra el honor, FUSADES cree que se trata de una reacción por publicaciones sobre incremento del patrimonio de los diputados.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales; con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos, ambos de de FUSADES.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales; con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos, ambos de de FUSADES.

Hermelinda Bolaños, 30 octubre 2015 / LPG
la prensa graficaLa Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) aseguró ayer que la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, que aprobó ayer la Asamblea Legislativa con 48 votos, es un impuesto que podría tener vicios de inconstitucionalidad, igualmente que el otro impuesto para las telecomunicaciones.

De acuerdo con Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de FUSADES, como institución ya habían manifestado que la propuesta de gravar con el 5 % el pago de servicios de telecomunicaciones por parte de la población incumplía varias normas constitucionales que, al parecer, no fueron corregidas.

“Por lo que vimos ayer, parece que solo cambia el porcentaje del 10 % original al 5 %. Entonces, por lo que vemos mantiene las mismas irregularidades”, señaló Castro, quien explicó que en su momento indicaron que se estaba desnaturalizando el concepto de contribución especial dado que la población debe pagar por un servicio esencial como la seguridad, que le corresponde brindar al Estado.

Por otra parte, Castro recordó que los servicios de telecomunicaciones ya están gravados con el IVA; por lo que dijo que se podría estar dando un doble tributo. En ese sentido, dijo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha manifestado que “no se puede gravar doblemente la misma manifestación de riqueza”.

Además, recomendó que se implemente una propuesta integral en la que no solo se busquen más ingresos para el Estado, sino que se reduzca el gasto y que se eficientice y transparente el uso de los recursos. “Yo creo que sí, que el Estado tiene que ver cómo prioriza y cómo hace un mejor uso de los recursos públicos”, agregó.

Respecto al impuesto del 5 % para los grandes contribuyentes, el cual también fue aprobado ayer, Castro dijo que aún no lo han analizado.

Delitos contra el honor

En cuanto a la iniciativa de GANA de penalizar los delitos contra el honor, Castro la calificó como un “retroceso” y que se podría poner en peligro la libertad de expresión en el país. Además, consideró que la propuesta podría haber surgido como una reacción del partido por las publicaciones periodísticas sobre el incremento del patrimonio de varios diputados.
“Sí nos preocupa que cuando están saliendo todas estas investigaciones periodísticas sobre supuestos casos de corrupción se presente esta propuesta. Me parece que es grave y que eso podría venir a limitar la libertad de expresión”, dijo.

Por su parte, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de FUSADES también criticó la propuesta de GANA y coincidió con castro en que puede tratarse de una reacción de partidos políticos por las críticas periodísticas sobre el tema de probidad.

“Es lamentable que cada vez que se quiere señalar alguna situación que debe mejorarse por parte de la clase política, la respuesta es reformas para generar leyes mordazas que impidan a la ciudadanía y a la sociedad civil expresarse y dar su opinión acerca de situaciones que degradan a la clase política y arriesgan derechos ciudadanos”, señaló Rodríguez.

Aprueban impuesto al uso de telefonía y a empresas

El FMLN logró votos para el cobro del 5 % a usuarios de servicios telecomunicaciones y otro de 5% a los contribuyentes que ganan más de $500 mil al año.

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Eugenia Velázquez, 30 octubre 2015 / EDH

diario de hoyEl FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron anoche dos nuevos impuestos: uno de 5 % a los usuarios de telefonía y otro de 5 % a las empresas que ganan arriba de $500 mil al año.

Tras más de cuatro horas de discusión en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el partido oficial logró 48 votos para avalar los tributos, cuyos fondos serían destinados a la seguridad pública.

Pese a la oposición de ARENA contra esos impuestos y al llamado de austeridad y ahorro que hicieran al igual que organizaciones como ANEP y Fusades para que, en vez de aplicar más impuestos, el gobierno redujera el gasto estatal, el FMLN obtuvo el apoyo para su aprobación.

