Fuerza Armada

Sombras del pasado. De Manuel Hinds

En los últimos días ha habido dos eventos que nos regresan como mínimo al Siglo XX y en realidad al Siglo XIX.

18 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY / OBSERVADORES

Dijo George Santayana que los que no pueden recordar la historia están condenados a repetirla. Hay signos muy claros que esto puede pasar en El Salvador, en donde hay mucha gente que no sólo está mostrando que no conoce la historia sino que además no puede distinguir la dirección del progreso de la del retroceso. En los últimos días ha habido dos eventos que nos regresan como mínimo al Siglo XX y en realidad al Siglo XIX.

El primer signo es la toma del Tribunal Supremo Electoral perpetrada por GANA y Nuevas Ideas con el pretexto de que creían que se estaba fraguando un fraude allí—supuestamente manifestado en que el color aprobado en las pruebas de imprenta para las boletas de votación no era el de GANA. Ellos dijeron eso a pesar de que un representante de GANA lo había aprobado. Esta queja fue solo un pretexto de GANA + NI para intimidar al Tribunal y a la ciudadanía con la amenaza de usar métodos violentos si no les gusta el resultado de las elecciones. Este asalto es un retorno al Siglo XIX y principios del Siglo XX, cuando los partidos se tomaban los puestos de votación para controlar los resultados de las votaciones.

El segundo evento fueron las declaraciones del Ministro de Defensa en las que amenaza con la intervención de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos del país. Estas declaraciones han sido muy criticadas porque evidencian una participación política del ministro, en nombre de las Fuerzas Armadas que son y deben ser apolíticas—críticas que el ministro ha contestado diciendo que él es el representante político de las Fuerzas Armadas por ser miembro del gabinete, y por tanto un político.

Esta defensa muestra que el problema es mucho más profundo, que el pasado al que está regresando es más arcaico y primitivo que lo originalmente pensado. El ministro no parece saber que el ejército no es un cuerpo deliberativo, y que no tiene ninguna legitimidad para ser representado políticamente. Según la Constitución, el único que puede ser representado políticamente es el pueblo. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas son y deben ser obedientes y, como corresponde a todas las Fuerzas Armadas profesionales, no está en ellas el poder de cuestionar las órdenes del verdadero Comandante General de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, y que, aunque fuera un militar, no ejerce su puesto ni habla en nombre de los militares sino del pueblo, que es el verdadero soberano. El ministro no es más que el representante de la autoridad civil, el Presidente, que manda sobre las Fuerzas Armadas. Y en esta función, el que lo puede remover no son los militares (que sería el caso si él los representara) sino el Presidente mismo.

En sus declaraciones el ministro evidencia que él cree que él es el soberano, como lo creían los militarones del Siglo XIX, o como mínimo, que los soberanos son los militares en su conjunto, como casta privilegiada, y que ellos, por habérseles confiado las armas, pueden juzgar si algo es o no un fraude (que le toca al TSE), Constitucional o no (que le toca a la Sala de lo Constitucional) y que pueden tomar acción en estas cuestiones por su propia decisión y darse golpes de estado entre ellos—que es lo que los militares del Siglo XX creían y hacían.

El problema no está en que el caudillo de GANA + NI y el ministro crean esto sino que el pueblo permita que actúen sobre estas creencias con tomas y con amenazas al pueblo de que si no votan como ellos quieren van a retornar al país al pasado terrible de prepotencias basadas en la posesión de las armas, y de las tiranías sostenidas sobre acciones violentas y sobre la presunción de que los soberanos en este país no son los ciudadanos sino los caudillos y los militares que los mantienen a base de fusiles y bayonetas. La ciudadanía no debería permitir estos retornos al pasado.

