Rodolfo González

Recobrar territorios. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

25 julio 2018 / El Diario de Hoy

Desde que hablamos de Estado hacemos referencia a un ente investido de un poder soberano que se impone a todas las personas, naturales y jurídicas, públicas y privadas, dentro de su territorio. En ese orden de ideas, Max Weber sostuvo hace casi cien años que Estado es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la fuerza física legítima”.

La primaria manifestación de la soberanía interna es la capacidad del Estado para imponer el cumplimiento de las leyes a todos los que se encuentren en su territorio. Incluso quienes sostienen la idea de Estado mínimo aceptan que la garantía del cumplimiento de la ley es una de las exigencias básicas que se le plantean a los poderes públicos, y que la seguridad ciudadana y jurídica es condición indispensable para que los particulares desarrollen libremente sus propios proyectos de vida.

Los Estados actuales enfrentan problema de todo tipo, y no es raro que se encuentren con situaciones en que ciertos grupos —una guerrilla, un cartel de narcotraficantes, una pandilla— les disputen el control territorial. Pero cuando nos detenemos en el mencionado planteamiento weberiano llegamos rápidamente a una conclusión: los miembros de esa guerrilla, cartel de la droga o pandilla pueden estar mejor entrenados y equipados que la policía y el ejército regular del Estado, pero nunca serán poderes legítimos. Siempre los funcionarios que derivan su autoridad del voto directo o indirecto de los ciudadanos, tendrán legitimidad para perseguir a quienes, situándose al margen de la ley, pretendan disputarle al Estado la capacidad de imponer sus leyes.

Por eso resulta tan chocante a la conciencia ciudadana constatar que, por imposibilidad fáctica o por desidia de algunas autoridades, existan ciertas zonas del territorio donde no pueden ingresar ni siquiera las autoridades representantes del Estado: policía, fiscales, jueces o la fuerza armada, y que sus residentes estén a merced de los delincuentes, en total desprotección de las autoridades.

La última sentencia de Amparo emitida por la Sala de lo Constitucional aborda la problemática del desplazamiento forzado interno. Da por establecido que los demandantes y sus grupos familiares han sido víctimas de tal fenómeno, como consecuencia del acoso y de graves atentados que miembros de una pandilla efectuaron en su contra, pero además por hechos de violencia no investigados ni esclarecidos que involucraron a agentes de la policía.

Concluye que los desplazamientos internos se llevan a cabo en espacios urbanos y rurales controlados por las pandillas, en los que no se advierte la presencia del Estado. Destaca que, además de la ausencia de la fuerza pública en dichos territorios, también están ausentes las instituciones públicas encargadas de ejecutar las políticas sociales que podrían coadyuvar a reconstituir los tejidos sociales deteriorados por la violencia. “El vacío que en los territorios controlados por las pandillas ha dejado la deficitaria presencia de las diversas instituciones del Estado —afirma— ha sido ocupado por las agrupaciones delictivas que, con estos desplazamientos, confirman que la ausencia de poderes públicos da lugar a que los más fuertes impongan su voluntad a los más débiles”.

Como consecuencia de ello, afirma que los poderes públicos están obligados a implementar acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas. No se trata del simple ejercicio de la fuerza, porque también se resalta el imperativo de aplicar políticas sociales que permitan la integración e inclusión de los sectores abandonados y vulnerables.

Sin embargo, sí se resalta la necesidad de que el Estado se comporte como tal: que controle el territorio y haga cumplir la ley a todos por igual, garantizando con ello seguridad ciudadana y jurídica a todos los habitantes.

La justicia en serio. De Rodolfo González

La libertad es un bien constitucional tan importante que la intervención estatal en dicho ámbito debe ser mínima, razonable, justificada en los derechos de terceros o bienes colectivos, y en todo caso garantizando la legalidad y proporcionalidad en las medidas tomadas.

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional

27 junio 2018 / El Diario de Hoy

Tomo prestado el nombre de un famoso libro del iusfilósofo estadounidense Ronald Dworkin —“Los derechos en serio”— para referirme, no a la actividad de administración de justicia que realizan los tribunales, sino a lo que en nuestro sistema legal es considerado el primer valor que orienta la actividad del Estado.

Descartada la fórmula tradicional (“dar a cada uno lo suyo”), tomarnos la justicia en serio implica partir de los artículos 3 y 4 de la Constitución, según los cuales “todas las personas son iguales ante la ley” y “toda persona es libre en la República”, así como del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Con ello confluimos con quienes ven a la justicia como un valor comprensivo de otros dos de rango constitucional: la libertad y la igualdad. Ahora nos ocuparemos brevemente del primero.

El núcleo de la libertad es la esfera íntima de la persona, que comprende un ámbito irreductible tradicionalmente denominado fuero interno, donde radican pensamientos, ideas, emociones, deseos, etc., exentos de la intervención gubernamental pues son esenciales para la autodeterminación del individuo. Que el fuero interno no puede ser afectado por tal intervención lo podemos ver claramente en el caso de los presos de conciencia, a quienes arbitrariamente se restringe su libertad de desplazamiento, pero nunca su libertad ideológica.

Solo los Estados totalitarios pretenden controlar toda la vida de los ciudadanos, incluyendo el núcleo de su libertad, ordenando que se profese un determinado credo religioso o una ideología política “oficial”, excluyendo a otras.

