Howard Cotto

Carta sobre los comisionados Cotto y Landaverde, su jefe máximo, y la falta de control civil sobre la PNC. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 3 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Me han dicho que he sido injusto con Howard Cotto, pidiéndole su renuncia. Es cierto, lo lamento. Hubiera tenido que pedir la renuncia también a Mauricio Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad, quien tiene el mandato constitucional de ejercer el control civil sobre la PNC. Cosa que difícilmente puede hacer, siendo policía.

Hubiera tenido que resaltar que según nuestra Constitución el máximo responsable de la PNC no es el director general, ni el ministro, sino el presidente de la República.

Art. 168.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
17.- Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil (…) con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la autoridad la autoridad de autoridades civiles.

logos MAS y EDHEl problema es que el actual presidente no ejerce este mandato constitucional. Lo delega a su secretario Manuel Melgar, quien en el gobierno de Funes fue ministro de Seguridad y tuvo que ser sustituido por incapacidad. Es a él, no al presidente, que los miembros del gabinete de Seguridad reportan. Pero delegar a su secretario no exime al presidente Salvador Sánchez Cerén de la responsabilidad sobre la PNC.

Para hacer justicia al serio problema que tiene la PNC, yo hubiera tenido que exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que hagan un tiempito en medio de su campaña proselitista para interpelar al ministro de Seguridad y al director de la PNC y pedir explicaciones sobre las situación del GRP, sobre investigaciones internas, y sobre las responsabilidades de los oficiales superiores. Lastimosamente, la Asamblea no tiene derecho de interpelar al presidente de la República, pero si le podemos exigir que le pida explicaciones sobre como ejerce el control de la PNC.

Entonces, para hacer justicia al problema de la PNC (y ser justo también con el comisionado Cotto), hay que concluir que lo que observamos no solamente es una crisis de la conducción de la PNC, sino es una crisis institucional, en la cual ni el ministerio de Justicia y Seguridad, ni el presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa cumplen sus responsabilidades. Un problema institucional, tienen razón los que criticaron mi carta a Howard Cotto, no se resuelve con la renuncia o el despido del director de la PNC. Hay que remover también al comisionado policial al mando del ministerio y volver a establecer el control civil sobre la policía. Sólo así será posible una reestructuración profunda de la organización interna y la conducción de la PNC, recuperando su carácter apolítico y profesional que exige el artículo 159 de la Constitución.

El debate sobre este desafío hay que comenzarlo desde ya, pero resolver este problema le tocará al próximo gobierno que elegiremos en marzo del 2019.

Saludos,

44298-firma-paolo

La carta anterior, a Howard Cotto

Carta a Howard Cotto: Tiempo de renunciar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 1 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Señor director de la PNC:
Usted no es cualquier funcionario. Cuando un director general de la policía se equivoca, están en juego vidas. Y cuando no logra mantener el control de su institución, está en juego la credibilidad del Estado.

Usted hubiera tenido que renunciar cuando se hizo evidente el grado de descomposición en el cuerpo élite de la PNC, el Grupo de Reacción Policial GRP. El hecho que un policía le pegue un tiro a una mujer policía puede ser un hecho aislado. Pero cuando los compañeros y jefes de este miembro del GRP le facilitan no solo la fuga, sino el secuestro de la víctima herida; cuando el hechor puede regresar al cuartel del GRP sin que lo detengan; cuando el fiscal general tiene que reclamarle al jefe de la policía la negligencia de no incluir al fugitivo en la lista de los más buscados; cuando durante dos meses la PNC no ha dado ni con la víctima, ni con el victimario, entonces estamos ante un problema de la institución. Y para este problema tiene que asumir la responsabilidad su jefe.

logos MAS y EDHHoy nos enteramos del ridículo que usted hizo en el cementerio de San Francisco Javier. Lo vimos en televisión explicando porqué estaba seguro que ahí se encontraba el cuerpo de Karla Ayala, la agente policial desaparecida y supuestamente asesinada. Usted dijo en televisión que la PNC había investigado las circunstancias del entierro que se efectuó en este cementerio días después de la desaparición de Karla Ayala, y que los dolientes eran familiares del agente prófugo. Usted dijo tener pruebas que no hubo velorio ni ceremonia de sepultura, y que por esto iban a exhumar el cuerpo y comprobar que ahí estaba enterrada Karla Ayala.

