No nos van a callar. De Erika Saldaña

Ninguna persona tiene derecho a callar a otra.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

25 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

La semana pasada, mediante la red social Twitter, cuestioné al presidente electo Nayib Bukele sobre la orden de liberar a dos personas detenidas por la PNC en los disturbios que se dieron en la marcha contra la privatización del agua. Parafraseando mi comentario fue: “Es presidente electo, no presidente que ya está gobernando. Si las capturas son ilegales o no, que lo determinen las autoridades competentes y vigentes”. Hasta ahí. Ninguna ofensa, comentario despectivo y un cuestionamiento razonable en una república democrática. Inmediatamente cayeron las turbas digitales con descalificaciones e insultos.

Uno de los principios fundamentales en cualquier república democrática es la libertad de expresión. A través de ella somos capaces de difundir nuestros pensamientos, críticas y posiciones sobre cualquier tema. Para que seamos capaces de decir lo que queramos han caído imperios, monarquías y dictaduras en todas las latitudes; todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. No importa si hay miles de personas cansadas de la opinión de una. Esa una tiene derecho a expresar lo que piensa libremente, esté equivocada o no.

Los que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión en una red social nos sometemos voluntariamente a los dimes y diretes que se generan ante la diversidad de puntos de vista. Como opinión propia, acertada o no, todas son válidas y todos tenemos derecho a exponerlas. Sin embargo, los intentos de callar o pretender hostigar a alguien por su opinión diferente no caben en una república democrática. Callar es normalizar algo inaceptable.
La respuesta que más ha llamado la atención al comentario que hice de Bukele fue la de uno de los aliados más cercanos del presidente electo, el señor Walter Araujo; literalmente manifestó: “Usted ya cierre su trompa, estamos hartos como pueblo de sus intromisiones políticas. Defensora de privatizadores y arenazis. ¡Metida! Mejor póngase a trabajar”. No es la primera vez que trata de deslegitimar a alguien por pensar distinto a él, a Bukele y a los seguidores de Nuevas Ideas.

En las redes sociales se está construyendo una verdad inapelable, que es la que diga Nayib Bukele y sus simpatizantes. Ir en sentido contrario a ello activa las turbas digitales, los acosos selectivos y produce una avalancha de insultos, desacreditaciones y bullying. Utilizan cualquier cosa para armar una guerra psicológica contra el que tenga una opinión distinta y se atreva a emitirla; amenazan con “sacar trapos al sol”, que en muchas ocasiones no es más que hacer públicas cuestiones reservadas al ámbito personal de cada quien. Hay que señalar que estas estructuras digitales y su forma de operar no son exclusivas de los simpatizantes del presidente electo, también las hemos visto en afines a ARENA y FMLN.

El título de presidente electo no lo convierte en una persona infalible y exenta de cualquier crítica. Aquí vivimos en una república democrática donde todos tenemos derechos, no en una monarquía con un rey entronizado. Si el presidente electo accedió a entrar en la cancha política, él y sus simpatizantes deben estar claros que estará sometido al escrutinio público los cinco años de su presidencia.

En El Salvador hay leyes e instituciones que respetar, y eso nos incluye a todos, ciudadanos y funcionarios. Aunque Nayib Bukele sea el presidente electo, no puede dar órdenes cuando aún no está en funciones; no puede pasar por encima de la autoridad de la PNC y solo con base en sus apreciaciones personales.

Existe una regulación legal sobre las maneras de proceder y un preestablecimiento de las instituciones competentes que se pueden involucrar y determinar si las detenciones fueron legales o no. Sus palabras fueron para liberar a dos estudiantes involucrados en disturbios; mañana puede ser para lo contrario. Este es el riesgo de salirse de las facultades que la Constitución y las leyes otorgan a cada funcionario. Las instituciones están ahí para reducir el margen de arbitrariedad de quienes ostentan el poder. Esa es mi opinión y si alguien no está de acuerdo debatamos sin insultos, sin deslegitimar a una persona por cualquier cosa y sin pretender callarla.

La separación de poderes plasmada en la Constitución es una garantía que esta república no se convertirá en una dictadura o una monarquía. No podemos volver a las épocas donde el presidente era quien elegía funcionarios a su antojo, manejaba instituciones y dirigía todos los poderes del Estado. Así no funciona una república y el presidente electo y sus simpatizantes deberían tenerlo claro.

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