Estado de Derecho

Estado de Derecho y seguridad jurídica. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

14 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

A diferencia de otras leyes fundamentales, como la colombiana, la española o la alemana, la nuestra no contiene una definición del estado salvadoreño como Estado de Derecho. Existen varias teorías sobre la Constitución, y una de ellas la ve como la suma de las decisiones políticas fundamentales que adopta un pueblo; entre tales decisiones, a veces denominadas “principios estructurales”, se suele incluir, junto a la del Estado social, Estado laico, Estado democrático, Estado pluricultural, etc., la del Estado de Derecho. Sus elementos esenciales son la seguridad jurídica, la limitación y el control del poder, esto último conseguido mediante los correspondientes frenos y contrapesos.

La idea básica es la de un Estado racional, que respeta ciertos límites en sus actuaciones, empezando por los que le imponen los derechos fundamentales. Las Constituciones contemporáneas ya no se limitan a fijar las atribuciones y competencias de los órganos estatales y sus relaciones recíprocas, sino que enuncian valores –como la justicia, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el bien común–, así como principios rectores del orden económico, del sistema de fuentes o de las relaciones de las Administraciones públicas con los ciudadanos. La presencia de contenidos materiales en las leyes supremas, permite constatar un cambio de Estado formal a estado material de Derecho.

También le es inherente la idea de que cada órgano actúe “conforme a derecho”. En la actualidad el criterio más importante para justificar el ejercicio del poder es justamente aquel por el cual se sustituye el arbitrario gobierno de los funcionarios de turno por el racional gobierno de las leyes. Cuando se producen abusos porque los titulares de los entes públicos exceden sus atribuciones y competencias, se activan los correspondientes mecanismos de control de legalidad –jurisdicción contencioso-administrativa– o de constitucionalidad –jurisdicción constitucional–.

En el Estado de Derecho, la determinación última sobre la titularidad y garantía de los derechos, así como sobre el cumplimiento de las respectivas obligaciones legales, corresponde a los tribunales. En los juicios que promueven las partes para determinar si un derecho ha sido respetado o si una obligación ha sido incumplida, siempre habrá un juez perteneciente al Judicial que pronunciará la última palabra. Ese fallo, cuando ya no admite recurso, es de obligatorio cumplimiento, y su desconocimiento genera inseguridad jurídica. Una forma de medir el grado de respeto al Estado de Derecho es medir el cumplimiento de las decisiones judiciales.

A su vez, la seguridad jurídica implica la idea básica de razonable previsibilidad, lo cual se logra regulando de manera previa los ámbitos de licitud e ilicitud. Además, impone a los órganos con potestades normativas, la exigencia de que las leyes sean aprobadas con la debida anticipación y sin efecto retroactivo, que sean claras, sin dejar vacíos y utilizando un lenguaje claro y preciso. Ello es más fuertemente exigible cuando se trata de leyes que establecen delitos e infracciones administrativas con sus correspondientes sanciones, o leyes tributarias en que se habilita a los entes públicos a imponer contribuciones a los ciudadanos, o leyes que limitan los derechos fundamentales que la Constitución garantiza a toda persona.

Pero también se garantiza el Estado de Derecho y la seguridad jurídica cuando se establecen procedimientos administrativos o judiciales, autoridades competentes para dar validez a un determinado acto jurídico –sentencia, acto administrativo, acto normativo, plazos, medios de prueba, recursos, etc.

El Estado de Derecho y la seguridad jurídica establecen las condiciones para que los individuos desarrollen libremente sus propios proyectos de vida y permiten a los individuos “saber a qué atenerse” en lo lícito o ilícito. Esas condiciones generan estabilidad y contribuyen a que la sociedad se desarrolle y pueda coordinar los esfuerzos de los distintos individuos hacia metas comunes.

Carta al gabinete de Seguridad: Venganza y justicia son incompatibles. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 19 noviembre 2016 / EDH

Estimados señores funcionarios:
Sigue corriendo la sangre. 43 policías y 21 soldados han muerto este año en el enfrentamiento entre la fuerza pública y las pandillas. De los policías, militares y pandilleros muertos, unos han caído en situaciones de enfrentamiento y muchos (de ambos bandos) han sido ejecutados. Desde la implementación de las ‘medidas extraordinarias’ se ha activado una cadena de venganza que, al no pararse, va a erosionar el Estado de Derecho.

diario hoyLa policía y el ejército no solo tienen el derecho, tienen el deber de responder a cualquier ataque a sus miembros. Pero las autoridades tienen que responder dentro de la ley y el absoluto respeto a los Derechos Humanos. La respuesta al crimen tiene que ser la consecuente aplicación de la justicia, nunca la venganza al margen de la ley y nunca la represión indiscriminada.

