CICI

Debate sobre “desestabilización” y “golpes de estado”. Con Eugencio Chicas y Paul Steiner

Desestabilización ¿Quién gana? ¿Quién pierde?

Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Electoral, actualmente secreteraio de comunicación de la Presidencia

Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Electoral, actualmente secreteraio de comunicación de la Presidencia

Eugencio Chicas, 18 agosto 2015 / ELMUNDO.SV

En los últimos meses se ha debatido sobre la existencia o no de un proceso de desestabilización política en el país, que pueda desencadenar eventualmente en un golpe de estado -tradición antigua- o en un “golpe suave”, como han sido comunes en el periodo de postguerra fría. Para el análisis debemos empezar por nuestra historia, la que desafortunadamente ha sido muy prolífica en estos males.

En el siglo XIX se registraron en El Salvador cinco golpes de estado (1883, 1885, 1890, 1894, 1898); en el XX, siete (1913, 1931, 1944, 1948, 1960, 1961, 1979) y mientras éstos llegaban habían elecciones fraudulentas. Por supuesto en aquellos momentos carecíamos de institucionalidad electoral, sistema de libertades democráticas y pluralismo político e ideológico; teníamos un sistema de partidos y estado de derecho endebles. El Salvador funcionaba mediante decisiones ejecutivas, juntas de notables y, fundamentalmente, por la incidencia y control del poder económico y dictatorial de la época. Parte de esto nos condujo a la guerra civil, capítulo que fue superado con la suscripción de los Acuerdos de Paz, hecho de mayor trascendencia después de nuestra independencia patria.

En el periodo de posguerra fría cobró notoriedad mundialmente Gene Sharp, teórico ultraderechista promotor de nuevas modalidades de desestabilización, golpes de nuevo tipo y gestor de las nuevas guerras de este siglo, cuya propuesta es usurpar el poder de gobiernos legítimamente constituidos mediante operaciones enmarcadas fuera de convencionalismos tradicionales. Sus recetas están publicadas a los ojos de todos y son ávidamente estudiadas en alguna escuela de comunicaciones del país.

Como parte de ese diseño, la Primavera Árabe inaugura una nueva etapa de disputa del poder político que combina diversos ingredientes, que van desde la acción militar quirúrgica y la efervescencia social, hasta procesos de desestabilización política. Como núcleo de esta estrategia por recomponer correlaciones está el análisis, seguimiento, estímulo y potenciación de los conflictos internos de cualquier tipo, incluso el delincuencial-criminal, según los textos. A esto se agrega el uso de tecnología, comunicación –convencional y no convencional–, sumado a un neo oenegismo disfrazado de sociedad civil.

En América Latina esta diabólica aplicación tiene mayores componentes políticos, mediáticos, exposición en redes sociales y participación de grupos, hasta transnacionales, de una supuesta sociedad civil articulada coincidentemente con injerencia diplomática. Hay un fuerte componente comunicacional para estimular el desaliento, malestar y movilización antigubernamental, erosión de la institucionalidad policial y de las fuerzas armadas, descalificación sistemática del liderazgo institucional, boicot a programas de beneficio social y el consecuente bloqueo de toda iniciativa gubernamental progresista de corte social, así lo reflejan los estudiosos.

En El Salvador es notorio y demostrable un proceso de desestabilización política contra la institucionalidad de gobierno, en la que coinciden en tiempo y espacio tanto la oposición política partidaria de derecha, un sector empresarial ideologizado y un agrupamiento de medios de comunicación, acuerpados por sectores de derecha latinoamericana, bajo la complacencia de algunos diplomáticos extranjeros. Este proceso de desestabilización coincide –y esto no significa de ninguna manera responsabilizar a los referidos– con la agresión criminal pandillera, sabotaje económico vía extorsión, boicot al transporte, terror sistemático, rumores, bloqueo a obras y acciones del Estado en muchos territorios; lo que aunado a la desinformación y la invisibilización de las obras y acciones del gobierno, que se impone desde los mismos medios, produce desaliento y desesperanza absoluta en la población, generando un odio tal que llega al límite de identificar como única salida al problema de seguridad, la muerte de cada miembro de pandillas, no importando cómo.

Se agrega a esta situación la gestión en redes sociales exacerbando el descontento, estimulando el desbordamiento y la sedición dentro de las filas de la policía y del ejército, así como la permanente deslegitimación del actuar de los órganos de seguridad. Además, la movilización de sujetos que asumen el rol de portavoces de la sociedad civil promoviendo mecanismos que vulneren, por la vía de comisiones internacionales, la institucionalidad surgida de los Acuerdos de Paz y que terminan estimulando de manera artificial una agenda de reivindicaciones sociales, con el objeto de propiciar un permanente clima de malestar social. Otro factor es el bloqueo permanente del principal partido de oposición a toda iniciativa gubernamental desde la Asamblea Legislativa y en todo espacio de diálogo multisectorial, lo que podrá parecer normal por su rol natural pero contribuye en el escenario descrito.

