La disyuntiva venezolana: ¿Participar o no en elecciones sin garantías institucionales? Un debate urgente

Ha fracasado el intento de negociación sobre las condiciones institucionales mínimas para una elección presidencial en Venezuela. Vea la documentación publicada en Segunda Vuelta. A pesar de esto, Maduro convocó estas elecciones para el 22 de abril 2018.

En las filas de la oposición venezolana y entre analistas se discute si en estas condiciones conviene participar en las elecciones o mejor boicotearlas. Segunda Vuelta va a publicar los aportes más sustanciales a este debate. Comenzamos hoy con una columna del escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka publicada en el New York Times; otra del influyente politólogo chileno Fernando Mires en su blog Polis; y una tercera del constitucionalista José Ignacio Hernández, publicada en Prodavinci.

Segunda Vuelta

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Nicolás Maduro y Tibisay Lucena, presidenta chavista del Consejo Nacional Electora, convocan elecciones presidenciales para el 22 de abril 2018, sin acuerdo con la oposición y la comunidad internacional sobre las garantías institucionales para una elección libre

 

El fracaso del diálogo en Venezuela: un paso más hacia el abismo. De Alberto Barrera Tyszka

 

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LAS OPCIONES DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA. De Fernando Mires

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Fernando Mires, politólogo chileno radicado en Alemania

Fernando Mires, 11 febrero 2018 / POLIS

Para comenzar, un poco de orden.

Primero: las negociaciones que tuvieron lugar en la República Dominicana no fueron convocadas por la oposición venezolana. No podría haberlo hecho. La oposición asistió debido a la presión internacional, sobre todo la que provino del Grupo de Lima. Bajo esas condiciones, la oposición organizada no podía sino asistir. Quien quiera criticar a la oposición por haber asistido a la RD debe en primer lugar criticar al Grupo de Lima.

Segundo: la mayoría de los gobiernos latinoamericanos presionó a favor del diálogo-negociación por una razón elemental: ellos no podían adjudicar al gobierno de Maduro el carácter de una dictadura sin obtener las verificaciones formales pertinentes. Entre ellas, la más decisiva: elecciones libres.

Tercero: todas las demandas de la oposición fueron estrictamente constitucionales.

polis.pngCuarto: desde el momento en que Maduro ordenó patear la mesa adelantando las elecciones presidenciales y negándose a otorgar las mínimas garantías constitucionales, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos obtuvo la carta de verificación que necesitaba para constatar que la de Maduro es, inapelablemente, una dictadura. No otra fue la razón por la cual el Grupo de Lima emitió un comunicado en el cual desconocía la legalidad de las elecciones en los términos planteados por el régimen.

Quinto: el del Grupo de Lima no fue un llamado a la oposición venezolana a no votar. Pues una cosa es la posición jurídica de los gobiernos y otra, la política de la oposición. Esta última está determinada por las relaciones concretas que se presentan en un plano político nacional.

Sexto: Habiendo fracasaso el diálogo, la oposición deberá determinar el curso de su futuro político. Ese curso se puede resumir en una pregunta: ¿Participar o no en las elecciones presidenciales convocadas por la dictadura?

NO PARTICIPAR

Después del fracaso de las negociaciones, no participar luce como opción lógica. Dicha opción se basa en el hecho de que al no aceptar las propuestas de la oposición, el régimen ha cerrado la vía electoral. Las que pretende realizar el 22 de abril no serán elecciones en el exacto sentido del término sino un simple acto de confirmación del poder dictatorial.

Para los partidarios de la no-participación, en elecciones bajo condiciones determinadas por la parcialidad del CNE, con cientos de presos políticos, con líderes inhabilitados, con miles y miles de exiliados a los que se ha arrebatado el derecho a voto, con puntos rojos establecidos para conducir el proceso electoral, con todos los medios a disposición del dictador, todo eso y mucho más, significaría contribuir a la legitimación del poder dictatorial.

Como repiten los defensores de la tesis de la no-participación, acudir a las elecciones significaría llevar a la ciudadanía al matadero, contribuiría a una derrota no solo electoral sino, además, moral. Una derrota de la cual la oposición no podría recuperarse jamás.

Participar, aducen, significaría reconocer de hecho a la Asamblea Constituyente, organismo supra-constitucional elegido en una de las elecciones más fraudulentas de las cuales se tiene noticia. Significaría, además, no reconocer el plebiscito del 2017.

Y, no por último, agregan, significaría oponerse a la propia comunidad internacional. Más aún, debilitaría notablemente las sanciones en contra del régimen. ¿Cómo sancionar a un gobierno que no solo permite elecciones sino, además, cuenta con la participación electoral de la propia oposición? La pregunta es lógica, y debe ser tomada en cuenta.

