“Morbo” electoral… De Luis Mario Rodríguez

Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

Luis Mario Rodríguez, 18 mayo 2017 / EDH

El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó como “morbosa” la exigencia de varios sectores para que los resultados electorales preliminares en las legislativas y municipales de 2018 se conozcan la misma noche en la que se realicen los comicios. Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

En las elecciones del mismo tipo durante el 2012 y en las presidencias de 2014 la autoridad electoral contrató una empresa internacional para la transmisión y el procesamiento de los resultados electorales preliminares. En ambas ocasiones, la población con acceso a internet, acompañó, en tiempo real, la evolución de los datos de tal forma que, conforme llegaban las actas desde el interior del país a través del sistema informático, en el caso de las legislativas, la gente constataba cuántos votos obtenía cada partido y cuántas marcas cada candidato, y en la presidencial, los sufragios que sumaba cada presidenciable, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Cuando el árbitro electoral convocó a la última conferencia de la noche, tanto en 2012 como en 2014, para dar lectura a los respectivos boletines que presentaban el avance del conteo preliminar, los que siguieron “en línea” el progreso de la información ya conocían la distribución de escaños entre los diferentes partidos, los candidatos a diputados que lograron una curul y la fórmula que se agenció la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente.

Esa misma es la historia para el resto de los procesos electorales celebrados después de la firma del acuerdo de paz, incluyendo el de 2009. En esa ocasión, las ansiedades en los partidos mayoritarios se desbordaban en las respectivas sedes de los candidatos presidenciales. Si los magistrados que integraban al TSE no hubieran informado, al término de la jornada, quién era el próximo presidente de la República, muy probablemente se habría producido una crisis política de dimensiones inimaginables. La rapidez con la que actuó el colegiado y la madurez que demostró tanto el candidato de derecha como su partido admitiendo, sin ambigüedades, la victoria del FMLN, le valió al país el reconocimiento internacional por aceptar una alternancia pacífica en la que Alianza Republicana entregó el poder después de 20 años de administrarlo.

En idénticas circunstancias, durante el año 2000, en México, Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptó, a tan solo unas horas de cerrados los centros de votación, que su adversario del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, arrasó en las urnas terminando con siete décadas de gobiernos priistas. Recientemente en Ecuador, la enconada disputa entre el candidato del oficialismo y el de la oposición, presionaron al Consejo Nacional Electoral para publicar, de manera preliminar y durante el día del evento electoral, quiénes pasaron a segunda vuelta así como el aspirante, que un mes y medio después, el día 2 de abril, se alzó con la banda presidencial. En esos mismos comicios se eligieron 137 diputados de la Asamblea Nacional y la tecnología empleada, en un sistema similar al nuestro, con el mecanismo de voto cruzado, arrojó el reparto de los asambleístas entre los partidos Alianza País, CREO-SUMA y el Partido Social Cristiano, el día de la elección.

Diferir la divulgación de los resultados electorales preliminares y hacerlos coincidir con el escrutinio definitivo, permite que los actores en contienda, los ciudadanos y la comunidad internacional especulen sobre las razones del retraso. Algunos asegurarán que se trata de un fraude mientras que los más indulgentes lo podrían atribuir a la negligencia de la autoridad electoral. Ciertamente el cálculo de los votos fraccionados y de las marcas, el llenado de actas, la transmisión y el procesamiento de datos exigen, en el caso salvadoreño, la aplicación de un sistema tecnológico sofisticado. La petición, por tanto, de corregir los errores que se presentaron en las elecciones anteriores, incluyendo la publicidad inmediata de los resultados, no es morbo de ningún sector, se trata simplemente de un reclamo elemental en un sistema democrático.

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