De esa manera se suman dos nuevos impuestos a los más de 20 que ha impuesto el gobierno del FMLN a la población desde 2009 que llega al poder.

Con el dinero que recaude, el gobierno argumenta que podrá combatir la criminalidad y afirma que es parte del plan que surge en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia para hacer llegar al Estado $140 millones anuales.

ARENA reclamó ayer que en vez de castigar más a la población con impuestos el gobierno debió priorizar la reducción del gasto estatal, la evasión, elusión y el contrabando; implementar mecanismos de financiamiento extraordinario como la emisión de bonos voluntarios y la creación de un fondo para la seguridad, entre otras opciones.

Jorge Velado, presidente de ARENA, mencionó durante una conferencia de prensa ayer por la mañana que con la aplicación de esas opciones el gobierno hubiera podido obtener $246 millones para mejorar la seguridad pública.

Pero los otros diputados no pensaron igual. Y en el caso del impuesto del 5 % a los usuarios de telefonía se sumaron al bloque del FMLN-GANA se sumó el diputado del PDC, Rodolfo Parker, y la bancada del PCN, excepto la diputada Cristina López.

Ese tributo golpeará los bolsillos de todos los salvadoreños porque se aplicará a los servicios y productos de telecomunicaciones.

El jefe de la bancada pecenista, Mario Ponce, y el pedecista Rodolfo Parker, justificaron que el dinero también servirá para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC).

En el caso del impuesto que aplicará a las empresas y empresarios que ganen arriba de $500 mil al año, además del FMLN y GANA votaron tres diputados del PCN: Francisco Merino, Reynaldo Cardoza y Serafín Orantes.

La moción fue presentada por el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de GANA. Sin embargo, el legislador no estuvo presente ayer, por lo que fue un diputado suplente quien lo sustituyó y votó a favor de ese tributo.

El FMLN pretendía que ayer se avalaran cuatro impuestos, pero al cierre de esta nota dos de ellos aún no habían sido discutidos. Se trata de gravar el 15 % a los casinos y el otro de aplicar un descuento del 10 % sobre el salario que devengan los funcionarios públicos que ganan arriba de $2 mil 300 al mes.

Los votos de oro

Los impuestos estuvieron toda la mañana de ayer en la cuerda floja, a la espera del voto de oro para llegar a los 43 necesarios, ya que el FMLN y GANA solo sumaban 42 y los impuestos necesitaban de mayoría simple para ser aprobados.

Desde temprano existía la incógnita de quién o quiénes se plegarían al bloque del FMLN y GANA, esto ante la aclaración en conferencia de prensa que hicieran tres diputados de ARENA: Carolina Rodríguez, de Ahuachapán; Bonner Jiménez, de La Paz; y Silvia Ostorga, de Sonsonate, de que ellos no abandonarían las filas de ARENA para votar junto al FMLN y GANA.

ARENA rechazó totalmente la aprobación de los nuevos impuestos y recordó que el gobierno además de que no ha sido austero es el que más fondos ha dispuesto en concepto de impuestos.

Velado los detalló así: $21 mil 167 millones en tributos; $5 mil 755 millones en préstamos; $707 millones en donaciones, para un total de $27 mil 629 millones disponibles desde 2009 hasta agosto de este año.

“ARENA no comparte con poner más impuestos, esa es la solución más fácil para un gobierno que no asume ningún compromiso y solamente exige más sacrificio a la población, incluyendo a los hogares pobres”, afirmó.

Recordó que si el FMLN lo que busca es disponer de $140 millones al año para financiar los planes de combate a la inseguridad, debe primero reducir el gasto del Estado en $43 millones.

Para este cometido planteó que los tres Órganos del Estado, así como la Corte de Cuentas de la República, el Ministerio Público y otras entidades reduzcan el 3 % de sus asignaciones en el presupuesto del próximo año.

También habló del congelamiento en la contratación de nuevas plazas para quienes se retiren voluntariamente o se jubilen en los próximos 4 años, entre otras propuestas para recaudar fondos.

