financiamiento de partidos

El “destape” del financiamiento político… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 junio 2016 / EDH

La regulación del financiamiento político continúa enfrentando serios obstáculos para su adecuada fiscalización. Los partidos se niegan a entregar la información; las sanciones que podría imponer el Tribunal Supremo Electoral a las fuerzas políticas por incumplir las normas que rigen los controles del dinero que reciben son insignificantes; y la Corte de Cuentas de la República informó recientemente que no auditó el aporte económico que les suministró el Estado, conocido como “deuda política”, con el que se pagaron los gastos de las campañas electorales desde 1994.

diario hoyEn reiteradas ocasiones hemos sostenido que la democracia tiene un costo. Organizar elecciones, promocionar candidatos y anunciar las promesas y acciones para resolver los problemas requiere de grandes inversiones financieras. La compra de espacios en la televisión, de pautas en la radio y de anuncios en los periódicos necesita de millones de dólares. Bien utilizado, el presupuesto de los comicios permite el desarrollo ordenado de los procesos electorales, impide la desigualdad de las condiciones en la competencia entre partidos, promueve el uso de la tecnología y  posibilita la participación, tanto de los institutos políticos de larga trayectoria como de los recién constituidos, en los que figuran segmentos poblacionales tradicionalmente excluidos.

Que la sociedad civil organizada insista en conocer el origen y el destino de los fondos cedidos a los postulantes a cargos de elección popular y a los “vehículos” que les sirven para obtener el poder no es ningún pecado. Los grupos ciudadanos que intentan transparentar las finanzas partidarias persiguen alcanzar por lo menos tres objetivos: evitar la inyección de dinero ilícito en las campañas; detectar el conflicto de intereses entre los donantes y los que terminan ganando las elecciones; y exhibir el posible lavado de dinero por parte de quienes, más que interesados en representar a la población, pretenden hacer de los comicios su negocio personal.

El caso de “cooptación del Estado de Guatemala” es un buen ejemplo de aquellas conductas delictivas que se descubren cuando se aplica un examen riguroso de los financistas de las campañas y del uso que hacen los candidatos de los recursos que perciben. Resulta que, de acuerdo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia, destituidos posteriormente de dichos cargos y ahora procesados por diversos delitos, crearon “todo un entramado de empresas para captar fondos”, recibiendo flujos de dinero de los grandes canales de televisión que después fueron beneficiados con contratos millonarios a partir de la toma de posesión de la fórmula Pérez-Baldetti.

Otra de las modalidades utilizadas en el país vecino fue la “simulación del origen del financiamiento” reportado a la autoridad electoral guatemalteca. Con esta finalidad, “el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña que provenía de empresas y personas particulares cuyo origen se ocultó” a través de las empresas constituidas por testaferros de la fórmula presidencial.

Quienes han estudiado los distintos mecanismos para inspeccionar el financiamiento de las campañas, coinciden en que no debe “demonizarse” el uso del dinero en la política. También señalan que este constituye “la leche materna” de los partidos políticos. Su supervisión legal y la exigencia ciudadana para mostrar las cantidades que adquieren de personas naturales o de empresas, y el empleo que se hace de ese patrimonio, no suponen ni deben entenderse como un rechazo al patrocinio de las fuerzas políticas ni a la importancia que conlleva su existencia para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Por el contrario, revelar esta información de manera voluntaria, contribuiría a elevar la credibilidad de quienes diputan el poder político y terminaría con el morbo que produce, aquí, y en cualquier parte del mundo, la movilización de millones de dólares orientados a promover la imagen y los programas de gobierno.

El nuevo siglo ha enfrentado a los partidos tradicionales con las demandas de una sociedad cansada de mentiras y engaños. La ruptura del bipartidismo en Honduras y Costa Rica, los movimientos anticorrupción en Guatemala y Brasil, el debilitamiento del populismo en Venezuela y la irrupción de nuevas fuerzas políticas en España, demuestran que, si los políticos del siglo XX no cambian, los ciudadanos los sustituirán por una nueva generación de actores.

Defendiendo lo indefendible. De Humberto Sáenz Marinero

, 16 junio 2016 / EDH

Dale Carnegie decía que hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. El escritor estadounidense añadía que eso no solo limpia el aire de culpa y de actitud defensiva, sino que, a menudo, ayuda a resolver los problemas creados por el error cometido.

