Dilma Rousseff

Rousseff y Maduro… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 19 mayo 2016 / EDH

La posibilidad de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y de la destitución de la gobernante brasileña, Dilma Rousseff, como consecuencia de un juicio político entablado en su contra, es el resultado de la aplicación de mecanismos establecidos en sus respectivas constituciones y no la idea retorcida de un grupo de desestabilizadores.

diario hoyLa diferencia entre los dos episodios es que uno, el de Maduro, es el desenlace de una acción promovida por un grupo de ciudadanos interesados en consultar al resto de sus compatriotas si desean o no que concluya con anticipación el período para el cual fue electo como presidente. Mientras tanto, en Brasil, el procedimiento se gestó desde la institucionalidad, cuando una comisión especial de la Cámara de Diputados consideró que existían indicios para imputar a la presidenta un “crimen de responsabilidad” al presuntamente haber incumplido las normas fiscales, maquillando el déficit presupuestario.

Ya se ha señalado en este espacio de opinión que América Latina sustituyó, en la década de los noventa, los golpes de Estado y las rupturas violentas del poder político por un trámite legal que, además de contar con el respaldo de una determinada mayoría de diputados, tenía que cumplir con el debido proceso y principalmente evitar la manipulación de la voluntad popular representada en los Congresos. Adulterar la causa, esto es, imputar acusaciones falsas al mandatario sometido a un juicio político podría equivaler a un “golpe legislativo”.

Esta última es la excusa que aparentemente motivó a Venezuela y a El Salvador, lo mismo que al resto de países del “eje bolivariano”, a desconocer al gobierno interino de Brasil. Aunque la administración salvadoreña ha intentado “dulcificar” su error diplomático con explicaciones contradictorias de varios de sus funcionarios, la única disculpa válida será el reconocimiento de la legitimidad de la presidencia de Michel Temer.

En cuanto al revocatorio solicitado para dirimir la continuidad o remoción del mandatario venezolano, se trata de un “engranaje” jurídico que el fallecido Hugo Chávez incluyó en la Constitución de 1999. El mismo expresidente fue sometido a un referéndum de este tipo en agosto de 2004, en el que 40.64 % de los sufragantes, equivalente a casi 4 millones de ciudadanos, respaldaron el relevo del gobernante y un 59.1 %, es decir, un aproximado de 5 millones 800 mil personas votaron porque continuara en el cargo. Chávez no decretó estados de excepción y aunque no fue fácil para la oposición que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptara la legalidad de los cientos de miles de firmas presentadas, la consulta se celebró y el impulsor del socialismo del siglo XXI consolidó su figura augurando su reelección para otros períodos adicionales.

América Latina está evolucionando hacia un tipo de democracia en la que los ciudadanos han elevado los estándares para considerarse satisfechos. Ahora exigen resultados y piden que la “legitimidad de origen” que adquieren los gobernantes en las urnas al ser electos por el voto popular de paso a una mayor “legitimidad de ejercicio” que se traduzca en beneficios concretos para la población. Las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay, de Manuel Zelaya en Honduras, de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en Guatemala, así como las de otros mandatarios durante la década de los noventa en Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil, confirman que, desde hace un buen tiempo, las sociedades avanzan hacia nuevas etapas en las que será, como bien lo resume Moisés Naim, más fácil adquirir el poder y mucho más difícil conservarlo.

Otra lección que nos dejan los casos de Maduro y Rousseff tiene relación con la política exterior. La complejidad de los problemas nacionales, el activismo cada vez más protagónico de las organizaciones civiles, y la aplicación del Derecho a casos como el guatemalteco o el brasileño, obligan a los países a revisar sus posturas cuando se presentan revocatorios o juicios políticos que trascienden internacionalmente. Aventurarse a desconocer la voluntad popular o los procesos de ley que impulsan cambios significativos en otros sistemas políticos puede generar nefastos precedentes perjudicando la cooperación y el encuentro de potenciales socios extranjeros. Peor aún si el rechazo a decisiones soberanas en diferentes Estados se debe a interpretaciones ideológicas y a dogmatismos partidarios.

