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Entrevista a Margarita Escobar: “Crear la comisión contra impunidad debe ser voluntad del gobierno”

Diputada de ARENA informa de postura oficial del partido sobre una “CICIG en El Salvador”. Asegura que expresidente Funes incluso diseñaba una comisión.

Margarita Escobar

Margarita Escobar

Fernando Romero, 24 juio 2015 / LPG

La diputada del partido ARENA Margarita Escobar lo dice por su grupo político: “Apoyamos la creación de una instancia internacional, con las características de la CICIG o no, para combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer la institucionalidad”. En esta entrevista, la legisladora, quien tiene experiencia en asuntos de relaciones exteriores desde el Ejecutivo, asegura que una comisión de este tipo, luego de los convenios internacionales firmados y ratificados por El Salvador, no solo no vulneraría la soberanía nacional; sino que se vuelve, por la naturaleza de la situación de impunidad que afecta al país, una obligación para el estado salvadoreño.

¿Crear una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador implicaría que el gobierno debiera declararse “fallido”?

No puede interpretarse la cooperación internacional para combatir la corrupción y la impunidad como un sinónimo de un estado fallido, ni tampoco puede invocarse el principio de soberanía ni el principio de no intervención. El principio de soberanía ha cambiado profundamente. La soberanía ahora reside en el pueblo, ya no en la persona que gobierna. Si el pueblo, mediante las vías de expresión, determina que la corrupción y la impunidad le afectan gravemente, el gobierno no puede encerrarse en sí mismo, porque entonces ya no es legítimo. Si el gobierno no escucha a su pueblo, entonces pierde la legitimidad.

Hay convenios internacionales firmados y ratificados por El Salvador que tienen que ver con el combate a la corrupción y la impunidad. ¿En esos convenios se incluye la posibilidad de crear estos organismos?

El Salvador ha suscrito los dos tratados más importantes contra la corrupción: la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y la última convención tiene un mecanismo de seguimiento. El Salvador ya lleva su cuarto seguimiento en su aplicación. Y en el último seguimiento dedica atención a la fiscalía general, con énfasis en la unidad contra delitos de corrupción. El seguimiento recomienda que se establezcan criterios objetivos para la asignación de casos de corrupción en la fiscalía, asegurando que esa unidad cumpla con su responsabilidad de investigar. Y en la convención de la ONU se específica que los estados podemos acudir para pedir colaboración internacional. Por lo tanto, los convenios que hemos ratificado no son inconstitucionales. Entonces no se viola ni la soberanía, ni la independencia, ni la forma de gobierno. La corrupción e impunidad sí violan toda la Constitución.

¿Hay referentes en El Salvador de comisiones internacionales, además de algunas conocidas como la Comisión de la Verdad?

Los Acuerdos de Paz se firmaron gracias a la colaboración de las Naciones Unidas y gobiernos amigos. De allí se estableció la ONUSAL, se estableció la Comisión de la Verdad, tuvimos a una alta representante de Derechos Humanos en el país por primera vez. Hemos reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia judicial supranacional que ya ha resuelto casos sobre El Salvador, y estas resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Y con todo eso, no se ha perdido la soberanía.

En la Alianza para la Prosperidad firmada con Estados Unidos hay un apartado de fortalecimiento institucional para los países del triángulo norte de Centroamérica. ¿Estados Unidos está atento a la decisión que se pueda tomar sobre este tema?

La cooperación económica con los dineros del pueblo de Estados Unidos es de larga data y trasciende los gobiernos nacionales. Y lo que sí es importante es que cuando se ayuda a El Salvador no es para que el dinero quede entre los corruptos, es para que llegue a los proyectos para el pueblo salvadoreño. Si el asesor del presidente de Estados Unidos dice que sería interesante e inteligente que los salvadoreños apoyaran el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad, es porque hay alertas grandes de que en El Salvador hay corrupción e impunidad. Claro, ellos jamás lo van a imponer.

El expresidente Mauricio Funes siempre admitió que el Estado ya estaba infiltrado por el crimen organizado. Y la cancillería incluso habló en un momento de un diseño de una comisión.

El entonces presidente de la República Mauricio Funes fue a Naciones Unidas, en 2010, a dar su discurso anual. En ese discurso dijo: “No dejemos sola a Centroamérica, este es el llamado que quiero hacer a la comunidad internacional. Por tal razón quiero exponer dos propuestas ante esta Asamblea General: primero, la creación de una comisión centroamericana de investigación del crimen organizado con el auspicio de Naciones Unidas. La creación de este organismo toma como referencia la buena experiencia de la CICIG, creada precisamente con el apoyo de la ONU y de Estados Unidos, Canadá y España”. Y en una nota que registró LA PRENSA GRÁFICA el 15 de marzo de 2011 se señalaba también que el canciller de la República había confirmado la creación de una comisión como esta y que tenía como parámetro de referencia a la CICIG, y que para ese año y con las oficinas de la ONU relacionadas con el tema ya acumulaba su tercer borrador.

