Fisca General

La Corte Suprema y el Fiscal General que necesitamos. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

13 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A mediados de 2015, la Corte Suprema de Justicia adoptó un acuerdo que, en perspectiva histórica, evidenció ser uno de los más importantes de los últimos años: entregar a un ciudadano solicitante la primera versión pública de la declaración de probidad de un funcionario, atendiendo una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que vino después era previsible: en el resto de ese año se tramitaron miles de solicitudes de acceso a la información en las que se pedían declaraciones de varios funcionarios, las más frecuentes referidas a los diputados y a los últimos presidentes de la República; como también era de esperar, se solicitó por los ciudadanos la realización del examen o auditorías de tales declaraciones, para determinar la existencia o no de enriquecimiento ilícito.

Nuevamente por intervención del IAIP, y luego de concluir que se trataba de una obligación impuesta por la Constitución, cuyo incumplimiento se daba por constatado, la Corte ordenó realizar las correspondientes auditorías y así, en el último trimestre comenzó el primer juicio de enriquecimiento ilícito de nuestra historia, relativo a un directivo de la Asamblea Legislativa. Luego vinieron más casos el año 2016, en que se realizaron más exámenes de cuentas y, como consecuencia de ello, se ordenó los respectivos juicios de enriquecimiento ilícito para dos presidentes de la República, diputados, titulares de instituciones autónomas, un ex-Fiscal General de la República, alcaldes y varios funcionarios judiciales, incluido un expresidente de la Corte Suprema.

El actual Fiscal General, Douglas Meléndez, decidió recién comenzaba sus funciones que ejercería la acción civil en todos los juicios de enriquecimiento ilícito ordenados por Corte Plena. Así, respecto del expresidente Francisco Flores, ejerció la acción de extinción de dominio, y en la mayoría de los otros casos, también la acción penal, como consecuencia de las cuales atribuyó al expresidente Saca haber desviado alrededor de 300 millones de dólares, y al expresidente Funes alrededor de 350 millones de dólares.

Luego de tal acción coordinada de las instituciones encargadas de asegurar la transparencia y probidad, y combatir la corrupción, ahora hay un expresidente de la República condenado en vía penal y otro en vía civil, este último también siendo objeto de procesamiento penal. Y mientras en la Asamblea Legislativa se entrampa la renovación de un tercio de la Corte Suprema de Justicia, que involucra casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional, se ha abierto el proceso para definir si se reelige al actual titular o se elige un nuevo titular en la Fiscalía General de la República.

La corrupción ha provocado graves perjuicios a la economía nacional y es una forma de violar derechos fundamentales, pues distrae recursos que permitirían afrontar las carencias en salud, educación, medio ambiente, seguridad pública, etc. Una institucionalidad fuerte, a cargo de titulares conscientes de las atribuciones y competencias atribuidas por el ordenamiento y dispuestos a asumir el reto histórico que tienen entre manos, puede hacer la diferencia para superar dicha situación.

El proceso de elección de los titulares de las instituciones encargadas de garantizar la probidad, transparencia y combate a la corrupción no es solo de interés para los diputados, quienes realizan formalmente la elección; también es de interés de los ciudadanos, pues al proteger la hacienda pública al final se protege el patrimonio de todos.

Si vemos el rol de tales instituciones solo desde la perspectiva del combate a la corrupción se concluye que de la buena o mala elección de la Corte Suprema y de la renovación o reelección del actual titular en la FGR depende que los ciudadanos ganemos o perdamos en la lucha contra la corrupción.