La consecuencia de las mentiras…. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 18 octubre 2015 / EDH

La peor táctica de un partido político o de los gobiernos para alcanzar el “éxito” de sus objetivos es el uso de la mentira. Una cosa es la implementación de estrategias de comunicación para facilitar la comprensión de la población sobre las iniciativas ministeriales, y otra, muy diferente, es el empleo del engaño para conseguir adeptos a las resoluciones de las autoridades.

Con la primera acción se intenta que los ciudadanos conozcan y asimilen, sin dificultades, las ventajas de un proyecto y comprendan que el sacrificio que se les pide se traducirá en beneficios para su grupo familiar. Cuando se aprobó el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), si bien en un inicio molestó a los usuarios de las carreteras por la imposición de una contribución especial a la gasolina, el buen estado en el que se mantuvo la infraestructura vial durante mucho tiempo y el ahorro que ello significó en términos de uso del combustible, generó posteriormente una aceptación colectiva de la decisión.

El embuste, por el contrario, puede conducir al descalabro de una gestión gubernamental. Esta es una conducta que debería provocar el rechazo absoluto de todo proyecto político por amañado y electorero. Sin embargo es difícil que las personas identifiquen estos comportamientos. Las preocupaciones cotidianas de la gente son otras. Quieren educación, salud y seguridad para sus hijos, deben pagar los préstamos hipotecarios de sus viviendas, reparar su carro, ahorrar para el transporte público del mes, cuidar a los más ancianos de la familia y un largo etcétera. Lo menos que hacen, con excepción de unos pocos, es vigilar a ministros, diputados, magistrados y al resto de los titulares o miembros de las instituciones públicas para denunciar actos de corrupción en el Estado. En las elecciones se fijan más en los spots publicitarios y no reparan en el origen del dinero con el que se pagan las inversiones de las campañas de los partidos. Y cuando se trata de temas aún más complejos, como la aprobación del presupuesto de la Nación o el resguardo de sus ahorros en los fondos de pensiones, no advierten en los riesgos de un exceso en el endeudamiento público o en los que causaría una reforma que afecte la propiedad del dinero que les descuentan mensualmente para cotizar a una AFP.

EL-DIARIO-DE-HOY-LOGOA la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le han amenazado con un juicio político precisamente por la aplicación de presuntas tácticas fraudulentas para administrar la cosa pública. Le acusan de entregar un presupuesto del Estado ficticio, de financiar incorrectamente su campaña electoral y de no actuar diligentemente para detener una red de corrupción en Petrobras que cobraba millonarios sobornos y comisiones ilegales. Sus detractores señalan que presentó un presupuesto de ingresos y gastos falso. No obstante la contratación de préstamos para sufragar programas sociales con el apoyo de bancos estatales, esas obligaciones no fueron incluidas en las respectivas partidas presupuestarias, todo con el propósito de llevar ante el Congreso un instrumento sin déficit alguno. Esta acción desencadenó la reacción del Tribunal de Cuentas de la Unión, que rechazó las “cuentas públicas” de 2014 lo cual no ocurría desde 1937. Lo mismo sucedió con el Tribunal Supremo Electoral al enterarse sobre la posibilidad de un patrocinio ilícito de la campaña presidencial de la presidenta Rousseff, lo cual podría terminar anticipadamente con su mandato de acuerdo a la ley.

Si la gobernante brasileña pierde el apoyo de sus aliados, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, las posibilidades que prospere un juicio político en su contra por los escándalos en los que presuntamente está involucrada son muy altas. La buena noticia es que, de forma similar a otros casos en la década de los noventas y en la primera década y media del Siglo XXI, las crisis políticas del presidencialismo son resueltas por la vía constitucional y no por medio de golpes militares, como pasó frecuentemente entre los sesentas y ochentas en América Latina. Lo negativo es que agregaremos, a la ya larga lista de alborotos políticos, un suceso más que involucra a un Jefe del Ejecutivo por el mal uso de los instrumentos públicos con los que cuenta para administrar el país.