Como en toda actividad humana, el “arte de gobernar” no está exento de errores; de hecho en nuestro país los vivimos y sufrimos todos los días. Pero más que los errores en sí mismos, lo que nos está haciendo tremendo daño, es que estos nunca son reconocidos y que, lejos de eso, los yerros intentan ser disfrazados o justificados con argumentaciones que solo dejan entrever que a los ciudadanos nos están subestimando feo.

diario hoyNo hay manera de defender el oscurantismo en que quieren permanecer los partidos políticos negándose a revelar sus fuentes de financiamiento. ARENA dice que es fiel cumplidor de la ley pero que al mismo tiempo le tiene sin cuidado lo resuelto por la Sala de lo Constitucional cuando esta dice que la información debe ser revelada. El FMLN, por su parte, se atreve a sostener que tras la petición de información, se esconde una mal sana intención y denuncia presiones internas al Tribunal Supremo Electoral.

Es la acción de la ciudadanía la que está presionando y la que lo seguirá haciendo hasta que se entienda que las exigencias de transparencia no tienen marcha atrás.

Tampoco hay manera de defender el hecho de que los partidos políticos hayan estado dispuestos a tolerar y alentar, que algunos de sus miembros sostengan con las pandillas, conversaciones o negociaciones o diálogos o reuniones sociales, o como quieran llamarle, con fines eminentemente electorales. Con una mal entendida lealtad partidaria, los partidos políticos están excusando adentro de sus propias filas, prácticas que visceralmente atacan en su adversario; las negociaciones con pandillas es tan solo un ejemplo de ello.

Lo mismo acontece con las investigaciones iniciadas hace unos días. La presunción de inocencia es fundamental en cualquier Estado de Derecho y por supuesto que los funcionarios también gozan de esta presunción. Pero no es posible que cada vez que surge una investigación contra “uno de los suyos”, la defensa inmediata sea la existencia de una persecución política o la confabulación de los parcializados medios de comunicación. Ya cansan con eso.

El tráfico de armas es indefendible, como indefendible es la utilización de bienes o fondos municipales con fines ilícitos. No es a fuerza de comunicados y muestras de solidaridad partidaria que las imputaciones quedarán desvanecidas; si son inocentes de los hechos que se les imputan, tendrán oportunidad de comprobarlo.

La incapacidad para reconocer errores y los esfuerzos por minimizar su impacto, están llegando a unos niveles que asustan. Es difícil entender que luego de más de dos años de gobierno, el Presidente no haya reconocido que varios de sus ministros y representantes de otras instituciones, deben ser removidos de sus cargos.

Ocultamiento de información, notoria incapacidad, abusos de autoridad, inadecuado manejo de los bienes públicos y despilfarro, han quedado a la vista de todos sin consecuencia alguna. No es que estemos pretendiendo que todo salga bien o que todo se haga conforme nosotros pensamos que debe hacerse; tan solo pedimos que en los casos más evidentes –que son varios-, se adopten los remedios correspondientes.

La defensa de lo indefendible ha llevado a tildar de normal el gasto en opíparas comidas y costosas bebidas, bajo el pretexto de que con ellas se atiende a inversionistas o se participa en capacitaciones. Utilizando el repetido argumento de que así ha sido siempre, se organiza una supuesta rendición de cuentas en que las invocaciones a Baco se presentan como algo natural a la función pública.

Ese mismo afán ha llevado a situaciones en las que, quién sabe con qué intenciones, se defiende un grave caso de contaminación, argumentando que al ser comestible la melaza y pretender comprobarlo así en un medio televisivo, nada pasa si esta es derramada en toneladas y sin con ello mueren cientos de animales o se afectan decenas de pobladores de la región. Una verdadera muestra del desprecio a la inteligencia de la ciudadanía.

No defiendan lo indefendible. Al pueblo pan y circo, se decía en el imperio Romano; con esas defensas, acá parece que solo abunda lo segundo.

Cómo funcionó la lavandería de los cheques de Taiwán: El Faro

Una publicación de El Faro, documentando en detalle la trayectoria de los cheques que pasaron por la mano del entonces presidente Francisco Flores y terminaron en las cuentas destinadas a la campaña electoral de Antonio Saca, parece dirigir la atención hacía un caso de lavado de dinero. En este caso, la investigación, necesariamente, tendría que extenderse a Tony Saca.
Segunda Vuelta

El Banco Cuscatlán de El Salvador se saltó el requisito de registrar en un formulario emitido por el Banco Central de Reserva la transferencia de los 10 millones de dólares donados por Taiwán usados para financiar la campaña presidencial del partido Arena en 2003-2004. Además, no hay registros de que al depositar los fondos en la cuenta de Arena el Cuscatlán haya alertado a la Fiscalía sobre la transferencia. Correos electrónicos del banco y otros documentos ayudan a entender cómo fue posible esto.

el faroEfren Lemus, 9 agosto 2015 / EL FARO

Una serie de correos electrónicos y notas elaboradas por ejecutivos del Banco Cuscatlán, que datan de hace más de 11 años, revelan cómo las millonarias transferencias que el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth (CEP) envió desde Costa Rica hacia una cuenta del partido Arena en El Salvador para financiar la campaña presidencial con dinero donado por Taiwán, burlaron los procedimientos obligatorios para acreditar el ingreso de dinero al país.

