La polarización ciega. De Erika Saldaña

El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 mayo 2017 / EDH

¿El Sitramss debió concesionarse por la Asamblea Legislativa? Este no es un tema de lucha de clases, sino de si el mecanismo usado para entregar el proyecto es constitucional o no. Con la liberación del carril segregado ha quedado evidenciada la habilidad de funcionarios del Gobierno de tergiversar los temas, orientando las discusiones, casi siempre, hacia un odio y pelea de clases sociales. El punto principal en la discusión sobre Sitramss es si este fue entregado de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 120 de la Constitución.

Negar la pobreza, falta de oportunidades y desigualdad en el país, es equivalente a sufrir de una grave incapacidad de ver más allá de la propia nariz. En El Salvador no todos nacemos con las mismas oportunidades de acceder a servicios de educación, salud y seguridad; no todas las personas pueden obtener un empleo digno. El Sitramss es una de las tantas maneras de nivelar el terreno, dando un transporte rápido y directo a miles que viajan desde el oriente al centro de la capital. Es darle facilidades a los que usualmente no las tienen, por lo menos en transporte; pero esto no quiere decir que se debía hacer pasando por encima de las leyes.

En algo estamos claros, es obligación del Estado corregir las desigualdades mediante subsidios focalizados, programas sociales, educación, salud pública de calidad o un transporte público eficiente. Lamentablemente, en El Salvador cuando esos programas son cuestionados por ineficiencia o ilegalidad, quienes los impulsaron creen que se les critica basados en criterios de clase, bajo la premisa que lo queremos es que El Salvador siga siendo desigual y que los pobres sigan siendo pobres. Nada más alejado de eso. Encendemos la mecha de la polarización, todo por defender o desaparecer las acciones que se les cuestionan.

No nos perdamos, el artículo 120 de la Constitución dice que toda concesión para la explotación de obras de uso público debe ser sometida al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Los funcionarios, sospecho, están conscientes de esto. Sin embargo, usan un discurso de ricos versus pobres, “gente de a pie” versus “gente de carro”, o que la Sala de lo Constitucional pretende despojar de los pocos buenos beneficios a las personas con escasos recursos. Es una falacia tal vez políticamente útil, pero falacia al fin y al cabo.

Hay que aclarar varios puntos fundamentales. Desde la admisión de la demanda de inconstitucionalidad se dejó claro que el motivo principal que se discutiría en el juicio no es el sistema de transporte en sí mismo sino la falta de concesión. Es claro que la inversión ha sido grande y no puede desaparecer así por así, ni volver al estado en que se encontraba antes.

El proceso de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el hecho de si los buses usados por el Sitramss actualmente son buenos, ni se pretende la imposición de un resquebrajado transporte público anterior. Si el argumento es que necesitamos un transporte moderno, los legisladores deberían empezar, en primer lugar dejando de prorrogar los permisos para que los buses chatarra sigan funcionando y focalizar el subsidio al pasaje de una mejor manera.

El hecho de que una obra beneficie a muchos no limpia los pecados mediante los cuales fue concebida. Por ejemplo, el hecho de que el bulevar ex Diego de Holguín ahora es una calle que brinda fluidez y conexión entre varias ciudades del área metropolitana, no desaparece el hecho de que existe sospecha de corrupción en los planes y manejo de dineros que llevaron a construirlo.

Mientras veamos los casos de corrupción, acciones del Gobierno, de partidos o de funcionarios a través de un cristal partidario, nunca veremos el interés de la República o el bien común. La partidización de los análisis solo lleva a más polarización. Y la polarización ciega. No deja ver que los corruptos y las malas acciones vienen en todos los colores partidarios.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s