La bola. De Cristian Villalta

La lógica que lleva del sueldo al sobresueldo es la misma que lleva de la democracia a la cleptocracia.

Cristian Villalta, 4 junio 2017 / LPG

Pagamos los colegios de sus hijos, la gasolina de sus carros, la cuota de sus casas, las prestaciones de su personal, su seguro médico y sus viajes. Así fue durante dos décadas y contando.

Lo hicimos mitad sabiendo y mitad a ciegas, porque en muchos casos solo asumíamos que se les pagaba, y bien, no que recibían un dinero extra “porque esa ha sido la costumbre”.

Nunca se nos cruzó por la cabeza que desde sus pininos tras Chapultepec, nuestra democracia nos iba a costar tanto efectivo. La corazonada de tener una Corte de Cuentas inútil era fuerte, pero no la de que también fuera cómplice. Y ni al corazón salvadoreño más envenenado se le habría ocurrido que durante dos décadas, la Presidencia de la República llevaba doble contabilidad.

De haberlo sabido, habríamos entendido por qué el presupuesto siempre está desbalanceado.

De haberlo sabido, habríamos exigido mejores ministros en esas administraciones, mejores procuradores, mejores superintendentes, gente valiosa por la que las transnacionales estuvieran pujando, y no esa colección de Gargantúas y Pantagrueles.

De haberlo sabido, quizá el afán de meterse al círculo del cacique de turno que personajes de la vida política y empresarial por igual demostraron desde entonces nos habría parecido un gramo menos asqueroso.

Es que con la muletilla esa de la gobernabilidad, paulatinamente la Presidencia salvadoreña fue ampliando el espectro de profesionales que estaban bajo la sombrilla del sobresueldo y del salario secreto, hasta superar el último pudor: mantener en ese régimen a ciudadanos que ni siquieran trabajaban para el Gobierno.

El reparto llegó a ser tal, tan indiscriminado, que la democracia se convirtió en cleptocracia; en consecuencia, ese soborno perdió su carácter inicialmente político, su valor como herramienta para el cohecho quirúrgico, y pasó a ser una moneda de curso regular entre una nueva clase de ciudadano, una nueva casta.

Con lo que ese grupo recibía en efectivo, en planchados billetes de cien dólares, les alcanzó para vivir bien; con el resto, es decir, lo que declaraban ante el Ministerio de Hacienda, alcanzó para invertir en bienes raíces, autos de lujo y participar en algunos emprendimientos.

No eran nuevos ricos, sino una suma de tecnócratas de difusa orientación ideológica; su irrupción en la vida nacional fue meteórica, y su operación política y su vocería primero al servicio del partido y al final solo al de Elías Saca fue suficientemente visible. Ahora, huérfanos de padrino, buscan otro señor. Nadie les desea suerte.

Pero hace ocho años, esa variante del reclutamiento y control político era sexi, y el proyecto que llevó a la izquierda por primera vez al Ejecutivo quiso lo mismo. Solo hubo que leer el manual…

¿Cuántos de los asalariados secretos del gobierno de Saca habrán mudado al del primero del FMLN? ¿Quiénes fueron? ¿Sus acciones cotizaron al alza o a la baja? ¿Alguno ha sido tan obediente y útil como para seguir cobrando en esta administración?

Como se ve, el caso que ahora ocupa al fiscal no se trata solo de malversación, peculado y cohecho, sino de abrirle las tripas a esa bestia abusiva que ha sido la política partidaria en El Salvador. Eso, en lo que toca a los corruptores.

A los corrompidos, a los que recibieron sobresueldos, basta con que se divulgue sus nombres y se les haga pagar retroactivamente la renta no declarada. Es lo menos que se merece esa bola de mantenidos.

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