Cada vez que el área de operaciones internacionales del Banco Cuscatlán recibía una gestión de comercio exterior o una transferencia cablegráfica, los ejecutivos del banco usaban el sistema “Regional Electronic Message Systems” (REMS), donde ingresaban un mensaje “swift”, que generaba una notificación de ingreso de divisas de los bancos corresponsales. El procedimiento bancario establecía que cuando la transferencia fuera mayor a 5 mil dólares, el cliente debía llenar un formulario emitido por el Banco Central de Reserva (BCR) para explicar por qué y de dónde recibía los fondos. En las operaciones celebradas entre 2003 y 2004, se incumplió este paso y también se saltó lo establecido en la Ley contra el lavado de dinero y de activos.

En el papel, una vez que el formulario estaba completo, los datos se ingresaban a los registros del banco para que el dinero pudiera ser depositado en una “cuenta puente” para luego ser abonado al cliente. Sin embargo, las transferencias del CEP, por un monto de 10 millones de dólares, llegaron de manera directa a la “cuenta puente” y luego, por órdenes de la Presidencia del banco, fueron depositadas en una cuenta corriente de Arena.

De esta manera, en apariencia, se evitaba dejar evidencia de que el dinero provenía de la cuenta que el CEP tenía en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., un banco fundado en Bahamas que pertenecía a un holding costarricense, donde se depositaron los cuatro cheques que Taiwán giró a nombre del expresidente Francisco Flores.

Estas transferencias son las que llevaron a la Fiscalía a procesar a Flores por delitos de corrupción y también en el mismo expediente a señalar al que fuera presidente del Banco Cuscatlán, Mauricio Samayoa, por la comisión del delito de “caso especial de lavado de dinero”.

La comunicación interna del banco revela que los depósitos se hicieron de esa manera “por instrucciones del Ing. Samayoa”. Entre 2003 y 2004, la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador estaba en manos de Mauricio Samayoa. Él era un banquero de peso en Centroamérica porque presidía la Corporación UBC Internacional S.A., la empresa panameña que servía de holding a todas las empresas relacionadas con el Banco Cuscatlán en Centro América y en las Islas Vírgenes. Esto incluye al holding costarricense dueño del banco en Bahamas.

Samayoa Rivas falleció a finales de junio de 2015 en Miami, Estados Unidos. La investigación por los cheques de Taiwán inició hace dos años y, desde el principio, el banquero salvadoreño se perfilaba como una pieza clave para resolver el caso, pero la Fiscalía nunca lo llamó a declarar. Los fiscales sí entrevistaron a los tres ejecutivos corporativos que recibieron las indicaciones de Samayoa, pero los tres declararon que no recordaban nada del caso.

La documentación consultada por El Faro también revela que Arena era como un titiritero del CEP. Esa organización intentó abrir en agosto de 2003 una cuenta bancaria para recibir el dinero de Taiwán. Esa cuenta iba a abrirse con dinero del partido de derechas, que gobernó El Salvador durante 20 años, entre 1989 y 2009. Esa operación resultó fallida. En un segundo intento, en octubre de ese mismo año, finalmente el CEP tuvo su cuenta. A partir de cheques y otros documentos bancarios se puede identificar el flujo del dinero y los obstáculos que saltó con la participación no solo de Samayoa, sino también de ejecutivos del Banco Cuscatlán que, en su declaración ante la Fiscalía, ahora dicen no recordar nada.

Arena paga la cuenta del CEP

Es 2003 y el candidato presidencial de Arena es, desde junio, el empresario radial Antonio Saca. Arena busca ganar un cuarto quinquenio consecutivo en la Presidencia de la República, que por ahora está en manos de Francisco Flores. El principal partido opositor, el FMLN, ha dado grandes pasos en las urnas y desde 2000 ha propinado a Arena importantes derrotas en las contiendas por las principales alcaldías del país, y en los comicios de marzo de 2003 también obtuvo más escaños legislativos que Arena. En Arena hay gran preocupación por el desgaste del partido después de una ruptura interna y por un presidente Flores que se vuelve cada vez más impopular, incluso dentro de su mismo partido. Arena necesita una campaña contundente para evitar que el escalamiento efemelenista en las urnas se extienda hasta la Presidencia.

¿De dónde saldrán los fondos para financiar la campaña electoral? Con esta pregunta comienza una entrevista que publicó El Diario de Hoy el lunes 18 de agosto de 2003 con el entonces candidato Antonio Saca. “Primero, de simpatizantes del partido, donaciones de empresarios, de amigos, a través de la tesorería del partido. Hay otras actividades como cenas, almuerzos en las que el candidato se presenta y que son eventos pagados para recaudar fondos”, respondió el candidato.