El General. De Cristina López

26 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Ayer mi abuelo paterno habría cumplido 116 años. Vivió hasta los 97 y aunque solo coincidimos cerca de una década en este mundo, los honores que recibió durante su entierro me dejaron a mis 11 años la sensación de que más allá de quedarme sin abuelo, era El Salvador también que acababa de perder a un grande. Se le reconocía en ese momento su legado como pionero de la aviación salvadoreña, habiendo sido de los primeros en surcar los cielos al servicio del país. Una escuadrilla de 4 Cessna sobrevoló el entierro en el Cementerio General en orden impecable y mientras sus restos mortales eran sumidos bajo tierra uno de los aviones se separó del grupo elevándose al infinito hasta que lo perdimos de vista mientras los demás seguían su curso. Un último adiós simbólico al General Gustavo López Castillo.

Era de pocas palabras y contaba poco. Lo que sé lo sé por las historias que nos contaba mi papá. Nunca se me olvidan, en específico, aquella sobre cuando en los 20 participó en un tiroteo en San Salvador contra alumnos militares sublevados, episodio que le dejó un balazo en la rodilla. O de la vez que, por su altura arriba del promedio y complexión clara chalateca, una vez lo confundieron con el piloto estadounidense Charles Lindbergh cuando vino de visita a El Salvador en 1928, luego de completar el primer vuelo trasatlántico pilotado por una sola persona.

Pero fuera de las aventuras militares, los méritos del general son los del día a día, en la disciplina en lo ordinario. El General se levantaba a la misma hora todos los días y es por su ejemplo de disciplina constante que en mi casa, el desorden, exceso de pereza, o falta de colaboración siempre se catalogaban —medio en broma y medio en serio— como “falta de espíritu militar”. La referencia era al espíritu militar del General, que siempre dijo que sí al servicio público y le dedicó al país su carrera profesional: tanto como General en la Fuerza Armada, como en el servicio civil luego de su retiro, sirviendo como Gobernador Político del departamento de San Salvador y luego como Director General de Correos en los Cincuenta.

Mucho se puede debatir sobre el rol de las fuerzas armadas en una república democrática, y aún más sobre las maneras en las que, en El Salvador post-Acuerdos de Chapultepec, los líderes del Órgano Ejecutivo de nuestro país han ejercido su poder como Comandante General de la Fuerzas Armada. En específico porque, como parte de esos Acuerdos de Paz, se recalcó que el objetivo de la institución sería “la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio”. Además, se agregó la aclaración del carácter de obediencia, profesionalidad, no política y no deliberancia.

Me hubiera encantado tener la oportunidad de debatir y preguntarle al General su opinión sobre las maneras en las que el carácter de la Fuerza Armada se ha abusado al ponerlas al servicio del combate al crimen doméstico, como ejecutora de regímenes de excepción para preservar la seguridad pública (algo que debería permanecer en manos de civiles) y no en nombre de la defensa nacional. No tengo idea de cuál habría sido su opinión sobre el envío de nuestras tropas a pelear guerras nunca justificadas en nombre de nuestras alianzas con naciones más poderosas. Tampoco sé qué habría opinado si hubiera oído a cierto candidato decir que desde la presidencia, no habría nadie que pudiera detener al poder popular porque sería él el comandante general de las fuerzas armadas y podría hacerlas marchar en su defensa a la Asamblea para garantizar que se legisle de acuerdo a sus posiciones, desplegando un autoritarismo de caricatura en pleno siglo XXI. No me queda duda de que en su espíritu militar, habría dicho, como siempre, sí a cualquier cosa que fuera a favor del servicio de la República. Ojalá que como el General, más ciudadanos respetaran el servicio público como servicio a la República, en vez de ver el servicio público como auto-servicio.

@crislopezg


Un ministro de defensa civil. Columna Transversal de Paolo Luers

Si las recientes declaraciones del general David Munguía Payés las hubiera dado un ministro civil al cargo de Defensa, hubiera sido un evento normal dentro del marco del debate político. Un miembro del gabinete de gobierno interviniendo en el debate de los temas políticos del día, aun los controversiales, no despierta alarmas, es normal y no revive el fantasma del militarismo. Un ministro uniformado sí.

