Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo.
Luis Mario Rodríguez, 25 mayo 2017 / EDH
En los últimos dos años se han intensificado los artificios legales para tomarse algunas de las instituciones que por años acogieron la relación tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En 2013 se neutralizó por completo al Consejo Superior del Trabajo (CST). Esta instancia surgió después de la firma del acuerdo de paz como un espacio para que los sectores laboral y privado discutieran, bajo la mediación del Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, distintas medidas que fortalecieran los derechos laborales, incentivaran el crecimiento económico y promovieran el cumplimiento de los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Después de 19 años ininterrumpidos de fomentar el diálogo social, el ministro de turno rechazó las propuestas de las organizaciones sindicales alegando que no estaban representadas algunas que, según trascendió públicamente, son afines al partido de gobierno. Las federaciones de sindicatos que han formado parte del CST alegan que el ministerio autorizó cientos de sindicatos, pasando, según las estadísticas de 2013, año en el que se desarticuló el ente tripartito, de 213 a 618 entre públicos y privados.
En 2015 la OIT urgió al gobierno salvadoreño a reactivar al CST señalando que su acefalía violenta el convenio sobre libertad sindical ratificado por El Salvador en 2006 después de una intensa negociación entre las autoridades de ese entonces y el partido FMLN. A dos años de la resolución de la OIT el CST continúa sin operar.
La misma estrategia se utilizó para la designación de los representantes laborales en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). El período para el cual fueron elegidos sus miembros finalizó en febrero de 2015 y el Ministerio de Trabajo convocó a elecciones hasta el 31 de octubre de 2016 en medio de la negociación para el aumento del salario mínimo. Tanto las organizaciones sindicales del sector privado como las gremiales empresariales delataron serias irregularidades en la elección de los nuevos integrantes quienes finalmente aprobaron un incremento salarial con montos y condiciones diferentes a los que originalmente pactaron las anteriores autoridades del CNSM.
En un nuevo episodio de saqueo institucional el Grupo Promotor (GP) de la Ley de Acceso a la Información Pública denunció los intentos por controlar el Instituto que tiene a su cargo la aplicación de esta normativa. La queja señala la manipulación del reglamento de elección por parte de Casa Presidencial al exigir la presencia del representante legal de las organizaciones con derecho a voto sin permitírseles otorgar un poder para que alguien más comparezca en su nombre. Además el GP rechaza la participación de organizaciones que no pueden participar en la elección porque su naturaleza jurídica es la de una asociación cooperativa cuando la ley establece el derecho para las asociaciones empresariales. También criticó la imposibilidad de examinar con el rigor necesario las hojas de vida de los candidatos, varios de los cuales, según el comunicado de esa instancia ciudadana, carecen de la experiencia para ocupar el cargo de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Esta realidad puede llevarnos de nuevo a la oscuridad en la que vivíamos antes de 2011 y que favoreció el mal manejo de los fondos públicos.
Con esos antecedentes a sus espaldas es muy probable que la próxima “víctima” sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo. Sus resoluciones han modernizado el sistema electoral, promovieron el acceso a la información pública, iniciaron la despartidización de varias entidades del Estado, impulsaron la transparencia y la democratización interna de los partidos políticos y han sido fundamentales, junto con el resto de integrantes del máximo tribunal de justicia y la Fiscalía General de la República, en la lucha contra la corrupción. También revalorizó la justicia constitucional.
La concentración del poder político debilita por completo a los sistemas democráticos. Venezuela y Nicaragua son dos claros ejemplos en la región latinoamericana. Sin independencia de poderes los ciudadanos pierden la mayoría de sus libertades individuales. Detener esta insana pretensión es urgente si se quiere vivir en un pleno Estado de derecho.
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