Ese mismo lunes 18 de agosto de 2003, como parte del montaje de una estructura financiera para recibir fondos para la campaña, el partido intentó abrir una cuenta bancaria en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., que es un banco fundado en Bahamas que funcionaba como una compañía operativa de un holding costarricense: la Corporación Accionaria UBC S.A. Esa cuenta no estaba registrada a nombre del partido y no recibió dinero de simpatizantes, ni donaciones de empresarios, ni depósitos por los almuerzos o cenas de los que habló el candidato… esa cuenta bancaria solo sirvió para que semanas más tarde en ella se depositara y transfiriera 10 millones de dólares que las investigaciones de la Fiscalía relacionan con los donativos de Taiwán y por lo cual el expresidente Flores está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito.

Dos meses después de aquella entrevista, el 22 de octubre de 2003, la Embajada de Taiwán en El Salvador giró dos cheques, uno por cuatro y otro por un millón de dólares, a nombre de “Excmo. Sr. Francisco Guillermo Flores Pérez Presidencia de la República de El Salvador”. El dinero se depositó en una cuenta que el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth (CEP) abrió en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. a finales de octubre de 2003.

Los documentos bancarios revelan que, utilizando dinero de una cuenta del partido Arena, el CEP intentó abrir una cuenta en ese banco, tres meses antes de la llegada de los 10 millones de dólares provenientes de Taiwán.

Eso significa que el partido Arena financiaría la apertura de una cuenta bancaria que no registró a su nombre, pero que le sirvió como puerta de entrada para millones de dólares que usó en la campaña presidencial. El 18 de agosto de 2003, Arena giró el cheque 003638-6, del Banco Agrícola, por un monto de 5 mil dólares: “Páguese a la orden de: Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth”.

Un día después de la emisión del cheque, el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. ya había asignado un número de cuenta bancaria para el CEP. Según la comunicación interna entre los ejecutivos bancarios, la celeridad del trámite se explica, en parte, por las influencias y gestiones directas de Mauricio Samayoa, que presidía el Banco Cuscatlán de El Salvador y que formaba parte de la directiva del holding costarricense Corporación Accionaria UBC SA.

La tarde del 19 de agosto de 2003, Alba Sosa Robles, directora de banca privada del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., fundado en Bahamas pero perteneciente al holding costarricense, envió un correo electrónico a Mary Zaldívar (o Mery Zaldívar. En los correos electrónicos, a veces se escribe Mary y a veces Mery. En este texto se ha respetado la escritura de los documentos a los que tuvo acceso El Faro y que constan en la investigación de la Fiscalía), secretaria de la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador, para informarle que la cuenta asignada al CEP era la 1010020051832.

De: Alba Sosa Robles

Enviado: Martes, 19 de agosto de 2003 2:47 PM

Para: Mary Zaldívar

CC: Eugenia Arroyo Jímenez; José María Cambronero S.

Mary, buenas tardes, el número de cuenta asignado es el siguiente 1010020051832 a nombre de Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth.

Gracias.

21 minutos después de recibir ese correo electrónico, Zaldívar, secretaria de la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador, envió otro correo electrónico al subgerente de banca empresarial para informarle del número de cuenta al que se debía abonar los 5 mil dólares que Arena dio al CEP. El dinero fue remitido por medio de una transferencia cablegráfica hacia Costa Rica. Esto se lee en el documento:

Transacción: apertura

Fecha de liquidación: 20 de agosto de 2003

Operación: TRE03166121

Monto: $4,988.70

Beneficiario: Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth

Ordering customer – name & address

Alianza Republicana Nacionalista, Arena

San Salvador, El Salvador

Beneficiary customer – name & address

1010020051832

Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth

Favor pagar a través del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd.

La transferencia de dinero falló. Los documentos a los que El Faro tuvo acceso no especifican cuál fue el problema. La cuenta del CEP no se abrió en agosto de 2003, pero la fallida operación bancaria revela dos cosas importantes: uno, Arena aportó fondos para abrir una cuenta que no quedaría registrada a su nombre sino a nombre de un ente que, tres meses después, usó para recibir dinero de Taiwán; y dos, los documentos del banco atribuyen un gran protagonismo en los trámites al banquero Samayoa.

En la comunicación entre los ejecutivos bancarios de El Salvador y Costa Rica siempre hacen énfasis en que las gestiones de apertura o depósitos de fondos tienen el aval de Samayoa, el otrora hombre fuerte de Corporación UBC Internacional S.A., el holding panameño que reunía a las empresas relacionadas con el Banco Cuscatlán en Centroamérica e Islas Vírgenes. En agosto de 2003, cuando fracasó la apertura de la primera cuenta del CEP, hay una nota que se envía de El Salvador hacia Costa Rica. Ahí se registra el intento fallido:

Atención Srta. Claudia Delgado

Urgente

Favor tramitar esta operación remitida de presidencia. En agencia me dicen que no pueden procesarla en línea con Costa Rica, por lo que se tuvo que revesar.