10 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

Si analizamos fríamente las declaraciones de Munguía Payés, abstrayéndolos de la puesta en escena marcial en que las dio, no resultan tan descabelladas, y ciertamente no amenazantes. ¿Qué dijo en esencia? Hizo un llamado a las instituciones del Estado, incluyendo Fiscalía y Tribunal Supremo Electoral, a actuar responsables y no usar su poder arbitrariamente para obstaculizar la participación electoral de un determinado candidato presidencial. No tuvo que decir el nombre, todo el mundo entendió que estaba hablando de Nayib Bukele. Dijo que decisiones arbitrarias en materia electoral pueden provocar convulsiones sociales e incluso manifestaciones, que pueden desbordar en violencia. Dijo que la PNC se puede ver obligada a intervenir y, en consecuencia, también la Fuerza Armada, que está desplegada en tareas de seguridad pública.

Es una advertencia que muchos comparten y ha sido expresada por políticos de diferentes partidos, voceros de grupos ciudadanos, y columnistas. Por mi parte, he públicamente expresado que no es correcto querer detener a Nayib Bukele dilatando la inscripción de Nuevas Ideas como partido político, ni con la suspensión extemporánea de Cambio Democrático, ni mucho menos armándole líos penales. Para mí, Bukele representa un peligroso populismo que trata de convertir en antipolítica el descontento de amplios sectores de la población —y la única forma eficiente de derrotarlo es en elecciones libres y justas. Hasta los contrincantes directos de Bukele, los candidatos del FMLN y de ARENA, han expresado lo mismo. En esta situación, el llamado de un ministro a “fair play” electoral no está fuera de contexto.

Lo que está fuera del contexto no es el contenido, sino la forma. Lo que choca no es que un miembro del gabinete de gobierno haga esta advertencia, sino el hecho de que es militar activo, hablando a nombre de la Institución Armada. Lo que más choca es la puesta en escena: el ministro uniformado, rodeado de sus generales, en una ocasión incluso todos fusil en mano y con cara pintada de comandos. Esta forma despierta miedos, porque nos recuerda a las conferencias de prensa de La Tandona en medio de la guerra, cuando sí tuvimos una Fuerza Armada encima de las instituciones civiles.

Mi amiga Erika Saldaña analizó en las páginas de este Diario que las declaraciones de Munguía Payés riñen con los principios de la Constitución, que dicta que la Fuerza Armada tiene que ser apolítica y no deliberante. Y tiene razón, porque tenemos a un militar activo como ministro de Defensa. Por tanto, cuando él habla (y sobre todo cuando habla fusil en mano y rodeado de sus generales), se entiende que está hablando la Fuerza Armada.

“Ojalá que el próximo presidente tenga la sabiduría
de nombrar un civil como ministro de Defensa”

Este incidente es una razón más para romper con la tradición de tener un Ministerio de Defensa de puros oficiales, sin autoridades civiles. Ojalá que el próximo presidente tenga la sabiduría de nombrar un civil como ministro de Defensa.

Un ministro de Defensa civil perfectamente puede llevar a debate público las complicaciones que malas decisiones del poder civil podrían tener sobre el rol de la Fuerza Armada. Podría hablar de lo delicado que es para las FF. AA. el uso permanente que el poder civil está haciendo de ellas en tareas de represión del crimen. Y podría hacer advertencias como las que hizo Munguía Payés —sin comprometer el carácter apolítico de las FF. AA. El papel de un el ministro civil al cargo de Defensa sería administrar las relaciones entre política y FF. AA., entre opinión pública y FF. AA., entre conflictos sociales y FF. AA. (De paso sea dicho: Igual urge romper con la práctica del actual gobierno de entregar al Ministerio de Seguridad a oficiales de la policía, porque significa debilitar o incluso suspender la supervisión civil sobre la PNC).