El presupuesto y las pensiones en El Salvador aparentemente padecen del mismo mal. Ni el primero incorpora los ingresos y gastos reales ni las segundas están en crisis como lo afirma el gobierno central. En uno y otro caso parece que la demagogia y la desesperación por la falta de recursos han motivado acciones equivocadas de los funcionarios. Ojalá que pongan las “barbas en remojo” y que los ciudadanos comprendan el peligro que representa una mentira estatal.

Verdades mentirosas. De Jorge Daboub

Los problemas de El Salvador no se resolverán echando cada vez más dinero de los salvadoreños en el saco sin fondo del gobierno, como sus funcionarios nos quieren hacer creer. El país necesita análisis más honesto, trabajo más eficiente y soluciones más inteligentes y realistas.

Jorge Daboub, presidente de ANEP

Jorge Daboub, presidente de ANEP

Jorge Daboub, 13 octubre 2015 / LPG

Es impresionante ver cómo la publicidad y la propaganda oficial distraen a la sociedad de los verdaderos problemas sociales y la ponen a discutir sobre temas equivocados. El efecto que la desinformación oficial produce es tan alucinante que nadie parece darse cuenta de estar siendo distraído en debates sobre asuntos en los que el gobierno ya tiene una decisión tomada y que, casi fatalmente, será la que termine por imponerse.

Para ilustrar cómo funciona este engaño, veamos dos de los ejemplos más recientes: las discusiones sobre el sistema de pensiones y sobre la propuesta de una “contribución especial” para la seguridad.

Por medio de campañas de publicidad, de sus voceros y de los miembros de su partido (junto con sus aliados interesados) el coro oficialista ha hecho creer a muchos que el sistema privado de pensiones no funciona y que hay que reformarlo. ¡Totalmente falso!

Tras de dicha falacia, el gobierno propone la “brillante” solución de volver al sistema viejo, expropiando, de paso, una buena parte de los ahorros que los trabajadores tienen en el fondo de pensiones. Y por medio de ese embuste tiene hoy a todos discutiendo sobre la mejor manera de reformar el sistema de pensiones.

Esta es la realidad: el sistema privado de pensiones venía funcionando bien hasta que el gobierno metió su mano en él, creando un fideicomiso que obliga a las AFP a entregarle al Estado el 60 % de los ahorros de los trabajadores a cambio de un exiguo interés de 1 %; que además es injusto e ilegal. Con esa disposición, entre 2006 y 2014 el gobierno ya había tomado “prestado” más de $4,800 millones de los ahorros que los salvadoreños tienen en el fondo de pensiones.

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno no les permite a las AFP invertir el resto del dinero en títulos valores más rentables en los mercados internacionales, y las obliga a colocar el ahorro de los trabajadores en títulos del Estado, limitando aún más su rentabilidad y generando una pérdida del patrimonio de los salvadoreños de aproximadamente $1,200 millones.

Para evitar que este perjudicial despojo continúe, se debería retornar al fondo de pensiones el dinero que el gobierno le ha extraído, y evitar que los ahorros de los salvadoreños se sigan usando como la caja chica del Estado. Así los trabajadores del sistema privado tendrían aseguradas sus pensiones, la rentabilidad del fondo se recuperaría y el sistema funcionaría igual o mejor que antes.

En conclusión, la verdadera discusión sobre el sistema de pensiones debe girar en torno a una rendición de cuentas por parte del gobierno y a cómo invertir de manera más eficiente los dineros públicos a modo de garantizar las pensiones a los trabajadores del sistema antiguo. Pero debatir sobre la parte del sistema que funciona es equivocado y contraproducente.

El otro tema en donde la propaganda oficial ha distraído astutamente la atención es la supuesta necesidad de más dinero a fin de financiar planes para mejorar la seguridad pública. Por medio de un bombardeo publicitario, el gobierno ha hecho creer que la seguridad no mejora por falta de dinero. Y tiene a todos discutiendo sobre cómo hacerle llegar más fondos. Unos proponen impuestos al consumo o a las ganancias de las empresas; otros, contribuciones; otros, que se emitan bonos públicos, y los más sesudos proponen que los diputados cedan parte de sus salarios. Pero la discusión no debe ser esa.