Carta al presidente: sobre “golpes de Estado”. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 17 mayo 2016 / EDH

Estimado ciudadano Salvador Sánchez:
Las relaciones diplomáticas son entre estados y países, no entre gobiernos, mucho menos entre presidentes o partidos de gobierno. La afinidad ideológica de los gobernantes puede ser un elemento para mejorar las relaciones entre países, pero nunca puede ser condición para las buenas relaciones. Nuestras relaciones con un país tan importante como Brasil no pueden depender de si a usted o la Comisión Política del FMLN le caiga bien o mal el que gobierna este país. El sábado pasado, usted anunció en su mitin electoral en Izalco que ha dado instrucciones de retirar a nuestro embajador de Brasil, con la siguiente justificación: “Hemos analizado la situación y hemos tomado la decisión de no reconocer ese gobierno provisional de Brasil porque hay una manipulación política”.

diario hoyLa cancillería salvadoreña dijo en un comunicado: “Asistimos, desafortunadamente, a la configuración de un golpe de Estado”. Y la Comisión Política del FMLN, lamentablemente rectora de nuestra política internacional, habla de un “golpe de Estado Parlamentario perpetrado contra la legítima presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff”.

¿Qué significa esto de un “golpe de Estado parlamentario”? Todo el mundo en América Latina sabe qué es un golpe de Estado: Significa la ruptura del orden constitucional, efectuada por la fuerza, normalmente por las Fuerzas Armadas. A la presidenta Dilma Rousseff no la apartó de la presidencia el ejército o paramilitares de la derecha, sino el senado de Brasil, a solicitud de la cámara de diputados, usando un mecanismo establecido por la Constitución. El Senado abre una investigación de los cargos contra la presidenta, y en 180 días tiene que declararla culpable o no culpable. Si no es culpable, retoma la presidencia. Si es culpable, es apartada definitivamente.

¿A dónde está el uso de la fuerza? ¿A dónde está el golpe de Estado? ¿A dónde está la ruptura del orden constitucional? Todas las instituciones constitucionales (cámara de diputados, senado, Corte Suprema, Corte Constitucional, Fiscalía, etc.) siguen funcionando sin alteración ninguna. Solo cambia, transitoriamente, el poder ejecutivo, porque está bajo investigación.

Si el FMLN habla de un “golpe de Estado parlamentario”, mañana va a hablar de “golpe de Estado electoral”, cuando la oposición propone elegir, en el 2019, un gobierno diferente.

El FMLN también ha dicho que los que exigimos para El Salvador una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción, como existe en Guatemala, estamos preparando un golpe de Estado. O sea, ¿en Guatemala el presidente Otto Pérez, investigado por fiscalía y CICIG, sufrió un “golpe de Estado judicial”? O incluso un “golpe de Estado ciudadano”, tomando en cuenta las manifestaciones multitudinarias que exigían su renuncia…

¿Y el referéndum de revocatoria contra Maduro, anclado en la Constitución venezolana, es para el FMLN un “golpe de estado constitucional”. Para el FMLN, la “participación ciudadana” solo es buena para fortalecer a un gobierno de izquierda, nunca para cuestionarlo…

Es una estupidez e irresponsabilidad supeditar la política exterior y nuestras relaciones con países aliados como Brasil a prejuicios ideológicos. Causa grave daño al país.

Solidaridad partidaria es una cosa, relaciones entre Estados son otra – y nunca hay que mezclarlas -. Con 7 años en Casa Presidencial, usted ya hubiera tenido que aprender esto.

Saludos,

44298-firma-paoloDe paso sea dicho: A mí tampoco me gusta el proceso contra la presidenta Rousseff por una simple razón: No veo que esto en Brasil pueda llevar a un gobierno menos corrupto.

Brazil’s Political Crisis Deepens. Editorial/The New York Times

 Protests in Sao Paoulo against Brazilian President Dilma Rousseff and her new chief of staff, and former president, Luiz Inacio Lula da Silva.

Protests in Sao Paoulo against Brazilian President Dilma Rousseff and her new chief of staff, and former president, Luiz Inacio Lula da Silva.

NEW YORK TOMES NYTThe Editorial Board, 18 marzo 2016 / THE NEW YORK TIMES

President Dilma Rousseff of Brazil is fighting for political survival as calls for her impeachment grow louder amid a widening corruption investigation and a tanking economy.

Astonishingly, however, she appears to have felt she had political capital to spare last week when she appointed her predecessor and political mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, to be chief of staff, a move that largely shields him, for now, from prosecution in the corruption scandal involving his ties to giant construction companies.

Ms. Rousseff’s explanation was tone deaf and ridiculous. She characterized the appointment as an opportunity to bring back to the government a maverick politician and talented negotiator to help Brazil contend with an assortment of crises, including the spread of the Zika virus.