En este sentido, la reacción de las autoridades al reciente asesinato de un subinspector de la PNC y su hijo en Quezaltepeque fue peligrosa. Sin haber tenido tiempo de investigar el hecho, ustedes ordenaron el mismo día el traslado de 30 pandilleros que guardaban prisión en los penales de Ciudad Barrios e Izalco al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Esto podría ser una medida adecuada dentro de las facultades legales, si fuera resultado de una investigación que arroja pruebas. Pero obviamente no es así. El fiscal general simplemente declaró, el mismo día del hecho, que la orden provino de estos dos penales “a voz viva”. Esto es risible: si hubiera pruebas de que internos trasladaron órdenes de atentar contra policías a gritos de una sección del penal a otra, las autoridades hubieran tenido que tomar medidas preventivas. Es obvio que FGR y PNC simplemente decidieron tomar medidas de represalia ejemplarizantes contra la pandilla que ellos asumen cometió el ataque al subinspector y su familia.

Lo más grave es que inmediatamente las más altas autoridades dieron declaraciones públicas resaltando el carácter vengativo de las medidas. El vicepresidente Óscar Ortiz, quien por lo menos nominalmente coordina el área de Seguridad, dijo que los 30 trasladados, acusados de haber ordenado el ataque, “no tienen derecho a ver el sol ni la sombra”. El ministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, no se quedó atrás: “A partir de este día quedan sometidos al aislamiento total y no tendrán derecho a la hora de sol”. Y Rodil Hernández, director general de Centros Penales, dijo que los acusados “no merecen ningún tipo de atención del sistema.” 

Se entiende que estas son palabras fuertes para mostrar a los miembros de la policía que sus jefes los están defendiendo, pero evidentemente salen del marco de la ley. No apuntan a la aplicación de la ley, sino a medidas ejemplarizantes fuera de la ley. La situación en los seis penales para pandilleros ya ha sido clasificada por la Sala de lo Constitucional como inconstitucional y el régimen especial establecido por el Gobierno ha sido denunciado por la Procuradora de Defensa de los Derecho Humanos como parecido a “centros de torturas de épocas pasadas; se supone que eso ya está superado, se supone que lo de Hitler ya está superado.” 

La PDDH denunció que con sus ‘medidas especiales’ el Gobierno decidió negar a los internos la atención médica incluso en casos graves y el Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud ya está activando un plan de emergencia, porque entre la población interna en los seis penales afectados por el régimen especial los casos de tuberculosis se ha aumentado en un 100% a partir de la vigencia de las ‘medidas extraordinarias’ de aislamiento, debido al encierro total, la falta de aire fresco y exposición al sol. Esto constituye una epidemia que puede poner en peligro la salud de la población en general.

En este contexto, las declaraciones de Ortiz, Landaverde y Rodil Hernández son irresponsables y atentan contra el Estado de Derecho que pretenden proteger.

El fiscal general no se queda atrás y amenaza, de manera peligrosamente generalizada, con persecución criminal y cárcel a los abogados que asumen la asistencia legal de pandilleros. Las máximas autoridades del Estado no pueden incurrir en este tipo de amenazas. Su respuesta a los crímenes cometidos contra policías tiene que ser mejor inteligencia, mejor investigación y no represalias sumarias y medidas vengativas fuera de la ley.

Si la respuesta del Estado consiste en incrementar la presión extralegal contra los internos y sus abogados, en estrategias diseñadas a causar más bajas fatales a las pandillas, incluyendo ejecuciones, entramos en una espiral de venganza destructiva para nuestro orden jurídico. Inmediatamente después de las amenazas por parte del vicepresidente, del fiscal y de los responsables de Seguridad, apareció en las redes sociales un comunicado de un autollamado “Grupo de Exterminio de El Salvador (GDEDES)”, anunciando que “dará orden de asesinar a pandilleros y sus familiares. Si quieren guerra, guerra van a tener”. 

Y entonces, ¿quién va a parar esta guerra de todos contra todos?

Muchos de ustedes van a interpretar mis palabras como defensa de los pandilleros, pero se trata de defender el Estado de Derecho contra los criminales, pero también contra los que pretenden defenderlo con más crímenes.

Ustedes tienen la responsabilidad legal y moral de reducir la violencia y tomar medidas para parar la espiral de venganza. Como funcionarios, no pueden ser parte de ella. De igual forma, hay que hacer un llamado a las pandillas a cumplir lo que han prometido reiteradamente a la nación: abstenerse de cualquier acción que aumente la violencia. Si no, no tendrán a nadie que defienda los derechos humanos de su gente en los penales y de sus familias en las comunidades.

Escribo estas palabras con mucha preocupación,

 

44298-firma-paoloPosdata:
Cuando fue escrita esta carta, todavia el gabinete de Seguridad, encabezado por el vicepresidente Oscar Ortiz no había presentado su nuevo plan para reaccionar a los recientes asesinatos de policías. Por tanto no tenía idea que este plan se iba a llamar ‘Plan Némesis’. Némesis fue la diosa griega de le venganza
Némesis tambien fue la diosa de la ‘justicia retributiva’, o sea luchaba contra las fortunas mal habidas de los gobernantes. Pero si el gabinete de Seguridad  hubiera  enfocado en esta última atribucion de la diosa Némesis, hubieron llamado ‘Plan Némesis’ el operativo contra los ex-presidentes Funes ys Saca…
P.L.