Atte. Delmy de Rosales

Instrucciones del secretario de asuntos económicos de Arena

Un mes después de fracasar con la apertura de la cuenta en Costa Rica por problemas con la transferencia cablegráfica, el CEP presentó una segunda solicitud en la agencia La Pirámide, del Banco Cuscatlán, en Santa Tecla. Según la comunicación interna del banco, que consta en la investigación que hizo la Fiscalía, una de las personas que gestionó la apertura de la cuenta fue Eduardo Antonio Zablah Touché, el entonces secretario de asuntos económicos del partido Arena.

En una carta que data del 8 de septiembre de 2003, dirigida a la presidencia del Banco Cuscatlán, un ejecutivo del banco asegura que siguiendo instrucciones de Zablah remite la documentación personal (pasaportes y DUI) para la apertura de la cuenta. Además de los documentos personales de Zablah, se remiten los de Antonio Salaverría, entonces presidente de Arena.

Nueva San Salvador, 8 de septiembre de 2003

Señorita

Mery Zaldívar

Banco Cuscatlán

Estimada Mery

Atendiendo instrucciones de don Eduardo Zablah, le adjunto fotocopia de pasaportes y DUI del Lic. José Antonio Salaverría y de don Eduardo.

Las direcciones y teléfonos son los siguientes…

El 11 de mayo de 2014, consultado por El Faro, Zablah se desvinculó del caso cuando dijo que él fue secretario de asuntos económicos de Arena desde abril hasta julio de 2003. “Un mes o dos meses después dejé de tener firma en la cuenta, el partido envió una carta en la que ya notificaban que las personas autorizadas ya no éramos ni yo ni Ávila Qüehl (…) sencillamente tardaron tiempo en notificar que yo ya no tenía firma en la cuenta”.

Los documentos muestran que dos meses después de que dejara el cargo, las gestiones de Zablah estaban en curso dentro de los canales del banco. La apertura de la cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd solo se logró hasta octubre, y en ella Zablah tenía firma autorizada. El nacimiento de la cuenta y el primer depósito, por 5 millones de dólares provenientes de Taiwán, ocurrieron el 28 de octubre de 2003; es decir, tres meses después de que Zablah había dejado la secretaría de asuntos económicos de Arena.

La primera transferencia de dinero desde Costa Rica hacia El Salvador, cuando el CEP envió el primer millón de dólares hacia una cuenta del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), se produjo 21 días más tarde, el 18 de noviembre del 2003; es decir, habían pasado cuatro meses desde que Zablah había dejado su cargo en Arena, pero en los registros bancarios continuaba como una de las cuatro firmas autorizadas de la cuenta.

¿Por qué la carta interna del banco consigna que “atendiendo instrucciones de Don Eduardo” se remiten los documentos para la apertura? “Seguramente yo facilité mis documentos de identidad para registrar mi firma en el banco, pero ocurrió hace tantos años que no puedo asegurarlo con certeza”, dijo Zablah a El Faro, el pasado mes de febrero. “Pero no hice ninguna transacción ni supe nada, porque yo renuncié el 9 de julio de 2003 al Coena”, agregó, al tiempo que mostró una copia de la carta de renuncia que, según dice, entregó en la sede del Coena en la colonia Flor Blanca.

El acomodo de los millones

En Costa Rica existía un banco llamado BFA S.A., que se convirtió en el Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A. Al cambiar de nombre y al cambiar de propietarios, este banco se convirtió en una de las siete compañías operativas del holding costarricense Corporación Accionaria UBC SA. Eso significa que el Banco Cuscatlán de Costa Rica era una empresa “hermana” del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., el banco de Bahamas.

A finales de octubre de 2003, el CEP abrió la cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., fundado en Bahamas y parte de un holding costarricense. Luego de una serie de operaciones en el sistema financiero internacional, los primeros 5 millones de dólares se depositaron en esa cuenta. Esta es la primera escala del dinero.

Una vez que los fondos estuvieron disponibles, el 18 de noviembre de 2003, el CEP ordenó la primera transferencia por un millón de dólares hacia el partido Arena. Sin embargo, el dinero no se transfirió del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., el banco de Bahamas, sino que se utilizó una cuenta de un banco “hermano” en el holding Corporación Accionaria UBC S.A., el Banco Cuscatlán de Costa Rica, S.A.

El Banco Cuscatlán de Costa Rica, S.A. y el Banco Cuscatlán de El Salvador tenían una cuenta en común, la 117-105-002-001130-1-6, que utilizaban como una “cuenta puente” para facilitar operaciones financieras de clientes que tenían operaciones en ambos países. La dirección registrada para esa “cuenta puente” era la Torre Cuscatlán, unidad de control interno, nivel 12, en San Salvador.