“If Lula’s arrival strengthens my government, and there are people who don’t want it strengthened, then what can I do?” Ms. Rousseff said.

Ms. Rousseff has now created yet another crisis, one of confidence in her own judgment. Mr. da Silva, who led Brazil from 2003 to 2010, has been dealing with charges of illicit self-enrichment since he left office. Close associates, including his former chief of staff, José Dirceu de Oliveira e Silva, and the former treasurer of the ruling Workers’ Party, João Vaccari Neto, are in prison for corruption.

Early this month, investigators raided Mr. da Silva’s home and took him into custody for questioning. Prosecutors then sought to arrest him, accusing him of having accepted $200,000 worth of renovations for a beachfront property investigators believed he planned to occupy. Federal prosecutors are also investigating whether the millions of dollars Mr. da Silva and his foundation have received from companies linked to the scandal surrounding Petrobras, the national oil company, were actually bribes.

Mr. da Silva, a leftist leader, says he is not guilty and is entitled to his day in court. But he and Ms. Rousseff want to delay that day for as long as possible by giving him the protections from prosecution that cabinet members enjoy.

Roughly 50 officials — including politicians from other political parties — have been implicated in the Petrobras scandal, and Brazilians are rightly disgusted with their leaders. This latest move by the governing party sent protesters to the streets to demand Ms. Rousseff’s resignation and to express their outrage at what amounts to blatant cronyism. If her latest blunder pushes the impeachment effort across the finish line, Ms. Rousseff will have only herself to blame.

Dilma Rousseff, en caída libre

La reprobación de sus presupuestos de 2014 por el Tribunal de Cuentas es el último golpe de un inicio de segundo mandato nefasto.
La posibilidad de un ”impeachment’, la corrupción en el caso Petrobras y la recesión desgastan a la presidente de Brasil.

Dilma Rousseff gesticula durante un encuentro en el palacio presidencial de Brasilia. Afp

Dilma Rousseff gesticula durante un encuentro en el palacio presidencial de Brasilia. Afp

el mundoGermán Aranda, 12 octubre 2015 / EL MUNDO

La reprobación hace unos días del Tribunal de Cuentas brasileño a los presupuestos del gobierno de Rousseff de 2014 -o sea, el reconocimiento de que los manipuló para maquillar el déficit de cara a las elecciones- es el último episodio oscuro de un segundo mandato que, tan sólo un año después de su reelección, es ya una terrible pesadilla para la presidenta.

Cuando asumió el cargo el primer día de 2015, ya sabía Rousseff que tenía entre las manos un regalo envenenado. Había ganado a Aécio Neves en las elecciones de octubre de 2014 con una escasísima ventaja de un 3%, la minoría de su partido en la Cámara le obligaría siempre a malabarismos con los partidos aliados en el legislativo y en el reparto de ministerios, el escándalo de corrupción en torno a Petrobras estaba en plena investigación y planeaba sobre su propio nombre, la economía ya estaba en recesión y con inflación al alza, panorama que no le iba a permitir cumplir sus principales promesas electorales. La cosa pintaba mal. Pero ha ido cada vez a peor.

En la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional que se celebra estos días en Lima, la precaria situación de Brasil ha sido una de las principales preocupaciones. “La estamos digiriendo, nos apoyaremos en las infraestructuras”, intentó calmar el ministro de Hacienda brasileño Joaquim Levy, pero la salida de una recesión, que el propio FMI prevé que será de un -3% al final del año (un punto más de lo estimado anteriormente), no parece en ningún caso inminente. La inflación aucmulada en los últimos doce meses es de un 9% y un dólar se paga hoy a 3,7 reales, mientras que en 2011 llegó a costar 1,6.

A los inversores no les inspira confianza un país a la deriva, impregnado de corrupción e ingobernable, y no les preocupa tanto si es o no verdad la acusacón reciente de Rousseff a las constantes peticiones de ‘impeachment’ como “golpismo a la paraguaya” (por cierto, el gobierno paraguayo mostró su desagrado por esta referencia a la moción contra Fernando Lugo). Por ahora, las solicitudes de moción esperan en la mesa del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que mientras tanto aguanta como puede en el cargo después de las denuncias de que tiene cuentas en Suiza, donde habría cobrado sobornos del caso Petrobras. Ante tales indicios, cada vez son más los opositores del Parlamento que piden su cese.