El Salvador cuenta con un equilibrio a favor de las fuerzas revolucionarias democráticas y progresistas, somos producto del proceso de nuestra propia historia, lo que como país nos da la fortaleza de contar con la institucionalidad constitucional, política y social para defender las conquistas que tanto sacrificio costaron a nuestro pueblo y para enfrentar cualquier aventura  desestabilizadora de quienes se resisten a comprender que somos una nueva sociedad y no estamos dispuestos a retroceder.

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Mi respuesta a Eugenio Chicas

PAUL STEINER, tuietro y miembro del 'Movimiento Democracia Limpia'

PAUL STEINER, tuietro y miembro del ‘Movimiento Democracia Limpia’

Paul Steiner, 19 agosto 2015 / ELMUNDO.SV

Con todo respeto, Señor Chicas, yo no estoy tratando de “desestabilizar” su gobierno ni estoy asumiendo un “rol de portavoz” de la sociedad civil. Permítame explicarle un par de cosas desde el punto de vista de un ciudadano:

Si su gobierno estuviese dando resultados en la lucha contra los asesinatos, las extorsiones y la corrupción política no estaría ni yo ni miles de otros salvadoreños de todas las ideologías, clases sociales y credos buscando la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador.

Si su gobierno reconociese que SU “rol” es de escuchar a la población y representar sus anhelos como es la labor por la cual se le PAGA a funcionarios públicos, hace ratos nos hubiésemos sentado todos a explorar puntos en común entre todos y creado una visión de país que TODOS entendiéramos y compartiésemos

Si lo que usted busca es desviar la opinión pública para que no culpemos a su gobierno de ine-fectividad, de ineptitud en su cargo y de tener instituciones inestables y enfocadas al beneficio de otros que no son los ciudadanos honrados, entonces busque otro tipo de excusas, porque este movimiento, Democracia Limpia, no descansará hasta que la clase política regrese al ciudadano a ser el verdadero fin del Estado.

El ciclo de la partidocracia y el dominio del Estado por la clase política para servirse y no beneficiar al ciudadano está llegando a su fin. Los chanchullos, los abusos y los privilegios de los pocos pronto serán cosa del pasado y usted con ellos.

¿No le parece irónico que hoy la ciudadanía le está diciendo al gobierno de los exguerrilleros las mismas palabras que ustedes le dijeron a los oligarcas?

Abra sus ojos, Señor Chicas, reconozca que usted se ha vuelto parte de la desesperanza que la clase política de todos los partidos ha causado en el pueblo.

Un pueblo que ha sufrido bajo ya todos los partidos políticos existentes en su respectivo turno en el poder y está trazando una línea en la arena y diciendo, “¡Ya estuvo!”

HONDURAS: Presidente Hernández abre nueva etapa del Diálogo Nacional en busca de terminar con impunidad y corrupción

Algunos medios reportan que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ya aceptó la demanda de los movimientos ciudadanos de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG de Guatemala. Sin embargo, la prensa hondureña lo refleja esto de esta forma tan clara. Reproducimos aquí el comunicado que sobre el tema publicó el sitio oficial de la Presidencia de Honduras. Habla de “es el momento para construir nuestra mejor institución contra la corrupción y la impunidad”,  con “la ayuda de facilitadores internacionales.” Pero no  menciona la instalación de una CICIH, pero expresa que el gobierno cumplirá los resultados y acuerdos que salgan del Diálogo Nacional convocado por Hernández y facilitado por la OEA.

Segunda Vuelta

9 agosto 2015 / presidencia.gob.hn

El presidente Juan Orlando Hernández dijo hoy, al abrir una nueva etapa del Diálogo Nacional, que “esto nos va a permitir a los hondureños acordar las mejores formas para terminar de una vez por todas con estos flagelos de la impunidad y la corrupción”.

“Esta es una nueva etapa del diálogo, ahora con la participación de los facilitadores internacionales, y es el momento para construir nuestra mejor institución contra la corrupción y la impunidad”, dijo Hernández.

“Quedará en la historia de Honduras” que “vamos a empezar a construir algo muy bueno” para el país, con el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA), Luis Almagro; del facilitador de este organismo, embajador John Bielh, y de muchos otros actores, dijo.

Hernández presidió el acto que se realizó en Casa Presidencial donde Almagro presentó oficialmente a Biehl como facilitador, y al que asistieron, entre otros, el canciller de la República, Arturo Corrales, y el coordinador nacional del Diálogo, Carlos Madero.