Algunos le criticaron al ministro de haber exagerado el peligro de convulsiones sociales. Pero, ojo: la manera como inmediatamente Bukele retomó el tema parece darle la razón al general. Un día después de las declaraciones del ministro, el 31 de julio, Bukele escribió en Twitter: “Ya no vamos a bajar la cabeza, no vamos a volver a poner la otra mejilla. Al próximo bloqueo, nos vamos a las calles, sépanlo. La responsabilidad de lo que pase caerá únicamente sobre ustedes”. Y para que a nadie le quedara duda, en un siguiente tuit invocó el derecho a la insurrección que da el artículo 87 de la Constitución en caso de alteración del orden constitucional.

Esto es lo que el ministro estaba advirtiendo. Y además, otra cosa que sus críticos pasaron por alto: si esto pasa, la Fuerza Armada no se va a quedar de brazos cruzados, sino defender el orden constitucional. Como debe ser.

La institucionalidad sobre la fuerza. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

7 agosto 2018 / El Diario de Hoy

La Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Eso dice la Constitución y así lo deberían entender los miembros de la misma. Las declaraciones dadas por el Ministro de Defensa el pasado 31 de julio son realmente preocupantes. Manifestó que “la situación política en el país le importa a la institución armada”, “las decisiones políticas que se toman siempre tienen una repercusión en la sociedad y una mala decisión puede decantar en problemas de carácter social”, “nosotros como Fuerza Armada debemos monitorear todo el escenario político”. Agregó que la tensión social que genera el ambiente político compromete la actuación de la Fuerza Armada. Esto es inaceptable.

¿Cómo es posible que el Ministro de Defensa diga que esperan que las instituciones del Estado relacionadas con el sistema político “actúen en forma correcta”? ¿Es ahora el Ministro de Defensa quien decide la legalidad o ilegalidad en el ámbito electoral? ¿A quién investiga la Fiscalía General y a quién no? ¿Cuál resolución es válida y cuál no? Es que ni siquiera en una protesta por un descontento político debería intervenir la Fuerza Armada, para eso están las instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional Civil.

Las Fuerzas Armadas tienen como misión primordial la defensa nacional. Esto significa —según lo dicho por la Sala de lo Constitucional— que esa institución está a cargo de garantizar la seguridad internacional del Estado, para protegerse de agresiones externas que pongan en peligro la soberanía, la independencia y la integridad del territorio; se trata de actividades y políticas públicas que se realizan con el objetivo de evitar y rechazar eventuales ataques que se pudieran recibir de otros países, de fuerzas externas o por graves conflictos armados internos. Nada tiene que ver las coyunturas políticas y los temas electorales en sus funciones.

En El Salvador ya vivimos una guerra civil producto de las desigualdades sociales y la lucha por el poder político. Esto dejó muchísimo daño y es impensable volver a la inestabilidad política y social de esa época. Resulta inaceptable, desde cualquier punto de vista, que el Ministro de Defensa insinúe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en el ámbito político teniendo como base una insatisfacción o desacuerdo con las autoridades electorales.

Uno de los contenidos medulares de los Acuerdos de Paz fue la desmilitarización. Parafraseando dichos Acuerdos, la jurisprudencia constitucional señaló que “el enfrentamiento armado salvadoreño dejó como lección política la clara idea de que los conflictos bélicos internos no se solucionaron mediante la vía militar. Por el contrario, se comprobó que la represión militar institucionalizada ejercida sobre la sociedad puede incubar mayores niveles de violencia en determinados grupos, y desatar las más execrables violaciones de los derechos fundamentales de la población en general”. Ahora existen los mecanismos legales e institucionales que permiten solucionar conflictos sin necesidad de que entre en el escenario la Fuerza Armada.