En sus manos está decidir si la reprobación del Tribunal de Cuentas (TCU) será evaluada en la Cámara, lo que podría abrir un proceso de ‘impeachment’ para tumbar a la presidenta. Por el momento, parece que no irá hacia adelante. “El mandato de 2014 no contamina al de 2015”, defendió Cunha, que a pesar de estar enemistado con el ejecutivo se aferró a la ley que dice que la moción sólo se lleva a cabo cuando la irregularidad cometida -en este caso el atraso de pagos y otro tipo de maniobras para maquillar el déficit- se refiere al mandato actual. Pero este mismo sábado la revista ‘Isto É’ publicaba que la fiscalía de cuentas ligada al propio TCU veía indicios de las mismas irregularidades en los presupuestos de 2015, lo que de confirmarse podría agravar bastante el panorama de la mandataria.

La otra vía hacia el ‘impeachment’ podría abrirse si el Tribunal Superior Electoral concluye que la campaña electoral de Rousseff del pasado año fue financiada con fondos ilegales de Petrobras, cuyos directivos montaron una enorme trama de sobornos junto a altos cargos políticos y empresarios de la construcción para amañar contratos, con un coste de miles de millones de euros para las arcas del estado. La investigación ha llevado ya a la detención del ex tesorero del PT de Rousseff, Jõao Vaccari Neto, y a la del ex presidente del partido, José Dirceu, entre otros altos cargos políticos de varios partidos y también importantes empresarios.

La cercanía de Rousseff con el escándalo -era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras cuando empezaron los desvíos- y su ineficacia para gobernar en medio del temporal económico han derivado ya en tres grandes manifestaciones contra su figura en tan sólo diez meses de gobierno. A diferencia de las marchas de junio de 2013, que exigían al gobierno mejoras sustanciales en los servicios públicos y menos corrupción, las de este año han pedido claramente la caída de la presidenta. Un millón de personas salieron a las calles de Brasil el 15 de marzo, medio millón el 12 de abril y unas 600.000 el pasado 16 de agosto, con la palabra ‘impeachment’ ya mucho más extendida entre los manifestantes.

Además, a Rousseff le crece la oposición a la izquierda, incluso dentro de su propio partido, sobre todo desde que nombró como Ministro de Hacienda al liberal de la escuela de Chicago Joaquim Levy y empezó una política de recortes de más de 20.000 millones de euros, entre los cuales 3.800 se sacaron de la cartera de Educación y 3.000 de la sanidad, los dos servicios más criticados por la población en las marchas de 2013. La vivienda social, una de las grandes banderas del gobierno Dilma, también se verá afectada por esta tercera vía abrazada por la mandataria, a la que tan sólo aprueban un 10% y reprueban un 69% según las encuestas más recientes. Tal y como pinta la situación, es probable que muchos de ellos salgan de nuevo a las calles antes de que finalice 2015 para acabar de convertirlo en el año negro de Rousseff.

Dilma en apuros, Brasil en problemas. De Carlos Malamud

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Carlos Malamud, argentino, es catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España, e investigador para América Latina y la Comunidad Iberoamericana del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Carlos Malamud, argentino, es catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España, e investigador para América Latina y la Comunidad Iberoamericana del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Carlos Malamud, 17 agosto 2015 / PRODAVINCI

Las calles brasileñas se volvieron a llenar de manifestantes antigubernamentales y anti PT, el partido de la presidente y de Lula da Silva, el mismo partido que en los últimos 12 años ha conducido las riendas del país. Los gritos de “Fuera Dilma” y “Fuera PT” evidencian el fuerte sentimiento de descontento presente en diversos sectores sociales y son buena prueba de que Brasil asiste a un cambio de época. Nada será en el futuro como fue en la década pasada, y no sólo como consecuencia de la serie crisis económica que golpea a la economía local.

El senador Romero Jucá, del PMDB, un partido teóricamente aliado al PT y columna vertebral de la coalición gubernamental, lo puso muy claro al señalar que “o el gobierno cambia o el pueblo cambia al gobierno”, en alusión a las movilizaciones ciudadanas. No en vano la aprobación de Dilma Rousseff cayó al 8% según las últimas mediciones disponibles, dejando en claro el profundo malestar social existente.