Pero el día después vimos en televisión videos de la sepultura de Paula Castro Lobo, proporcionados por la familia doliente. Y lo vimos a usted diciendo que definitivamente el cuerpo encontrado no era de la agente desaparecido. Entonces, ¿qué dice esto de la calidad de investigación que hizo la PNC en San Francisco Javier? En un pueblo, al investigar si hubo o no una sepultura, es imposible no encontrar testigos.

Usted se fue simplemente con la suposición. Como la familia de Paula Castro, la anciana enterrada en San Francisco Javier, tiene lazos familiares con el agente fugitivo, usted dio por hecho que esta familia había escondido el cuerpo de Karla Ayala, fingiendo el entierro de su abuela.

Todo lo que ha pasado desde la fatal fiesta de fin de año en el cuartel del GRP es una sucesión de encubrimientos, complicidades y decisiones equivocadas. Para investigar bien, la única solución es que se aparten los que han fracasado en aclarar los hechos. Y el principal responsable de tanto encubrimiento y fracaso es usted. No puede quedar dirigiendo la policía, y mucho menos las “investigaciones” del caso GRP.

Aquí hay solo dos explicaciones: Usted es parte del encubrimiento, o es incapaz de garantizar que dentro de la PNC se haga justicia. En ambos casos, tiene que renunciar o ser removido.

De todos modos, no entiendo cómo usted aguantó mirarle la cara a la hija de doña Paula, luego de la exhumación, sin mostrar la más mínima muestra de compasión y pena.

Saludos,

44298-firma-paolo

 

Carta al director general de la PNC: No se vale. De Paolo Luers

Paolo Luers, 28 diciembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

paolo luers caricaturaEstimado Howard:

No quería tocar hoy, entre Navidad y Año Nuevo, un tema tan duro como las “medidas extraordinarias”. Pero como decidiste en esta fecha amargarnos las vacaciones anunciando que el gobierno busca transformar las “medidas extraordinarias temporales” en ley ordinaria y permanente, ni modo, hay que entrarle al tema.

Vale la pena recordar qué significan las ¿medidas extraordinarias”, que ustedes solicitaron hace 2 años a la Asamblea y luego consiguieron que se prorrogaran. Significa un Estado de Excepción parcial, vigente en los 6 penales donde guardan prisión pandilleros: Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Gotera, Chalatenango, Quezaltepeque, e Izalco. La característica de un Estado de Excepción es que, ante una emergencia que de otra manera el gobierno no puede atender, se suspendan temporalmente derechos y garantías otorgados por la Constitución y las leyes. La única justificación jurídica y ética de un Estado de Excepción es que sea temporal, y que durante su vigencia se resuelva la emergencia. Ustedes no la han resuelto, y en vez de cambiar sus políticas, piden un Estado de Excepción permanente.

logos MAS y EDHLuego de 2 años de vigencia temporal, viene usted y revela que el gobierno quiere que la Asamblea convierta este Estado de Excepción en permanente y ordinario. Esto, señor director, rompe el orden constitucional. No soy el único que lo señala, lo sentenció con toda claridad el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Dos años de aplicación de las “medidas extraordinarias” han tenido como resultado un dramático deterioro de salud en la población de los 6 penales afectados. Hay epidemias de tuberculosis, porque ustedes suspendieron el derecho a la salud: el hacinamiento de más de 300% se agravó con el encierro total, la negación absoluta de acceso a aire y sol. Igualmente está suspendido, de manera absoluta y ya por 2 años, el derecho a preservar los vínculos familiares, y seriamente limitado el derecho a la defensa. Están suspendidos los derechos a información, acceso a libros, cursos educativos y ejercicio religioso. Lo más grave: Entre los 14,000 internos afectados, 5,000 (o sea 35%) son detenidos provisionales sin condena. Someter a 5,000 personas no vencidas en juicio a medidas que suspenden sus derechos fundamentales, es doblemente inconstitucional.

Al existir una emergencia nacional, se puede suspender derechos temporalmente y bajo estricta vigilancia de jueces – pero solo cuando el gobierno hace todo lo necesario para superar la emergencia que hizo necesario el Estado de Excepción. Ustedes no cumplieron esta segunda parte. Por esto piden lo inadmisible: convertir el Estado de Emergencia en nueva norma constitucional.

