La partida que no era secreta. De Erika Saldaña

Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 mayo 2017 / EDH

Uno de los secretos a voces más fuertes en El Salvador, posconflicto armado, es la existencia de la mal llamada partida secreta. Digo mal llamada, pues cuando un funcionario dice que la partida secreta no existe, tiene razón. Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

De estas líneas presupuestarias, cuentan diversos reportes periodísticos, salió dinero para pagar sobresueldos a funcionarios en diferentes periodos gubernamentales, “actividades de inteligencia”, “reparar crisis políticas” y quién sabe qué otro tipo de cuestiones, porque aquí podemos especular lo que sea, ya que nunca se ha transparentado su verdadero uso. Los indicios de las investigaciones de la Sección de Probidad y la Fiscalía señalan que algunos de estos dineros, probablemente, fueron a parar a cuentas privadas de expresidentes o exsecretarios privados de la Presidencia, lo cual ya degenera en corrupción.

Aunque su existencia en sí misma no es inconstitucional, la forma oscura y discrecional en la que se han utilizado las partidas de gastos imprevistos o gastos reservados deja muchísimas dudas. Antes del año 2010 nunca se habían aceptado los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del Presupuesto General de la Nación y las asignaciones presupuestarias sin control alguno; esto, a pesar de que algunos demandantes habían manifestado que este tipo de partidas podían llegar a acumular grandes cantidades de recursos que, al carecer de transparencia y control, no garantizaban que se estuvieran utilizando adecuadamente, para los fines del Estado.

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que en casos anteriores sobre el presupuesto la interpretación hecha no había sido lo suficientemente fundada, se estableció que el presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos. Debe señalarse de manera clara cuánto gasta, en qué gasta y quién lo gasta. Además que ningún ente público puede tomar una decisión jurídica que implique un gasto no previsto en la Ley de Presupuesto; tampoco se pueden gastar las sumas autorizadas para una finalidad diferente a la plasmada en la ley, sin realizar el procedimiento establecido para la modificación del presupuesto.

La Sala también expuso que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino, salvo en las excepciones que exista una causal justificada de reserva de la información. La sentencia fue clara al señalar que las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional.

En los últimos cuatro gobiernos se han gastado cientos de millones de dólares de los que no se ha rendido cuentas por pertenecer a gastos imprevistos o reservados; se ha tratado de justificar su opacidad en que es información reservada del Estado por atender a funciones del Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada o porque se trata de gastos urgentes que surgen de alguna emergencia nacional. Pero en un rubro tan delicado como las finanzas del Estado, entre más transparencia y más información hay, mejor. No hay lugar para partidas secretas ni para que algunos funcionarios decidan discrecionalmente en qué gastar.

Después de tantas líneas cuestionando la partida de gastos imprevistos y reservados, la duda del millón es ¿dónde ha estado, está y estará la Corte de Cuentas para investigar la forma en que se administran y gastan los fondos públicos? ¿por qué la Corte de Cuentas se resiste a auditar la forma en que se usan todos los fondos públicos cuando se supone que es su principal misión? Nuevamente el tema está sobre la mesa, y ante la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas a los ciudadanos nos toca exigir que nos expliquen con detalle en qué se gastan el pisto del Estado.

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