El diseño institucional de nuestro país ha repartido las funciones primordiales en distintas entidades. La máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Estemos de acuerdo o no con las decisiones que emiten, estas deben ser acatadas y en caso de inconformidad existen los mecanismo legales para rebatir la decisión que han tomado. Sugerir la intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos demuestra un desconocimiento del funcionamiento de las instituciones del Estado y del avance que hemos tenido después de los Acuerdos de Paz.

El general Munguía Payés, como Ministro de Defensa, debería tener más cuidado con la forma en que se expresa. Al encontrarse frente a las fuerzas armadas no puede siquiera sugerir la intervención de esta institución por un asunto puramente político. Su apoyo debe ser estrictamente en el ámbito de la defensa nacional y de apoyo subsidiario a la seguridad pública. Si se trata de salvaguardar los procesos democráticos y electorales, para eso fue creado el Tribunal Supremo Electoral.

Los ojos de la sociedad deben estar puestos sobre el actuar de la Fuerza Armada. El Ministro de Defensa debería enfocar sus esfuerzos en la colaboración a la Policía Nacional Civil por el desborde delincuencial, y no estar sugiriendo la participación de la institución que dirige por descontentos políticos. En El Salvador hemos avanzado en democracia e institucionalidad; la exclusión de los militares en la vida política fue uno de los legados de los Acuerdos de Paz. Ni un paso atrás.

Carta a los colegas periodistas: Cuidado, no son loros. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 27 febrero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados colegas:
El sábado pasado desayuné con el siguiente titular de La Prensa Gráfica: “ALTO MANDO MILITAR LIGADO A CRÍMENES”. Al abrir el periódico, encuentro la nota, esta vez titulada así: “ESCUADRÓN DE EXTERMINIO EN LA FAES CON AVAL DEL ESTADO MAYOR”.

Para que un periódico acuse al Alto Mando y al Estado Mayor de la Fuerza Armada de esta manera, tiene que tener buenas razones y buenas pruebas.

Pero lo único que tenían fueron alegatos de la fiscalía, en el caso contra tres oficiales de la Fuerza Armada recién detenidos. Repitieron el error usual: Asumir las acusaciones de la fiscalía como hechos, y las pruebas presentadas por la fiscalía como comprobadas.

Hubieran tenido que titular así: FISCALÍA ALEGA QUE…

logos MAS y EDHAl leer la nota completa, uno se da cuenta que los oficiales son acusados de “asociarse con civiles, para favorecer a ocho miembros del área de inteligencia del Ejército que privaron de libertad y torturaron a dos jóvenes en Apaneca.” O sea, la fiscalía acusa a los 3 oficiales de encubrimiento, pero aprovecha el escrito de acusación para hablar de un grupo de exterminio, de asesinatos – y de la complicidad del Estado Mayor y del Alto Mando en todo esto.

Es raro, ¿verdad? Debe llamar la atención a un periodista que la fiscalía dice tener pruebas de algo tan insólito que un escuadrón de muerte militar que opera con aval de la cúpula de la Fuerza Armada, pero sin acusar a nadie de este delito grave. Esta es la primera incongruencia que un periodista debiera haber señalado.

En esta circunstancia, sin que exista una acusación formal de la fiscalía sobre tales delitos, salir con un titular que señala al Alto Mando militar de estar ligado a crímenes y haber avalado operaciones de exterminio, es una decisión editorial muy atrevida. Y muy irresponsable.

La maña de muchos fiscales de meter en sus alegatos de contrabando acusaciones que van mucho más allá de lo que formalmente acusan, y que además comprometen a personas que no están siendo acusados ante los tribunales, debería llevarnos a los periodistas a señalar esta práctica y pedir explicaciones a la Fiscalía General. Es inaceptable que los medios lo reportan como si fueran hechos comprobados. Si un medio asume estos señalamientos de la fiscalía, y los reporta de forma afirmativa, se hace culpable de calumnia.

Ningún periodista se fijó en el hecho que nuevamente la fiscalía estaba violando la ley que prohíbe usar grabaciones obtenidas por intervención telefónica fuera del plazo que la ley establece. Por suerte la jueza sí se fijó y desechó todas las grabaciones. Ella puso en libertad a los tres oficiales, y solo admitió la acusación de encubrimiento.

