Lecciones del 16J. De Luis Mario Rodríguez

La coordinación de esfuerzos entre las organizaciones civiles y los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le demostró al mundo que en realidad la insatisfacción social, más que existir en perjuicio de la democracia, se encamina contra aquellos que abusan del poder.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 20 julio 2017 / EDH

La consulta popular celebrada en Venezuela el pasado 16 de julio nos demuestra que la sociedad civil es capaz de enfrentar, con la Constitución y la ley en la mano, a quienes pretenden secuestrar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Lo hizo a pesar del corto tiempo con el que contó, la insuficiencia de recursos y las amenazas del oficialismo por boicotear el ejercicio democrático convocado por la Asamblea Nacional. No la detuvo ni la represión de la que han sido víctimas los estudiantes ni las decenas de muertos a causa de la violencia empleada por las fuerzas de seguridad del Estado.

EDH logLa coordinación de esfuerzos entre las organizaciones civiles y los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le demostró al mundo que en realidad la insatisfacción social, más que existir en perjuicio de la democracia, se encamina contra aquellos que abusan del poder, que reprimen la libertad de expresión, que disfrazan el populismo con el ropaje de programas sociales insostenibles financieramente y que ignoran principios básicos de todo sistema republicano como la separación de poderes, la libertad de expresión y la renovación de las autoridades a través de elecciones libres, transparentes y justas.

Un antecedente previo se presentó en 2015 en los comicios parlamentarios donde los partidos de la MUD ganaron la mayoría de diputados. En esa ocasión los movimientos ciudadanos desplegaron una campaña en redes sociales acerca de las condiciones que debía cumplir el proceso electoral. Un grupo de abogados y politólogos de varios países latinoamericanos viajamos a Caracas, invitados por el Centro Carter, para persuadir al liderazgo civil venezolano para trabajar por una finalidad concreta: evitar la dispersión de objetivos, impedir la parcialidad del Consejo Nacional de Elecciones y exigir la limpieza de los resultados. Las acciones se enfilaron entonces a esa meta común y, aunque los recursos financieros fueron escasos, contribuyeron al triunfo de la oposición.

Pueden identificarse otros factores, pero algunos de las circunstancias que allanaron el camino del éxito para que más de siete millones de venezolanos atendieran el llamado de la oposición el 16J fueron el hartazgo de la gente con la situación política, social, económica y de seguridad, la actuación sincronizada de organizaciones partidarias, la sólida ofensiva internacional, la observación por parte de figuras notables del ámbito político, el establecimiento de “puntos soberanos” –mesas donde se votaba- en todos los estados de Venezuela y en el extranjero, además de la granítica participación de la sociedad civil.

En el caso salvadoreño, a partir de 2010 ha despuntado un favorable protagonismo de todos aquellos que, sin pertenecer a un partido político, quieren influir en el correcto funcionamiento del Estado. Ciertamente desde los Noventa varias agrupaciones no partidarias vienen empujando una agenda orientada a fortalecer la independencia de las instituciones, a promover la transparencia y a mejorar el sistema electoral. Sin embargo, con la integración de la Sala de lo Constitucional en 2009 y más recientemente, con la conformación de la Corte Plena, tomó nuevos brillos el interés de la población organizada por impulsar medidas que respalden la decidida aplicación de la ley, el uso correcto de los fondos públicos y una más efectiva contraloría y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

En 2017 el país cuenta con iniciativas de jóvenes, grupos promotores de la probidad, la transparencia y el acceso a la información, consorcios que aglutinan a diferentes gremiales, sindicatos, universidades y centros de pensamiento, además de otras alianzas surgidas recientemente como DECIDE y FUERZA CIUDADANA que persiguen propósitos semejantes vinculados a la consolidación institucional y al acatamiento del orden jurídico. Sus integrantes son una mezcla de personas que nunca han militado en partidos políticos, otras que lo hicieron por muchos años y ahora prefieren aportar su experiencia desde otro tipo de asociaciones, académicos, profesionales, trabajadores, empresarios y un buen número de recién graduados en varias de las mejores universidades del mundo.

Ojalá que sin perder la identidad y la intención de cada cual, quienes dirigen estas instancias piensen en una gran “coalición civil” que identifique actividades puntuales en las que se muestre el “músculo” que empieza a tonificarse aceleradamente para defender la democracia.

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