La apatía… De Luis Mario Rodríguez

Ese ardor cívico debe traducirse también en una robusta asistencia de votantes a las elecciones. Además de vigilar el ejercicio del poder, los habitantes están obligados a informarse para elegir a los mejores candidatos.

Luis Mario Rodríguez, 11 mayo 2017 / EDH

La apatía es la enemiga mortal del desarrollo nacional. Abandonar el país a las decisiones de quienes ejercen el poder, sin auditar su gestión y sin exigirles el debate y la aprobación de leyes que fortalezcan a la democracia, condena a su gente a vivir en la ignorancia.

Allá donde la dejadez permite que se desgasten la libertad de expresión, la separación de poderes, la celebración de elecciones libres y transparentes, la protección de los derechos fundamentales y, en general, la aplicación del Estado de derecho, se transita rápidamente hacia un desorden político en el que difícilmente podrá revertirse el deterioro de las instituciones. Se atrofian los partidos, los comicios se vuelven ejercicios sin mayor legitimidad por el uso de recursos del Estado para respaldar a los candidatos del oficialismo, la seguridad deja de ser el monopolio del Estado y pasa, de manera peligrosa y anárquica, a manos de los civiles, los populistas encuentran tierra fértil para alimentar la insatisfacción con los políticos y la desesperanza empuja al talento humano a buscar nuevos y mejores derroteros en el extranjero.

El nuevo siglo ha ratificado que las instituciones importan. Son el antídoto contra los “líderes mesiánicos” que precisamente buscan en la “antipolítica” el trampolín para alcanzar un puesto de elección popular. Ni Chávez ni Maduro habrían secuestrado Venezuela de haber existido entidades públicas independientes. Lo mismo puede decirse de Nicaragua, donde, no obstante el crecimiento económico, como lo señaló Claudia Umaña, vicepresidenta de Fusades, se han sacrificado las libertades individuales y las condiciones que caracterizan a toda sociedad libre.

El primer obstáculo que removieron esos “gobernantes” fue precisamente el de la separación de poderes. Crearon un sistema político a su medida. Impusieron militantes partidarios al frente del tribunal supremo de justicia, en el árbitro electoral, en la contraloría de los fondos públicos y además enterraron la posibilidad de manifestarse sin limitación alguna.

Al coctel autoritario agregaron la represión, la cárcel para los opositores, el control de la economía, la compra de voluntades en la Fuerza Armada y la diplomacia del dinero cuando los altos precios internacionales del petróleo les permitió financiar campañas electorales que garantizaran la victoria de los presidentes que integran la “alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América”. Con esta acción pretendieron bloquear la activación de la Carta Democrática Interamericana a cargo de la Organización de los Estados Americanos.

Por eso es tan peligrosa la desidia de la comunidad respecto de los asuntos públicos. Este abandono allana el camino de los que pretenden concentrar el dominio absoluto de las atribuciones que la Constitución otorga a diferentes organismos públicos. Asimismo obstruye el avance de la cultura política debilitando los esfuerzos para exigir más transparencia, más acceso a la información pública y una rendición de cuentas más exhaustiva de quienes representan los intereses colectivos.

A la apatía se le combate con el activismo. El grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, el grupo gestor de la nueva Ley de Probidad, el consorcio por la transparencia, las acciones en favor de la reforma político electoral por parte del movimiento ciudadano “Aliados por la Democracia”, la perseverancia y el incisivo trabajo de Acción Ciudadana por transparentar las finanzas de los partidos políticos, la defensa y la promoción de la legalidad desde el Centro de Estudios Jurídicos, la labor de educación cívica del Movimiento Libertad y del Grupo 300, el repudio a las dictaduras por un buen número de centros de pensamiento, asociaciones de profesionales, gremiales empresariales, sindicatos, organizaciones de jóvenes y ONG, nos demuestran que, en el caso salvadoreño, por ahora existe un total rechazo a toda expresión de tiranía que intente abusar de la autoridad que le concede el voto popular.

Ese ardor cívico debe traducirse también en una robusta asistencia de votantes a las elecciones. Además de vigilar el ejercicio del poder, los habitantes están obligados a informarse para elegir a los mejores candidatos. Así las instituciones pueden contar con titulares libres de toda atadura ideológica y sujetos por completo al imperio de la ley. Con un gobierno que adula a quienes ignoran los cimientos básicos de todo sistema democrático, la indiferencia ciudadana no es una opción.

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