Creo que de modo correcto he expuesto las principales posiciones de los no-participacionistas.

OBJECIONES A LA OPCIÓN DE NO-PARTICIPAR

Las objeciones a la opción de no-participar parten del supuesto de que no siempre lo que es lógicamente formal es políticamente lo más adecuado. No participar en las elecciones llevaría a los defensores de esta opción a entregar toda iniciativa a la dictadura, o lo que es peor, a regalar la elección sin oponer nada en contra. Opción que parte de una situación real: más del 70% de la ciudadanía está definitivamente en contra de Maduro. ¿Cómo desperdiciar ese enorme capital electoral?

De acuerdo a la opción participativa, no la participación sino la no-participación -al hacer aparecer a la oposición como un conglomerado anti-electoral- contribuiría a legitimar a la dictadura.

La dictadura no quiere elecciones. Convocar a elecciones no es un regalo a la oposición, pero sí una concesión -formal pero concesión al fin- a la opinión pública internacional. Lo que en fin necesita la dictadura, si no impedir las elecciones, es devaluarlas. La no-participación contribuiría fuertemente a esa devaluación, argumentan los defensores de la opción participativa.

El argumento del reconocimiento de la AC dictatorial –agregan los de la opción participativa- sería en este caso redundante pues no solo la AC es anti-constitucional. La dictadura, al ser dictadura, también lo es. Sin embargo, en todas las elecciones en las que ha participado la oposición ha reconocido a la dictadura. Luego, participar no es bajo estas condiciones un tema jurídico. Es antes que nada un tema político.

Frente al argumento de que al participar quedarían inhabilitadas las acciones de la llamada comunidad internacional, la opción participativa opina lo contrario. La decisión del grupo de Lima, al desconocer las elecciones solo puede ser verificada en caso de fraude. Sin participación de la mayoría opositora, la dictadura no necesita del fraude. Luego, declarar fraudulentas a las elecciones no puede ser interpretado directamente como un llamado directo a no participar. La oposición ha participado en muchas elecciones fraudulentas. En cierto modo, todas las llevadas a cabo durante Maduro han sido fraudulentas, incluso las del 6-D.

Sin lugar a dudas los catorce firmantes del grupo de Lima más el apoyo activo de los EE UU y de la UE constituyen una oposición internacional poderosa. Pero eso no significa que la dictadura está aislada en el mundo. Además de contar con el apoyo de por lo menos tres naciones latinoamericanas y con la neutralidad de otras dos, la dictadura forma parte de “otra” comunidad internacional de carácter supracontinental: una verdadera internacional de dictaduras hegemonizadas por la Rusia de Putin.

El apoyo de la comunidad democrática a la oposición es por cierto, insustituible. Puede llegar a ser decisivo, pero por sí solo no es determinante. Ni el más imponente apoyo internacional puede sustituir el rol de la oposición venezolana.

Por supuesto, los defensores de la no-participación señalan que su opción no es un llamado a los ciudadanos a quedarse en casa. Todo lo contrario: hablan de una no-participación activa. El problema es que las formas de activación no-electoral no las ha definido nadie. Parece ser difícil que acciones políticas no-electorales puedan llevar a cabo manifestaciones más multitudinarias que las activadas por una campaña electoral bien organizada.  Es por eso que, quienes defienden la opción participativa, aducen que la realización de elecciones y las convocatorias de masas no son excluyentes sino incluyentes. Más aún si se tiene en cuenta que los defensores de la opción no-participativa no cuentan con mucha capacidad de convocación. Y aún en el caso de que la tuvieran, las demostraciones quedarían en manos de grupos militantes y estudiantiles, y sus resultados no serían distintos a los de las grandes demostraciones del 2017. Panorama no muy alentador.

Hay por último un argumento pragmático que habla a favor de la opción participativa, y es el siguiente: la opción no-participativa, para tener éxito, debe ser perfecta. Perfecta quiere decir: absoluta, unánime y total. Bastaría que un solo partido de la unidad se descuelgue de esa opción para que fracase de inmediato. Y es sabido que la unidad opositora no es monolítica, ni homogénea ni, mucho menos, disciplinada. Una sola candidatura de un partido opositor a Maduro bastaría para conferir a las elecciones un carácter legal y legítimo.

¿HAY OTRAS ALTERNATIVAS?

Alternativas intermedias a participar o no participar no hay. La no-participación, aunque la llamemos activa, lleva definitivamente a la derrota electoral. La participación en cambio, entraría aparentemente en contradicción con la propios postulados de la oposición en la RD. Al haber rechazado la oposición a las condiciones electorales propuestas por la dictadura en la RD y luego llamar a votar, sería visto –aunque no fuera así- como un acto de incoherencia. La abstención –alentada con furia por el abstencionismo militante- crecería en forma gigantesca y el fenómeno de las elecciones regionales -donde la oposición, siendo absoluta mayoría, al acudir dividida, sin mística ni entusiasmo, fue derrotada- sería nuevamente reiterada.