¿Técnicamente, cómo podría instalarse esa comisión?

Lo primero que se necesita es la voluntad política del gobierno. Luego, el aspecto técnico dependerá de las decisiones que tome el gobierno porque es su facultad. Ahora, una medida de este tipo debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Los detalles no le corresponden a ARENA, eso los deberán definir el gobierno, la cancillería, la fiscalía, la ONU.

El debate sobre una CICIG para el Salvador: Dos puntos de vista. De Roberto Rubio y Luis Mario Rodríguez

Mientras el gobierno y el FMLN descalifican la discusión sobre la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador como “campaña de desestabilización” o incluso como “intento de golpe de Estado”, la sociedad civil comienza a analizar los pro y contra y los cómo de una Comisión de este tipo con seriedad.

Segunda Vuelta

Corrupción e impunidad. de Roberto Rubio

No nos enfrasquemos en el debate de CICIS sí o CICIS no. Busquemos alternativas.

rubio

Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE

Roberto Rubio, 19 julio 2015 / LPG

En nuestro país hay que combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad. Ahora bien, podemos avanzar en transparencia y lucha contra la corrupción, podemos tener más evidencias de actos de corrupción y más corruptos puestos al descubierto, pero estos avances no se traducen necesariamente en menos impunidad. Mientras los casos de corrupción no sean judicializados y los corruptos condenados seguirá campeando la impunidad. De ahí la importancia de esta última en un país donde casi todo queda impune, donde incluso, como hemos visto recientemente, se premia con importantes cargos a quienes deberían ser castigados.

No es casualidad entonces que se haya desarrollado un debate en torno a la conveniencia o no de contar con una instancia similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). ¿Es necesaria y conveniente en El Salvador una CICIS?

Lo primero que hay que señalar es que lo verdaderamente importante es contar con una instancia que con independencia, coraje, profesionalismo y honestidad comience a ponerle freno a la histórica y actual impunidad existente en nuestro país. No importa si es nacional o internacional, o una combinación de ambas. No importa tanto la fórmula o institución que exista o se cree. Lo importante es que cualquiera de ellas tenga la firme voluntad y fuerza para enfrentar la impunidad.

Sin duda la experiencia de la CICIG es ejemplar y ha tenido significativos resultados. Pero no será fácil encontrar en El Salvador de hoy todos los factores y condiciones que la hicieron viable y efectiva, y que permitieron tener una Comisión apoyada por Naciones Unidas con tanta firmeza y determinación de enfrentar a altos funcionarios públicos. Ciertamente sería deseable tener esos factores y condiciones y por tanto tener una CICIG para nuestro país. Sin embargo, ante la falta de viabilidad política que se deriva de la negativa del gobierno a una CICIS, así como debido a las posibles limitaciones que se encontrarían ahora con el apoyo firme y decidido de organismos internacionales, lo mejor será buscar otras salidas. No nos enfrasquemos en el debate de CICIS sí o CICIS no. Busquemos alternativas.

Sin lugar a dudas, una de ellas es disponer de una Fiscalía independiente, sin compromisos con los poderes de turno, incorruptible, técnicamente calificada, con recursos y sobre todo con la firme voluntad de enfrentar a los corruptos, vengan de donde vengan. Sin un fiscal y una Fiscalía con semejantes características no estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo en Brasil con el caso Petrobras, ni hubieran sido revelados y capturados los más altos funcionarios públicos en Guatemala y Honduras. La presión de calle y de la opinión pública, la sana intervención de ciertas instituciones del Estado, la presión internacional, son elementos fundamentales para combatir el flagelo, pero sin una buena Fiscalía y un buen fiscal no se va ir muy lejos en el combate a la corrupción e impunidad.

Tenemos por tanto que ir concretando dos cosas. En primer lugar, se aproxima la elección clave de un nuevo fiscal, y en consecuencia la oportunidad de contar con un buen fiscal. Sin los votos de ARENA y FMLN no se puede elegir fiscal. Por tanto, de cada uno de ellos depende encontrar la persona adecuada que exigen las circunstancias actuales. Cada uno de ellos será responsable de que el país tenga un fiscal con las características antes señaladas, o un fiscal que siga permitiendo la impunidad. Personas idóneas que puedan ser potables a los dos grandes partidos las hay. Basta la voluntad, madurez y honestidad para buscarlas.