“A partir de ahora queda como coordinador general del Diálogo Nacional el embajador John Biehl Del Río, con quien esperamos tener repercusiones importantes para el país”, anunció el titular del Ejecutivo.

El gobernante agradeció  “la celeridad, el coraje, la determinación de la OEA, en aceptar la solicitud que le hemos hecho”, de apoyar el Diálogo Nacional.

“Esto reafirma el compromiso con el pueblo hondureño y estoy seguro que nos va a permitir acordar las mejores formas para terminar de una vez por todas con estos flagelos de la impunidad y la corrupción y esto va a significar mucho para el país y para Centroamérica “, dijo Hernández.

“Dudo que encuentre usted, señor secretario general de la OEA, una causa que reúna de manera tan sentida, la unanimidad en la razón y el sentimiento del pueblo hondureño. Todos en Honduras, absolutamente todos, estamos hartos de sufrir tanto daño a consecuencia de estos flagelos”, dijo el titular del Ejecutivo.

Solución prioritaria

El presidente Hernández afirmó que el efecto retardatario y antidemocrático de la impunidad en la lucha de los hondureños por la liberad genuina, el trabajo, la justicia social y el desarrollo con equidad, no puede esconder el daño que ha ocasionado.

Expuso que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones, dilapidan las riquezas de nuestro país y crean las fisuras que permiten al crimen organizado penetrar el tejido de nuestra sociedad.

“Para los hondureños, la solución permanente de los problemas de la corrupción y la impunidad, es una prioridad y un requisito imprescindible para cambiar nuestro destino”, dijo.

“Estamos buscando acuerdos sobre las mejores formas para alcanzar este objetivo en un tiempo históricamente útil y con las mejores garantías para trazar una institucionalidad eficaz y perdurable”, manifestó.

Remarcó que debe ser una institucionalidad capaz de defenderse a sí misma, aunque falta acordar los mejores procesos y mecanismos para construir, fortalecer y blindar esa institucionalidad con un contexto democrático ajustado a derecho, apegado a la justicia.

Confianza

Asimismo, el gobernante expresó su total confianza en la metodología y en los formatos adoptados por los facilitadores para el desarrollo de estos trabajos, para conceder a todos los sectores la seguridad de poder volcar sus expresiones, sus críticas y aportes para combatir la corrupción y la impunidad, en el objetivo de instalar una cultura de transparencia en el país.

“El Gobierno será un participante más en la mesa de diálogo, en la que volcará cómo los demás sus observaciones, críticas y propuestas”, agregó Hernández.

Sin embargo, consideró que las naturales divergencias o coincidencias de los participantes, con respecto a la mejor manera de combatir la corrupción y la impunidad y promover una cultura de transparencia, hacen aconsejable que la agenda del diálogo permita incluir, a propuesta de los sectores con legítimo interés, temas o cuestiones de índole política o de orden estructural que afectan la eficacia de las instituciones encargadas de combatir estos flagelos.

Indicó que, una vez establecida la agenda, corresponderá a los facilitadores establecer los parámetros o la metodología que permitan alcanzar los consensos mínimos de país, que hagan posible avanzar en este cometido.

Oportunidad

“Este diálogo abre al país una oportunidad verdadera de construir lo que nos une y superar lo que nos separa –añadió el gobernante- y de construir juntos nuestro destino como nación y reforzar los valores democráticos de nuestra cultura para el bien de todos”.

Comentó que por los criterios emitidos en las primeras jornadas del diálogo percibe que esta es una gran oportunidad para Honduras y se debe aprovechar. “Confío sobre todo en Honduras y en los hondureños que hemos decidido que el país tiene que cambiar”, dijo.

“Hemos soñado una Honduras en paz, próspera y de oportunidades, y estamos listos para hacer nuestra parte, y estoy seguro que este diálogo será una extraordinaria plataforma”, dijo el presidente Hernández.

Confirmó que su Gobierno está en comunicación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para determinar la participación del Departamento de Asuntos Políticos de ese organismo en el Diálogo Nacional.

En el proceso también participan como facilitadores nacionales representantes de las iglesias Católica y Evangélica.

El presidente Hernández ha propuesto, en el marco de este Diálogo Nacional, la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).

Guatemala: un espejo para El Salvador. De Erika Saldaña

Sigue el debate sobre la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI) en El Salvador. La colaboradora de la Sala de lo Constitucional y columnista de El Diario de Hoy, Erika Saldaña, explica en su reciente nota en FACTUM que en El Salvador no existen impedimentos constitucionales para su instalación.