¿Significa que la oposición está condenada a dividirse en dos partes irreconciliables? Esa sola posibilidad lleva a repensar más intensamente el problema. Pues el hecho de que no haya alternativas intermedias no significa que no existan alternativas distintas. Una de ellas – ha sido sugerida en las redes- es la de una participación electoral no tradicional. 

Bajo el concepto de participación electoral no tradicional entendemos la de acudir a las elecciones no para competir sino para sentar presencia política nacional. O lo que es igual: hacer de las elecciones un fin en sí y no solo un medio para la conquista del poder.

Una posibilidad de participación electoral no tradicional en otros países ha sido llamar a votar por el candidato Cero, es decir, participar con el voto nulo o en blanco. De este modo la mayoría de la ciudadanía participa, vota y al mismo tiempo convierte a la elección en un rotundo NO a la dictadura
El voto nulo tiene, sin embargo, un inconveniente. Una oposición sin rostro es como una ópera sin tenor.

La del candidato Cero o Nulo – si no técnicamente imposible, muy difícil de ser aplicada  en Venezuela- implica una participación puramente negativa. Con un simple NO, Maduro tendría todo el espacio para decir y proponer lo que quiera, sin contradictor que lo desmienta o lo acuse. De ahí que la posibilidad de llevar un candidato único no para competir ni para ganar –lo que no quiere decir para perder: no-tradicional no significa simbólico-  sino para denunciar los crímenes cometidos por la dictadura, las múltiples violaciones a los derechos humanos, el hambre y la miseria inducida por el régimen, y tantas otras cosas, no debe ni puede ser deshechada.

Un candidato-líder tendría más efecto, incluso sobre la opinión pública mundial, que un candidato Cero. Un candidato-líder, aún perdiendo la elección- entregaría un claro testimonio de la realidad venezolana, no entraría en contradicción ni con la historia de la oposición –que ha sido y será una historia electoral- ni con la comunidad internacional. Un candidato que, si no de todos, sería el de la gran mayoría.

Naturalmente también hay problemas frente a la posibilidad de una candidatura no tradicional. Los candidatos carismáticos, unitarios y con formato político (con otro formato no sirven) no se venden en las farmacias. No obstante, sin necesidad de dar nombres, todos sabemos que en Venezuela hay personas honorables e idóneas que podrían jugar perfectamente el papel asignado.

Después de todo: no hay peor batalla que la que no se da, ni peor política que la que no se hace.

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Sobre las elecciones presidenciales ordenadas por la “ANC”. De José Ignacio Hernández

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José Ignacio Hernández, catedrático de derecho constitucional venezolano

José Ignacio Hernández, 23 enero 2018 / PRODAVINCI

La llamada “asamblea nacional constituyente” (“ANC”), aprobó un “Decreto que convoca a proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República en el primer cuatrimestre de 2018”. Para poder analizar las implicaciones de este anuncio, debemos primero esclarecer cuál fue la decisión que adoptó la “ANC”.

Técnicamente no podemos hablar de “adelanto” de las elecciones presidenciales, pues a decir verdad, ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico precisa cuándo deben convocarse las elecciones presidenciales. La única fecha que está definida es el 10 de enero de 2019, día en el cual comenzará un nuevo período presidencial (artículo 231 constitucional). Luego, las elecciones deberán realizarse en cualquier momento antes de esa fecha.

prodavinciSin embargo, los principios de seguridad jurídica y transparencia aconsejan que la convocatoria a elecciones se realice con suficiente antelación a los fines de poder definir adecuadamente sus reglas, las cuales, de acuerdo con el artículo 298 de la Constitución, no pueden ser modificadas al menos seis meses antes de la elección.

Junto a ello, hay que recordar que la ANC carece de competencias para convocar a elecciones y para intervenir en el sistema electoral. Primero, porque la ANC es un órgano ilegítimo y fraudulento que, en tal virtud, no puede asumir ninguna función pública. Segundo, porque la convocatoria a elecciones es una competencia exclusiva del Poder Electoral (artículo 293 de la Constitución). Aun cuando en realidad, será el CNE quien formalmente convoque y organice las elecciones presidenciales.

Con lo cual, con esta decisión, la ANC intervino ilegítimamente en el sistema electoral y propició la fijación de las elecciones presidenciales en violación a los principios de transparencia y seguridad jurídica.

