PDDH aplaude las medidas extraordinarias, aunque cree que violan los derechos humanos

 40 líderes de clica de la MS 13 fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, el 22 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó la acción, debido al incremento de homicidios en el mes de junio. Los 40 pandilleros fueron trasladados del centro penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Foto: Víctor Peña

40 líderes de clica de la MS 13 fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, el 22 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó la acción, debido al incremento de homicidios en el mes de junio. Los 40 pandilleros fueron trasladados del centro penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Foto: Víctor Peña

El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos concluye que a la sombra de las medidas extraordinarias en seguridad pública y al cabo de un año de su aplicación, ocurrieron severas violaciones a los derechos humanos y se desató una “grave crisis” en el sistema penitenciario. Sin embargo, la procuradora aplaude los resultados y se adhiere a la versión de que la reducción de homicidios está directamente relacionada con dichas medidas.

Nelson Rauda Zablah, 6 julio 2017 / EL FARO

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) ha revelado un informe en el que se narra toda una colección de violaciones a los derechos humanos en las calles y cárceles del país, como consecuencia directa de la puesta en marcha de las medidas extraordinarias para combatir a las pandillas, pero la procuradora Raquel Caballero desafía la lógica de la información que la institución ha recogido y ratifica su apoyo a la política de seguridad que más define a la administración de Salvador Sánchez Cerén.

el faroLas medidas extraordinarias han provocado una grave crisis de salud en centros penales, violaciones al debido proceso y el incumplimiento de la obligación de rehabilitar personas que tiene el sistema penitenciario. Además, las denuncias por violaciones de derechos humanos de policías y soldados aumentaron inmediatamente después de que las medidas entraron en efecto. Esas son las conclusiones del “informe preliminar sobre el impacto de las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia”, que tiene fecha de junio 2017 pero fue difundido el 4 de julio.

Las medidas extraordinarias consisten en limitar al máximo los derechos de los internos en las cárceles que albergan pandilleros, en eliminar visitas familiares, suspensión de audiencias judiciales, periodos de encierro permanentes en las celdas, y el aislamiento total de la comunicación electrónica en las zonas donde se ubican las prisiones. Fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa en abril de 2016. En febrero de este año, la Asamblea prorrogó las medidas por un año más y la procuradora Raquel Caballero endosó su apoyo a esa decisión, al decir que estaba “interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño”.

En el mismo informe en el que señalan violaciones a los derechos humanos, la PDDH aplaude a la estrategia del segundo gobierno del FMLN: “la cantidad de homicidios fue reducida significativamente en el periodo que llevan vigentes las medidas extraordinarias”. Sin embargo, el análisis no demuestra por qué la reducción de homicidios tiene una relación causal con las medidas, e ignora otros factores que inciden en la violencia, como las decisiones propias de las pandillas. Además, la disminución de homicidios no se vio correspondida con reducciones en otros delitos que la PDDH midió: extorsión, lesiones, desaparecidos, amenazas, violaciones y robos.

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), cree que a la Procuraduría le falta claridad en este informe. “No creo que el informe muestre que el Estado ha recuperado el control de los centros penales, ni siquiera que logre relacionar con datos objetivos que estas acciones sean las que han provocado la disminución de homicidios”, asegura Reyna. “Que el resto de delitos siga en los mismos promedios y que el número de denuncias estén disminuyendo, probablemente por falta de confianza en las instituciones, muestra que las medidas no están teniendo el impacto deseado, además de que son inhumanas y permisivas ante los abusos”, agrega.

El informe señala responsabilidades a la Dirección General de Centros Penales, por poner en riesgo la vida y la salud de los reos y empleados penitenciarios; a la Fiscalía General de la República, por su desinterés en investigar los casos de muertes ocurridos en las cárceles; y a la Policía Nacional Civil y el Ejército, por el aumento de denuncias de “ejecuciones extralegales, amenazas, malos tratos, tortura, detención ilegal e intimidación”.

Según el informe de la PDDH “las medidas extraordinarias sí afectaron negativamente la esfera de derechos humanos de la población, ya que el número de denuncias recibidas por esta Procuraduría aumentó luego de su implementación”. Como muestra, en marzo de 2016 la PDDH recibió 43 denuncias contra la Policía y 16 contra el Ejército. Al siguiente mes, cuando iniciaron las medidas, la cantidad de denuncias contra la Policía aumentó a 114 y a 23 contra el Ejército.