De paso: Que esta iniciativa la tome el director de la policía, a quien no le toca diseñar políticas de justicia y seguridad, es una aberración. O más bien la aberración es que no tenemos un ministerio civil encima de la PNC. Es como si el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y no el ministro o el presidente, declarara la guerra. Adonde esto nos lleva, ya lo sabemos…

Saludos,

44298-firma-paolo

Carta al director de la policía: ¿Y la transparencia? ¿Y la ley? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 21 marzo 2017 / EDH Y MAS!

Estimado Howard Cotto:
El 17 de febrero del 2017 hice una solicitud de acceso a información pública a la PNC. El 20 de febrero recibí la Constancia de Recepción de solicitud, firmada por Evelyn Arévalo de Juárez, Colaboradora Oficial de Información de la PNC. Se asignó el número de referencia PNC-UAIP-98-2017 a mi solicitud, y se me informó que “a dicha solicitud se dará respuesta conforme a ley en un plazo máximo de 10 días hábiles y con fecha probable de respuesta  03 de marzo de 2017.”

Hoy es el 20 de marzo y no he recibido ninguna respuesta. Ya el caso está en manos del Instituto de Acceso a Información Pública.

Screen Shot 2017-03-14 at 2.07.54 PM¿Por qué la PNC no cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública? Porque la información que pedí tiene que ver con el caso Daniel Alemán, y porque ellos saben que como periodista estoy investigando este caso.

Lo que pedí es el informe que la Unidad de Control entregó a la Inspectoría General de Seguridad Pública y a usted, como director de la PNC, sobre las extrañas circunstancias de la captura de Daniel Alemán.

diario hoyLa legislación de transparencia es para esto: Dar a ciudadanos y periodistas acceso a la información pública para poder monitorear a las instituciones y sus funcionarios, y para investigar y denunciar sus irregularidades. Hacer funcionar este derecho y este monitoreo es especialmente vital en el caso de la PNC y otras instituciones que tienen que garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos humanos.

No dar acceso a información vital del caso equivale a entorpecer las investigaciones periodísticas que pueden ser incómodas para su institución y para usted, quien la dirige. Más grave aun: Tampoco han dado a la defensa del acusado acceso a este informe que incluye importantes pruebas de descarga, o sea que comprueban la inocencia del acusado y las irregularidades cometidos por miembros de la PNC.

Quiere decir que la PNC, y en última instancia usted como su jefe, no sólo están obstaculizando el trabajo periodístico sino también el ejercicio de una defensa técnica a la cual cualquier ciudadano tiene derecho.

Esto no se vale, Howard. Para esto nosotros dos hemos luchado contra los abusos de los cuerpos de seguridad, por su disolución por y por su sustitución por una nueva policía de carácter civil y garante de los derechos humanos. Bien me recuerdo que esto era tu ideal cuando entraste a la nueva policía. ¿Y qué pasó para que ahora, cuando al fin llegaste al poder en la PNC, todo esto te vale riata?

Te lo pregunta alguien que estaba a la par tuya cuando luchaste contra la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Saludos,

44298-firma-paolo

LEA SOBRE EL MISMO CASO:

Es hora para el Fiscal General de actuar

Editorial de El Diario de Hoy: Procuradora de Derechos Humanos declara ilegal captura de joven

Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo

Carta al director general de la PNC: Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la Fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”?

Carta al director general de la PNC y al fiscal general. ¿Qué pasó realmente en Opico? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 7 abril 2016 / EDH

Señores:
¿Qué pasó con la investigación de la masacre de Opico? Ha pasado más de un mes, y el “crimen del año” no está esclarecido. Nadie ha sido acusado. Ustedes dos guardan silencio, y queremos saber: ¿Guardan silencio porque no tienen nada que informar? ¿O guardan silencio porque les da pena?

Digo “crimen del año” por lo horrible: murieron 8 trabajadores de una empresa de servicio eléctrico, por razones que hasta ahora nadie sabe; y murieron además tres campesinos, por la única razón de haber sido testigos.

diario hoyPero “crimen del año” también por las consecuencias políticas: Así como la cobarde quema de un bus en Mejicanos, con todo y pasajeros, provocó que la Asamblea aprobara la Ley Antipandillas, la masacre de Opico provocó que la oposición política, a pesar de su crítica permanente de la falta de una política de Seguridad integral, se uniera al gobierno para decretar “medidas especiales”.

Gracias a la masacre de Opico, los partidos de gobierno y de oposición unánimemente aprobaron un decreto que somete a “estado de emergencia” a las 7 cárceles que albergan a pandilleros.