El Banco Cuscatlán de El Salvador tenía una sección específica para tramitar las transferencias cablegráficas y otras operaciones de comercio exterior: el área de operaciones internacionales. El procedimiento rutinario para ejecutar una transferencia cablegráfica era que el banco recibía un código “swift” de los bancos corresponsales por medio del sistema Regional Electronic Message Systems (REMS).

El código swift generaba un mensaje de ingreso de divisas. Luego, los ejecutivos debían comunicarse con el cliente e informarle de la cantidad recibida en la transferencia cablegráfica. En caso de que el monto de la transferencia fuera superior a los 5 mil dólares, los procedimientos bancarios obligaban al cliente a llenar un formulario emitido por el Banco Central de Reserva (BCR) para establecer el origen de los fondos, explicar por qué recibía ese dinero y así acreditar el ingreso de divisas al país.

Una vez que ese formulario estaba completo, los datos se ingresaban al sistema informático del banco y, entonces, los fondos tenían luz verde para ingresar a la cuenta transitoria, llamada también “cuenta puente”, para finalmente depositarlos en la cuenta del cliente. En el caso de los 10 millones procedentes de Taiwán, el Banco Cuscatlán no tiene documentos que respalden este procedimiento y el dinero llegó directamente a “la cuenta puente”, incumpliendo el trámite que registraba el ingreso de divisas por medio del formulario del BCR.

Una vez que el primer millón de dólares llegó a esa “cuenta puente” se transfirió hacia una cuenta corriente que Arena tenía en el Banco Cuscatlán de El Salvador, la “cuenta especial Coena”. Aquí, el banco incumplió otro procedimiento obligatorio. El artículo 9 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos obliga a todos los bancos a informar a la Fiscalía sobre todas las operaciones bancarias superiores a 10 mil dólares. ¿Recibió la Fiscalía ese reporte del Banco Cuscatlán? “Se ha hecho una búsqueda minuciosa y hasta la fecha no se ha encontrado registro alguno”, respondió la Fiscalía en un informe remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción, la instancia que procesa al expresidente Flores.

¿Quiénes conocieron de esas transferencias cablegráficas? ¿Por qué se perdió el rastro de que el dinero provenía de la cuenta que el CEP tenía en el banco de Bahamas? ¿Quién ordenó que el dinero se transfiriera de “la cuenta puente” hacia el partido Arena sin completar el formulario de ingreso de divisas y sin reportar a la Fiscalía una posible operación sospechosa? Hay una serie de correos electrónicos entre la presidencia del banco y ejecutivos bancarios que arrojan algunas luces al respecto.

El 18 de noviembre de 2003, el día cuando Arena recibió el primer millón de dólares desde Costa Rica, Mery Zaldívar, secretaria del presidente del banco, envió un correo electrónico a Marta Alicia de Vásquez, de la gerencia del área internacional del Banco Cuscatlán de El Salvador. El correo electrónico consigna instrucciones del presidente del banco:

De: Mery Zaldívar

Enviado: Tuesday, nov 18, 2003 4:39 PM

Para: Marta Alicia de Vásquez

Asunto: Transferencia

Sra. de Vásquez, previa conversación con el ingeniero Samayoa, le pido de favor abonar transferencia recibida este día por la cantidad de 1,000,000 a la cuenta 2201-03200

Una de las incógnitas sobre lo que la Fiscalía considera el desvío de los 10 millones de dólares donados por Taiwán es quién ordenaba la emisión de las transferencias cablegráficas y cómo llegaban hasta la cuenta especial del Coena. Por esa razón, el juez que procesa al expresidente Francisco Flores por delitos relativos a la corrupción, Miguel Ángel Argüello, ordenó entrevistar a los empleados del banco tanto en El Salvador como en Costa Rica.

Una de las personas que ya declaró en la Fiscalía es Mery o Mary Zaldívar, la secretaria del expresidente del Banco Cuscatlán de El Salvador. Su nombre es María del Rosario Zaldívar de Olmedo, y lo que dijo a los fiscales fue registrado así por estos: “No recuerda ninguna transferencia, que no tenía ninguna comunicación con el área de operaciones internacionales. No recuerda haber participado en ninguna transferencia que estuviese involucrado el partido Arena, como tampoco el CEP. No recuerda haber recibido ninguna instrucción del ingeniero Samayoa para Marta Alicia de Vásquez, Violeta Cuerno y Óscar Servando, en relación a alguna transferencia bancaria”.

Hay una serie de correos electrónicos y documentos manuscritos que el Banco Citi -el ex Banco Cuscatlán- envió a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Los correos electrónicos hablan de órdenes directas de la presidencia hacia otras unidades del banco para depositar el dinero en la cuenta de Arena. Ni fiscales, ni los querellantes particulares de las oenegés Fespad e ISD hicieron repreguntas o mostraron los documentos a la testigo que dijo “no haber participado” en ninguna de esas operaciones financieras o no recordar nada de ellas.