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Pero la Procuraduría contradice sus propios hallazgos. Por ejemplo, en una sección justifica el incremento de denuncias como “las quejas por afectación a los derechos de las personas privadas de libertad” que generaron más de 2 mil intervenciones de la PDDH en las prisiones.

Además, la postura de la PDDH contradice convenios internacionales de derechos humanos a los que El Salvador está suscrito. Por ejemplo, la situación de “necesidad o emergencia” invocada por las medidas extraordinarias no justifica “evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad”. Esa es una obligación que El Salvador asumió en marzo de 2008, al suscribir los “principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe también omite cifras que evidencian el efecto de la estrategia represiva de las medidas extraordinarias. Por ejemplo, el aumento en el número y la letalidad de enfrentamientos armados entre policías y pandilleros, según datos del Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya, del SSPAS. En 2014, hubo 256 enfrentamientos con 112 víctimas. En 2015, hubo 676 enfrentamientos con 459 víctimas, 406 de ellas identificadas como pandilleros. Y el año pasado, pese a que hubo casi 300 enfrentamientos menos con 407 casos, la cantidad de víctimas incrementó a 618, 96 % de ellas identificadas como supuestos pandilleros.

El documento también omite analizar los datos de policías y militares acusados por homicidio que pasó de 49 policías y 10 militares en 2014, a 357 policías y 72 militares en 2016.

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio del SSPAS, dice que “el informe no es coherente con la realidad, ni con lo que el mismo informe retrata. La procuradora mostró su respaldo a estas medidas sin valorar estos elementos que recoge el informe, y el mismo informe hace un esfuerzo por no criticar lo que analiza. Además, me preocupa que tarden siete meses en publicar un informe sobre datos de 2016”.

Las medidas no han servido para recuperar las cárceles

Supuestamente, las medidas servirían al Ejecutivo para dos propósitos: retomar el control de las cárceles y evitar la planificación de delitos al interior de ellas. El informe de la PDDH evidencia que lo primero no pasó y que nunca se presentaron “estudios técnicos sobre los cuales se ampare la idea de que los delitos más graves se organizan y dirigen desde el interior de las cárceles”.

Entre enero y noviembre de 2016, 47 personas fallecieron en las prisiones: 16 fueron asesinados, 19 por enfermedad o causa natural y 12 de quienes no se ha especificado la causa de muerte. La PDDH considera “inaceptable” que no se haya disminuido drásticamente la cantidad de personas fallecidas y responsabiliza a Centros Penales por no “mantener una mejor vigilancia y una mejor atención de las condiciones de seguridad y de las necesidades sanitarias de la población reclusa”, aún después de implementar los encierros permanentes.

La Fiscalía General no ha considerado en estos casos “ninguna responsabilidad de parte del Estado por negligencia y omisión en atender la salud de los internos”, según la PDDH, y por ello “no se realiza ninguna investigación y todos esos hechos quedan en absoluta impunidad”. Ninguno de estos casos ha sido judicializado, aunque eso es menos sorprendente en un país que solo lleva uno de cada 10 homicidios a tribunales. Este incumplimiento también es violatorio de los principios de la CIDH.

 Pandilleros del Barrio 18, internos del penal de Cojutepeque, durante una misa oficiada por el obispo castrense, Fabio Colindres y el nuncio apostólico Luigu Pezzuto, el 26 de marzo de 2012 . Recinto que fue cerrado el 16 de junio de 2016. Foto: Víctor Peña

Pandilleros del Barrio 18, internos del penal de Cojutepeque, durante una misa oficiada por el obispo castrense, Fabio Colindres y el nuncio apostólico Luigu Pezzuto, el 26 de marzo de 2012 . Recinto que fue cerrado el 16 de junio de 2016. Foto: Víctor Peña

La PDDH concluye que existe una “grave crisis de salud al interior de los centros penitenciarios” en los que se están aplicando medidas extraordinarias, es decir: Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque, Chalatenango y Ciudad Barrios. Los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas. Pero la PDDH admite que ese dato es inexacto, porque no toma en cuenta “los casos que no han sido descubiertos o los que no se están atendiendo”. Por ejemplo, en el centro penal de Quezaltepeque la PDDH dice que si las brigadas médicas cubren los sectores ocupados por los cerca de mil miembros de la facción Revolucionarios del Barrio 18, no alcanzan a atender los sectores que ocupa la otra facción del Barrio, los Sureños, de un número similar.