En segundo lugar, el nuevo fiscal debe contar también con una Fiscalía a la altura de las circunstancias. Además de fortalecer las buenas cosas que ya se tienen, habrá que constituir una instancia anticorrupción e impunidad, adscrita a la Fiscalía, con competencias complementarias a esta en la materia. Esta instancia anticorrupción e impunidad (sea una comisión especial, brigada, o como se le quiera llamar) deberá contar con relativa autonomía, apoyo económico y político de países amigos, y con los recursos humanos y tecnológicos adecuados para cumplir su tarea. En fin, nos merecemos un buen fiscal y una buena Fiscalía.

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¿CICIG o reforma institucional? De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Juídicos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 19 julio 2015 / EDH

Los cinco fenómenos criminales priorizados para su investigación por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala son el contrabando, la corrupción administrativa, el financiamiento electoral ilícito, la corrupción judicial y el narcotráfico y lavado de activos. Entre las diversas manifestaciones que se pueden identificar en materia de contrabando se hallan: el paso ilegal de contenedores; la alteración de las características de la documentación, mercancía (peso y aranceles aplicables, entre otros) que permite un cálculo del impuesto mucho menor del debido, y la devolución del IVA o del crédito fiscal proveniente de exportaciones ficticias.

En cuanto a la corrupción administrativa se han establecido prácticas aparentemente corruptas y en circunstancias que las podrían favorecer. Al respecto destacan la malversación de fondos públicos a través de contrataciones administrativas irregulares; la utilización de mecanismos que permitan desconocer contratos adjudicados por sus antecesores, con el único fin de hacer adjudicaciones a amigos del funcionario de turno y/o a los grupos de poder que los rodean; el nombramiento de asesores y personal interino, para estructurar sus grupos de corrupción y/o para la retribución de favores; una Contraloría General de Cuentas con disminuida capacidad y mecanismos de control inefectivos, y la falta de auditoría ciudadana a la gestión del empleado público.

Respecto del financiamiento ilícito de los partidos se señala la relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal. La Comisión desarrolla dos investigaciones que permitirán recaudar la prueba que lleve a estructurar casos sólidos sobre financiamiento ilícito de campañas electorales o de la asociación de políticos con organizaciones criminales para poner de manifiesto esa relación político-criminal.

En el ámbito de la corrupción judicial, la CICIG adelanta al menos seis investigaciones que determinarán la posible relación entre funcionarios públicos y estructuras paralelas de poder que pretenden controlar las instituciones nacionales de justicia a través del poder económico o político.

Con relación a la temática sobre narcotráfico y lavado de activos, la CICIG promueve siete casos de investigación, los cuales toman en cuenta elementos generales contenidos en instrumentos internacionales de lucha contra este delito. Al respecto, la legislación guatemalteca define como lavado de dinero u otros activos, aquella actividad ilícita que permite incorporar en el sistema financiero nacional o internacional, recursos financieros o económicos originados en actividades delictivas. El narcotráfico ha sido asumido como un delito precedente al lavado de activos. Por esta razón, las investigaciones asumen el delito de tráfico de drogas como una fuente de activos para el lavado.

La CICIG también ha transferido capacidad operativa para la investigación criminal a las institucionales nacionales guatemaltecas. Destacan en este ámbito la libertad probatoria, los métodos de análisis criminal, la tramitación de casos conjuntos, la consolidación de la Dirección General de Investigaciones Criminales y el “Programa de apoyo a la seguridad y la justicia en Guatemala”. La libertad probatoria permite emplear cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley o que no resulte manifiestamente impertinente. Este principio procesal convierte la investigación criminal en una actividad eminentemente creativa dirigida a superar el estado de incertidumbre para descubrir la verdad, y por ende, se rige íntegralmente por el principio de objetividad.

Existe un consenso sobre el desarrollo positivo que fiscales y auxiliares del Ministerio Público han experimentado en el último período así como mejoras sustanciales en las destrezas técnicas para elaborar planes de investigaciones y formular peticiones pertinentes y efectivas ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

En agosto de 2014 se concretaron capacitaciones sobre métodos de análisis financiero, detección de capitales, narcotráfico, corrupción institucional y análisis criminal e identificación de estructuras. Fueron capacitados un total de 65 funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos Económicos y del Departamento de Análisis Criminal.

La CICIG también ha realizado informes temáticos y productos específicos. Entre los primeros destacan los informes sobre trata de personas con fines de explotación sexual; el vínculo entre violencia contra la mujer, crimen organizado e impunidad, y el financiamiento de los partidos políticos. En cuanto a los segundos se creó un sistema de medición de la impunidad en Guatemala y una agenda mínima de reforma del sector justicia.

En El Salvador los máximos responsables del Gobierno y el liderazgo del partido oficial han expresado su absoluto rechazo al establecimiento de una Comisión de este tipo. Si por ahora se resisten a debatir el impacto que esa instancia tendría en el combate a la corrupción, harían bien con discutir, por lo menos, una reforma institucional tomando como hoja de ruta a parte del plan de trabajo de la CICIG.