Camino a la anarquía. De Erika Saldaña

Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 22 mayo 2017 / EDH

“Policía mata a motociclista que le pitó para que cruzara la calle”; “Capitán de la Fuerza Aérea fue asesinado por su vecino tras discusión en el parqueo”; “Matan a pasajero tras discusión por un asiento”; “Vigilante mata a taxista por un dólar”. Este tipo de macabros titulares se están volviendo frecuentes en los medios salvadoreños y, lastimosamente, ya no nos causan el escozor que deberían.

Al leer cada historia, al menos yo me pregunto: ¿Por qué estas personas disponen tan fácilmente de un arma? ¿Acaso esa responsabilidad no debería depositarse solo en personas mentalmente sanas? ¿Qué tan efectivo es el filtro de las autoridades para entregar un permiso de portación de armas?

Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra una propuesta de armar a las comunidades civiles para su propia defensa en contra de la delincuencia. En una sociedad donde reina la intolerancia en cualquier espacio, de la cual hemos sido testigos con casos y muertes propias de historias de psicópatas, más armas podrían significar muchas más muertes. Justificadas, o probablemente no, bajo el manto de la legítima defensa. Y en comunidades donde impera el miedo ante el acecho de la delincuencia y las pandillas, todo parece ser fórmula perfecta para un inminente fracaso.

Entre líneas, el Estado acepta dos cosas preocupantes en su intento de armar a civiles: que la seguridad pública sigue siendo el problema más grave hoy por hoy, aunque el índice de homicidios esté a la baja; y que no existe un control estatal de la seguridad pública. Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Trasladar la obligación de la seguridad pública a civiles, bajo el manto de la legítima defensa, puede dar lugar a situaciones preocupantes. En primer lugar, una tarea excepcional como es la limitación de derechos (en este caso, de los presuntos delincuentes) se otorga al Estado bajo el entendido que los procedimientos se realizarán en el marco de la ley, de manera racional y cuando esta sea la última opción posible. El miedo es traicionero y nada nos garantiza que una persona armada tenga conocimiento que para invocar el uso de la legítima defensa se deben cumplir varios requisitos. En ese sentido, para que una persona esté habilitada para afectar los derechos de alguien más sin ser acusado penalmente, es decir, alegando defensa propia, se deben afectar los derechos personales y no los de alguien más, debe existir una verdadera acción que sea delito y no una simple amenaza, el peligro debe ser real y el uso de la defensa por la propia mano tiene que ser la última opción posible.

Si descartamos la idea de armar a los civiles para su propia defensa ante la delincuencia, ¿qué se debe hacer? Exigirle a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que asuman el rol que les corresponde. Hay que resolver un problema que existe desde hace un par de décadas, que las autoridades de seguridad pública siempre han tenido en su nariz y prefieren ignorar: en primer lugar, es necesario depurar a la Policía Nacional Civil.

Resulta difícil invocar mayor presencia policial cuando también hemos sido observadores de su dudoso comportamiento en muchos casos; serias acusaciones de que miembros de la institución habrían realizado ejecuciones extrajudiciales, implantación de droga a un joven, introducción de objetos a bartolinas y centros penales, corrupción, entre otras, son solo algunos de los serios señalamientos. Sin embargo, en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional es complicado señalar salidas distintas a las institucionales. Es necesario forzar al correcto funcionamiento de estas e impulsar la depuración de la corporación policial.

Paralelo a lo anterior es urgente ampliar la presencia de los policías en los territorios, mejorar la ejecución de sus procedimientos y las condiciones laborales de sus agentes. Es primordial tener verdaderos planes de reducción de delitos y no paliativos temporales. La opción de armar a la ciudadanía significa que el Estado se desentiende de una de sus principales obligaciones y esto podría convertirse en un veneno que agudice mucho más la enfermedad, desembocando en una anarquía.

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