En 2016, el departamento de Verificación Penitenciaria de la PDDH recibió 675 quejas de internos por falta de asistencia médica.

Pero además del problema de tuberculosis, las enfermedades que han incrementado incluyen problemas mentales, de la piel y del sistema digestivo como la “colitis nerviosa, ansiedad, agresividad, cuadros neuróticos y enfermedades psicosomáticas”. En el caso de las enfermedades mentales, el problema se agrava porque solo hay dos psiquiatras disponibles en el sistema penitenciario para toda la población de reclusos, que para el mes de junio de 2017 era de 38,338 personas.

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La subdirectora del Observatorio de SSPAS afirma, a partir de estas revelaciones, que los centros penales son “espacios institucionalizados de tortura”. Esta visión coincide con lo que hace cinco años dijo el entonces director de Centros Penales, Douglas Moreno, a El Faro, cuando aseguró que “nadie se rehabilita en un escusado“. Para Reyna, el principal objetivo del gobierno con estas medidas no ha sido retomar el control de las cárceles, sino un mecanismo de castigo contra los pandilleros, especialmente los involucrados en planificación de atentados contra policías y militares.

El Faro también consultó sobre el rol de la procuradora a Nelson Flores, un abogado con 24 años de experiencia en el trabajo de derechos humanos y exdirector del centro de estudios penales de El Salvador. Flores opina que la procuradora Caballero “está jugando a  ser gallo-gallina” con su postura respecto a las medidas extraordinarias. “En una violación a derechos humanos usted no puede decir: ‘mire, si le va a pegar, péguele suavecito’. Independientemente del tipo de violación de derechos humanos, la Procuraduría debe actuar de forma enérgica”, afirma Flores. “Ella no está jugando el papel que le corresponde. Debería ser más protagonista y no solo sacarse fotos y hacer declaraciones de manera muy intermedia”, agrega.

El informe de la PDDH arroja luces sobre cómo son este tipo de castigos. Por ejemplo, procuradores detectaron que pandilleros de la MS y de la facción Revolucionarios del Barrio 18 no reciben sol tres veces por semana, sin procedimientos de individualización de conductas. Después de implementadas las medidas, la Dirección de Centros Penales no proveyó artículos de aseo personal a todos los reos y algunos estuvieron solo con ropa interior durante un mes. El informe también  detalla el uso de “celdas de seguridad” para personas que las autoridades consideran en riesgo, pero no hay información sobre su “funcionamiento, mecanismo de utilización y qué condiciones de habitabilidad presentan”.

Otra manera en que Centros Penales pone en riesgo a los reclusos y hasta a sus mismos empleados es con la utilización de la “inteligencia penitenciaria”. De acuerdo con la PDDH, funcionarios penitenciarios solicitan la ayuda de algunos internos, que consiste en infiltrar estructuras criminales y trasladar información a las autoridades. Sin embargo, no adoptan ninguna medida para protegerlos, pese al riesgo que implica el ser tildado como delator.

A pesar de que se detectaron casos de encierro permanente hasta por tres meses, la Procuradora no desaconseja su implementación: solo pide que se individualice a quienes deben permanecer bajo esa condición. Reyna piensa que “la PDDH debería de constatar, caso por caso, si estas medidas son realmente en función del control del nivel de peligrosidad o se utilizan como forma de intimidación, pero de manera inmediata debería exigir el cese de este tipo de acciones”.

A través de la oficina de prensa de la PDDH, El Faro pidió una reacción de la procuradora Caballero. Si el informe certifica violaciones a derechos humanos, dentro y fuera de las cárceles a raíz de las medidas extraordinarias, “¿por qué la Procuradora apoya las medidas y no recomienda que se cambien?”, preguntó este períódico. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

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