Primero analicemos si es verdad que el gobierno no tiene suficiente dinero para la seguridad.

En los últimos 6 años, el gobierno recibió un total de $19,637 millones de impuestos, lo que significa un aumento de 42.4 % respecto de los 6 años anteriores. Asimismo, en los últimos 6 años el gobierno recibió $5,727 millones adicionales de deuda, aumentando en 54.9 % la deuda total del país. Es decir, que solo por estas dos vías (impuestos y préstamos) el gobierno ha recibido $25,364 millones en los últimos seis años. Pero a pesar de haber recibido tan exorbitante cantidad de dinero adicional, las acciones en seguridad trajeron como resultado que el número de homicidios aumentara de 9 diarios en 2009 a 21 diarios en lo que va de 2015. Los números demuestran que el problema de la seguridad no es de dinero, sino de cabeza.

En consecuencia, las discusiones para mejorar la seguridad deberían concentrarse en otras áreas como asignar eficientemente los recursos, mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de garantizar la seguridad, depurar la PNC y el Órgano Judicial y hacer más efectivo el trabajo de las autoridades en el combate al crimen. Y solo después de que se haya hecho ese esfuerzo de raciocinio y se haya puesto en práctica, con metas medibles y responsabilizando por los resultados a los funcionarios a cargo, tendríamos que debatir sobre el tema de los recursos, si es que hicieran falta. Pero el país no avanzará si siempre ponemos la carreta delante de los bueyes.

Las evidencias sobre la incapacidad del gobierno para resolver los principales problemas del país son aplastantes. Pese a obtener cada vez más dinero, el gobierno no ha podido mermar las graves deficiencias en Salud y Educación, ni remontar el bajo crecimiento económico, ni reducir el apremiante déficit fiscal. Sobre la ineficacia de las “estrategias” gubernamentales para mejorar la seguridad, los más de 5,200 asesinatos del año hablan claramente.

Los problemas de El Salvador no se resolverán echando cada vez más dinero de los salvadoreños en el saco sin fondo del gobierno, como sus funcionarios nos quieren hacer creer. El país necesita análisis más honesto, trabajo mas eficiente y soluciones más inteligentes y realistas. Juguemos en la cancha correcta.

Impuestos subieron un 310% en Nuevo Cuscatlán

La comuna de Nuevo Cuscatlán hizo una clasificación especial para las zonas residenciales del municipio, a quienes incrementó la tarifa de tributos. En el casco urbano y zonas rurales, los impuestos se mantienen.

Colonia Via del Mar, Nuevo Cuscatlán

Colonia Via del Mar, Nuevo Cuscatlán

10 octubre 2015 / EDH

La alcaldía de Nuevo Cuscatlán acordó incrementar las tasas municipales en zonas residenciales, en algunos casos hasta por un 310% y muy por encima de algunos municipios vecinos, según consta en el Diario Oficial del 16 de julio de 2015.

La decisión fue tomada por la comuna en la primera sesión de concejo de la nueva administración, que dirige la ex concejal y ahora alcaldesa  Michelle Sol. Los incrementos son a las tasas de alumbrado eléctrico, pavimentación, recolección de desechos, además de crear contribuciones especiales.

Para ello, la alcaldía ha hecho una nueva clasificación de la zonas, dividiéndolas en tres: zona urbana 1, es decir residenciales, urbanizaciones y condominios habitacionales; zona urbana 2, el centro urbano del municipio y sus colonias, y zona sub urbana, es decir las comunidades y asentamientos.

Los incrementos han sido establecidos para la zona urbana 1, es decir a las colonias que están a las afueras del municipio y que cuentan con servicio de agua potable, aguas lluvias, electricidad, telefonía, derechos de vía, asfalto, entre otros.