Segunda Vuelta

erika saldañaErika Saldaña, 5 agosto 2015 / FACTUM

La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI), experiencia ejecutada en Guatemala, es una entidad creada a partir de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de ese país con la finalidad de apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Dichos cuerpos paramilitares eran los encargados de la represión a la sociedad civil, los cuales no desaparecieron después del conflicto armado sino que se transformaron e infiltraron en el sistema estatal para garantizarse impunidad. En su desarrollo, las investigaciones de la CICI evidenciaron que la impunidad en delitos contra derechos fundamentales se mantiene gracias a la corrupción enraizada en las instituciones clave, y esta debe ser combatida.

Para entender la forma en que los guatemaltecos han vivido la impunidad es necesario referirnos un poco su historia. El Comisionado que dirigió hasta 2010 la CICI en Guatemala, el fiscal español Carlos Castresana Fernández, relató en su dictamen pericial del caso “Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala” (sentenciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que el origen de los problemas de los vecinos centroamericanos yace desde la firma de los Acuerdos de Paz. A partir de esa época existió una especie de “armisticio” pero no un compromiso de abordar las causas y consecuencias del conflicto, mucho menos de brindar justicia a las víctimas de este; lo anterior, según el comisionado, dio origen a una “extendida impunidad”.

El Comisionado atribuyó la generalidad y sistematización de la impunidad a causas como: la delincuencia común, ligada a la pobreza y subdesarrollo; la violencia a través de las maras (fenómeno compartido con Honduras y El Salvador) y el alto índice de homicidios; la respuesta insuficiente del Estado a estos fenómenos, reflejado en sus débiles políticas de seguridad y el desbordamiento del sistema penitenciario; el deficiente funcionamiento de las instituciones públicas del sector justicia (Órgano Judicial, Ejecutivo y Ministerio Público); la corrupción inherente a procesos de selección de cargos públicos que no obedece a criterios de capacidad y deja un amplio margen de negociación política, entre muchas otras causas. Si todos estos problemas les suenan familiares a los salvadoreños es pura coincidencia.

A partir de la insuficiente respuesta estatal a solventar estos problemas, y con base en la presión de la opinión pública, sociedad civil, medios de comunicación y comunidad internacional, después de varios años de intentos fallidos se creó la CICI Guatemala con la finalidad antes señalada. Esta entidad se encuentra dirigida por un Comisionado nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, funcionario de alto nivel quien a su vez conforma un equipo técnico con miembros guatemaltecos e internacionales para realizar su trabajo.

Dos puntos claves para entender la labor de una CICI son la independencia política y financiera. Dado que el nombramiento de la CICI no depende de ningún factor político interno, a una entidad de este tipo no le interesa quedar bien con quien realiza su nombramiento; y, ya que tiene un periodo definido (no le interesa una reelección), es poca la probabilidad que las investigaciones perjudiquen solo a una cara de la moneda. Por otra parte, el financiamiento externo reduce el peligro del adagio “quien paga el mariachi pide la canción”, por lo que las investigaciones no deben verse comprometidas a un tema monetario.

No hay que perder de vista que la CICI tiene una labor de colaboración; dado que los procesos deben iniciarse ante instancias judiciales nacionales, la soberanía del Estado se mantiene en la medida en que se respete la labor de los órganos fundamentales en el ejercicio de sus funciones. Una de las reformas que ha dotado de eficiencia la labor de la CICI Guatemala es la facultad de ejercer la acción penal como querellante ante el sistema judicial nacional, por lo que las investigaciones no caen en sacos rotos y se ven reflejadas en demandas y procesos judiciales. Al menos en El Salvador, las actuaciones de una CICI en relación al ejercicio de la acción penal no contrarían lo previsto en la Constitución o las leyes; la Sala de lo Constitucional (en sentencia del 23-XII-2010, proceso de inconstitucionalidad 5-2001) ha establecido que el ejercicio de la acción penal pública no es un monopolio ni competencia exclusiva del Fiscal General de la República, ya que entenderlo así, implicaría un desconocimiento o anulación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de delitos ante la inactividad de las instituciones competentes.

¿Necesitamos una CICI en El Salvador? Para obtener la respuesta analicemos los problemas salvadoreños, la solución que se les está dando desde los encargados de la investigación y penalización de los delitos y reflejémonos en la experiencia guatemalteca. Sin lugar a dudas, el combate a la corrupción es un fin legítimo; probablemente si las instituciones internas funcionaran, ningún país ni siquiera se plantearía la creación de una CICI, ni tendría que echar mano de un tercero imparcial que realice las labores de investigación correspondientes, a fin de llevar responsables ante la justicia. Al evaluar la existencia de tantos problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña, muchos ligados a la corrupción, cualquier esfuerzo que ayude a sacar adelante el sistema debería ser visto con buenos ojos y apoyada tanto por el Gobierno como por la oposición.