De: Mery Zaldívar

Enviado: Jueves 8 de enero, 2004 4:21 pm

Para: Violeta de Cuerno

CC: Óscar Servando

Asunto: transferencia para Arena

Señora de Cuerno, de acuerdo a nuestra conversación le agradeceré abonar los $2,000,000 a la cuenta 2201-03200 a nombre de Arena.

La fecha del anterior correo electrónico, 8 de enero de 2004, coincide con la del tercer depósito del CEP para el partido Arena. En ese caso, el correo electrónico está dirigido a Violeta de Cuerno, quien en ese momento ocupaba una de las tres jefaturas del área de operaciones internacionales del Banco Cuscatlán. El correo va con copia a Óscar Servando, un ejecutivo corporativo, parte de un “pull secretarial”, de esos para atender a clientes especiales.

Y así como llegaban las transferencias cablegráficas desde Costa Rica, así llegaban los correos electrónicos a los ejecutivos para que depositaran el dinero en determinada cuenta. Por ejemplo, el 5 de febrero de 2004, el CEP envió una cuarta transferencia cablegráfica, esta vez por 1.3 millones de dólares y, ese mismo día salió un correo de la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador hacia los ejecutivos del área de operaciones internacionales.

De: Mary Zaldívar

Enviado: jueves, 05 febrero 2004 04:42 PM

Para: Violeta de Cuerno

CC: Oscar Servando

Asunto: Abono a cuenta

Por este medio autorizo a usted abonar la cantidad de $1.3 mm, por transferencia recibida este día a la cuenta número 2201-03200 a nombre de Arena.

Mary Zaldívar

Presidencia

Tel (503)212-3654

En su declaración ante la Fiscalía, Zaldívar dijo que nunca tuvo comunicación con el área de operaciones internacionales y que no recordaba haber participado en alguna transferencia de dinero del CEP o del partido Arena. La secretaria agregó que no recordaba que el presidente del banco, Mauricio Samayo, le diera alguna orden para trasladarla al área de operaciones internacionales, referente a alguna transacción. Los correos electrónicos, sin embargo, consignan todo lo contrario.

Enviado: 8 de marzo de 2004

Para: Sra. Marta de Vásquez

Asunto: abonar a cuenta 2201-03200

Dio cuenta Mary Zaldívar por instrucciones de Ingeniero Samayoa

Al momento de su declaración, los fiscales no mostraron ninguno de los correos electrónicos que contradicen el testimonio de la testigo y así, tanto fiscales como querellantes desaprovecharon la oportunidad de obtener más detalles sobre las transferencias de dinero que según la Fiscalía procedía de Taiwán.

Los investigadores tuvieron otra oportunidad de para repreguntar, pero esta vez en la entrevista con Óscar Servando, el ejecutivo corporativo que atendía las llamadas de clientes especiales y desembolsos. Los investigadores se conformaron con que Servando les dijo que no recordaba: “No recuerda si realizó transferencias del CEP”.

Y lo mismo pasó con la entrevista a Violeta de Cuerno, una de las tres jefes del área de operaciones internacionales del Banco Cuscatlán. Fiscales y querellantes no citaron los correos electrónicos en el interrogatorio. Fiscales y querellantes no incluyeron en sus preguntas aquellas órdenes de la Presidencia del banco que están registradas en correos electrónicos y otra documentación y que permitieron la llegada del dinero al partido Arena obviando los requisitos del BCR y de la Ley contra el Lavado de Dinero. Fiscales y querellantes se conformaron con la siguiente respuesta de Violeta de Cuerno: “No recuerda como cliente a un instituto llamado CEP, ni tampoco a un cliente llamado Arena…”

La del CEP es la historia de una entidad que entre 2003 y 2005 puede resumirse así: pasó de recibir y regalar millones de dólares en pocos días a recibir solo puñados de miles de dólares para financiar sus actividades.

Entre octubre y diciembre de 2003, el CEP recibió en su cuenta del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. los cheques de Taiwán por 10 millones de dólares. Luego, durante seis meses, el CEP se convirtió en un gran mecenas de Arena: hoy le manda un millón de dólares, mañana 1.7 millones, después 2 millones de dólares… y así, hasta completar 10 millones de dólares que se usaron para financiar la campaña presidencial de 2004.

El CEP no siempre tuvo la capacidad de financiar -y menos con cantidades millonarias- a Arena. Las transacciones rutinarias reflejan que antes del dinero de Taiwán, ese que le permitió tener millones de dólares en menos de 90 días, era el CEP el que tenía una dependencia económica del partido tricolor.