La ausencia de condiciones de integridad electoral

La decisión de la ANC de convocar a elecciones presidenciales se adoptó, además, en un contexto en el cual no existen en Venezuela condiciones de integridad electoral.

El concepto de “integridad electoral” ha venido siendo estudiado recientemente a los fines de describir las condiciones mínimas que debe respetar toda elección a los fines de garantizar la libre expresión de los electores, y en consecuencia, la solución pacífica y electoral de crisis políticas. A tal fin, se considera que las condiciones electorales abarcan todo el sistema, así como las fases previas, concomitantes y posteriores a la elección.

Tomando en cuenta los estándares generalmente empleados para medir la integridad electoral, podemos concluir que en Venezuela no existen condiciones de integridad electoral que permitan la realización de elecciones libres y transparentes. Basta con referir, por los momentos, a los principales indicios que soportan esta conclusión.

El CNE no es una instancia imparcial pues todos sus integrantes fueron fraudulentamente designados por la Sala Constitucional. Además, en su actuación, el CNE ha demostrado una clara parcialización a favor del Gobierno: los retrasos en el referendo revocatorio presidencial no guardan relación con la eficiencia mostrada en la organización de la ilegítima elección de la ANC.

Luego, el registro electoral no es transparente, en parte, por la propia actitud presente en el CNE. Basta con recordar el reciente episodio del cambio arbitrario de centros de votación para comprobar cómo el registro electoral no es una base de datos cierta y confiable.

Tampoco hay libre participación política. A la lista de líderes políticos inhabilitados o encarcelados, debe ahora agregársele la ilegítima decisión de la ANC de ilegalizar los partidos políticos que decidieron no participar en las elecciones municipales. Al fijar las elecciones para abril, además, la ANC obstaculizó que esos partidos pudieran cumplir a tiempo con el nuevo trámite de renovación de nómina de militantes.

No hay mecanismos transparentes de revisión. Por el contrario, el Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado, con sus decisiones, una clara parcialidad a favor del Gobierno. El mejor ejemplo sigue siendo la decisión de la Sala Electoral de “suspender” a los diputados de Amazonas, en un juicio que más de dos años después no ha concluido.

Pero actualmente, el elemento más determinante es la ANC, que ha demostrado su disposición de intervenir ilegítimamente en las elecciones, incluso, para desconocer resultados electorales, como sucedió con el Gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa.

La decisión de la ANC de convocar elecciones presidenciales para abril de 2018, demuestra que en Venezuela no existen condiciones de integridad electoral y que, en especial, mientras la ANC siga existiendo, no será posible realizar elecciones libres y transparentes en Venezuela.

Precisamente, parte de las negociaciones entre la oposición y el gobierno realizadas en República Dominicana se orientan a obtener condiciones básicas de integridad electoral, algo que por ahora no se ha logrado. Además, al fijar la fecha de las elecciones en abril, la ANC redujo drásticamente el tiempo para que esas negociaciones logren algo que hoy luce complejo: rescatar las condiciones de integridad electoral en Venezuela.

¿Participar o no participar?

Que en Venezuela no existan condiciones de integridad electoral no implica, necesariamente, que la única opción adecuada bajo la Constitución sea no participar en las elecciones. En efecto, la ausencia de condiciones de integridad electoral lo único que implica es que las elecciones, por sí solas, no garantizan un cambio constitucional en Venezuela. Sin embargo, ello no es suficiente para eliminar, absolutamente, la pertinencia constitucional de participar en las elecciones presidenciales.

Esta discusión se ha visto empañada por algunos malentendidos. Así, desde un punto de vista constitucional, no es cierto que participar en las elecciones presidenciales sea suficiente para “legitimar” la ANC, como ya expliqué en Prodavinci. En realidad, nada ni nadie puede legitimar a ese órgano.

De otro lado, hay algunas evidencias que apuntan a que las elecciones en regímenes autoritarios pueden desencadenar un cambio político, si y solo si se ejerce suficiente presión sobre el régimen. Para ello, hay que tomar en cuenta que Venezuela ya no puede ser considerada como un “autoritarismo competitivo”, o sea, como un régimen autocrático que permite ciertas elecciones bajo condiciones razonables de libertad. Por el contrario, Venezuela –luego de la ANC- es un régimen autoritario no competitivo, tanto más si se trata de una elección presidencial.

En virtud de lo anterior, la participación en las elecciones debe ser valorada no en función de la probabilidad de que se admita la libre expresión ciudadana, sino en función de la probabilidad de que esas elecciones, y el fraude que las rodea, puedan propiciar un cambio político y constitucional. Bajo esta perspectiva, participar en las elecciones presidenciales podría ser una condición necesaria –pero no suficiente– para promover un cambio constitucional y político en Venezuela.

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