En una democracia solo pueden ser objeto de regulación por el Derecho las conductas externas, susceptibles de afectar derechos de terceros o bienes colectivos, y solo cuando se juzga tales conductas externas es válido indagar cuál fue la intención de alguien, por ejemplo al cometer un delito —si hubo dolo o no— o al firmar un contrato —si hubo o no consentimiento libre.

Pero aun así, incluso aquellas conductas que producen efectos en el mismo sujeto que realiza la acción —las llamadas “autorreferentes”— están protegidas por la libertad, en el sentido que no pueden ser objeto de intervención por el Estado, porque aunque son externas, no producen efectos sociales entre los individuos, no se traducen en un posible daño para otros. Es el caso del consumo de alcohol o drogas, la promiscuidad o la falta de cuidado de la salud por el propio titular de este derecho.

Solo es posible la intervención estatal cuando estamos en presencia de conductas intersubjetivas, es decir las externas que producen efectos en los derechos de terceros o bienes colectivos. Nuestra Constitución reconoce muchas libertades (de expresión, de asociación, de tránsito, de culto, de contratación, de disposición de bienes, etc.), las cuales pueden ser limitadas por las leyes en la medida en que sea necesario hacer compatible el goce de tales derechos, con los deberes de cada uno respecto de sus semejantes. Esta limitación será legítima siempre que se haga con base en la ley formal —reserva de ley— y se respete el principio de proporcionalidad, el cual básicamente significa que, de entre las varias alternativas posibles para limitar un derecho, debe escogerse la que implique el menor sacrificio.

La libertad es un bien constitucional tan importante que la intervención estatal en dicho ámbito debe ser mínima, razonable, justificada en los derechos de terceros o bienes colectivos, y en todo caso garantizando la legalidad y proporcionalidad en las medidas tomadas. La libertad es uno de los valores constitucionales integrantes de la justicia, y los derechos derivados de ella son esenciales en todos los sistemas políticos que merezcan el nombre de democracias.

¿Tres órganos fundamentales? De Rodolfo González

Rodolfo Ganzález, magistrado de la Sala de lo Constitucional

13 junio 2018 / El Diario de Hoy

Tanto los Diputados como el Presidente de la República son funcionarios de elección popular. Los órganos Legislativo y Ejecutivo gozan de autonomía normativa, pues el primero recibe de la Constitución habilitación para aprobar su reglamento interior, mientras que, respecto del segundo, el Consejo de Ministros está facultado para emitir su reglamento interno, sin que uno de tales órganos pueda incidir en la organización del otro. Y ambos configuran positivamente la política estatal, en sus diversos ámbitos —económico, educativo, ambiental, de seguridad pública, etc.— pues uno aprueba las leyes y el presupuesto, mientras el otro ejecuta las políticas públicas.

No sucede así con el Judicial, pues ninguno de los jueces proviene del voto popular; la normativa que rige su organización y funcionamiento es aportado por los otros órganos, quienes aprueban la Ley Orgánica Judicial y las respectivas leyes procesales; y tampoco incide en la configuración positiva de la política estatal, pues no es responsable directo del diseño y ejecución de las políticas públicas.

Sin embargo, el artículo 86 inc. 2° Cn. afirma que “los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. Dicha cláusula constitucional podría verse como un simple tributo a la teoría tradicional que, planteada en su forma más elaborada por Montesquieu, fue puesta en práctica exitosamente con las primeras constituciones escritas —la estadounidense de 1787, la francesa de 1791 y la de Cádiz de 1812, muy influyente en el constitucionalismo latinoamericano— o como una decisión básica del poder constituyente, que obliga a preguntarse cuál es el sentido que, aquí y ahora, tiene la fundamentalidad del Judicial.

Desde la resolución de 3-XI-1997, Inc. 6-93, la jurisprudencia constitucional hizo suya la propuesta teórica según la cual el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución. Asumiendo que los riesgos de abuso de poder están siempre presentes y que por tanto es necesario hacer efectivos los límites que a los órganos y entes públicos imponen la Constitución y las leyes, se ha configurado en nuestro país un sistema de controles recíprocos entre los órganos; frenos y contrapesos que encuentran su máxima expresión en el control de constitucionalidad.

Y por aquí encontramos el camino que nos lleva a determinar la fundamentalidad del Judicial. No puede desconocerse la función, que en toda la historia han tenido los jueces, de resolver disputas entre particulares, o entre éstos y el Estado, mediante sentencias que en algún momento adquieren firmeza y deciden definitivamente sobre los derechos y obligaciones recíprocos. Pero a esa función se le ha sumado recientemente la de controlar las actuaciones de los órganos políticos mediante la inaplicabilidad ejercida por todos los tribunales —control difuso— o mediante el control que la Sala de lo Constitucional realiza de todos los actos normativos, administrativos y jurisdiccionales en los procesos constitucionales —control concentrado.

Es precisamente la función de control, ejercida por todos los tribunales de la República, la que legitima desde la perspectiva política al Judicial. Cuando se ha propuesto como solución al supuesto déficit de legitimidad democrática de los jueces, su elección por el voto popular, se parte de una concepción reducida de la democracia. El diseño que desde nuestra Ley Suprema se proyecta a toda la institucionalidad del Estado es el de una democracia constitucional, en el cual todos los órganos reciben su autoridad de la Constitución, y realizan las funciones que ella les encomienda.

Que los jueces no provengan del voto popular, que estén sometidos solo al ordenamiento jurídico y configuren negativamente la política estatal, con su función de control; que en el Judicial siempre haya un tribunal que pronuncie “la última palabra” sobre los controles constitucionales, es parte de ese diseño, y hace del tercer órgano, uno fundamental.