hacinamiento

Carta a los ‘magníficos’ de la Sala de lo Constitucional. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 18 agosto 2016 / EDH

Muy estimados magistrados:
Ustedes sacaron en mayo de este año una sentencia que declaraba “la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ordénase el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.” Esta sentencia se basó en gran parte en consecuencias fatales de salud que causa la sobrepoblación de más de 300% que reina en el sistema penitenciario.

{Los que al leer esto reaccionan con el impulso de “y a mi qué me importa si estos malditos se mueren en las cárceles” les recomiendo dejar de leer el resto de esta carta, antes de que lleguen a alterarse por el hecho que el autor de la misma no esté preso por defender a pandilleros. Para los magistrados y para los lectores que no reaccionan de manera tan visceral, voy a seguir hablando de este tema, porque alguien lo tiene que hacer:}

La situación dramática en las bartolinas y los penales los llevó a ordenar “certificar esta resolución al Director de la PNC, al Director General de Centros Penales, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General de la República, a la Ministra de Salud, así como a todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, quienes deben monitorear continuamente la situación de tales personas, según sus competencias.” No sé si alguna de estas instituciones ha debidamente informado a la honorable Sala de las medidas que han tomado para que el estado de los penales deje de ser inconstitucional.

Sería interesante saber si el ministro Mauricio Landaverde y el director general de centros penales Rodil Hernández ha informado a la Sala que contrario a lo ordenado en su sentencia y a raíz de las ‘medidas extraordinarias’ decretadas en los penales, el estado de hacinamiento y de crisis de salud ha empeorado en vez de mejorar.

Tal vez, estimados magistrados, ustedes deberían tomar acciones concretas para verificar el cumplimiento de sus sentencia y la situación en los penales, en vez de confiar que las instituciones responsables les informen.

Una primera medida podría ser que la Sala ordene al ministro de Seguridad y a la ministra de Salud que el Programa Nacional de Tuberculosis pueda retomar su trabajo en los penales. Sobre todo en el penal de Quezaltepeque, donde a raíz de las medidas extraordinarias se han multiplicado los casos de tuberculosis. Para los que no están familiarizados con esta enfermedad: la falta de exposición al sol y ventilación de aire multiplica los riesgos de que los problemas respiratorios se compliquen.

Y a los que siguen manteniendo que no les importa la salud y la vida de delincuentes hay que decir: los rebrotes de tuberculosis, si Centros Penales y Salud no toman acción, se van a coinvertir en un problema de salud pública mucho más allá de los muros de las cárceles.

Con la entrada en vigencia de sus ‘medidas extraordinarias’, el gobierno ha suspendido al 100% la entrada a los penales de personal profesional del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Tuberculosis y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta medida no tiene sentido, porque la debida atención a la salud no puede ser considerada un problema de seguridad. La Sala, en seguimiento a su sentencia, debería pedir a instituciones imparciales y profesionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar las situación en los penales y hacer recomendaciones de cómo hacer cumplir la sentencia que declara inconstitucional el estado actual de hacinamiento. Y la Sala debería ordenar al gobierno no solamente de dar libre acceso a estos organismos, sino además de actuar sobre sus recomendaciones.

Si no hacen nada de esto, estimados señores magistrados, su sentencia quedará letra muerta. Saludos,

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Estado de cosas inconstitucional. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 6 junio 2016 / EDH

En una decisión sin precedentes en nuestro país, la Sala de lo Constitucional declaró en una sentencia de hábeas corpus que las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los reclusos en las bartolinas de la Policía Nacional Civil y en los demás recintos en los que se advierta dicha problemática (léase, todos los centros de detención y penitenciarios del país) constituyen un estado de cosas inconstitucional; el cumplimiento de penas de detención en esta situación vulnera los derechos a la integridad personal y salud de los recluidos.

El pronunciamiento de estado de cosas inconstitucional es un mecanismo que pretende estructurar una solución integral a una vulneración sistemática de derechos fundamentales de determinados grupos. Este tipo de pronunciamiento tiene su origen y desarrollo en la Corte Constitucional de Colombia con los casos de desplazamiento forzado, la cual ha establecido en su jurisprudencia los factores que deben concurrir para declarar un estado de cosas inconstitucional, entre ellos: la vulneración masiva y generalizada, repetida y constante, de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; la prolongada omisión de las autoridades diario hoyen el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; la adopción de prácticas inconstitucionales como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestarias necesarias para evitar la vulneración de los derechos; la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades para atender problemas de orden estructural; si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la vía judicial para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.

Las sentencias con este efecto tan amplio también tienen su fundamento en la dimensión objetiva de los pronunciamientos de cualquier Sala, Tribunal o Corte Constitucional; la interpretación hecha en una sentencia específica trasciende la simple transgresión de un derecho fundamental acontecida en un caso particular, y permite perfilar la correcta interpretación que las distintas autoridades y funcionarios de otros órganos de Estado deben darle a casos específicos para resolver los supuestos análogos que se les presenten. Uno de los elementos fundamentales de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional es que en la sentencia se ordena determinar las medidas que distintas entidades gubernamentales deben asumir para restablecer los derechos constitucionales de los afectados.

En el caso específico señalado al inicio, la Sala de lo Constitucional ha ordenado diversas acciones a las autoridades competentes e instituciones integrantes del Sector Justicia, entre ellas: deben ordenar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios o readecúen otros inmuebles estatales con características similares, por ejemplo, instalaciones militares, conservando siempre el modelo penitenciario previsto en la ley; realizar urgentemente una labor de actualización e identificación de aquellos internos que ya no deban continuar detenidos por cumplimiento de la pena o que pueden, conforme a la ley, disponer de beneficios penitenciarios; la Fiscalía debe decretar detenciones administrativas cumpliendo rigurosamente los preceptos legales; la Asamblea Legislativa debe establecer la competencia territorial de cada uno de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para que ejerzan control y vigilancia en las bartolinas policiales del país; la administración penitenciaria en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deben realizar visitas periódicas médicas en los lugares de reclusión para evaluar o resolver las necesidades sanitarias; entre otras que ordena la sentencia.

Para que el problema de la violencia sea superado, este debe ser tratado de manera integral. No basta con medidas extraordinarias dentro de los centros penitenciarios para tratar de controlar la violencia, sino que la represión del delito debe ser impuesta en las calles donde día a día los ciudadanos sufren diversos ataques. Además de lo anterior, es necesario que se aborden las áreas de prevención del delito y se fortalezcan los programas educativos y la  protección de las escuelas donde asisten niños y jóvenes de zonas vulnerables; también es imperativo que se aborde de manera completa el área de reinserción social, por lo que los centros penitenciarios deben contar con las condiciones para albergar y desarrollar programas orientados a la misma.

Vea aquí la sentencia sobre el hacinamiento