Habrá un juicio, pero no será contra el Alto Mando, tampoco contra el Estado Mayor, tampoco por la existencia de un grupo de exterminio avalado por la cúpula militar. Precisamente los alegatos que LPG convirtió, de manera afirmativa, en titulares ya quedan desechados por la jueza. Lo mínimo que debería hacer este medio es rectificar su error.

Y lo mínimo que los periodistas tenemos que hacer es ser responsables con tanta cosa que la fiscalía nos quiere servir en bandeja de plata.

Saludos,

44298-firma-paolo

 

Basta. De César Castro Fagoaga

“Varios agentes policiales, quienes se le acercaron, lo insultaron y le expresaron ‘te vas a morir’, tras lo cual le dispararon varias veces”, dictaminó el informe de la PDDH sobre la ejecución de un hombre.

cesar castro fagoagaCésar Castro Fagoaga, 16 agosto 2015 / LPG

Esta semana mataron a un hombre. No debería llamar la atención –se sabe, somos inmunes– pero este homicidio fue particular porque nadie quería saber del cadáver. Ocurrió en un municipio de San Salvador, durante la noche, mientras él y otros estaban sentados en una acera. Su familia pasó las horas siguientes en un calvario: ninguna funeraria del municipio quería preparar el cuerpo, pues temían que el crimen estuviera relacionado con alguna pandilla y que el negocio terminara rafageado. Una funeraria que no acepta muertos, el miedo invade hasta a los que conviven con la muerte.

No es todo. El hombre murió en un fuego cruzado, según la versión oficial que llegó a la redacción: un grupo de pandilleros se enfrentaba a tiros con un grupo de policías. Lo de todos los días desde hace varios meses. Las balas alcanzaron al hombre que estaba sentado con sus amigos, un tipo que nada tenía que ver con las pandillas. Solo estaba sentado fuera de su casa, en una colonia donde, desgraciadamente, las pandillas mandan.

Me encantaría equivocarme pero, a juzgar por lo visto en los últimos meses, la cantidad de bajas y errores colaterales de esta guerra que ahora nos atañe no ha parado de aumentar. En la última semana, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha dado a conocer dos informes que muestran que los cuerpos de seguridad del Estado han cometido arbitrariedades y abusos en su lucha contra las pandillas.

El 6 de agosto, un niño de cinco años recibió un disparo en la cabeza en un supuesto enfrentamiento entre pandilleros y militares en una colonia de San Salvador. Sin embargo, la investigación de oficio de la PDDH determinó algo totalmente diferente: ni hubo enfrentamiento y el disparo salió del rifle de un militar que, al ver correr a otro niño de 12 años –con discapacidad mental, según la PDDH–, decidió halar el gatillo para desaparecer cualquier amenaza. No había ni pandilleros cerca.

Un mes antes, el 5 de julio, un sargento del Cuerpo de Agentes Municipales de Cojutepeque murió en lo que en ese momento se calificó como un “confuso tiroteo”. El sargento Celso Hernández caminaba en la noche en la Panamericana para buscar a su hija que trabajaba en una gasolinera. Un grupo de pandilleros lanzó una granada, la policía persiguió a dos supuestos responsables y en el camino se topó con el sargento Hernández. La policía dijo que murió en un fuego cruzado, pero desde ese momento su hija dijo que el sargento había sido asesinado por la policía. La PDDH apunta lo mismo en un informe divulgado este viernes: agentes policiales lo ejecutaron. “Varios agentes policiales, quienes se le acercaron, lo insultaron y le expresaron ‘te vas a morir’, tras lo cual le dispararon varias veces”, dictaminó el informe de la procuraduría.