Gracias al terrible impacto que tuvo las masacre de Opico en el sentimiento de los salvadoreños, el gobierno logró una especie de “unidad nacional” contra las compañías telefónicas. Por vía exprés se aprobó -también unánimemente – un decreto que permite al gobierno intervenir las compañías telefónicas si no cortan al 100 % la señal telefónica en los centros penales. Ya el gobierno reporta haber desconectado varias torres.

¿Qué tiene esto que ver con Opico? Bien, desde el primer día, los jefes policiales y el gobierno dijeron, mil y una veces, que la masacre de Opico había sido cometida por pandilleros cumpliendo órdenes provenientes de las cárceles. Toda la maquinaria de “medidas especiales”, “estado de emergencia” y ‘unidad nacional” se comenzó a mover a partir de este “hecho”, de una masacre ordenada desde las cárceles, sólo que hasta la fecha ni la policía ni la fiscalía no ha presentado ninguna prueba de este “hecho”.

El día después de la masacre de Opico la PNC detuvo a 82 personas, acusándolos públicamente de ser pandilleros y de haber participado de la masacre. Pero a los días la Fiscalía mandó a decir al público ninguno de los 82 detenidos será acusado en relación a la muerte de las 11 personas en Opico. Unos fueron liberados, otros fueron acusados por otros delitos o simplemente por pertenencia a una pandilla.

Y ahora les queremos preguntar a ustedes que dirigen la policía y la Fiscalía, respectivamente: Ustedes, como máximos responsables de las investigaciones, ¿qué pasó en Opico? ¿Por qué motivo fueron atacados los 8 trabajadores? Luego de un mes, ya queremos saber más detalle: ¿Quiénes y en cuál cárcel ordenaron la masacre? ¿Por qué vía de comunicación la ordenaron y cómo les consta? ¿Hay grabaciones? ¿Hay testigos? Y si no los hay, ¿cómo les consta a ustedes quiénes ordenaron la masacre?

Y otra pregunta más central: ¿Si ustedes saben quiénes ordenaron la masacre, y de esto tienen pruebas, cómo es que no saben quienes recibieron y ejecutaron la orden? Porque a la fecha no hay detenciones por la masacre, no hay acusaciones, ni de pandilleros dentro o fuera de los penales?

Como consecuencia de Opico, ustedes tomaron la decisión de trasladar a 299 pandilleros presos a un nuevo centro de detención de alta seguridad que acondicionaron en el penal  de Quezaltepeque. Pero ninguno de los 299 ha sido acusado de haber dado las ordenes para la masacre de Opico.

Tampoco ustedes han dado a conocer una teoría que con alguna lógica explicara porqué una pandilla haya decidido atacar y matar a los 8 trabajadores en Opico. Las víctimas no tenía relación con pandillas. La zona de la masacre no se encuentra en disputa entre pandillas. Nadie tiene teoría de un móvil que vincule a una pandilla a este crimen.

Pero sí, la zona de Opico es un conocido centro de operaciones de contrabandistas y traficantes de  cualquier ilícito. ¿Ha encontrado la PNC o la FGR algún indicio que la masacre de Opico tenga relación con traficantes, por ejemplo que estos trabajadores tuvieron la mala suerte de ser testigos de algún operativo de narcos?

Mientras ustedes continúen usando la masacre de Opico para promover su agenda política, pero negándose a informar sobre lo que realmente han investigado, todas estas interrogantes quedarán sin respuestas.

Saludos,

e2b99-firma-paolo

CIDH pide cautela al ligar terrorismo con pandillas

País enfrenta dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

En audiencia. Howard Cotto, subdirector de la PNC, participó en las audiencias en Washington y reconoció el problema de violencia que tiene El Salvador.

En audiencia. Howard Cotto, subdirector de la PNC, participó en las audiencias en Washington y reconoció el problema de violencia que tiene El Salvador.

Héctor Silva Ávalos, 20 octubre 2015 / LPG

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose Marie Antoine, sugirió al Estado salvadoreño tener precaución al relacionar el término terrorismo con las pandillas juveniles. Lo hizo en el marco de la audiencia promovida por 12 organizaciones no gubernamentales para que El Salvador explique las medidas que ha tomado para lidiar con los desplazamientos internos de poblaciones generados por la violencia.

la prensa graficaAntoine aseguró que la petición de precaución surge porque otras experiencias similares sugieren que los Estados suelen poner énfasis en adolescentes pobres y marginados al aplicar este tipo de políticas represivas. “Y vemos que El Salvador es de los pocos países en la región que la tienen (este tipo de normativa)”, agregó la funcionaria.

