Los cálculos que nadie hizo. De Erika Saldaña

El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 8 mayo 2017 / EDH

En las últimas semanas El Salvador se puso al mismo nivel que países como Venezuela, Grecia y la República del Congo en el pago de sus obligaciones estatales; caímos en impago, es decir, el país no fue capaz de solventar su deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y digo “caímos” porque las acciones de las cabezas del Gobierno nos terminarán afectando a todos, aunque a primera vista no lo advirtamos así.

Genera mucha duda y algo de desconfianza el hecho que el país haya caído en impago y, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda haya expuesto en un comunicado que dicha insolvencia no es por falta de dinero o por problemas de caja. Las complicaciones a las que Hacienda quiso culpar del impago (llámese Sala de lo Constitucional, falta de aprobación de préstamos o ausencia de partidas presupuestarias), no dejan de crear la impresión que esa situación fue fruto de la negligencia o, en el peor de los casos, de una intención de la que todavía no sabemos con claridad los motivos.

Lo preocupante de la condición de mala paga es que, aparentemente, nadie en Hacienda o en el Gobierno calculó cuáles serían las consecuencias de ese escenario intencional ni previeron que las cosas se nos complicarían a nosotros, los ciudadanos. Ningún funcionario recordó que la estabilidad de una economía y, sobre todo, de un sistema financiero se basa en la confianza. Nadie quiso advertir que el impago trae consecuencias como la baja calificación de riesgo como país, la cual se realizó casi de manera inmediata. Nadie en el Gobierno señaló las secuelas que pueden causarse a futuro, que, según la reconocida economista Carmen Aída Lazo, podrían traducirse en un aumento de las tasas de interés, lo cual volverá más difícil el endeudamiento del Estado debido a que menos instituciones estarán dispuestas a darnos su dinero ante el riesgo que no les paguemos; también, que los prestamos serán más caros debido a esa alza en las tasas. Otra de las consecuencias del default es una menor disponibilidad de fondos para préstamos, que provocará la desaceleración de la actividad económica; y, además, se podría complicar la capacidad de los bancos de obtener líneas de crédito en el extranjero. El Gobierno irresponsablemente jugó a que la única salida era la aprobación de préstamos y prefirió ignorar los otros efectos que sus decisiones conllevaban.

La mayor vergüenza de esta situación es que las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) sitúan la gravedad del problema en la falta de diálogo de país, así como en la incapacidad de los políticos de acordar soluciones viables a las dificultades que venimos arrastrando desde hace varios años.

La semana pasada el Gobierno hizo público un comunicado en que la calificadora Fitch Rating mejoró la situación de El Salvador de impago selectivo a CCC; eso es como pasar de una nota de 2 a 4 en un examen que tiene como base 10. Así que no pensemos que el problema se ha solucionado; no estamos fuera de riesgo, pues falta que el Estado realice los pagos de deuda del sistema privado de pensiones programados para junio y octubre del presente año. Al Ministerio de Hacienda le hacen falta 227 millones necesarios para pagar la deuda de pensiones con el sistema privado (pago de capital e intereses); esta, a pesar de ser una obligación previsible y certera, no fue incluida en el presupuesto general de la nación. Como lo he manifestado en anteriores columnas, todos los esfuerzos deben centrarse en resolver los problemas del país, lo cual implica dejar a un lado la preocupación o el cálculo político que algunas medidas impopulares puedan causar. El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano. Deben construirse respuestas adecuadas lideradas por personas serias y racionales, ajenas a cualquier interés político. Ojalá en un par de meses no nos toque referirnos a problemas más complejos, ni tengamos que volver a hacer cuentas de los cálculos que no se hicieron.

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