Los colegas del periódico El Faro, además, han documentado dos casos de abusos y aparentes ejecuciones sumarias de parte de miembros de la Policía. Por esas publicaciones, en lugar de recibir muestras de preocupación ciudadana ante el deterioro de las autoridades llamadas a preservar la seguridad pública, los colegas han sido amenazados.

Esto es grave, muy grave. Estamos viviendo días decadentes, presenciando en directo, desde la comodidad de nuestra indiferencia, la degradación más pronunciada de la sociedad. Este país, con una guerra de 12 años que aún lo despierta por las noches, no puede darse el lujo de ceder un centímetro a las arbitrariedades de sus cuerpos de seguridad. El arcadas deberían hacernos reflexionar. El combate contra las pandillas es fundamental, pero no a cualquier costo. Contra los responsables –pruebas en mano– de delitos, no contra civiles ni periodistas. Si perdemos la institucionalidad, perdemos todo. Y entonces nos volveremos a arrepentir. Otra vez.

Ya no encuentro cómo decirlo. De Mauricio Vargas

Debo confesarles, ya no encuentro cómo decirlo. 

Mauricio Vargas, general retirado y diputado

Mauricio Vargas, general retirado y diputado

Mauricio Vargas, 8 agosto 2015 / EDH

No sé si en la sociedad política nos damos cuenta de lo que está pasando, hemos perdido la sensibilidad hacia la población o es que ya no existen buenos salvadoreños o nos hemos convertido en antipatriotas. Nos hablan mucho de dialogar, de consensar, pero realmente lo que encuentro es diálogo de sordos o ciegos, las palabras salen y ya no entran por un lado y salen por otro, sino que, en la entrada les rebotan antes de entrar. Aquí no se logran los votos, manda la correlación de fuerzas o la aritmética legislativa, no impera la razón.

En lugar de buscar soluciones oigo excusas. En lugar de asumir responsabilidades, ponen a otros a actuar o a hablar. Nunca he podido escuchar: “perdón, me he equivocado”.  Predominan las ideologías o los colores partidarios. Me recuerda el libro de Vargas Llosa “La dictadura perfecta”.

También quiero decirles ánimo, no todo está perdido, porque todo se hace con el pueblo, sin el pueblo nada, aunque las conductas son repetitivas y cada día estamos en camino a una crisis más grande, NO CLAUDICAREMOS. Sabía que habían problemas al entrar a la trinchera política, nunca me imaginé que el combate fuera tan incruento: he encontrado un estilo particular de hacer política en lugar de enfrentar con seriedad los problemas, PERO NO ME CONTAGIARÉ.  No voy a caer en banderas políticas, no voy a caer en ideologías ni voy a encontrar todo lo malo en mi adversario político. ¿Qué he encontrado? Sencillo, hemos dejado atrás la cultura del talento, la meritocracia y se ha dado paso al amiguismo. Se prioriza al flojo y se hace a un lado al emprendedor. Se han creado plazas para activistas políticos, matando la esperanza de jóvenes.

Veo muchas cosas fuera de la influencia política y de los partidos, que es lo que realmente se requiere.  Les cuento lo de ayer.  ¿Dónde queda el discurso que dieron?

AYER NO FUE POSIBLE por todas estas circunstancias que se discutiera en el plenario el bono para 6,300 soldados que apoyan la seguridad pública, no es posible, no es aceptable que personas expongan en riesgo sus vidas en sus labores, se favorezca a unos y se discrimine a otros, es decir, se otorgan beneficios a personal que corre igual riesgo y hace la misma actividad.  Se negaron a discutirlo en la plenaria para ocultar su verdadera posición, eso se llama fariseísmo político y las razones que dieron a ello se llama fariseísmo jurídico, en otra oportunidad continuaré una explicación mayor.No me van a coartar mis derechos de diputado ni me van a callar en defensa de las causas justas.

Presentaré a la brevedad el recomendable al Ministerio de Hacienda para que se desarrolle esa transferencia y se haga justicia e igualdad a nuestros soldados.