Tres años, un discurso y escasas decisiones de país. De Erika Saldaña

No necesitamos de discursos de extremistas que nos dicen que el Gobierno debería reducir su tamaño al mínimo o que la empresa privada debería desaparecer, o que la Sala de lo Constitucional es la oficina legal de la oposición o que los medios de comunicación son panfletos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 junio 2017 / EDH

El presidente Salvador Sánchez Cerén habló de sus tres años frente al gobierno de El Salvador y su discurso estuvo lleno de datos y afirmaciones controversiales, los cuales deben analizarse con lupa. El “Fact check” es una herramienta utilizada por los gringos para revisar, datos en mano, los discursos políticos; así detectan errores, imprecisiones o mentiras en ellos. Afirmaciones y datos como la (supuesta) reducción de la pobreza, la cuantiosa (e imprecisa) inversión social, la reducción (aparente) de los homicidios y extorsiones, la (falsa) conservación de los subsidios y programas sociales quedan en duda cuando los contrastamos con la realidad.

Algo que me llamó mucho la atención y que el presidente repitió en varias ocasiones es el supuesto fortalecimiento de la democracia salvadoreña y la continua búsqueda de soluciones a los problemas a través del diálogo, concertación y participación de todos los sectores. A menos que usted viva debajo de una piedra o en Narnia, sabe que nada es más falso que esto. Se pactan reuniones, se toman la foto, se presume el diálogo y luego hay cero o poco seguimiento a lo acordado, según lo que manifiestan los políticos de todos los partidos y los funcionarios de distintas gremiales. A ello súmele que somos testigos, día a día, de constantes pugnas del Gobierno con empresa privada, con la oposición, con la Sala de lo Constitucional, con los medios de comunicación, con Estados Unidos y con todo aquel que no coincida con su visión de la realidad.

La falta de diálogo entre los diversos sectores del país es uno de los problemas más graves que tenemos y así lo ha confirmado el Fondo Monetario Internacional. No hemos entendido que, para salir adelante, necesitamos de un Gobierno estable, eficiente y eficaz; un sector privado fuerte, un sistema de frenos y contrapesos que funcione y medios de comunicación libres e independientes del gobierno. No necesitamos de discursos de extremistas que nos dicen que el Gobierno debería reducir su tamaño al mínimo o que la empresa privada debería desaparecer, o que la Sala de lo Constitucional es la oficina legal de la oposición o que los medios de comunicación son panfletos. Necesitamos de un debate civilizado de las ideas, sin insultos ni descalificaciones a priori.

Hay que entender, por ejemplo, que reducir al Estado a un mínimo de funciones como la seguridad, es ignorar que en este país no todos gozan de educación o salud de calidad, de oportunidades de empleo o de un tiempo asegurado de comida al día. Por ello, es necesario que el Gobierno supla las necesidades de los sectores más pobres a través de programas sociales focalizados y eficientes. Entender esto es producto de pragmatismo informado por la realidad, desechando ideologías rígidas.

Por otro lado, pretender la eliminación de las empresas privadas significa ignorar que estas son pieza fundamental para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleos, la atracción de inversión extranjera e impulso de la local, contribuyen a la recaudación fiscal y hay muchas que cumplen un importante rol social en la comunidad.

El reto para los últimos dos años de la presidencia de Sánchez Cerén, la oposición y el sector privado es dejar a un lado las confrontaciones, dialogar y negociar en temas que nos interesan a todos, y echar a andar planes de trabajo sostenibles que vayan más allá de un periodo de gobierno. Urge atraer inversión, generar empleos, mejorar el sector laboral privado, reducir la burocracia, fortalecer y focalizar la inversión social, reformar integralmente al sistema de pensiones, reducir el gasto del Estado, combatir la evasión y elusión fiscal y ampliar la base tributaria mediante la formalización de empresas y personas.

La mayoría de estos son temas de interés común, a los cuales ningún sector se puede negar si queremos salir de la crisis. Estos no son temas electorales, son temas de nación. Necesitamos de estadistas en la Asamblea y en el Ejecutivo. Y necesitamos de un presidente que nos diga en su informe anual lo que debemos y necesitamos oír y no la “verdad” con la que engancha a sus bases. El informe anual es para sincerarnos, aceptar la realidad y buscar soluciones, no para dibujar un país que no existe. Señor presidente, sea estadista y no politiquero.

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