“Al hablar de grupos terroristas y relacionarlos con estos grupos surge la preocupación de los adolescentes, que suelen ser más vulnerables ante estas políticas (de Estado)”, había dicho por su parte la comisionada para la niñez de la CIDH, Rosa María Ortiz.

Edgardo Amaya, responsable de atención a víctimas en el Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que no se trata de una política de Estado, sino de una consideración hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 24 de agosto reiteró la legalidad de la normativa antiterrorismo.

La sala consideró, en esa ocasión, que actividades criminales en las que las pandillas se han visto involucradas pueden considerarse terroristas. Amaya aclaró, no obstante, que el fallo no obliga a los jueces a aplicar el delito de terrorismo en casos contra pandillas. Poco antes de la resolución de la sala, la Fiscalía General salvadoreña había acusado a unos 300 jóvenes, supuestos miembros de pandillas, de terrorismo. Más de la mitad salio libre casi de inmediato.

El cuestionamiento sobre la tipificación de las pandillas como grupos terroristas fue parte de las respuestas que la presidenta Antoine y la comisionada Ortiz dieron al Estado en la audiencia por los desplazamientos internos producidos por la violencia en El Salvador. Pedro Martínez, en representación de las ONG que propusieron la audiencia, había dicho que el Estado salvadoreño “no reconoce” como problema el desplazamiento forzado de decenas de familias dentro del territorio nacional a causa de la violencia.

Abraham Ábrego, otro de los denunciantes, aseguró que el Estado, a pesar de contar con algunos planes de atención a víctimas, no tiene los recursos para echarlos a andar ni ha logrado ejecutar acciones efectivas para evitar los desplazamientos, que las 12 organizaciones demandantes cifraron en 280,000 personas obligadas a dejar sus casas en los últimos cuatro años (una cifra que el Estado no confirmó).

Muchos de los desplazamientos internos, aseguró Martínez, suelen culminar en migraciones transnacionales.

Howard Cotto, subdirector general de la Policía salvadoreña, reconoció el problema de violencia interno y enumeró varios programas de atención a víctimas.

Por su parte, Tania Rosa, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró que la mayor parte de las migraciones de jóvenes que han llegado a Estados Unidos procedentes de El Salvador durante el último año tiene como causa “el deseo de reunificación familiar” antes que la violencia.

Ayer, el Estado salvadoreño también escuchó reclamos en nombre de mujeres que cumplieron condenas o están presas, acusadas de homicidio agravado, por haber sufrido abortos espontáneos.

———-

“El país libra una batalla sin precedentes”: Howard Cotto

El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, fue el encargado de contestar en representación del Estado salvadoreño, cuestionado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no atender a las víctimas de desplazamientos internos provocados por la violencia.

Héctor Silva Ávalos, 20 octubre 2015 / LPG

El comisionado comenzó por describir la situación en El Salvador en términos épicos: “El Salvador libra una batalla sin precedentes contra el crimen. Es un problema histórico”, dijo parafraseando al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, quien usó palabras similares en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado.

Cotto atribuyó buena parte de la situación actual a políticas de seguridad fallidas que ejecutaron administraciones presidenciales antes de 2009, el año en que asumió el primer gobierno del FMLN. “El aspecto punitivo contemplado por políticas que se pusieron en práctica entre 1999 y 2009 no resultó efectivo. Estas políticas no detuvieron el fenómeno y más bien reforzaron los vínculos entre otros grupos criminales las pandillas”, dijo Cotto al aludir a las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura puestas en práctica por las administraciones de Antonio Saca y Francisco Flores, de ARENA.

El Estado salvadoreño, no obstante, no se refirió a la tregua de pandillas pactada durante la administración de Mauricio Funes, que permitió una reducción inédita de homicidios, y en la cual el Gobierno se presentó como “facilitador”.

El jefe policial aceptó que la violencia y los planes antidelincuenciales que ha puesto en práctica la administración de Salvador Sánchez Cerén “ha puesto más presión sobre las áreas urbanas” del país. El pasado 12 de octubre, el director general de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que para esa fecha iban más de 400 enfrentamientos entre policías y pandilleros.