La crisis económica y política ha afectado profundamente la valoración del gobierno. Y el escándalo de corrupción en torno a Petrobras ha minado aún más la credibilidad de los políticos y del sistema de partidos. En general lo que los ciudadanos se preguntan es si el PT ha estado a la altura de las circunstancias y si sus principales dirigentes han sabido impulsar las necesarias políticas públicas de modo de gestionar adecuadamente la economía y la política brasileñas.

Es verdad que los logros están a la vista. Que la gestión de Lula primero y Rousseff después han servido para sacar a millones de personas de la pobreza, aumentando el tamaño de las clases medias. O que la desigualdad ha retrocedido en los últimos años. Pero más allá de lo coyuntural, del aprovechamiento de una larga década marcada por el aumento del precio de las materias primas y los beneficios cosechados a partir de la vinculación a China, cabe preguntarse por el derrotero seguido una vez que el viento comenzó a cambiar de dirección y por la habilidad del timonel para mantener el rumbo del crecimiento.

Si bien en Brasil no asistimos al festín bolivariano que impulsó al populismo en varios países de la región, los gobiernos de Lula y Rousseff fueron incapaces de profundizar y modernizar la democracia brasileña. Los partidos políticos en vez de reforzarse como organizaciones capaces de intermediar con la sociedad civil y permitir una mayor participación ciudadana en la vida política se fueron convirtiendo en grupos cada vez más replegados sobre si mismos. El parlamento sigue siendo más un marco donde los representantes populares se dedican fundamentalmente a sus asuntos que a controlar al gobierno y redactar leyes con sentido de estado.

La gran excepción es la justicia. El poder judicial está demostrando una independencia absoluta del ejecutivo, algo totalmente desconocido en buena parte del vecindario, y se ha convertido en la gran esperanza de los brasileños para recuperar la fe en sus instituciones. La instrucción del escándalo de Petrobras, como había ocurrido en menor medida con el caso del mensalão, no respeta altos cargos políticos o empresariales. El desfile de encauzados es impresionante y ha llegado a niveles insospechados, a tal punto que el juez Sérgio Moro, el instructor de la causa Lava Jato se ha convertido en una especie de héroe popular.

La crisis del gobierno es también la crisis del PT. Ahora que la fiesta se ha acabado hay muchos que empiezan a querer saldar cuentas atrasadas y pasan sus facturas. También hay otros que empiezan a preguntarse por los responsables del desastre. Y cada vez con más frecuencia el nombre de Lula sale a relucir, lo que puede tener graves consecuencias para su futuro político y el futuro de su partido, que se ha prácticamente rendido a su liderazgo. Si el PT fue incapaz de avanzar en la institucionalización y democratización de Brasil, Lula fue incapaz de avanzar en la institucionalización y democratización del PT.

Tras la ajustada victoria de Dilma Rousseff en las últimas elecciones presidenciales se comenzó a hablar una probable candidatura de Lula en 2018. Hoy de lo que se habla es de cómo hará Lula para salvar el gobierno de Rousseff y la imagen de su partido. Inclusive la semana pasada se rumoreó que el ex presidente podría incorporarse al gabinete de su sucesora en un ministerio clave como una medida algo desesperada para enderezar una situación cada vez más complicada.

La situación es cada vez más desesperada y el gobierno de momento no logra dar con la tecla que desactiva la crisis. Lo cual no quiere decir que no lo pueda lograr en los próximos meses, no es imposible pero si cada vez más difícil, especialmente a la vista del resquebrajamiento de la alianza multipartidaria que sostiene al gobierno. Su principal ventaja es que si bien en la calle son muchos los que apoyan el impeachment de la presidente, también es una verdad a voces que sería una medida muy contraproducente en el momento actual.

Los gritos de “Fuera Dilma” recuerdan a los de “Fuera Correa”, pero es importante ver como se trata a la protesta social en uno y otro país. Durante mucho tiempo Correa, como muchos otros presidentes latinoamericanos, han insistido que a los movimientos sociales no se los reprime. Hoy los tacha de golpista. Rousseff, por su parte, jaqueada por las protestas mantiene otro discurso, pese a que desde las filas del PT también se recurre a la descalificación de golpista y destituyente para aludir a las manifestaciones. O algunos, como los sindicatos afines al partido de Lula, amenazan con salir a defender violentamente las conquistas de los últimos años. Sin embargo, lo que la crisis muestra es como en Brasil las instituciones funcionan mejor que en Ecuador y que el entorno institucional lleva a unos y otros a expresarse de forma diferente.