Antes, las colonias como Vía del Mar, Condado Santa Elena, Garden Hills, Joya de Las Piletas y Villas de Las Piletas pagaban $0.28 centavos mensuales por cada metro lineal (ML) de alumbrado eléctrico, con la nueva tabla de impuesto pagarán $0.87 mensuales, un incremento del 310%. Para la zona industrial y de comercial, ese pago se incrementa de $0.23 a $0.30 centavos.

Por otra parte, el concejo, sin los votos de los representantes de ARENA, avaló incrementar el impuesto por pavimentación, derecho de vía y mantenimiento de las calles.

Antes, la zona urbana 1 cancelaba un promedio $1.05 mensuales por ese derecho, pero ahora cancelará $0.11 por metro cuadrado. Esta medición abarca el total del frente de la residencia más la mitad de la calle principal.

Por ejemplo, si una casa mide ocho metros de frente y la mitad de la calle cinco, se multiplican los ocho de la casa por los cinco de la calle, es decir 40. Al multiplicarlo por el nuevo impuesto, esa residencia pagará $4.40 y no los $1.05 que tributaba antes.

Asimismo, el incremento se ha aplicado a los pagos de recolección de desechos sólidos. Nuevamente, las zonas residenciales deberán pagar más, pues ya no se establece un costo fijo de $5.71 para todas las viviendas, sino que ahora se aplicará conforme a una tabla.

Ahora la cuota menor es de $12.25, y se designará únicamente a las viviendas de entre 80 a 250 metros cuadrados. Las que miden de 251 hasta 3001 metros cuadrados pagarán entre $5.72 hasta $45.72, incluyendo una cuota de entre $0.5 y $0.1, respectivamente, dependiendo el área total del inmueble.

Imponen contribuciones

La nueva ordenanza de tasas municipales también incluye una “contribución especial” de alumbrado eléctrico y pavimentación en residenciales que viven en régimen de condominio.

Estas residenciales, para el caso Los Sueños, pagan por su cuenta el mantenimiento de alumbrado y las calles, pues son de su propiedad, por lo que los vecinos aseguran que no deberían pagar por un servicio que ellos ya cancelan.

No bastante, la comuna argumenta que esa contribución debe ser exigible porque “el contribuyente recibe real o presuntamente un beneficio especial, derivado de la ejecución de obras públicas o de actividades determinadas, realizadas por la alcaldía.

Estas residencias en régimen de condominio, que antes no cancelaban nada, pasarán a pagar $17.13 mensuales ($205.56 al año) como contribución especial en “concepto de pavimentación y mantenimiento de calles públicas”, además de $11.43 ($137.16 al año) como contribución especial por “alumbrado y mantenimiento de luminarias”.

El nuevo pliego de tasas se coloca por encima de otros municipios como su colindante Antiguo Cuscatlán, que a pesar de tener más zonas urbanas los tributos son bajos.

Según las tarifas vigentes publicadas en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2003, en Antiguo Cuscatlán el cobro por alumbrado eléctrico por ML es de $0.26, una diferencia de $0.61 con respecto a las que ha aprobado recientemente Nuevo Cuscatlán.

Mientras, la tasa para pavimentación y mantenimiento de calles en Antiguo Cuscatlán es de $0.03 mensuales por metro cuadrado, una diferencia de $0.08 con respecto a la nueva cuota en Nuevo Cuscatlán.

De acuerdo con los vecinos de algunas colonias del municipio, la alcaldía ha argumentado que estos nuevos impuestos servirán para hacer obras, pero aseguraron que hasta el momento no les ha sido presentado un estudio técnico que justifique la necesidad de incrementar los tributos (leer nota aparte).

 El Diario de Hoy buscó declaraciones de autoridades de la comuna sobre los incrementos de tasas, pero no fue posible contactar a nadie en la oficina de comunicaciones de la sede municipales. Pese a las llamadas al teléfono fijo, no hubo respuesta.

También se buscó la opinión de la alcaldesa, Michelle Sol, pero no respondió a las llamadas hechas a su teléfono celular.