Así, por ejemplo, en agosto de 2003, antes de la llegada del dinero Taiwán, Arena giró aquel cheque de 5 mil dólares para que el CEP abriera su cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. Luego, después de que se terminaron los millones de Taiwán, fue Arena el que siguió girando cheques por pequeñas cantidades a su otrora mecenas.

Entre 2004 y 2005, desde la “cuenta especial Coena” en el Banco Cuscatlán, donde llegaron los millones de Taiwán procedentes desde Costa Rica, se libraron cheques a favor del CEP. El cheque 3084, por un monto de 9 mil 664 dólares, dice: “Páguese a la orden de: Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth”. El CEP depositó ese dinero en su cuenta del Banco Agrícola.

Y lo mismo sucedió con otros dos cheques que datan de 2005, uno de mayo y otro de septiembre, también por 9 mil 664 dólares cada uno. Los 19 mil 328 dólares, al igual que el caso anterior, terminaron en la cuenta que el CEP tenía en el Banco Agrícola.

La desaparición de las cuentas

Las cuentas bancarias que, directa o indirectamente, recibieron los 10 millones de Taiwán, estaban condenadas a muerte. Pero eso sucedió después de marzo de 2004, cuando Antonio Saca ganó la presidencia de la República.

El 27 de abril de 2004 el CEP pidió cerrar su cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. Una semana después, se transferían a El Salvador los últimos 11 mil 118 dólares, producto de los intereses generados por el depósito de los cheques de Taiwán.

La “cuenta Coena especial”, después de 17 años de estar activa en el sistema financiero, y después de 21 meses de recibir la última transferencia del dinero relacionado con Taiwán, también fue clausurada. Esto ocurrió el 6 de febrero de 2006. La “cuenta Coena especial” fue la cuenta madre desde la que se transfirió dinero hacia otras cuentas secundarias que eran manejadas por personas cercanas al expresidente Saca.

Varios de quienes se convirtieron en parte del gabinete de gobierno de Saca tuvieron firmas autorizadas en las cuentas que, indirectamente, captaron los millones de Taiwán, según los contratos y registros de firmas de las cuales tiene copia El Faro. Ellos eran René Figueroa, quien fue ministro de Seguridad Pública; David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas; Miguel Tomás López, presidente del ISTA; César Funes, secretario de la Juventud; Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente; y Silvia Aguilar, viceministra de Seguridad. Todos ellos, además, cumplieron durante el quinquenio Saca o en otro momento cargos en el máximo organismo de dirección arenero, el Coena.

Esas cuentas bancarias, bautizadas como Arena Mítines y Eventos, Arena Presencia Territorial, Arena Casa por Casa y Arena Movilización Ciudadana, fueron clausuradas entre el 3 y el 7 de octubre de 2006.

Cuando Arena obtuvo este financiamiento no existía la Ley de Partidos Políticos, que hoy prohíbe a estas organizaciones recibir financiamiento de gobiernos extranjeros.

FUSADES detalla 6 casos sospechosos

Estudio da cuenta de casos donde pudo utilizarse dinero irregular.

Reforma PactadaCristian Meléndez, 22 junio 2015 / LPG

Un estudio que realizó el Departamento de Estudios Políticos (DEP) de FUSADES) muestra seis casos en los que pudo haber dinero irregular en el financiamiento de campañas y que deben de servir para saber sobre los donantes.

En el documento titulado “De la reforma pactada a la modificación judicial del sistema electoral. El caso salvadoreño” también se plantea cómo la Reforma a la Ley de Partidos Políticos hecha en octubre de 2014 viola los parámetros establecidos en la sentencia de la sala con relación a revelar a los donantes de los partidos. Según el documento, los casos en los que podría haber uso de financiamiento que no está permitido por la Ley de Partidos se dieron entre 2004 y 2014.

Estos casos son: presunto financiamiento de la campaña presidencial con fondos de Taiwán, en 2004; la del exdiputado William Eliú Martínez, en 2006, sentenciado en Estados Unidos por tráfico de cocaína; en 2007, la del exdiputado Roberto Silva procesado por presunto lavado de más de $10 millones; campaña presidencial del FMLN en 2009, Mauricio Funes recibe préstamo de $3 millones de parte de un empresario; campaña presidencial del FMLN 2014, el estudio habla del financiamiento por parte de ALBA Petróleos; mientras que el último caso, según el documento, es el uso de recursos del Estado para financiar spots publicitarios en contra del partido de oposición y a favor del candidato oficial.

“No contar con un conjunto de reglas que ordenen y publiciten el financiamiento político podría incentivar el patrocinio de campañas electorales con dinero ilegal”, establece el documento del DEP.

Vea el estudio de FUSADES: “De la reforma pactada a la modificación judicial del sistema electoral. El caso salvadoreño.”